Escribe Juliana García, militante de derechos humanos

El plan sistemático de apropiación de niñas y niños fue uno de los rasgos más brutales del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. Se comprobó incluso judicialmente que existió una política organizada para apropiarse de las hijas e hijos de personas detenidas desaparecidas y criarlos bajo los valores del régimen. El propio Poder Judicial lo estableció años más tarde en el juicio conocido como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”.

El terrorismo de Estado asesinó, desapareció, saqueó bienes y, además, robó identidades. Muchas niñas y niños fueron secuestrados durante operativos junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.

Para ello se montaron maternidades clandestinas dentro de centros clandestinos de detención. Las mujeres embarazadas secuestradas solían recibir un trato diferenciado: los represores buscaban que los embarazos llegaran a término. Después del parto, los bebés eran apropiados y las madres, en la mayoría de los casos, asesinadas.

La apropiación se concretaba mediante inscripciones falsas como hijas e hijos propios, con la complicidad de médicos o funcionarios que certificaban nacimientos inexistentes.

Frente a ese horror, la resistencia comenzó desde abajo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo y, ese mismo año, doce mujeres entendieron que además de buscar a sus hijas e hijos debían encontrar a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Así nació la organización Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977.

Durante años la búsqueda fue casi artesanal: recorrer juzgados, seguir pistas y sostener la memoria en un país atravesado por el silencio y el miedo. En los años noventa el Estado creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para acompañar esa tarea.

Hasta hoy se lograron 140 restituciones, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados. La cifra sigue siendo aproximada: varias mujeres embarazadas nunca fueron identificadas o no se sabía que estaban gestando al momento del secuestro.

Todavía hoy se siguen encontrando casos, pero el contexto político actual vuelve más difícil esa tarea. El gobierno de Javier Milei, que ha relativizado los crímenes de la dictadura y reivindicado la teoría de los dos demonios, recortó recursos destinados a las políticas de memoria y debilitó áreas del Estado dedicadas a la búsqueda de las y los nietos apropiados.

Organismos históricos como Abuelas enfrentan dificultades para sostener sus equipos técnicos, mientras la Conadi se encuentra reducida en personal y presupuesto. En un país donde todavía faltan cientos de nietas y nietos por encontrar, ese vaciamiento afecta directamente la posibilidad de restituir identidades.

La historia de las Abuelas demuestra que la búsqueda es también una construcción colectiva. Fue la persistencia de esas mujeres, acompañadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, la que permitió que muchos nietos y nietas recuperaran su identidad.
Y mientras quede una sola nieta o nieto por encontrar, esa lucha seguirá abierta.

Escribe Mariano Barba

Mientras Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam a comienzos de la década de 1970, en América Latina desplegaba la doctrina de la seguridad nacional. Esa estrategia luego se consolidó en el Plan Cóndor, un sistema de coordinación entre dictaduras para fomentar y organizar golpes de Estado en el Cono Sur. El golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina se inscribió en ese marco, con el objetivo de frenar las luchas populares e imponer planes económicos alineados con los intereses del imperialismo.

A comienzos de la década de 1970, las y los trabajadores y los pueblos protagonizaban acciones en distintas latitudes del mundo. Estados Unidos, con Richard Nixon como presidente, vivía grandes movilizaciones internas contra la guerra en Vietnam y sufría derrotas en el campo de batalla que culminaron con su retirada de ese país, lo que significó la primera gran derrota del imperialismo yanqui. Otros países coloniales africanos, como Guinea Bissau, Angola y Mozambique, tras largos años de lucha, conquistaron su independencia de las potencias europeas que los dominaban. Hacia el final de la década, en 1979, una gran revolución democrática en Irán derrocó al sha Reza Pahlevi; ese mismo año, en Nicaragua, se derrotaba a la dictadura de Anastasio Somoza en una guerra civil en la que participó nuestra corriente con la Brigada Simón Bolívar.

