Se trata de una auténtica declaración de guerra contra los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. Si se impone, millones de trabajadoras y trabajadores quedarán en un estado de indefensión y desprotección total ante las patronales. Es un proyecto que incluso vulnera disposiciones de la propia Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Sube la jornada laboral
Se pasaría de las 8 horas de trabajo (8 para descanso y 8 de esparcimiento) a 12 horas diarias. Esto generará más sobreexplotación laboral, enfermedades y accidentes laborales.

Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”, donde la patronal va a decidir cuánto se trabaja, habilitando tener a full al asalariado. Es el adiós a las horas extras.

Despidos más fáciles y más baratos

Si alguien es despedido sin justa causa, en vez de corresponderle un sueldo por cada año trabajado como ahora, se lo reduce a un máximo de diez, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional, beneficio o aguinaldo. Indemnización que se podrá pagar hasta en doce cuotas. De esta manera, alguien con 20 o 30 años de antigüedad podrá ser despedido por una suma miserable. También se podrá reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por el propio trabajador (como ocurre en la Uocra).

Más esclavitud y superexplotación

Desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el margen horario que establezca arbitrariamente la patronal. 
También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, disponiendo que puedan ser otorgadas en cualquier momento del año a discreción de la patronal, afectando al empleado y a su familia.

Menos salario (¿“dinámico”?)

Se dispondrá un salario atado a la “productividad”. Esto implica una suma fija y luego, de acuerdo a cómo le vaya a la empresa, sería el pago por mayor producción. Pero como ninguna patronal muestra sus balances, la empresa puede decir “la productividad bajó” y que no hay aumento. Lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a la arbitrariedad de la patronal. A esto se llama cínicamente “salario dinámico”, sustituyendo los componentes remunerativos fijos (básico, antigüedad, etcétera) por conceptos variables ligados a la productividad.

También se habilita la vuelta de los inconstitucionales “tickets canasta”, es decir, parte del sueldo se pagará con bonos a ser utilizados en establecimientos pactados por las empresas. Tickets que no son parte del sueldo, por lo que no suman para la jubilación, ni para el aguinaldo, ni el cálculo de una indemnización por despido.

Convenios por empresa y restricción al derecho de huelga

Se podrán firmar convenios por empresa, provincia o región, teniendo más valor que los convenios nacionales por rama de actividad. Es la política de “divide y reinarás”, atomizando los reclamos y la representación sindical por un mismo trabajo. Junto a esto se elimina la “ultraactividad”, por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro. De esta manera, con la reforma, quedaría un vacío que será aprovechado por las patronales para atacar conquistas.

Además, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo muchas actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos) exigiendo garantizar el 75% de su funcionamiento durante un conflicto. Y se crea una categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye a casi toda la industria, incluida la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio ante una medida de fuerza. Un certificado de defunción para el derecho de huelga.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El presidente Javier Milei hizo dos viajes al exterior en el último mes y ya suma varias desde que asumió. Aunque aún no visitó la mayoría de las provincias argentinas (y sus breves “caminatas” de pocos metros por Buenos Aires apenas cuentan como actividad pública) volvió a Estados Unidos para intentar reunirse con su referente político, Donald Trump. Esta vez regresó sin la esperada foto con el mandatario, ni con su asesor Scott Bessent, ni con Lionel Messi, otro de los objetivos de su gira.

El presidente habló en el American Business Forum, una reunión empresarial relevante para determinados círculos, pero que no mueve el amperímetro de la política mundial. Dijo lo de siempre: una defensa burda del capitalismo (lo catalogó como “el sistema más eficiente y moral”), autoelogios por lo bien que le fue en la elección y promesas de reformas para que las grandes transnacionales extranjeras aumenten sus superganancias si vienen a invertir a la Argentina. Fue aplaudido por megamillonarios y por cuadros de la ultraderecha trumpista. Lo mismo sucedió en la cena posterior del Comité de Acción Política Conservadora (CPAC) en Mar-a-Lago y en una reunión con directivos de multinacionales en Nueva York, durante el seminario “Nuevas oportunidades de inversión”.

¿Qué ofrece Milei a los yanquis y qué le responden ellos?

