Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Nuestro país avanza aceleradamente a profundizar su condición semicolonial con los Estados Unidos. El acuerdo comercial dado a conocer por los Estados Unidos es un nuevo salto en calidad en esta dirección. Aumenta los privilegios yanquis para el saqueo de nuestras riquezas y ni siquiera disimula ofrecer algo a cambio.

Arturo Jauretche denominó “estatuto legal del coloniaje” al Pacto Roca-Runciman firmado en 1933 entre Argentina y Gran Bretaña, que prácticamente entregaba todas nuestras riquezas al arbitrio del saqueo inglés. Fue, en su momento, un salto en la semicolonización de nuestro país. El vicepresidente de entonces Julio Argentino Roca (hijo del genocida de la “conquista del desierto) afirmó en el brindis posterior a la firma del acuerdo: “Argentina es una joya más de la Corona de Su Majestad británica”. 

¿Por qué traemos esta referencia histórica? Porque el acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina que se ha dado a conocer, supera en muchos grados a aquel de hace casi un siglo. Ya no seremos una joya de su Majestad británica, sino una estrellita menor de la bandera yanqui. 

La “cocina” del acuerdo

El llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral” fue escrito por la United States Trade Representative (USTR) y estaba listo hace tres meses, en los que permaneció congelado a la firma de Trump. Milei aspiraba a que sería firmado con toda pompa por ambos presidentes, de igual a igual, en ceremonia en la Casa Blanca, cuando realizó su famosa visita a principios de octubre, que se limitó a un almuerzo (donde Trump respondía preguntas a periodistas que empujaban, para acomodarse, las sillas donde estaba sentada, dando la espalda, la delegación argentina). Nada se anunció ni firmó en esa oportunidad.

Hace un par de semanas, el vocero presidencial Manuel Adorni, ante una pregunta específica, dijo que “se seguía negociando” y que no podía informar nada porque había un acuerdo de confidencialidad. Todo falso: ni se negociaba ni había acuerdo de confidencialidad alguno. 

Finalmente ayer, por su cuenta, la Casa Blanca decidió dar a conocer que el acuerdo había sido “firmado” e informar al respecto. El gobierno argentino, como todo cipayo semicolonial, se enteró por los medios. 

Inmediatamente Milei, Sturzenegger y Caputo salieron a festejar y vender que se trataba de un acuerdo “preferencial” con Argentina. ¡Mentira! El comunicado del gobierno yanqui anuncia acuerdos marcos bilaterales similares, en el mismo comunicado, con El Salvador, Guatemala y Ecuador. 

El contenido 

El texto dado a conocer es 100% favorable a los intereses estadounidenses. Ni siquiera lo disimula. Una simple lectura lo demuestra. Casi todos los párrafos comienzan con “Estados Unidos podrá….” a lo que sigue un privilegio para las empresas y sectores yanquis. No hay una sola mención que indique específicamente alguna ventaja para nuestro país. 

El acuerdo es amplísimo. Abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Todo, absolutamente todo, al servicio de otorgar privilegios al capitalismo imperialista yanqui a costa de nuestras riquezas. 

Detengámonos en algunos de los párrafos más importantes. Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para exportaciones desde los Estados Unidos de medicamentos, productos químicos, máquinas, productos de tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”. ¡Se habilita hasta la entrada de ganado vivo, en pie, aves de corral y cerdos!

Se plantean modificaciones en las leyes y disposiciones de propiedad intelectual y patentes a la medida de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis, dando una certificación de defunción a la industria similar en nuestro país (algo que no se había animado a hacer ni siquiera el peronismo menemista). Del mismo modo, los productos norteamericanos entrarán a nuestro país sin ningún control de seguridad, higiene ni bromatológico, con la sola presentación del certificado emitido por las oficinas yanquis como la Food and Drugs Administration (FDA). 

También se habilita la más absoluta liberalización de la transferencia de datos y firmas digitales hacia los Estados Unidos, en una pérdida absoluta de soberanía al respecto. Si ya, actualmente, nuestros datos personales, comerciales y perfiles eran utilizados, sin nuestra autorización, por las grandes multinacionales de tecnología y procesamiento de datos, esto pegará un salto astronómico: es el sueño cumplido no sólo de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, sino también de Elon Musk, Mark Zuckerberg y todos y cada uno de los megamillonarios de la industria de plataformas. 