En América Latina también se desarrollaban grandes luchas en Chile, Argentina y Perú, que cerraban un período de derrotas marcado por el golpe en Brasil y el de Barrientos en Bolivia. En ese contexto, Estados Unidos avanzaba en la formación militar de los ejércitos latinoamericanos a través de la Escuela de las Américas, situada en la zona del Canal de Panamá. Allí se enseñaban doctrinas de contrainsurgencia, es decir, métodos para organizar golpes de Estado, coordinar la represión y formar escuadrones de la muerte. Estas políticas fueron las antesalas del Plan Cóndor, impulsado con respaldo y participación directa del gobierno estadounidense.

Durante las presidencias de Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989), Estados Unidos prestó apoyo técnico, militar y político a los regímenes represivos del Cono Sur. A través de la CIA y el Pentágono se proporcionaban planificación, coordinación e instrucción en métodos de tortura y terrorismo de Estado.

Miles de asesinados y desaparecidos

Hacia 1978, la Operación Cóndor abarcaba ocho de los trece países de América del Sur y había establecido un área de represión e impunidad sin fronteras. El intercambio de información entre las dictaduras permitió operativos conjuntos de grupos de tareas integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen. Estas operaciones muchas veces terminaban con traslados clandestinos de personas detenidas hacia su país de origen, algo habitual entre las dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay confirmó en 2003 que los documentos hallados en diciembre de 1992 en la comisaría de Lambaré, en Asunción, prueban la existencia del acuerdo entre las dictaduras para el intercambio de información y prisioneros. Según esos archivos, este plan asesinó a unos 50 mil opositores políticos en América Latina, dejó decenas de miles de detenidos desaparecidos y encarceló a alrededor de 400 mil personas. Esos documentos, conocidos como los “Archivos del Terror”, detallan el destino de miles de latinoamericanos secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La atroz dictadura argentina

El Cordobazo de 1969 y las luchas obreras y populares que continuaron hasta 1976, con picos muy fuertes como la huelga general de 1975 conocida como el Rodrigazo, llevaron a que la burguesía y las Fuerzas Armadas planificaran el golpe en nuestro país en el marco del Plan Cóndor. Un documento desclasificado del FBI de septiembre de 1976 afirma que “los miembros del Plan Cóndor que habían demostrado más entusiasmo hasta la fecha eran Argentina, Uruguay y Chile”.

Quien condujo y orientó políticamente el siniestro Plan Cóndor fue Henry Kissinger, que ejercía simultáneamente como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Estados Unidos. Desde allí monitoreaba directamente a los militares y gobiernos de América del Sur y fue un impulsor clave del golpe militar en Chile encabezado por Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende e inauguró una sangrienta represión contra las y los trabajadores y el pueblo chileno. Reunido con Pinochet en junio de 1976, Kissinger le dijo: “En Estados Unidos, como sabe, simpatizamos con lo que está usted intentando hacer aquí [...] Mi opinión es que usted es víctima de todos los grupos izquierdistas del mundo”.

Sobre Argentina, Kissinger se reunió en octubre de 1976 con funcionarios de la dictadura y alentó al canciller argentino a que “hicieran lo que tuvieran que hacer lo más rápido posible”. Según el historiador Jon Lee Anderson, documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que dos días después del golpe Kissinger declaró que al nuevo gobierno militar “tendremos que apoyarlos en todas las posibilidades con que cuenten”. Más adelante, invitado por Videla a presenciar los partidos del Mundial 1978, Kissinger “aplaudió los esfuerzos de la Argentina en la lucha contra el terrorismo”.

Este derrotero muestra cómo el golpe militar en nuestro país fue planificado entre distintas fuerzas políticas y militares con el impulso de Estados Unidos y el Pentágono. Tanto dirigentes del radicalismo, como Balbín, como sectores del peronismo, como el empresario Jorge Antonio, y la cúpula de la Iglesia Católica fueron fervientes defensores del golpe genocida argentino.