Milei llega arrodillado como ningún gobierno en la historia argentina ante el amo yanqui. Se somete incondicionalmente, incluso en los detalles más pequeños, a los deseos de Donald Trump y también de Benjamin Netanyahu, sus dos “socios estratégicos” y “aliados incondicionales”, como él mismo lo ha repetido centenares de veces. ¿Obtuvo algo la Argentina a cambio?

Si la pregunta se dirige al pueblo trabajador argentino, la respuesta es 100% negativa: ni un solo dólar se destinó a resolver problemas acuciantes, como salario, trabajo, salud, educación, vivienda o ciencia y técnica. Más aún: en estos años, varias multinacionales que aplaudían las políticas de Milei cerraron sus plantas en el país y dejaron un tendal de despedidos.

Si el interrogante apunta al propio Milei y a su gobierno, ese alineamiento le sirvió en lo inmediato para “bancar la parada” durante el turno electoral que acaba de culminar. Fue el gobierno de Estados Unidos el que presionó y logró que el FMI autorizara un nuevo préstamo por 20 mil millones de dólares en abril (de los cuales 12 mil millones se enviaron inmediatamente). Y más adelante, en estos últimos dos meses, primero se anunció un swap entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro país por 20 mil millones de dólares. Todo se fue en especulación y grandes negocios para los pulpos especuladores, a cambio de una ficticia “estabilidad” preelectoral. Nada gratis, por supuesto: en última instancia todo significó un incremento de la impagable y usurera deuda externa.

Hace pocas semanas se produjo la intervención más escandalosa. Con el confesado objetivo de aumentar las chances electorales de Milei, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino directamente sobre la cotización del dólar en la Argentina, vendiendo 2.100 millones de dólares.

En síntesis: nada, absolutamente nada bueno quedará para el pueblo trabajador como consecuencia de esta entrega absoluta ante el amo yanqui. Todas las políticas del gobierno, incluidas las nuevas iniciativas (como la reforma laboral), están al servicio de ofrecer mano de obra barata, rozando la semiesclavitud, y de entregar recursos para el saqueo. Y, por sobre todo, buscan seguir garantizando los negocios financieros, empezando por el fraude mayor: el pago de la deuda externa. Todo ello bajo el control del amo Trump, su gerente general Scott Bessent, J.P. Morgan y el gran inspector: el Fondo Monetario Internacional.

No hay salida para las y los trabajadores si no enfrentamos todo esto y planteamos un programa alternativo: suspender el pago de la deuda, romper con el FMI y cortar todas las ataduras políticas y económicas que nos atan a Trump y al imperialismo yanqui. Se trata, en definitiva, de luchar por lograr nuestra segunda y definitiva independencia.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Al mismo tiempo que se daba la visita de Javier Milei a Estados Unidos, se supo que el secretario del Tesoro yanqui, Scott Bessent, ya habría “retirado” del Banco Central de la República Argentina los 2.100 millones de dólares prestados hace dos semanas para mantener quieto el dólar. Y lo habría hecho con unos buenos intereses de ganancia a cambio. “Ganamos plata en esa operación con Argentina”, dijo abiertamente el secretario del Tesoro norteamericano.

Los detalles se conocerán en los próximos días, cuando informe el gobierno de Estados Unidos, ya que la semicolonización de nuestro país es tal que el Ministerio de Economía y el Banco Central ni siquiera se dignaron a informar la operación.

Días después se pudo observar cómo crecían las reservas negativas del Banco Central. Se confirmaba que se habían ido esos 2.100 millones de dólares y que, a cambio, se había reemplazado contablemente por un “papel” de la Tesorería yanqui. Esto refleja que ya se habría activado el famoso swap con Estados Unidos. Como vemos, ni un centavo de dólar “fresco”: todo operaciones contables para esconder la especulación y la fuga de divisas, y en el futuro inmediato para garantizar los pagos de deuda.

JP Morgan pone funcionarios pero no dólares

Otro gesto de semicolonización por parte del gobierno de Milei fue inundar de empleados del JPMorgan (el principal banco de los Estados Unidos) los cargos más altos del Ministerio de Economía, el Banco Central y ahora también la propia Cancillería, con el nombramiento de Pablo Quirno como ministro de Relaciones Exteriores.

A cambio, se había anunciado hace un par de semanas que habría otro “auxilio” financiero hacia nuestro país, por unos 20 mil millones de dólares, esta vez motorizado por bancos privados encabezados por el propio Morgan.