¿Queda algo a favor de la Argentina?

El gobierno de Milei y los medios de comunicación afines al establishment festejan el acuerdo afirmando que “abrirá un mercado de millones de dólares a nuestro país”. Falso. 

Veamos los párrafos que pueden ser leídos, con mucho esfuerzo, como los “más favorables” para la Argentina: “De conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos particulares de seguridad económica y de la cadena de suministros, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”. Clarísimo: nuestro país debe cumplir ciertos requisitos que los definirá el gobierno yanqui, con respecto a la “seguridad económica”. ¿Cuáles son? No lo sabemos y, lo peor, lo definirá Estados Unidos. Por ejemplo: los ganaderos yanquis dirán que se pone en riesgo su negocio y por lo tanto “la seguridad económica” para oponerse al ingreso de más carne argentina. O la industria del acero y el aluminio, o del limón o lo que fuera. Exactamente igual que como está ahora. Por si queda alguna duda el texto habla de la posibilidad de abrir el acceso a recursos naturales “no disponibles”. O sea, todo lo que compita con producción norteamericana quedará vedado. Lo mismo cuando dice “artículos sin patentes” donde quién definirá qué significa “sin patentes” será el propio gobierno yanqui. En síntesis, lo único que le interesa a los Estados Unidos que ingrese desde Argentina es lo que está siendo exportado ahora, como combustibles y minerales, que los yanquis necesitan. Se cuidará también que, en lo posible, las empresas que vendan al país del norte sean afines a los intereses yanquis. 

Comentario especial merece el cínico párrafo donde nuestro país se compromete a “restringir importaciones de países con trabajo forzoso o donde no se respeten los derechos laborales”, un eufemismo para referirse a China. Oración totalmente hipócrita, porque mientras se usan estos argumentos para favorecer empresas yanquis por sobre las chinas, al mismo tiempo se promueve una reforma laboral esclavista en nuestro país. 

En síntesis: este acuerdo lo único que hace es dar vía libre al ingreso de productos y empresas yanquis a todos y cada uno de los sectores de nuestra economía, creando a la vez una injerencia política y económica sin precedentes. Sin absolutamente ningún beneficio para el pueblo trabajador o la economía de nuestro país. Junto con el swap y la virtual intervención del ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería por parte de Scott Bessent y el JP Morgan, crean “el combo perfecto” de lo que Milei llama “la alianza estratégica” (léase sometimiento total) con el imperialismo yanqui.

¡No al pacto semicolonial! ¡Por la segunda y definitiva independencia!

Hace décadas que venimos perdiendo la independencia conquistada por nuestros patriotas hace dos siglos. Primero quedamos sometidos a los británicos y luego, desde hace 70 años (después del golpe de la fusiladora de 1955) al imperialismo yanqui. Dependencia que se fue profundizando y pegó un salto descomunal con la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, que nos encadenó a la deuda externa, mecanismo que fue continuado por todos los gobiernos posteriores sin excepción. El ultraderechista Milei pretende dar un nuevo salto cualitativo, llevando la semicolonización del país a un extremo nunca visto. Hay que impedirlo, repudiando este acuerdo y todas las medidas de ajuste y saqueo impulsadas directamente por Milei, Trump y el FMI. Conquistar nuestra segunda y definitiva independencia exige otro programa económico, alternativo, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda y romper con todos estos pactos de coloniaje, políticos y económicos, que nos someten al FMI y al imperialismo yanqui. Para que así nuestras riquezas y recursos, sean dirigidos a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda. Esto es lo que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos y la pelea que venimos dando. 

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se acaba de conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de octubre. Dió 2,3%. El gobierno, una vez más, festeja. Y continúa con su relato de que “pararon la inflación”. El presidente Milei sigue prometiendo que la inflación será “un mal recuerdo” para mediados del año que viene. Hace un año prometía lo mismo… para mediados de este.  Un mínimo análisis de los datos permite observar toda esta mentira.

La inflación está subiendo sistemáticamente desde mayo

El índice de precios al consumidor presenta sus números calculando la suba de precios ponderándolos con una canasta vieja, de hace veinte años. Una serie de precios que hoy tienen un peso muy superior al de entonces, impactan estadísticamente en el número final. El ejemplo más conocido son las tarifas de servicios públicos (gas, luz, transporte). Por eso en el bolsillo del pueblo trabajador, la pérdida del poder adquisitivo “real” es superior al número que aparece mes a mes. 