A cinco décadas de aquellos hechos, la memoria sigue siendo una herramienta de lucha frente a los intentos de negacionismo y los gobiernos de derecha en América Latina. La historia del terrorismo de Estado demuestra hasta dónde pueden llegar las clases dominantes para frenar las luchas populares. Por eso, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia sigue siendo parte de una pelea que continúa hasta hoy.

Escribe Francisco Moreira 

El golpe militar estuvo al servicio del plan de las grandes empresas y el FMI. La resistencia obrera y popular terminó derribando a la dictadura en 1982. Pero desde 1983 los sucesivos gobiernos continuaron aplicando los planes de ajuste y saqueo del FMI. La lucha continúa bajo el gobierno de 
Javier Milei.  

En marzo de 1976 los militares dieron el golpe e instalaron el terrorismo de Estado, un régimen de represión generalizada. Fueron suprimidas todas las libertades democráticas, intervenidas las organizaciones obreras y suspendida la actividad de los partidos políticos. La dictadura masificó los métodos represivos que ya se venían aplicando bajo el gobierno de Isabel Perón, impulsados por el siniestro ministro José López Rega, las patotas de la burocracia sindical y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).¹ Miles fueron a las cárceles, torturados, asesinados y desaparecidos. Así buscaron aniquilar a la vanguardia de luchadoras y luchadores. Por eso gran parte de los 30 mil detenidos-desaparecidos son dirigentes, delegados y activistas sindicales y estudiantiles.

El movimiento obrero y popular fue derrotado, al tiempo que las patronales y el imperialismo lanzaron un ataque implacable para imponer sus planes de hambre y entrega bajo la batuta del general Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Su objetivo era aplicar un plan económico de liquidación de las conquistas sociales y de saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint de la familia Rocca, Loma Negra de Amalita Fortabat, Molinos de los Pérez Companc, los Pescarmona o los Macri; también al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.

Mientras esto sucedía, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Adolfo Tortolo, convocaba a colaborar con el gobierno de Videla. Hoy, mientras Javier Milei niega el genocidio, los políticos patronales se llenan la boca hablando de “democracia” y repudian a la dictadura, pero en ese entonces acudían presurosos a colaborar. Los radicales aportaron embajadores e intendentes a la dictadura. El justicialista Tomás de Anchorena fue embajador en Francia. Muchos de ellos concurrieron a la confitería El Molino el 1º de diciembre de 1978 a la cena anual del Círculo de exlegisladores. El encargado del brindis fue el mismo Videla y entre los presentes estaban los radicales Ricardo Balbín y Antonio Tróccoli, treinta ex diputados justicialistas y hasta ex diputados comunistas, como Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez.²

La resistencia, Malvinas y el fin de la dictadura

En medio de semejante horror empezó la resistencia obrera y popular que finalmente llevaría a la caída de la dictadura. Los militares, que venían para quedarse por décadas en el poder, duraron siete años. En su crisis y caída la clase trabajadora tuvo un protagonismo central.

A pesar de la derrota del golpe, las y los trabajadores empezaron una lenta recuperación. Ya en mayo de 1976, en Renault de Córdoba reclamaban aumento salarial con “trabajo a tristeza”. En los años siguientes hubo luchas de Luz y Fuerza, portuarios, trabajadores de subterráneos y ferroviarios. En 1979 hubo huelgas en Alpargatas, IME, Renault, Ferrum, Galileo, Capea, Santa Rosa (después Acindar) y Siam. Entre tanto, en abril de 1977 se realizó la primera ronda de las que luego serían las Madres de Plaza de Mayo.

