Escribe Atilio Salusso

Gran Hermano
El hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, cobrará 4 millones de pesos mensuales del Estado. Fue ascendido en el Ministerio de Defensa. Primero fue nombrado asesor con un salario de 2,6 millones de pesos y ahora pasó a ser titular de la Unidad de Auditoría Interna, con un ingreso casi 100% superior. Todo esto ocurre mientras el gobierno disfruta despidiendo a 15.000 trabajadores estatales con años de experiencia y salarios de pobreza. También va en sintonía con el 48% que se aumentó Milei, teniendo que retroceder ante el escándalo, considerado lo que peor cayó entre sus votantes anti-casta. “O sea, digamos, básicamente…”

Arden
El periodista Alejandro Fantino, impulsor de la candidatura de Milei, puso el grito en el cielo por el aumento de la luz que recibió Neura, el medio que fundó. “Cinco millones de pesos. ¿Qué hago? Cerramos y me voy a laburar a donde me den laburo”, afirmó. El peluquero Fabio Cuggini, quien también votó a Milei, le siguió el camino mostrando su descontento por la factura eléctrica de su comercio, de casi medio millón de pesos. “La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, escribió. Puso “Fin” al posteo, un dardo contra el vocero presidencial Adorni, quien siempre cierra de esa manera sus mensajes en las redes.

Promo Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a promocionar una supuesta baja en los precios de la multinacional chilena Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. ¿Por qué? Para instalar que habría un proceso de desinflación. “Jumbo baja los precios de todos sus productos de marca propia y los mantiene por 60 días”, publicó en X. Además, se conoció que tiene una relación de amistad con Carlos Corro, su director comercial.
El ministro, ex banquero del Deustche y endeudador serial, expone públicamente su veta pro multinacionales. Negocios entre amigos.

ScioliMileiManía
Scioli festejó un supuesto boom turístico en Semana Santa. El Secretario de Turismo peronista que se pasó al gobierno ultraderechista, dijo: “Es fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el presidente Milei”.
Recordemos que Scioli fue candidato presidencial de Cristina en 2015 y luego embajador en Brasil del gobierno peronista anterior, el que festejaba el cumpleaños de Bolsonaro prendiéndole velitas.

Escribe Ivan Blacutt, referente de Izquierda Socialista Jujuy

Bajo el nombre, “Plan de acción gubernativa en emergencia de la provincia de Jujuy”, el gobernador Carlos Sadir intenta aprobar de forma exprés un proyecto para paliar la “grave crisis económica” que atraviesa el país, y para poder compensar los recortes de fondos que enviaba Nación a la provincia. La medida propuesta prepara un ataque a las y los estatales, y pretende implementar “políticas de austeridad” que recaerá exclusivamente sobre los hombros de las y los trabajadores.

El proyecto se trata de una verdadera reforma laboral, que quita derechos y garantiza salarios de miseria a la planta estatal, en sintonía con las políticas de ajuste del plan motosierra de Milei. El proyecto habilita a que a las y los estatales se le reasignen tareas; también congela ascensos y recategorizaciones; frena los pases a planta permanente; restringe nuevas contrataciones y habilita a jubilar compulsivamente. En materia salarial se recortan las horas extras, y sobre todo se garantiza exclusivamente el pago del salario mínimo, vital y móvil, muy por debajo de la canasta básica, con lo cual se garantizan salarios de hambre, poniendo un techo a futuros aumentos. 

En conclusión se congelan los sueldos y se impide que se generen ingresos complementarios (como las horas extras), a la par que se intensifican los ritmos de trabajo y abre la puerta a la obligatoriedad de tomar tareas que no se remuneran como tales o que no eran las acordadas.

Tras ocho años de gobierno del radical  Morales, de supuesto superávit, con la producción de Litio y otras inversiones como el Parque Solar y Cannava, su sucesor Sadir lanza esta medida que demuestra que la provincia en realidad no genera fondos suficientes y que el ajuste que pide Milei lo pagarán trabajadores y sectores populares. Es necesario impulsar el conjunto de las luchas y coordinar acciones que enfrenten este modelo de hambre, a la vez que exigimos a la CGT y a las CTA un nuevo paro general y un verdadero plan de lucha para derrotar esta política de ataque a la clase trabajadora que llevan adelante el gobierno provincial y nacional, de la mano de Sadir y Milei.

Escribe Reynaldo Saccone
Ex presidente Cicop/Izquierda Socialista-FIT Unidad

Los aumentos de las cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga han sido siderales e indiscriminados. En 4 meses superaron el 150%, tiempo en que los tribunales se inundaron de amparos por parte de familias que no pueden pagar más las cuotas, que van desde 250 mil pesos a 700 mil según el grupo familiar.
El ministro Caputo salió a decir que las prepagas “le declararon la guerra a la clase media” y Milei que “se les fue la mano, aunque no con mala intención”. Caraduras. Este gobierno es quien les posibilitó bajo la famosa “libertad de precios” y a través del DNU 70/23 se eliminó todo tipo de regulación.