Pero, aún tomando el número oficial del IPC, vemos que desde mayo, donde dio 1,5%, luego la suba de precios fue sistemáticamente superior mes a mes: junio 1,6%, julio y agosto 1,9, septiembre 2,1 y ahora octubre 2,3%. Como el gobierno mantiene su política oficial de “pisar” los aumentos salariales por convenio en un promedio de 1% mensual, la conclusión es obvia: en cada mes perdemos más contra la inflación. Lo hacen los salarios privados registrados bajo convenio, que acumulaban un alza hasta septiembre de 20,4%, con una inflación acumulada a ese mes de 22% (números que obviamente empeoraron en octubre). Y, por supuesto, muchísimo más pierden los sueldos estatales y los precarizados y no registrados. 

¿Qué pasa con las canastas de pobreza e indigencia?

Los datos oficiales recientemente conocidos traen otra mala noticia para el pueblo trabajador. Las canastas básica alimentaria, que sirve para medir oficialmente el límite de indigencia y la básica total (que muestra el mínimo oficial para no ser pobre) se incrementaron ambas por arriba del número oficial del IPC de 2,3%. En concreto ambas subieron 3,1%. 

Así, el mínimo de indigencia pasó a 544.000 pesos. Se ratifica y amplía la brecha con la jubilación mínima. Hasta ayer las y los jubilados ya cobraban una jubilación de indigencia. Ahora es peor aún. 

El límite oficial de la pobreza subió a 1.213.798,81 pesos. Claramente muy por encima del promedio salarial, que sumando registrados, no registrados, precarizados, tercerizados, públicos y privados, da un número entre 900.000 y un millón de pesos. Y todo eso sin considerar una real canasta familiar, como la que calculan las y los trabajadores de ATE Indec, que indican que el mínimo salarial ya debería estar superando los dos millones de pesos. Claramente, la mayoría del pueblo trabajador cobra salarios por debajo de la línea de pobreza.

Frente a toda esta realidad, a la que se suman los nuevos ataques del gobierno con el lanzamiento de una nueva reforma laboral de carácter esclavista, es más urgente que nunca la exigencia a la CGT que rompa su escandaloso pacto con el gobierno, para preparar un paro nacional y a un plan de lucha para aumentar los salarios y enfrentar al plan motosierra. Eso es lo que venimos reclamando desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y también desde el sindicalismo combativo y de nuestra corriente sindical A Luchar.

Hace unas pocas semanas que se produjo el triunfo electoral de Javier Milei del 26 de octubre. El presidente ultraderechista y sus funcionarios aparecen envalentonados, prometiendo más motosierra. Junto a las patronales y el FMI, se juega a avanzar con las reformas “estructurales”, dentro de las que se destaca la reforma laboral esclavista. 

Milei se declara fanático de Donald Trump, sobreactuando la sumisión y la entrega. Declara explícitamente que está dispuesto a llevar adelante todo lo que le exija su “alineamiento incondicional” con Trump y el genocida Benjamín Netanyahu.

Trump, transcurriendo su primer año de mandato, también asume la figura del “matón del barrio”, atacando a migrantes, jóvenes, mujeres y disidencias en el interior de los Estados Unidos. Y amenazó con imponer sanciones a todo aquel que no se le someta en el mundo. En las últimas semanas, en Latinoamérica esto tomó la forma de una verdadera intervención armada en el mar del Caribe, con hundimiento de embarcaciones incluido. 

Entre los millones que repudian y se oponen a las políticas ultraderechistas de Milei, entre aquellos que impera el sano sentimiento antiimperialista y se indignan ante las bravuconadas de Trump, circula un debate: ¿cómo enfrentarlos? ¿Se les puede ganar? ¿Se puede parar la motosierra?
El peronismo, principal fuerza política patronal derrotada el 26 de octubre, sigue inmerso en una profunda crisis de disputa por sus liderazgos. La mayoría de los gobernadores  se muestran dispuestos al “diálogo” con el gobierno, lo que quiere decir que, a cambio de algunas monedas para sus provincias, están dispuestos a votarle el presupuesto de ajuste 2026 y todas las otras leyes, incluyendo la reforma laboral. Desde los sectores vinculados a Cristina y Kicillof (más allá de sus propias internas), por su parte, prevalece el quejarse porque “no fueron invitados al diálogo”. Al mismo tiempo que empieza un debate “programático” que se inclina para el lado de que tienen que volverse “amigables” para el establishment y el FMI, aceptando sus exigencias. La CGT, por su parte, tras elegir una nueva conducción, dice abiertamente que apuesta al “diálogo” con el gobierno, dispuesta también a avalar, con algunas modificaciones cosméticas, la reforma laboral esclavista. 