En 1980 se produjo una grave crisis económica. Se terminaba la época de la “plata dulce” y sectores de la clase media, que habían paseado por el mundo porque había un dólar barato, comenzaron a entrar en crisis. La dictadura se quedaba así sin apoyo social, con la clase media uniéndose de hecho a la resistencia obrera. Aparecieron acciones populares moleculares cada vez más importantes: movimientos contra la censura de intelectuales y artistas o contra los impuestazos, y fue tomando forma la consigna “abajo la dictadura”. En julio de 1981 se produjo una huelga general parcial de la CGT.

La dictadura empezó a tener cada vez más dificultades y a entrar en crisis. En 1982, en un intento desesperado por sostenerse, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ahora al frente de la dictadura, lanzó la toma de Malvinas. El objetivo era tratar de desviar hacia los ingleses el odio popular creciente contra la dictadura. En ningún momento creyeron que iba a haber una guerra. Insólitamente creían que el imperialismo yanqui los iba a apoyar en una negociación con los ingleses para quedarse con las Malvinas. Cometieron varios errores a la vez. Los yanquis se unieron a los ingleses y la guerra de Malvinas provocó una movilización de masas antiimperialista, nacional y latinoamericana, que fue contra el gobierno militar, que rápidamente capituló. El papa Juan Pablo II vino al país para reforzar la actitud derrotista de la burguesía argentina. El 15 de junio una concentración popular en Plaza de Mayo gritaba: “Los pibes murieron, los jefes los vendieron”. Se produjo un vacío de poder. La dictadura caía. Galtieri tuvo que renunciar y los militares no tuvieron otra salida que irse a las corridas a negociar con los políticos patronales para convocar a elecciones.

De Alfonsín a Milei

La caída de la dictadura fue un inmenso triunfo revolucionario del movimiento de masas. Pero los políticos del sistema se unieron entonces en la Multipartidaria para desviar la movilización popular hacia las elecciones, buscando hacer creer a las masas que la alternativa a sus reclamos de justicia social y libertades pasaba por votarlos a ellos. Los socialistas revolucionarios dijimos entonces que era una mentira y que, aunque participamos en las elecciones, había que seguir la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y por una Argentina socialista, para lograr el no pago de la deuda y los cambios de fondo.

Millones votaron entusiastas al radical Raúl Alfonsín en 1983. Creyeron que “con la democracia se educa, se come y se cura”. Pero las expectativas fueron defraudadas. Alfonsín continuó pagando la deuda y aplicando los planes dictados por el FMI. Luego, con el peronista Carlos Saúl Menem, a pesar de las promesas de “salariazo y revolución productiva”, vinieron las privatizaciones y creció la desocupación. Los gobiernos radicales y peronistas impusieron las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y los indultos para salvar a los genocidas de la cárcel.

El Argentinazo, en diciembre de 2001, con sus consignas “que se vayan todos” y “sin peronistas, sin radicales vamos a vivir mejor”, fue el punto más alto de repudio a los gobiernos, partidos y políticos patronales tras la caída de la dictadura. Fue una rebelión popular que tiró al gobierno radical de Fernando de la Rúa, impuso la suspensión del pago de la deuda y obligó a retomar los juicios contra los genocidas. Los Kirchner, a pesar de su doble discurso, volvieron a pagar la deuda externa. Cristina Fernández se autotituló “pagadora serial”, pero la deuda continuó creciendo, al igual que la inflación y la pobreza. Mauricio Macri nos volvió a endeudar con el FMI e intentó salvar a los genocidas con el 2x1. Alberto Fernández mintió cuando dijo “entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados”.

A pesar de las promesas, los gobiernos patronales sucesivos tras la caída de la dictadura continuaron con los planes de ajuste, profundizando el hambre, la entrega y el saqueo. Hoy el gobierno ultraderechista y negacionista de Javier Milei, con su plan motosierra, es la expresión más cruel de ese modelo.

