El gobierno de Javier Milei no dejó una sin hacer. El presidente viajó a Brasil al acto de lanzamiento de su amigo ultraderechista Flávio Bolsonaro. Su discurso fue una ola de insultos contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (“zurdo corrupto”, “ladrón”) e incluso contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes (“basura calva”), que le había impedido visitar al golpista preso Jair Bolsonaro. Desde Izquierda Socialista estamos lejos de defender a Lula y su gobierno. Por el contrario, nos separan profundas diferencias por su ajuste antipopular. Pero no se nos escapa que Milei actúa como un peón de Donald Trump, buscando aportar a la construcción de una red de gobiernos de ultraderecha en la región.

Pero, sin dudas, lo más importante fue la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. Bastaron apenas dos días para que la genuflexión del gobierno batiera todos los récords. El presidente Milei hasta la llevó a una reunión de Gabinete en la que él no se sentó en la cabecera, en un auténtico símbolo de quién manda. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a regalarle una camiseta de la selección con el nombre “Kristalina” en la espalda. Ante una platea especialmente preparada, la jefa del FMI se dio el lujo de arengar y recomendarles a las y los argentinos que “se animen” a seguir adelante con el ajuste. Toda una provocación ante el hambre y la miseria que vive el pueblo trabajador.

El martes, en Vaca Muerta, quedó claro que los miles de millones de dólares que se extraerán a costa del saqueo y la destrucción ambiental no tendrán como objetivo el crecimiento, y mucho menos la redistribución hacia los sectores populares, sino cumplir con los millonarios vencimientos de la deuda externa, empezando por los que se vienen con el propio FMI. Hablando de eso, Georgieva afirmó con una sonrisa diplomática que la Argentina “no necesita nuevos préstamos en el futuro inmediato”.

El FMI presiona para que la Argentina vuelva al mercado de capitales, es decir, para que se endeude aún más con los pulpos financieros privados y profundice el ajuste. También tiene en carpeta las “reformas estructurales pendientes”, como la fiscal (quitarles más impuestos a los ricos y aumentárselos a los pobres) y la jubilatoria (aumento de la edad, privatización y eliminación de regímenes especiales, como el docente).

El año pasado, el FMI, a pedido de Trump, le financió la campaña electoral a Milei, enviándole 15 mil millones de dólares. Ahora llegó el momento de pagar esa cuenta. En lo que queda de este año habrá que abonar 2.824 millones de dólares, mientras que solo ingresarán 863 millones. El año que viene se tendrán que pagar 7.664 millones, contra un ingreso de solamente 1.725 millones. Para 2028, la cuenta se elevará a 9.462 millones, contra un ingreso de 1.725 millones. Y en 2029, el monto a pagarle al Fondo sube a 10.570 millones de dólares, contra una entrada de 861 millones. A todo esto hay que sumarle, todos los años, la deuda con los acreedores privados y otros organismos, como el Banco Mundial o el BID, con un promedio de entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales.

La “hoja de ruta” del FMI es clarísima. Nuestro pueblo trabajador tiene que estar sometido a un superajuste permanente durante décadas. Ni siquiera sumando los recursos del saqueo de Vaca Muerta y la megaminería alcanzará, por lo que habrá que aumentar el endeudamiento, lo que dará lugar a nuevos y mayores vencimientos. Y así se seguirá alimentando una bola de nieve infernal e infinita.

El peronismo apenas sacó alguna declaración de ocasión ante la visita de Kristalina Georgieva. La CGT no se pronunció y mucho menos convocó a alguna movilización. Máximo Kirchner apareció en los medios desempolvando un viejo planteo de su madre, Cristina Fernández. Sostuvo que hay que pagar toda la deuda con los acreedores privados, como si estos no fueran los mismísimos buitres y esa deuda no tuviera un origen tan ilegal como la del Fondo, y pagarle al FMI la parte “legal”.

¿Cuál sería esa parte? Un supuesto equivalente a lo autorizado según la cuota de la Argentina con el organismo, es decir, unos 20 mil millones de dólares. Con el resto propone ir a una “discusión internacional” sobre plazos, intereses y legalidades. Nada novedoso. Para los memoriosos, es exactamente lo mismo que propusieron en 2019 ante el endeudamiento de Mauricio Macri y lo que hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando, con el acuerdo de Cristina, se renegoció la deuda con los privados que hoy estamos pagando a razón de 10 mil millones de dólares por año.