Frente a toda esta realidad, contrasta fuertemente, y requiere que saquemos todas las conclusiones políticas del caso, el triunfo de Zohan Mamdani en la alcaldía de Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, y centro financiero internacional. Fue una salida política distinta, opuesta por el vértice, al ultraderechismo de Trump y Milei ¿Cómo puede ser que un joven activista, que se define socialista y democrático, inmigrante, musulmán, pro-palestino, derrote a los aparatos de los partidos Demócrata y Republicano, a la demonización que le lanzó Trump y se transforme en el nuevo alcalde de Nueva York?

Lo hizo logrando movilizar a 100 mil voluntarios que lograron una votación récord. Su apoyo fue abrumador entre los migrantes (en especial los latinos), la juventud, las mujeres y disidencias. Un tercio de la poderosa comunidad judía neoyorquina también lo votó. Fue un auténtico cachetazo contra Trump y sus políticas ultraderechistas de deportaciones masivas, misóginas,  homofóbicas  y anti-derechos. Mostró la masividad de las marchas No King. Su victoria también expresó la potencia de las movilizaciones contra Netanyahu y su genocidio contra la población de Gaza. Un golpe al ultraderechismo de Trump y al sionismo en el corazón del capitalismo imperialista. Se trató de una demostración de la mentira del MAGA (Make America Great Again) de Trump, con millones cayendo en la pobreza y la marginación. 

Mamdani ganó con un programa donde planteaba el congelamiento de los alquileres en la capital mundial de la especulación inmobiliaria, guarderías y transporte público gratuito, y más impuestos para los ricos. Quedó demostrado que es posible pelear y ganar para imponer un programa de esas características. Este triunfo será, sin duda, una gran bocanada de aire fresco para que crezcan y se desarrollen las movilizaciones contra las políticas ultraderechistas en todo el mundo. Porque millones, como quedó demostrado en Nueva York, ven otra salida ante la crisis capitalista.

Son importantísimas las conclusiones que de todo esto tenemos que sacar en nuestro país. Luchando se puede ganar. Así lo demostraron, a su escala, las y los trabajadores del Garrahan, que le impusieron un triunfo a Milei y su gobierno a apenas días de la victoria de La Libertad Avanza.
El camino para vencer no es ir a “dialogar” para entregar conquistas por migajas. Tampoco adaptarse programáticamente para no caer mal ante el establishment. La salida es, por el contrario, la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad, que llama a luchar sin concesiones contra la motosierra de Milei, el FMI, Trump y a la que se suman los gobernadores. Planteando claramente que el único programa que sirve para resolver las urgentes necesidades populares pasa por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, nacionalizar la banca  y el comercio exterior, reestatizar las privatizadas, ponerles fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, entre otras propuestas. Un programa para gobernar, con el poder de las y los trabajadores y la izquierda, impuesto por la movilización y la lucha. Esa es la principal enseñanza política que nos deja la derrota de Trump en Nueva York y la victoria de Mamdani.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno y las patronales están jugados a sacar una ley de reforma laboral antiobrera y esclavista con el apoyo de los bloques parlamentarios patronales y gobernadores peronistas. La CGT sigue en el pacto con el gobierno y apuesta a una negociación en vez de preparar un plan de lucha nacional y paro general para derrotarla.
  
“No hablen de reforma laboral, digan que hay que “modernizar” las relaciones laborales”. Esa es la orden que bajó Milei a su gabinete para intentar tapar que la reforma pro patronal y antiobrera que prepara de la mano de las grandes patronales y el FMI es claramente perjudicial. Lo hace bajo el mito de que los derechos laborales son un obstáculo para generar empleo. Una mentira total.

“Modernizar” es una palabra que cae bien. Pero detrás de ese discurso (de que habría una vieja legislación laboral que impide dar empleo), se esconde un ataque brutal contra el pueblo trabajador y la juventud.

Cualquier intento de reforma laboral es para que aumenten las ganancias de los grandes empresarios, a quienes no les interesa abrir fábricas, ni contratar más personal registrado, sino acrecentar sus cuentas bancarias. El capitalismo no genera fuentes de trabajo, las destruye. En Estados Unidos con Donald Trump crece la desocupación y los sin techo. Y en Argentina “las inversiones directas que suponen radicación de empresas y generación de empleo no aparecen en el horizonte” (Página12, 8/11). Solo entran dólares para la especulación financiera. Mientras la política recesiva de Milei está llevando a que cierren 30 empresas por día y haya 250.000 despidos.

Luchar sirve. Consiguieron el 61% de aumento salarial
 
Mentiras de patas cortas

Milei vino aplicando medidas en beneficio de las patronales diciendo que eran para “aumentar el empleo, reducir la informalidad y mejorar los ingresos”. Dispuso un perdón hasta del 90% para las deudas por aportes patronales, condonó multas y blanqueó capitales, pero esto generó el efecto contrario, un aumento del empleo informal. “La informalidad llegó al 37,7% y es el mayor pico en dos años”. (Clarín, 10/11). Esto quiere decir que cuatro de cada diez trabajadores no tienen obra social, aguinaldo, ni vacaciones, y sus patronales no aportan al sistema previsional. La nota mencionada señala también que “en los últimos 40 años la informalidad laboral fue en ascenso”, revelando que bajo todos los gobiernos, radicales, peronistas, macristas y ahora la ultraderecha de Milei, las y los trabajadores fueron perjudicados.

¿Cómo se puede decir entonces con total impunidad que extendiendo la jornada laboral de 8 a 12 horas, aumentando la sobreexplotación obrera, facilitando los despidos, abaratando las indemnizaciones o restringiendo el derecho de huelga va a haber más empleo?
 
El lobo con piel de cordero a cuidar las ovejas

El abogado encargado de redactar el proyecto de ley del gobierno es el tal Julián de Diego, que asesora a empresas como Rappi. Quiere llevar la barbarie que se vive en las plataformas, con superexplotación juvenil, precarización y flexibilización laboral, al conjunto de la clase trabajadora. Empresas que llaman “emprendedores” o “independientes” al personal que explotan, nunca trabajadores con derechos.

Este personaje De Diego está trabajando el proyecto de ley con el actual Secretario de (anti) Trabajo, como le dijimos cuando fue a exponer al Congreso, Julio Cordero, quien fue abogado de la patronal Techint del millonario Paolo Roca y de la UIA. Con estos representantes está la prueba más contundente de que nada bueno vendrá para las y los trabajadores y la juventud. 

Asamblea de ATEN Neuquén capital votando un plan de acción 
 
La CGT debe romper el pacto y preparar el paro y plan de lucha

Desde el sindicalismo combativo, Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, llamamos al conjunto de la clase trabajadora a rechazar el proyecto de reforma laboral del gobierno que está negociando con los gobernadores, que incluye al peronismo. Cuatro gobernadores peronistas fueron a reunirse con Milei y Jaldo, del PJ tucumano, dijo directamente que avala la reforma laboral. Y los cuatro que no fueron, entre ellos Kicillof, o el kirchnerismo, ¿qué proponen?

Algunos proyectos de Unión por la Patria hablan de “protección al trabajador” y de rebaja de la jornada laboral. Sus diputadas y diputados dicen que darán “el debate” en el Congreso. Pero con discursos parlamentarios no se frena la reforma. En esta política está la CGT peronista, cuando hay que llamar a enfrentar la reforma en las calles.