Una nueva dirección para una Argentina socialista

A cincuenta años del golpe, miles y miles se movilizarán en todo el país contra el negacionismo de Milei, para reafirmar el repudio a los militares genocidas, para homenajear a los caídos en la lucha por recobrar las libertades democráticas y para seguir exigiendo el castigo a los represores de ayer y de hoy. Las y los trabajadores y el pueblo no están derrotados y siguen dando pelea contra los planes de ajuste y de reformas al servicio de las patronales y el FMI, por salario y trabajo. El gobierno de Milei evidencia que el sistema capitalista en nuestro país se basa en el saqueo y la subordinación al imperialismo y en la explotación al servicio de las ganancias de los grupos empresarios. No representa una salida para el pueblo trabajador.

Los socialistas seguimos creyendo que para resolver las tareas aún pendientes hay que unir todas las luchas y encaminarlas hacia los cambios de fondo que necesitamos. Luchamos por un gobierno de las y los trabajadores que realmente termine con la impunidad y con el modelo de saqueo y entrega al imperialismo, avanzando en construir una Argentina socialista. Para ello es imprescindible apostar por nuevos dirigentes políticos y sindicales. Ante la bronca que crece contra el gobierno nacional y sus aliados, el peronismo no es la salida. Necesitamos construir un partido socialista revolucionario que contribuya a lograr la unidad de la izquierda, las y los trabajadores y los sectores populares, para que gane cada lucha obrera, democrática y popular.


1. Ver El Socialista Nº 621, 25/02/2026
2. Revista Gente, Año XIII, Nº 698, 07/12/1978.

Reproducimos notas de Mercedes Petit de El Socialista Nº 24, 15/3/2006 por el 30 aniversario del 24M.

Escribe Mercedes Petit, dirigenta de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En marzo de 1976, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) contaba con aproximadamente 4 mil militantes, en su mayor parte trabajadores (2 mil estaban organizados en la Juventud Socialista de Avanzada). Se había convertido en uno de los partidos trotskistas más grandes del mundo. Bajo la dictadura, desde la más completa clandestinidad, siguió activando en los lugares de trabajo y estudio, y en los barrios obreros. Su objetivo, ser el partido revolucionario que acompañe a la clase trabajadora en la lucha por el gobierno y el socialismo, continúa hoy.

Desde su fundación en 1972, el PST* se fue transformando en una fuerza importante entre los delegados, activistas y dirigentes obreros que enfrentaban a los gobiernos de Lanusse, primero, y del peronismo, después. En las elecciones de septiembre de 1973 (cuando Perón ganó con siete millones de votos) su fórmula presidencial, integrada por Juan Carlos Coral y José Francisco Páez, sacó más de 200 mil votos.

Tenía un peso importante en gremios como metalúrgicos, Smata, bancarios y docentes. En marzo de 1975 volcó sus mayores esfuerzos en el apoyo a la huelga metalúrgica de Villa Constitución. En junio, sus dirigentes obreros cumplieron un papel de vanguardia impulsando la movilización y la coordinación de las fábricas de la zona Norte del Gran Buenos Aires, que detonaron el Rodrigazo y provocaron la caída del ‘Brujo’ López Rega y de Rodrigo.

Esa presencia en los sectores más combativos de los trabajadores dio lugar a que la represión se ensañara con el PST desde 1974. En 1975 ya parte de la actividad partidaria se desarrollaba en la semiclandestinidad.

Las vísperas

En 1976 la lucha de la clase obrera argentina acorralaba al gobierno peronista de Isabel Martínez y su ministro de Economía, Emilio Mondelli, quienes insistían en los intentos de aplicar el plan de ajuste y entrega que exigía el FMI. El PST estaba en primera fila impulsando los conflictos y el plan de lucha para derrotarlos. Al mismo tiempo, denunciaba el peligro golpista, que iba tomando cuerpo a medida que Isabel mostraba su impotencia para derrotar a los trabajadores. Las acciones cada vez más aisladas e irresponsables de la guerrilla llevaban agua al molino represivo (ver recuadro).