Sin embargo, en el mismo momento en que Milei estaba en los Estados Unidos, Jamie Dimon, presidente del Morgan, declaró que, como a la Argentina iban a llegar 100 mil millones de dólares de inversiones directas, probablemente “no haría falta” dicho auxilio.

 Recordemos que, a pesar de que el gobierno ofrece todo para el saqueo (en litio, energía, con el RIGI, garantizando hasta la impunidad más absoluta para llevarse las ganancias y provocar el más absoluto desastre ambiental sin consecuencias), en la realidad todavía no vino absolutamente nadie. Todos esperan que el gobierno de Milei primero les dé más garantías de superexplotación, avanzando con la reforma laboral.

Por si todo esto fuera poco, del tan mentado “acuerdo comercial”, que se decía que “ya estaba casi firmado”, no se supo tampoco nada. Donald Trump continúa castigando a las exportaciones argentinas con los mismos aranceles que antes (se destacan el 50% al acero y al aluminio), y las famosas nuevas exportaciones de carne también están en veremos, ante las quejas de los propios ganaderos yanquis.

A todo esto se suman nuevas exigencias que van desde una ley de patentes a medida de los intereses de los laboratorios estadounidenses, hasta la instalación de una base militar yanqui en Tierra del Fuego y la prioridad para el saqueo en futuras privatizaciones.

A esto nos lleva el alineamiento “incondicional” de Milei con Trump: más semicolonización, más saqueo y más miseria para nuestro pueblo.

Hay que enfrentarlo, peleando por romper con los pactos coloniales, dejar de pagar la deuda externa y así priorizar las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/ FIT Unidad

A pesar de que el gobierno de Javier Milei consiguió el 4 de noviembre un dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 con el apoyo de la UCR, el PRO y bloques provinciales en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo esperará a la renovación legislativa para estar en mejor posición de negociar y votar el proyecto. Todo esto ocurrió mientras avanzaba el acuerdo con los gobernadores.

En la comisión se presentaron además tres dictámenes alternativos: uno de Fuerza Patria, otro conjunto del Encuentro Federal (Miguel Pichetto) con Democracia para Siempre (radicales), el MID (ex La Libertad Avanza) y la Coalición Cívica (Elisa Carrió), y finalmente el que presentó el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U).

El peronismo, en crisis y sin rumbo, se limitó a proponer “mejorar” o “negociar” modificaciones al proyecto de más motosierra y ajuste del gobierno de Javier Milei.

Desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un dictamen alternativo, obrero y popular, que parte de romper relaciones con el FMI y declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa, destinando esos recursos a salarios, jubilaciones, universidades, educación, salud, discapacidad, ciencia y técnica, políticas contra la violencia de género y todas las necesidades sociales urgentes.

Presupuesto y las reformas que se vienen

El proyecto de presupuesto de Javier Milei fue elaborado para cumplir con los requerimientos del FMI y del imperialismo norteamericano. Detrás del superávit fiscal se esconde una nueva ofensiva contra la clase trabajadora para garantizar el pago de 4.500 millones de dólares en vencimientos de deuda externa previstos para enero, y miles de millones más durante 2026.

Como era previsible, no están incluidos los intereses y nuevos pagos que derivarán de los acuerdos con Estados Unidos y el JP Morgan, dólares que llegarán a cambio de más entrega y sometimiento.

El Presupuesto 2026 se basa en el principio innegociable del equilibrio fiscal, plasmado en la llamada “regla fiscal”, un mecanismo que impone superávit financiero cueste lo que cueste. ¿Cómo funciona? Si la recaudación sube, se bajan impuestos a los más ricos; si baja, se recortan salud, educación y políticas sociales.

Entre los ajustes más destacados, se prevé una reducción del presupuesto educativo al 0,75 % del PBI, mientras que las transferencias a universidades ya cayeron un 33,4 % real entre 2023 y 2025. En materia de violencia de género, el texto directamente niega el problema, eliminando partidas para el Programa Acompañar y la Línea 144. El único rubro que aumenta es el de la SIDE y los servicios de deuda.