El flamante cosecretario general, Jorge Sola, preguntado sobre un posible encuentro con el gobierno para debatir la reforma laboral, dijo: “Todavía no tenemos el llamado para una reunión, por supuesto que van a ser públicas”. Y agregó “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página12, 11/11). Más claro imposible. La CGT, que está en un pacto con el gobierno, apunta a negociar la ley en el Congreso rosqueando con Pichetto y las y los diputados del peronismo. Una verdadera trampa. Quieren “atenuar” la reforma, no derrotarla. Sola ya había dicho el día del Confederal: “Nosotros estamos para ayudar, con acuerdos, con diálogos. No le vamos a escapar al conflicto, pero rechazamos el enfrentamiento” (Infobae, 6/11). Por eso la CGT y la burocracia de los distintos sindicatos no habla de preparar un plan de lucha y un paro general para unir a la clase trabajadora y derrotar la reforma. Es el momento para ello, justamente cuando se acaba de dar el gran triunfo de la lucha del Garrahan mostrando que se le puede ganar al gobierno y tenemos el antecedente de diciembre de 2017 cuando una rebelión obrera y popular repudió la reforma anti jubilatoria de Macri y de paso derrotó un proyecto de reforma laboral que tenía en agenda.

Desde el sindicalismo combativo y nuestra agrupación nacional A Luchar encabezada por el “Pollo” Sobrero llamamos a impulsar asambleas, cuerpos de delegados y reuniones de activistas para prepararse y organizar la pelea. Llamando a la más amplia unidad de acción con todos los sectores gremiales y sociales. Exigiendo que la CGT rompa el pacto con el gobierno y convoque a asambleas y a plenarios de delegados con mandato para salir a enfrentar desde ahora esta reforma laboral esclavista en un todo, preparando un plan de lucha y un paro general con movilización. Es la tarea del momento. ¡Abajo la reforma laboral esclavista!

Ferroviarias y ferroviarios del Sarmiento en una masiva asamblea 

Se trata de una auténtica declaración de guerra contra los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. Si se impone, millones de trabajadoras y trabajadores quedarán en un estado de indefensión y desprotección total ante las patronales. Es un proyecto que incluso vulnera disposiciones de la propia Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Sube la jornada laboral
Se pasaría de las 8 horas de trabajo (8 para descanso y 8 de esparcimiento) a 12 horas diarias. Esto generará más sobreexplotación laboral, enfermedades y accidentes laborales.

Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”, donde la patronal va a decidir cuánto se trabaja, habilitando tener a full al asalariado. Es el adiós a las horas extras.

Despidos más fáciles y más baratos

Si alguien es despedido sin justa causa, en vez de corresponderle un sueldo por cada año trabajado como ahora, se lo reduce a un máximo de diez, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional, beneficio o aguinaldo. Indemnización que se podrá pagar hasta en doce cuotas. De esta manera, alguien con 20 o 30 años de antigüedad podrá ser despedido por una suma miserable. También se podrá reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por el propio trabajador (como ocurre en la Uocra).

Más esclavitud y superexplotación

Desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el margen horario que establezca arbitrariamente la patronal. 
También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, disponiendo que puedan ser otorgadas en cualquier momento del año a discreción de la patronal, afectando al empleado y a su familia.

Menos salario (¿“dinámico”?)

Se dispondrá un salario atado a la “productividad”. Esto implica una suma fija y luego, de acuerdo a cómo le vaya a la empresa, sería el pago por mayor producción. Pero como ninguna patronal muestra sus balances, la empresa puede decir “la productividad bajó” y que no hay aumento. Lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a la arbitrariedad de la patronal. A esto se llama cínicamente “salario dinámico”, sustituyendo los componentes remunerativos fijos (básico, antigüedad, etcétera) por conceptos variables ligados a la productividad.

También se habilita la vuelta de los inconstitucionales “tickets canasta”, es decir, parte del sueldo se pagará con bonos a ser utilizados en establecimientos pactados por las empresas. Tickets que no son parte del sueldo, por lo que no suman para la jubilación, ni para el aguinaldo, ni el cálculo de una indemnización por despido.

Convenios por empresa y restricción al derecho de huelga

Se podrán firmar convenios por empresa, provincia o región, teniendo más valor que los convenios nacionales por rama de actividad. Es la política de “divide y reinarás”, atomizando los reclamos y la representación sindical por un mismo trabajo. Junto a esto se elimina la “ultraactividad”, por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro. De esta manera, con la reforma, quedaría un vacío que será aprovechado por las patronales para atacar conquistas.

Además, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo muchas actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos) exigiendo garantizar el 75% de su funcionamiento durante un conflicto. Y se crea una categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye a casi toda la industria, incluida la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio ante una medida de fuerza. Un certificado de defunción para el derecho de huelga.