Luego, cuando se discutió con el Fondo, quedó claro que no existía ningún margen para separar lo “legal” de lo “ilegal”, ni para discutir plazos o intereses. La opción era aceptar el acuerdo o romper. ¿Qué hizo el peronismo kirchnerista? Se retiró de la escena para intentar salvar su prestigio, pero ni siquiera se opuso en el Congreso. “Para no entorpecer la gobernabilidad”, dijo el propio Máximo. Así, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa terminó ajustando y hambreando al pueblo trabajador, y le abrió el camino al gobierno ultraderechista de Milei que hoy sufrimos.
Ahora vuelven con la misma receta fracasada. Cacarean contra el Fondo y la deuda, pero al mismo tiempo les dan todas las señales a los acreedores para que no tengan miedo, porque ellos van a cumplir y seguir pagando. Como ya lo había confesado Cristina cuando todavía era presidenta, “somos pagadores seriales”. Axel Kicillof, por las dudas, ya envió a su ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires a Washington para darles garantías a los pulpos financieros internacionales.

Solo el Frente de Izquierda Unidad tiene un planteo claro y transparente. No hay salida para las y los trabajadores y demás sectores populares si no dejamos de pagar esta deuda externa ilegal, ilegítima, inmoral, fraudulenta y usuraria, cuyo origen está en los días más oscuros de la dictadura genocida. Cualquier independencia económica es utópica si no rompemos con el FMI y todas sus políticas de sometimiento.

Por eso fuimos la única fuerza política que, sin fisuras, repudió la visita de Kristalina Georgieva y se movilizó unitariamente a Plaza de Mayo. También lo hicimos en Neuquén ante la visita de la titular del FMI a Vaca Muerta.

Desde Izquierda Socialista llamamos a seguir fortaleciendo unitariamente al Frente de Izquierda Unidad, la única alternativa que sostiene estos planteos, para avanzar desde allí con un programa de emergencia obrero y popular que resuelva las necesidades populares más urgentes.

La próxima cita de honor será el 6 de agosto, cuando debemos ser decenas de miles movilizados en el Congreso y en todo el país contra la extranjerización que se quiere imponer mediante la modificación de la Ley de Tierras. Hoy, cuando ha vuelto a renacer con fuerza la consigna “Las Malvinas son argentinas”, pelear contra la motosierra de Milei es también hacerlo contra las “otras Malvinas”, saqueadas al servicio de las patronales y el imperialismo por este gobierno entreguista y antiobrero.

Imagen de portada: Fuente: www.observatoriodetierras.ar

El gobierno de Javier Milei busca eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Pretende profundizar un proceso de saqueo que ya avanzó durante distintos gobiernos. Hoy, alrededor de 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, una superficie similar a la de Inglaterra.

Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de esas tierras. También aparecen empresas de Chile, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, junto con sociedades radicadas en paraísos fiscales. Esos capitales se instalan en territorios estratégicos, ricos en agua dulce, minerales, hidrocarburos, bosques, glaciares o vías navegables.

El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras muestra esta situación. En amarillo aparecen los departamentos o localidades donde la propiedad extranjera supera el límite del 15 por ciento fijado por la Ley de Tierras Rurales. En rojo se señalan los territorios ubicados en zonas de frontera que también exceden ese porcentaje. La distribución permite observar que la extranjerización se concentra especialmente sobre la Cordillera, el norte fronterizo, la Patagonia y la cuenca del río Paraná.

Hay 36 departamentos que ya superan el límite legal. En Lácar, Neuquén, y en Molinos y San Carlos, Salta, la extranjerización supera el 50 por ciento. En General Lamadrid, La Rioja, alcanza el 57 por ciento. En Tinogasta, Catamarca, llega al 27 por ciento, mientras que en Iglesia, San Juan, alcanza el 25 por ciento. Son territorios atravesados por proyectos mineros, reservas de agua y ambientes glaciares o periglaciares.

En Misiones, la multinacional chilena Arauco posee más de 230 mil hectáreas, avanza con el monocultivo de pinos y controla parte de importantes cuencas hidrográficas. En Chubut, Benetton concentra unas 900 mil hectáreas en una región marcada por conflictos con comunidades mapuches. Cerca del Paraná, empresas extranjeras controlan tierras, puertos y nodos logísticos fundamentales para el modelo agroexportador.

