La ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en febrero de este año. Con el argumento de que servirá para que “la gente saque los dólares del colchón” y los vuelque a la economía, los evasores no tendrán que demostrar el origen de sus fondos, llámese lavado de dinero, dólares narco o coimas. Es un premio a la evasión, ampliando el universo de beneficiarios a funcionarios de gobierno.

Se inscribieron para gozar de esa impunidad Adorni, su esposa y hasta la escribana; Federico Sturzenegger; José Luis Espert (financiado por el narco Fred Machado) y Santiago Orgía (videasta oficial de Milei), entre otros personajes.

Nadie que tenga la conciencia tranquila necesita acogerse a una ley que libera de responsabilidad al que cometió un delito. El solo hecho de llamar “inocente” al delincuente, desnuda el cinismo de este gobierno.

Adorni y demás capitalistas evaden y el gobierno les baja los impuestos a las multinacionales del RIGI y a las patronales con la reforma laboral, mientras el pueblo trabajador paga el regresivo IVA y el impuesto al salario que alcanza a un millón de laburantes y el FMI los quiere llevar a 2,5 millón. Ellos se enriquecen y no pagan impuestos a la vez que el pueblo trabajador se tiene que endeudar para poder comer, comprar los remedios o pagar el alquiler.  

“Probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande, aún no se toma dimensión de todo lo que implica”, dijo sobre la misma Adorni. La ley fue aprobada por La Libertad Avanza, PRO, UCR, catamarqueños y tucumanos peronistas exUnión por la Patria, entre otros, con la férrea oposición, como corresponde, del Frente de Izquierda Unidad. A sacar conclusiones.

Adorni no fue citado a declarar a pesar de estar imputado por enriquecimiento ilícito. El juez de la causa, Ariel Lijo, está en París con el Ministro de Justicia, Juan Mahiques, en un plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mostrando los “avances en materia de lavado de dinero y transparencia en Argentina”. Por su parte, el fiscal Pollicita se tomará su tiempo para analizar las declaraciones de Adorni y luego evaluará si le pide alguna que otra aclaración.

Por falsear su declaración, Adorni podría ser alcanzado por el delito de omisión maliciosa, cuya pena va de quince días a dos años de prisión (sin ninguna condena de cumplimiento efectivo). La pena por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, va de dos a seis años (una condena por tres años sería excarcelable) y solo la de lavado de dinero es de tres a diez años de prisión, agravada para funcionarios, pero Adorni no está imputado por este delito.

Por otra parte, hay que agregar que el fiscal Taiano que lleva la causa de la estafa cripto donde está involucrado Milei, será denunciado penalmente por encubrimiento. “En casi dos años de causa no ha indagado ni recibido a ninguna de las partes, ha ocultado pruebas y persiguió a periodistas por realizar sus tareas de investigación”, afirmó el querellante Martín Romeo, cuestionando también al fiscal por actuar como “abogado defensor” del gobierno. Por todo esto es que el Frente de Izquierda repudia a esta justicia y a las leyes de impunidad, postulando la elección popular de los jueces, que sus cargos sean revocables y ganen lo mismo que un trabajador.

Dichos y hechos
Cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado, Adorni había dicho: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le repreguntó: “¿No es desproporcionado para tu patrimonio?” Adorni respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.
 
Su abogado
Adorni contrató al estudio del abogado Matías Ledesma. Fue por consejo del exministro de Justicia, Cúneo Libarona, quien le dijo “sos un brillante expositor pero mejor buscate un abogado”.
Se trata de un penalista con experiencia en Comodoro Py, miembro del estudio que fundó su padre, Guillermo Ledesma, quien fuera abogado de Alfredo Yabrán durante siete años (incluso durante el asesinato del periodista José Luis Cabezas) y asesor legal de Guido Antonini Wilson, el venezolano del escándalo con la valija llena de 800 mil dólares durante el kirchnerismo.
 
Sindicalista y tuitero
En 2019 Adorni incursionó en el sindicalismo. Se inscribió como delivery y participó en el intento de fundación de un nuevo gremio denominado Sindicato argentino de empleados de delivery y afines (Saeda). Adorni figuraba como secretario adjunto, pero el Ministerio de Trabajo observó el listado de afiliados por irregularidades. El sindicato no prosperó por trucho. En 2023, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) le otorgó el Martín Fierro Digital en la categoría “Mejor twittero”.
 
Lázaro beneficiado
Ya cayeron el 87% de las causas judiciales por evasión fiscal desde la aplicación de la denominada “ley de inocencia fiscal”. Un premio para los evasores, que ya no serán alcanzados por la Ley Penal Tributaria que persigue delitos fiscales con penas de prisión. ¿Quién fue uno de los beneficiados? Lázaro Báez, sus hijos y once personas más ligadas a la firma Austral Construcciones. Báez pasó de empleado bancario a tener tierras, empresas y propiedades bajo el gobierno de Néstor y Cristina, de quien se dice fue su testaferro.
 

Escribe Atilio Salusso

El acuerdo por los derechos de televisación del Mundial implica que el canal estatal argentino pague un 27,3 por ciento más que la señal privada. Es decir, el Estado Nacional va a pagar más dinero que una empresa privada por los derechos de televisación de un evento deportivo. Eso es exactamente lo que hizo la gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a cargo de los medios públicos, llevando a que la TV Pública pague más dinero por cada partido que emitirá del Mundial de Fútbol 2026 que lo que le costó a Telefe (Página12, 10/06/26).