La lucha contra la dictadura

Apenas instalada en la Casa Rosada, con uno de sus primeros decretos, la junta militar prohibió la existencia del PST. Los demás partidos políticos fueron “congelados”. Nuestro partido fue proscripto, la mera pertenencia al mismo era delito. Hubo que pasar varios años en la clandestinidad total. A pesar de la represión, la actividad militante se siguió desarrollando en esas extremas condiciones. Se retomó la publicación del periódico (con distintos nombres: La Yesca, Opción y Palabra Socialista), que se difundió en las empresas y en los barrios con todo tipo de recaudos.

En reuniones breves, a veces de unos minutos, en bares o lugares de movimiento de gente, con suma puntualidad, los militantes se encontraban, intercambiaban materiales (camuflados en paquetes de cigarrillos y otros envases), informes políticos y las novedades y orientación para la militancia en los distintos frentes.

En los tempranos conflictos que empezaron a golpear a la dictadura, entre los portuarios, en los subterráneos y trenes, allí estaban los militantes del PST. Al mismo tiempo que se visitaba y defendía a los compañeros que poblaban las cárceles del país, se hacía en el extranjero, con los exiliados y partidos trotskistas hermanos, una importante campaña de denuncia del genocidio, exigiendo la libertad de todos los presos y que cesaran las “desapariciones”. En las difíciles condiciones de la tortura y la prisión, los militantes del PST mantuvieron consecuentemente su moral y política revolucionarias.

La pelea sigue

La resistencia contra la dictadura fue ganando fuerza. Finalmente, los genocidas fueron echados por la movilización obrera y popular en 1982. Pero el PST siguió legalmente proscripto. Hubo que seguir la tarea de construir el partido revolucionario con el MAS, que fue creciendo y avanzando por el camino que venía abriendo el PST. A fines de los ’80, luego del fallecimiento de Nahuel Moreno, hubo un largo período de crisis en las filas de nuestra corriente. Actualmente, entre otros grupos que en la Argentina y otros países reivindican la trayectoria del PST, seguimos la tarea construyendo Izquierda Socialista/FIT Unidad.

* El PST surgió de la fusión del PRT (La Verdad), que dirigía Nahuel Moreno, con un sector del viejo Partido Socialista, encabezado por Juan Carlos Coral.

Escribe Mercedes Petit, dirigenta de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Así decía el título de un breve artículo de Avanzada Socialista N°182, el último que se publicó, el 20 de marzo de 1976. El 15 de marzo había estallado una poderosa bomba en la playa de estacionamiento del edificio del Comando General del Ejército. Fueron heridos algunos altos oficiales, pero la mayor parte de las víctimas fueron suboficiales, conscriptos y gente común que caminaba por la calle (entre ellos estaba el único muerto).

Desde que surgieron el PRT-ERP y luego los Montoneros, un rasgo distintivo del PST fue su permanente crítica a la política totalmente equivocada de las organizaciones guerrilleras. Aunque las defendíamos de la represión y reclamábamos la libertad de sus detenidos, en forma sistemática rechazábamos ese camino que pretendía sustituir la organización y movilización obrera y popular por acciones armadas de grupos de elite. Los Montoneros, además, eran el “brazo armado” de un partido patronal, el peronismo, e impulsaron que ese sector burgués volviera al gobierno, primero con Cámpora y luego directamente con Perón e Isabel. Cuando el propio Perón rompió con ellos, mantuvieron su camino equivocado de capitulación con sectores patronales y fueron exacerbando el carácter cada vez más descolgado de las masas de sus acciones militares. Mientras Isabel reprimía a los luchadores obreros, alentaba las bandas fascistas y permitía que creciera el golpismo, los Montoneros (y el ERP, aunque más debilitado) hacían una “guerra de bolsillo” contra la patronal y las fuerzas armadas, que daba argumentos a la represión y los iba empujando al creciente aislamiento y la desesperación.