Advertimos que, bajo el argumento de que “es necesario un presupuesto”, todos los bloques políticos patronales, incluido el peronismo, se disponen a negociar el proyecto junto con la agenda de reformas laboral, penal, fiscal y jubilatoria que impulsa el gobierno, con la complicidad de los partidos patronales y los gobernadores.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la clase trabajadora a organizarse junto al sindicalismo combativo, exigiendo a la CGT un paro general con plan de lucha para enfrentar a Javier Milei, a los gobernadores, a Donald Trump y al FMI.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

A pedido de Scott Bessent y Barry Bennet, y tras el triunfo electoral de Javier Milei, el gobierno convocó a 20 de los 24 gobernadores (oficialistas, dialoguistas y peronistas) para avanzar en un acuerdo contra la clase trabajadora. 

El acuerdo entre el oficialismo y los gobernadores incluye una agenda de más motosierra y reformas estructurales al servicio del FMI y de la entrega al imperialismo yanqui.

La línea dictada por el imperialismo norteamericano fue ejecutada por Milei, que sentó en su mesa a los gobernadores aliados como Frigerio (Entre Ríos), Poggi (San Luis) y Macri (CABA), junto a los dialoguistas del disuelto frente de Provincias Unidas, entre ellos Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba), Vidal (Santa Cruz) y Torres (Chubut), y a los peronistas Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán) y Zamora (Santiago del Estero).

El presidente les planteó la necesidad de sancionar cuatro leyes clave para su plan: Reforma Fiscal e Impositiva, Reforma y Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y el Presupuesto 2026.

El nuevo pacto constituye una declaración de guerra contra la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que deberán salir a las calles a enfrentarlo. El eje principal de esta agenda reaccionaria será la reforma laboral esclavista. Pero se comenzará por el Presupuesto 2026, primera prueba que debe pasar este pacto. También se incluyen la reforma penal (que contempla la baja de edad de imputabilidad), la reforma fiscal favorable a los ricos y, en un futuro no muy lejano, la reforma jubilatoria, que implicaría la eliminación de las cajas especiales provinciales y un aumento de la edad jubilatoria a 70 años, con una mirada patriarcal que iguala la edad entre hombres y mujeres.

Todo esto a cambio de migajas: los gobernadores ofrecieron su apoyo a un presupuesto de “equilibrio fiscal” a cambio de recibir coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) o beneficios impositivos para el petróleo y otros sectores empresarios.

Los peronistas que fueron y los que no

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sintetizó la posición del sector al afirmar: “No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales”. Jaldo es el caso más paradigmático: junto con Jalil, ha apoyado mediante diputados y senadores leyes clave del gobierno, como la Ley Bases y el DNU de la deuda, y ahora respalda abiertamente la reforma laboral, dejando al descubierto la complicidad del peronismo provincial con el intento de retroceder al siglo XIX los derechos laborales que aún conserva una parte de la clase trabajadora formal.

Por su parte, los cuatro gobernadores peronistas que no fueron invitados (Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)) expresaron su descontento diciendo que fue “un error del presidente” no haberlos convocado. Sin embargo, esta queja no tiene nada de progresiva: reclaman estar en la foto, no para oponerse a las reformas, sino para negociar su parte del pacto de ajuste.

Así demuestran que no representan una alternativa para el pueblo trabajador. Buscan posicionarse ante la crisis del peronismo, agudizada por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y muestran, una vez más, que no son una salida para enfrentar a Milei ni a su plan de guerra contra la clase trabajadora.

Enfrentemos el pacto de Milei y los gobernadores

Milei y sus cómplices intentarán avanzar en las reformas estructurales del FMI, que la clase trabajadora viene resistiendo desde hace décadas y que forman parte de la agenda de las patronales y el imperialismo para profundizar la superexplotación y el saqueo en nuestro país. Pero ningún resultado electoral ni la complicidad de los gobernadores garantizan que puedan imponerlas.

La historia reciente lo demuestra: cuando el gobierno de Macri, tras ganar las elecciones legislativas de 2017, intentó avanzar en las reformas laboral y jubilatoria, se encontró con una auténtica rebelión popular. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, llamamos a organizar la resistencia junto al sindicalismo combativo. Y a exigir a la burocracia de la CGT que rompa el pacto con el gobierno y convoque a un paro general con un plan de lucha para derrotar las reformas estructurales del FMI y el ajuste de Milei.