El gobierno dice que las prepagas no entienden el “cambio cultural”. ¿Cuál sería? El de aplicar la competencia. Una ridiculez completa, ya que el negocio de las pre pagas está controlado por unas pocas empresas que se pusieron de acuerdo al unísono en aumentar las cuotas en porcentajes similares.
Diez de las empresas prepagas concentran el 83% de los afiliados a las mismas, siendo las primeras OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor, OMINT, entre otras, como Medifé, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano y Jerárquicos Salud.

Los empresarios de las prepagas son mercaderes de la salud. En todos estos años se vinieron beneficiando ante el desastre del hospital público. Con pacientes que aun pagando altas cuotas mensuales tienen que a su vez abonar consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos; co-pagos a profesionales y centros por consultas y prácticas; parte del precio de los medicamentos, y otros rubros.

Estos empresarios dicen que están en una situación de “extrema gravedad” y que por ello no les queda otra que aumentar. Que fueron sometidas durante años a un desfinanciamiento y que “no son formadores de precios”. Una mentira total. Ahora aumentan sideralmente y bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron beneficiados con exenciones impositivas y del pago de contribuciones patronales, por ejemplo. Además, son las patronales que tienen a sus trabajadoras y trabajadores con salarios miserables y jornadas de pluriempleo.

El negocio de la salud entre 1990 y 2015 tuvo una rentabilidad del 13% anual, superando al negocio financiero y a la industria petrolera. Un sector privilegiado que crea una gran desigualdad, ya que cubre solamente a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud, el mismo porcentaje que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos sumamos al repudio a los aumentazos de las prepagas y llamamos a luchar para que se retrotraigan. Como la salud no debe ser un negocio privado capitalista, postulamos un sistema nacional único de salud, estatal, igualitario y de excelencia para todas y todos, con atención y remedios gratuitos, financiado con fondos que se van a la deuda externa y al FMI, controlado por trabajadores y profesionales del sistema, organizaciones de usuarios y vecinales.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Es posible derrotar la epidemia, pero para hacerlo será necesario movilizarse para obligar al gobierno ultraderechista de Javier Milei, como así también a los gobernadores, a tomar medidas enérgicas acorde a la magnitud que ha adquirido este flagelo que afecta a Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a las últimas estadísticas, a nuestro país le corresponden más de 100 fallecidos y más de 150.000 casos. Como prácticamente no hay familia donde no haya algún contagiado, se presume que éstos sean muchísimos más  

Ni Milei ni los gobernadores enfrentan la epidemia 

Guardias atestadas, hospitales y clínicas privadas colapsados, trabajadores de salud extenuados y escasez de reactivos para diagnósticos precisos es lo que tiene para ofrecer el sistema de salud en sus tres sub sistemas: obras sociales, prepagas y sistema estatal de Nación, provincias y municipios. Es que la epidemia sorprende a un sistema de salud con décadas de deterioro y desfinanciamiento. Por ejemplo, en el Hospital Meléndez de la provincia de Buenos Aires las recientes lluvias arrasaron el techo del laboratorio y no pueden realizarse los exámenes necesarios para el dengue. La respuesta del gobernador peronista Axel Kicillof es la indiferencia e inacción. 

Presididos por el ministro de salud nacional Mario Russo, el lunes 25 de marzo se reunieron los ministros de salud de todas las provincias. El ministro del gobierno ultraderechista de Milei le “tiró” la responsabilidad de enfrentar la epidemia (como primer escalón de choque) a cada provincia y municipio. Decir que no es responsabilidad primaria del gobierno nacional una epidemia que abarca 19 de los 24 distritos del país es una fría y perversa decisión política de no gastar un centavo en el cuidado de la salud del pueblo trabajador para acumular los dólares destinados a los pagos de la deuda externa. En ningún momento se planteó una campaña nacional volcando los recursos humanos y físicos del Estado. No hubo decisión de terminar con la epidemia. 

Aplastar la epidemia es posible 

Para combatir la epidemia hay dos estrategias simultáneas: una es protegerse del mosquito y la otra es la vacuna, que se aplica a sectores delimitados de la población (por edad y por zona) debido a que todavía no hay un consenso científico para su utilización universal. En ambos casos es necesaria la acción de los gobiernos que permanecen “haciendo la plancha” mientras se enferman de a miles especialmente las familias de trabajadores. Por esa razón, ya han comenzado en los barrios populares movimientos para exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias. Como ejemplo tenemos el petitorio en el que las asambleas barriales y la Posta sanitaria de la zona oeste del Gran Buenos Aires exigen a los municipios una serie de medidas que de cumplirse, lograrán frenar la epidemia: entrega gratuita de repelentes en hospitales, centros de salud, escuelas y comedores; mosquiteros para establecimientos educativos y de salud; tul mosquitero para cochecitos de bebés; eliminar materiales o recipientes en desuso en los barrios como política pública; vacuna gratuita en hospitales y centros de salud, para pacientes que requieren la misma con orden médica. En la asamblea barrial de Rafael Castillo, agregan además la denuncia de que “en La Matanza no se draga el agua acumulada en los barrios luego de las inundaciones. El fumigado es insuficiente y solo se hace en lugares céntricos”, reclamando al intendente Fernando Espinoza que resuelva estos problemas. Es necesario seguir desarrollando estos movimientos para que obliguen a las autoridades a iniciar una campaña real contra el dengue. 