El acuerdo firmado por Radio y Televisión Argentina (RTA) y Torneos estipula que el canal estatal pague 410 mil dólares por cada partido que emitirá, mientras que el canal líder de la TV argentina desembolsó 321.875 dólares por cada uno de los cotejos que transmitirá. Adorni venía anunciando que los partidos se podrán ver por la pantalla estatal “sin usar plata de todos”. Una mentira.

El Estado Nacional pagó 4.100.000 millones de dólares. Al desagregar ese monto por los diez partidos, da como resultados que el gobierno desembolsará por cada cotejo emitido 410 mil dólares.

El otro canal de la TV abierta que transmitirá el Mundial es Telefe. Transmitirá 32 partidos en total, abonando 10.300.000 millones de dólares en concepto de derechos televisivos, es decir, 321.875 mil dólares por cada uno de los cotejos. Ese mismo paquete fue ofrecido a la TV Pública, pero el gobierno optó por el de diez partidos y tomando producción y comercialización ajena. FIN.

Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El CIN y la mayoría de las conducciones docentes y no docentes pactaron con Milei una traición a la lucha universitaria. Abandonan el reclamo por la Ley de Financiamiento, pero el conflicto no terminó: abrió una nueva etapa.

Presentado ante los medios de comunicación como un “acuerdo histórico”, Javier Milei acordó con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la mayoría de las conducciones de las federaciones sindicales reemplazar el 52% adeudado por la Ley de Financiamiento por un 24% en dos tramos: 21,3% a cobrar en junio y 3% en octubre. Es decir, la mitad.

El acuerdo incluye plata para gastos de funcionamiento y becas, todo por debajo de lo que establecía la ley. Una verdadera traición a más de dos años y medio de conflicto, cuando el gobierno se encontraba contra las cuerdas. La única Federación de Docentes Universitarios que no firmó, por presión de la base, fue Conadu Histórica.

Yacobitti y todo el CIN dicen que firmar esto “no implica que se baja el reclamo ante la Corte”, pero ofrecieron enviarle a los jueces una carta anunciando un avance en las negociaciones con el gobierno, lo que contribuirá a que la Corte Suprema deje la ley cajoneada. Lo presentan como un triunfo. Para miles de docentes, no docentes y estudiantes, en cambio, se trata de una capitulación completamente inconsulta.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿por qué firmar ahora? ¿Por qué aceptar un acuerdo cuando el gobierno atravesaba uno de los momentos de mayor debilidad en este conflicto? La ley no solo cuenta con fallos favorables, sino que veníamos de una cuarta Marcha Federal Universitaria, donde más de un millón y medio de personas salieron a las calles mostrando el apoyo social al conflicto.

Días atrás, las tomas de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini mostraron un movimiento estudiantil combativo y tuvieron enorme impacto. Está programado un paro para la semana del 16 al 20 de junio. Incluso, por un cuadro incluido en el Staff Report del FMI, del 22/5/26, salió a la luz que habría fondos que tenían presupuestado un 0,20% del PBI para hacer frente a las erogaciones surgidas de la Ley de Financiamiento. Sobran las razones para creer que podíamos torcerle el brazo al gobierno.

Una nueva etapa del conflicto

Consumada la traición de los rectores y las conducciones de las federaciones, queda algo claro. Si Milei, que tenía como proyecto liquidar las universidades públicas y el Sistema de Ciencia y Técnica (SCyT), tuvo que ceder parcialmente, fue gracias a la enorme lucha de docentes, no docentes y estudiantes, y al apoyo de la sociedad.

Por eso crece la bronca y este acuerdo por arriba no cierra el conflicto. El aumento del 21,3% de junio queda muy por debajo de lo adeudado, no recompone la pérdida salarial y nos sigue sometiendo a salarios de miseria. El reclamo por la aplicación de la ley sigue más vigente que nunca.
Mientras en los medios circulaba la inminente firma del pacto, entre docentes y no docentes crecía la bronca. Una parte se expresó en que la Federación Conadu Histórica, por mandato de sus asociaciones de base, no firmó el acuerdo y mantiene el paro convocado para esta semana.

Por las redes sociales y en las universidades crecen las denuncias sobre consultas manipuladas para legitimar la aceptación del acuerdo, formularios cuyos resultados nunca fueron publicados y asociaciones sindicales que cercenaron toda instancia de debate.

La bronca comenzó a expresarse de manera autoorganizada: en apenas algunas horas se conformaron grupos en redes sociales de docentes y no docentes donde participan miles. Desde allí se impulsó una primera asamblea virtual federal, que reunió a cientos de trabajadoras y trabajadores universitarios de distintos puntos del país, para promover acciones en el marco del paro de Conadu Histórica y seguir coordinando un plan de lucha.

Frente al gobierno de Milei, que busca conformarnos con este acuerdo; frente a Yacobitti y los rectores del CIN; frente a las conducciones burocráticas de las federaciones universitarias, decimos con claridad: que cumplan la ley.

La pelea no terminó, cambió de etapa. Toca transformar la bronca en lucha y organización, por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por plata para educación, no para el FMI.