El próximo 6 de agosto está prevista una nueva convocatoria en el Senado para tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. Frente a este nuevo intento de saqueo, se están organizando acciones en distintos puntos del país. En el AMBA, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores de la Tierra y otras organizaciones llaman a concentrar frente al Congreso Nacional a partir de la 12. Exigimos a la CGT y las CTA que llamen a un paro general y movilización ese día, para poder garantizar una presencia multitudinaria.

Milei quiere convertir el territorio argentino en una plataforma para las multinacionales, mientras entrega la minería, el agua, los bosques y las vías navegables. Desde Izquierda Socialista planteamos defender la soberanía nacional, impedir nuevas ventas, y expropiar sin indemnización a los grandes latifundios extranjeros y avanzar en una reforma agraria que entregue la tierra a quienes la trabajan. Los recursos naturales deben quedar bajo propiedad estatal y su utilización debe surgir de las decisiones de las y los trabajadores y las comunidades involucradas, al servicio de las necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Mundial dio para todo. El obvio galardón se lo llevó el gesto de La Scaloneta con la bandera de Malvinas. Después vino el exabrupto de que Argentina sería “el país más racista del mundo”. Milei fracasó al querer colgarse de la celeste y blanca.
 
La primera reivindicación es para La Scaloneta y sus jugadores. Más allá de que no pudieron ganar la final (por mérito del rival que jugó mejor) multitudes salimos a festejar las remontadas en partidos imposibles y a reivindicar ese gesto de dignidad mostrando al mundo la sábana por Malvinas.
“Las Malvinas son argentinas” fue de alto impacto. Un cachetazo para los imperialismos coloniales como Inglaterra y Estados Unidos, la FIFA y el vendepatria Milei que idolatra a la pirata Margaret Thatcher, se abraza con Donald Trump (el “Cuti” Romero y el “Licha” Martínez le negaron el saludo) y se alinea con el asesino del pueblo palestino, Benjamín Netanyahu.

Que haya habido banderas palestinas en las tribunas y la haya exhibido varias veces el joven delantero de la selección española, Lamine Yamal, fue otra de las postales anticolonialistas y antisionistas de esta Copa del Mundo. Ni qué hablar del “viejo” Messi, de cuerpo y mente joven para darlo todo y dejar frases contundentes, cuando le dedicó los triunfos “a quienes la pasan mal y no llegan a fin de mes”. Otro revés para Milei.

¿El país más racista del mundo?

La campaña contra la selección fue escalando al ritmo de frases equivocadas y el negocio de las plataformas con algoritmos y noticias falsas en las redes. Arrancó con que la FIFA quería que gane Argentina y que los árbitros la beneficiaban. Después de la derrota de Inglaterra los medios de prensa de Europa empezaron a hablar mal de la selección, enfocando su arrogancia imperialista contra la “brutalidad” de los jugadores, o expresiones de ese tipo a quienes nos consideran despectivamente sudacas, incómodos de que Argentina podía llegar a la cuarta copa y lograr el bicampeonato. Hasta que se llegó al extremo de decir que “Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”, por parte del reconocido actor estadounidense Samuel Jackson. Rápidamente se le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813 muchos años antes que los Estados Unidos que recién en 1865 lo hizo formalmente, aunque las y los negros tuvieron que esperar hasta 1965 para obtener el derecho al voto.

Otro que quedó en evidencia fue el “progre” exministro del gobierno de Syriza de Grecia, Yanis Varoufakis, quien festejó el triunfo de la “España multicultural”, a quien le señalaron que el Estado Español es monárquico (el Rey festejó con los jugadores), hubo inquisición, franquismo y las cárceles españolas están repletas de magrebíes.

Claro que Argentina es parte de este horroroso sistema capitalista basado en la explotación, las guerras imperialistas, el patriarcado y también el racismo. También es cierto que hay que repudiar conductas indignas como cuando algunos hinchas o jugadores adoptan cánticos o gestos racistas. Pero hay que separar la paja del trigo.

La burguesía y la oligarquía argentina fueron responsables de llevar casi a la desaparición de la población afro en las guerras de la independencia y del Paraguay. Provocaron un genocidio con la Conquista del Desierto (1878-1885) exterminando a los pueblos originarios, y otro en 1976 con la última dictadura militar, entre otras atrocidades. Pero decir que “el país” Argentina es el más racista del mundo, es involucrar a nuestro pueblo con lo que hacen las clases dominantes.

Seguramente las políticas aberrantes de Milei influyen para que haya una campaña de este tipo, pero no la justifica. Si alguien pretende asociar al pueblo argentino con Milei, sería de una ignorancia extrema. Lo mismo pasó en el mundial ‘78 cuando en la final distintos sectores convocaron a apoyar a la selección holandesa porque en Argentina había una dictadura, en una mezcla confusa de fútbol con política.

Milei es ultraderechista, xenófobo, racista, el presidente más sionista del mundo, apoya al golpista Bolsonaro y a cuanto facho anda por ahí, pero nuestro pueblo lo viene enfrentando sistemáticamente. El último 24M a cincuenta años del golpe fue masivo; el 1F antifascista de 2025 fue una respuesta contundente a su discurso de odio en Davos; miles en Argentina somos solidarios con la causa Palestina y defendemos a los pueblos originarios contra quienes desde el poder los siguen acusando de “terroristas”.

Lo mismo podríamos decir del pueblo y la juventud estadounidense. En 2020 hubo una rebelión contra el asesinato de George Floyd culpa de la brutalidad policial racista. Trump es repudiado por las agresiones a Irán, sus políticas racistas contra los migrantes y el ICE, mientras miles de estudiantes tomaron universidades en solidaridad con Palestina. Bajo ningún punto de vista se podría identificar las políticas de Trump con la de un pueblo que lo enfrenta.   

Por eso es que los comentarios o análisis políticos llevados al fútbol pueden ser completamente equivocados, consciente o inconscientemente. Una cosa es apoyar a una selección contra otra, algo normal en el fútbol, otra es fomentar peligrosas políticas de odio y xenofobia o prestarse a fake news con nefastas consecuencias.

La realidad es que Argentina llegó nuevamente a una final y sigue generando una cantera de grandes jugadores como el genio de Messi o antes Maradona. Y esto lo reconocen las masas del mundo, más allá de los gobiernos circunstanciales y las falsas campañas. Esto explica por qué se festeja con camisetas argentinas en países de África, Bangladesh, en China donde Messi es ídolo, Irlanda, India, Escocia y tantos otros lugares.
 
Los pifies de Milei

Milei quiso subirse a La Scaloneta desde un primer momento. Puso a disposición la Casa Rosada, pero fracasó. Dijo que daría asueto o feriado cuando lo dispongan los jugadores, pero lo ignoraron. Ya venía mal con las declaraciones de su ministra Alejandra Monteoliva diciendo que no había que provocar con el “mapita” de Malvinas, y perdió por goleada. También intentó al otro día del triunfo contra Inglaterra hacer votar en el Senado la Ley de Extranjerización de las Tierras, cosa que no pudo.

Milei quiere aprovechar la denominada “campaña antiargentina” para defender sus nuevas barbaridades. ¿Dice que defiende a las y los argentinos mientras quiere vender las tierras a extranjeros, nos entrega con el RIGI y el Súper Rigi y recibió a Georgieva del FMI con todos los honores? Un delirio. 
El facho libertario diputado bonaerense Agustín Romo, alfil de Karina coimera, presentó un proyecto de ley para arancelar la salud y la educación a extranjeros, léase a pobladores paraguayos o bolivianos radicados en el país. “Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Echenlos a todos”, dijo. Desopilante.

Ante todo esto quienes deleitamos la pasión por el fútbol vamos a seguir disfrutando de las jugadas individuales y en equipo que nos brindan los jugadores en el campo de juego, de Messi hasta que nos siga sorprendiendo con sus genialidades, de esta selección como equipo colectivo que nos dio muchas satisfacciones en todos estos años. Y por supuesto los socialistas seguiremos luchando contra los Trump, Milei, Netanyahu, convencidos que solo con cambios de fondo se terminará con el racismo y demás males capitalistas.  

Escribe José Castillo

La Corte de Apelaciones de Columbia (Estados Unidos) condenó a la Argentina a pagar 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Los favorecidos son el fondo buitre Titan Consortium y pequeños acreedores del Grupo Marsans.

Aerolíneas Argentinas había sido expropiada en 2008 al Grupo Marsans, después de que este la vaciara escandalosamente. Por ejemplo, vendió las oficinas de Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de rutas internacionales rentables, cuyos fondos pasaron al Grupo y desaparecieron del balance de la empresa. Recordemos que Marsans había adquirido Aerolíneas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado español por 1 dólar, luego de otras gestiones escandalosas que incluyeron a Iberia, beneficiada por la privatización del peronismo menemista de 1990.

Luego de que el gobierno argentino estatizara una Aerolíneas quebrada, el Grupo Marsans inició un juicio y se lo vendió a Burford, el mismo fondo buitre que litiga por YPF. Burford transfirió luego la demanda a Titan Consortium, beneficiario del fallo de la corte yanqui. La sentencia apela el fallo del Ciadi de 2017, que había condenado a la Argentina a pagar 321 millones de dólares por la expropiación. Con los intereses, la suma asciende a 391 millones.

¿Una empresa, Marsans, compra otra por un dólar, gana millones vendiendo sus activos, la vacía, luego la abandona y ahora gana un juicio contra quien se hace cargo de ella por 391 millones de dólares? Exactamente, con el agravante de que quien cobra es el fondo buitre que, en el “pasamanos”, se quedó con el juicio.

¿Cómo es esto viable? Porque todos los juicios vinculados a privatizaciones se dirimen en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Allí, la Argentina ya perdió todos los juicios y los seguirá perdiendo. Ahora se viene el reclamo por 123 millones de dólares de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de la tarifa del puente Rosario-Victoria.

La pregunta es por qué estamos en este juicio. Durante el menemismo se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que obligan a resolver estos diferendos en el Ciadi. Ningún gobierno posterior los derogó. Por eso terminamos allí en primera instancia y luego en tribunales yanquis que ratifican los fallos contra nuestro país y suman intereses.

Es otra parte escandalosa del saqueo. Esos 390 millones de dólares engrosarán la deuda externa. La salida es irse del Ciadi, repudiar los TBI y dejar de pagar esa deuda. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo episodios como este.

Foto de portada: El gobierno porteño profundiza su carácter represivo


Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundiza su perfil cada vez más autoritario, represivo y reaccionario, con el objetivo de hostigar y disciplinar a los sectores más vulnerables.

En la Ciudad, la motosierra y la represión avanzan de la mano. Para imponer este rumbo, además, gobierna cada vez más por decreto. En lo que va del año ya firmó 259, consolidando una forma de gobierno que elude el debate parlamentario y avanza sobre derechos conquistados.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el Decreto N.º 256/26, que modifica el Estatuto Docente y avanza sobre derechos laborales históricos de la docencia. También está el Decreto N.º 230/26, que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios como subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. Se trata de un nuevo ataque al derecho de huelga, una herramienta fundamental de las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.

A esta ofensiva antiobrera se suma el Decreto N.º 142/26, que restringe la atención médica a personas migrantes y a quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es una medida profundamente xenófoba y discriminatoria, que busca enfrentar a las y los trabajadores entre sí y responsabilizar a las y los migrantes y a quienes viven en el conurbano por el deterioro de los servicios públicos que el propio gobierno desfinancia.

Un desalojo cada 30 horas

La campaña oficial “Ley y Orden sin okupas”, desplegada en carteles y videos por toda la Ciudad, procura justificar esta escalada represiva. Su expresión más brutal son los desalojos “administrativos” que el Gobierno porteño lleva adelante bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe.
Frente a esta política, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 ordenó suspender cautelarmente estos desalojos, que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron a más de 1.200 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes que vivían en hoteles familiares o pensiones. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando, desconoce la resolución judicial y profundiza una política cruel que expulsa a quienes menos tienen, mientras agrava la crisis habitacional.

La realidad social desmiente el discurso oficial. En la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas padecen la emergencia habitacional, unas 12 mil se encuentran en situación de calle y el 42 % de quienes alquilan destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Lejos de impulsar un plan de viviendas populares o garantizar el derecho a habitar la ciudad, el macrismo sigue gobernando para los grandes desarrolladores inmobiliarios y la especulación.

El gobierno de Jorge Macri pretende instalar que la respuesta frente a la crisis social es más represión, más persecución y menos derechos. Mientras criminaliza la pobreza, ajusta la salud y la educación, y ataca las conquistas de las y los trabajadores, deja intactos los privilegios de los grandes grupos económicos que hacen negocios con la Ciudad. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguiremos enfrentando estas políticas en las calles, junto a quienes defienden la educación pública, la salud y el derecho a la vivienda.