Es posible proveer repelentes gratuitos 

El mercado de los repelentes está controlado por la multinacional SC Johnson, que participa en este negocio con distintas marcas y presentaciones como Off (aerosoles y crema), Fuyi (aerosoles y tabletas) y Raid (tabletas). La participación de la firma ronda el 80% del mercado y el otro 20% se reparte entre empresas locales. Simultáneamente a la producción comercial existen en el país cerca de 40 laboratorios de producción estatal de medicamentos muchos de ellos provinciales y varios de los cuales (cuatro por lo menos) están elaborando repelentes como el Instituto Biológico de La Plata, el LIF del gobierno de Santa Fe, el laboratorio de la Municipalidad de La Plata, Formomed propiedad de la provincia de Formosa. Esta producción es absolutamente insuficiente y tanto el gobernador radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe como el peronista Kicillof, no la han llevado, hasta ahora, a los niveles que la situación requiere. 

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad apoyamos todos los justos reclamos que están llevando adelante las asambleas barriales, especialmente la provisión gratuita de vacunas y elementos de protección. Reclamamos que el gobierno nacional intervenga la multinacional Johnson y a las otras empresas del ramo para coordinarse con la producción estatal, que deberá aumentar, para proveer repelentes gratuitos a escuelas, hospitales y familias. 

Llamamos a movilizarnos para obligar tanto a este gobierno  de Milei, como así también a gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, a que tomen estas medidas que la defensa de la salud del pueblo trabajador y sectores populares requiere y para que los fondos destinados a la deuda externa vayan a la lucha contra la epidemia. 

Escriben María Meza, ex candidata a gobernadora Tierra del Fuego por Izquierda Socialista / FIT Unidad, y Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista / FIT Unidad
30/3/2024

La llegada a Tierra del Fuego la próxima semana de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, es una verdadera provocación. En ocasión del 42 aniversario de la Guerra de Malvinas, está teniendo lugar una nueva ofensiva de los EEUU para seguir redoblando el sometimiento de nuestro país al imperialismo vía el saqueo de nuestros recursos y bienes comunes de la mano de una mayor sujeción a su control militar con el ultraderechista Milei, al que se le suma el alineamiento del gobierno con el estadio sionista y genocida de Israel.

Esta militar ha sostenido en reiteradas oportunidades el interés de su país en los recursos naturales de Argentina y de América Latina, en especial el litio, petróleo, minerales y agua. Esta visita se realiza en momentos en que el gobierno de Milei quiere aprobar en el Congreso un nuevo proyecto de ley ómnibus que profundizará la desregulación de los controles para la extracción de nuestros recursos en favor de las multinacionales. Estas grandes empresas transnacionales saqueadoras y contaminantes ya se benefician del actual Código de Minería vigente desde 1995, que facilita la falta de controles sobre los pasivos ambientales de su actividad no sustentable, de la exención impositiva, de retenciones reducidas al 3% de lo que exportan que, además, lo hacen por puertos privados por donde se fugan minerales bajo la mera rendición de una declaración jurada que el Estado no controla.

Richardson concreta esta visita a pocos días de otro atropello, que es la firma de un memorándum del ministro de Defensa del gobierno de Milei, Luis Petri, con el embajador de los EEUU en Buenos Aires, Marc Stanley, para profundizar el control yanqui en materia de ciberseguridad sobre nuestro país. Esta medida otorga a EEUU la entrega de toda la información sobre los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas. Norteamérica instalaría su software que pasaría a controlar los radares, satélites y cualquier dispositivo de defensa nacional. En este marco, nuestra provincia reviste una importancia estratégica por su ubicación para el control del Atlántico Sur y su proyección sobre la Antártida.

Desde Izquierda Socialista denunciamos en 2023 la instalación de un radar de la empresa Leolabs británica-norteamericana en Tolhuin. Luego de fuertes reclamos, incluso del propio gobierno provincial de Melella, el anterior gobierno nacional ordenó su desmantelamiento, pero hasta la fecha se desconoce si se ha concretado. Las nuevas medidas de Milei y su gobierno habilitarían su funcionamiento.

Nos están entregando a una recolonización sin precedentes. Izquierda Socialista convoca a la más amplia unidad de acción para repudiar la visita de Richardson a Tierra del Fuego, la entrega de nuestros recursos y en defensa de la soberanía nacional contra esta nueva ofensiva norteamericana de la mano del presidente Milei. Y nos sumamos al reclamo de los veteranos de Guerra de Malvinas y de las organizaciones sindicales, políticas y sociales de nuestra isla por la defensa de nuestra soberanía, al tiempo que acompañamos la denuncia de veteranos de guerra por las violaciones de los derechos humanos de soldado en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar.