Escribe José Castillo

Otro tarifazo en el transporte, y ya perdimos la cuenta de cuántos van. Mientras los servicios colapsan, las líneas reducen servicios, y vemos larguísimas colas esperando colectivos que tardan cada vez más en llegar, en unidades ruinosas, el boleto sigue subiendo. 
Los testimonios sobran: “tengo que cargar la SUBE todos los días”; “gasto 6 mil pesos por día para ir y volver del trabajo, perdiendo tres horas de vida diarias viajando como ganado”.

Yendo a los números, el tren, el servicio más popular para ir y venir del conurbano bonaerense a CABA subió un 10%. Pero no quedará acá. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 10% a partir de hoy, que llevará el boleto a 310 pesos para la primera sección (antes 280 pesos), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 12,9% en junio (350 pesos), 8,6% en julio (380 pesos), 10,5% en agosto (420) y 7,1% en septiembre (449,81 pesos). De esa forma, el porcentaje de incremento acumulado a septiembre de 2026 de la tarifa base será del 60,7%.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional del AMBA tendrá una actualización del 2% y pasará de 700 a 714 pesos para los usuarios con SUBE registrada y a 1.428 con SUBE sin registrar. Claro que en el conurbano la  mayoría de la gente debe pagar boletos que cubren varias secciones. Así, la segunda sección (3 a 6 kilómetros) pasará a costar 807,07 pesos, la tercera (6 a 12 kilómetros) 894,17, la quinta (12 a 27 kilómetros) 983,78 y la sexta (más de 27 kilómetros) 1085,49 pesos. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, 728 pesos el boleto mínimo) y el 15 de julio (otro 2%, 742 pesos). 

Viajar se transformó en un lujo. Crecen los testimonios de los que caminan kilómetros, o no les queda otra que saltar molinetes, o directamente abandonan trabajos de changas porque ganan menos que el pasaje. Un testimonio más de las consecuencias del superajuste sobre el bolsillo popular.

Escribe Virginia Fariña, apoderada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El proyecto de ley enviado al Congreso pretende arrasar con años de conquistas democráticas del pueblo trabajador, al mejor estilo de las dictaduras, hoy replicado por gobiernos ultraderechistas como Javier Milei en Argentina, el derrotado Orbán en Hungría o el nefasto Donald Trump en Estados Unidos. Un claro intento para eliminar a la izquierda y beneficiar a los partidos patronales.
 
Lo que más se difunde de la reforma político-electoral es qué hacer con las PASO (Milei las quiere eliminar para su conveniencia), con la denominada Ficha Limpia o la boleta única de papel. Pero el proyecto va más allá, modificando leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de la izquierda, justo cuando el Frente de Izquierda está creciendo.
 
¿Qué dice el proyecto?

Uno. Eleva la cantidad mínima de afiliados que hay que obtener para lograr y mantener el reconocimiento como partido político y poder participar de las elecciones. Esto significa, por ejemplo, que en las provincias con gran cantidad de electores como CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se debe pasar de los actuales 4 mil afiliados a 10 mil, todo antes del 30 de junio de 2027.

Dos. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial.

Tres. Se eleva el porcentaje de votos a obtener para no perder la personería en un distrito, en al menos una de dos elecciones sucesivas, pasando del 2% actual al 3% del padrón electoral. Eso significa que habría que obtener entre el 5% o el 6% de los votos válidos. Con el agravante de que si se constituye una alianza, cada uno de los partidos que la conforman tienen que alcanzar ese porcentaje, no como Frente. De esta manera, el FIT Unidad debería obtener alrededor del 12% del padrón electoral (20% de votos válidos) para que los cuatro partidos integrantes no pierdan su reconocimiento.
Cuatro. Sobre las campañas y su financiamiento se elimina el aporte estatal para los partidos. El gobierno justifica esta asfixia económica con el viejo argumento de evitar “sellos de goma” (cuando fue el que compró personerías para poder presentarse) y “que se financien con la tuya”. Una verdadera hipocresía, porque las evidencias muestran que el gobierno se “viene llevando la nuestra” en pala, por un lado, y por otro, como lo dispone el proyecto, habilita un festival millonario de aportes privados hacia los partidos patronales multiplicando por 17 los topes actuales. Además, en paralelo, se eliminan controles judiciales y se flexibiliza la rendición de cuentas, en el marco de reiteradas denuncias de financiamiento narco tipo Espert o de grandes empresarios a candidaturas de La Libertad Avanza, como las cenas millonarias que pagan en dólares en Puerto Madero.

Con esta disposición, quieren asfixiar económicamente a la izquierda que rechaza recibir aportes de empresarios y capitalistas y se sostiene con el aporte voluntario de su militancia y de sus representantes parlamentarios.

Cinco. La otra medida que complementa este brutal desfinanciamiento es la eliminación de la publicidad electoral gratuita en la comunicación audiovisual. Para los partidos de izquierda es prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios.
Seis. Se elimina también el debate presidencial obligatorio, que le ha permitido al Frente de Izquierda visibilizar ante millones sus propuestas versus los partidos burgueses. Agregando la obligatoriedad de registrar una cantidad exorbitante de avales para que una persona pueda presentar su candidatura. Con este requisito el Frente de Izquierda debería conseguir, sólo para tener derecho a presentar lista, por lo menos 140 mil personas que registren en una plataforma su apoyo exclusivo a nuestra fórmula presidencial. Una clara violación al derecho constitucional a elegir y ser elegido.
 
Por una amplia campaña para derrotar la reforma

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales (al estilo yanqui) e intentar hacer desaparecer a la izquierda y demás sectores populares de las campañas y por lo tanto de tener representación parlamentaria. Rechazamos el proyecto y llamamos a que lo hagan todos los partidos que se dicen democráticos, implementando todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas y dictatoriales, en todas las instancias, como lo va a hacer el Frente de Izquierda Unidad. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista FIT/Unidad

El gobierno de Jorge Macri desplegó más de 1.500 efectivos en villas porteñas con el argumento de combatir el narcotráfico. Pero el operativo “Tormenta Negra” dejó denuncias de violencia, destrozos y hostigamiento contra familias trabajadoras, mientras se profundiza la crisis habitacional y social 
en la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri profundizó su ofensiva sobre los barrios populares. El operativo ilegal, desplegado simultáneamente en quince villas porteñas el jueves 14 de mayo, contó con más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y vehículos blindados, y fue presentado oficialmente como una acción contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que se vivió en los barrios fue otra cosa: un violento operativo de control social, estigmatización y hostigamiento contra miles de familias trabajadoras, que denunciaron destrozos en viviendas y el robo de mercadería en comedores comunitarios.

El saldo fue contundente: una demostración de fuerza contra los sectores populares y ningún avance real contra las redes del narcotráfico, que funcionan con distintos niveles de connivencia estatal. La brutalidad del operativo generó tal repudio que incluso el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó públicamente el accionar oficial.

La espectacularización mediática de la represión buscó reforzar el discurso de “mano dura” del PRO en su disputa con Patricia Bullrich y La Libertad Avanza. Pero, tras casi veinte años de gobiernos del PRO en la Ciudad, la crisis habitacional y social no hizo más que agravarse. Mientras crecen los negocios inmobiliarios y las construcciones de lujo, cada vez más familias trabajadoras enfrentan alquileres impagables y desalojos cotidianos.

La política represiva se combina con un abandono presupuestario: menos del 1% del presupuesto porteño se destina a vivienda. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad no solo denunciamos la actual crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también proponemos una serie de medidas para combatirla. Entre ellas, priorizar el derecho a la vivienda mediante impuestos a las viviendas ociosas, créditos accesibles para vivienda única y una regulación efectiva de los alquileres. Más planificación urbana y menos especulación inmobiliaria.

Escribe Atilio Salusso 

Caputo/Menem
No es una fórmula presidencial, es la épica de la interna entre fachos libertarios. Santiago Caputo compartió en X un posteo de una cuenta @PeriodistaRufus en el que lo critican a él, al otro Caputo y a uno de sus asesores que compró Flybondi. ¿Quién la compartió? El Instagram oficial de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, donde también en la cuenta se critica a legisladores de las Fuerzas del Cielo, a los perros de Milei, al presidente y a su hermana que “no se bañan”, a los negocios del presidente con el Grupo Neuss que lo financia con pagos millonarias en cenas en Puerto Madero. Menem dijo que el error fue de la persona que maneja sus redes.
 
Espert
El narco Fred Machado acaba de confesar en Estados Unidos que fue culpable de delitos de fraude y lavado de dinero. Machado financió con 200 mil dólares a Espert, quien tenía una vida dispendiosa al mejor estilo Adorni. Sin embargo, un Milei que oficia de abogado defensor de corruptos y mafiosos, dijo sobre el exdiputado que vociferaba “me financió con la mía: “Periodistas de mierda. A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. Lo condenaron públicamente sin pruebas porque defendía las ideas de la libertad”. Así es, Espert es un criminal infame que tendría que estar preso.
 
Más ricos
Un informe da cuenta del crecimiento de la riqueza de los milmillonarios en América Latina. Entre 2000 y 2026 se multiplicó por seis, pasando de 117 mil millones a 700 mil millones de dólares. Señala que esto se debe a sistemas tributarios regresivos. Más allá de que esto es así porque es la esencia de este sistema capitalista, el registro da que el 1% más rico paga de impuestos el 22% mientras que el 50% más pobre destina el 30%. En Argentina, Milei agita la evasión empresaria, bajó impuestos a las empresas con la reforma laboral y el Estado dejará de percibir 1.800 millones de dólares por las exenciones contempladas en el RIGI para saqueadores y extractivistas, mientras el pueblo trabajador solventa la salud y la educación pública con impuestos regresivos como el IVA.

 
 

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Por supuesto, primero la realidad. Todo se pergeñó como una nueva y desesperada maniobra para tratar de levantar el barco escorado del mileísmo: tratar de “cambiar la agenda” y “hacer olvidar el escándalo de Adorni”. Una “bomba de humo”. Sirvió para poco, ya que la propia conferencia de prensa de presentación, mostró a un Adorni mudo, mientras un balbuceante “Toto” Caputo y una Alejandra Monteoliva que no se sabía por qué estaba allí, casi que le rogaban a los periodistas que dejaran de preguntarle sobre el jefe de gabinete y pasaran a hacerlo por las “bondades” del Super-RIGI. Tuvo poca suerte, la única pregunta no dirigida específicamente al caso Adorni fue sobre si en el gabinete en pleno (lo que lo incluía al propio “Toto” Caputo) cobraban sobresueldos. “¿Eh? ¿Qué pregunta es esa”? fue lo único que atinó a responder el ministro.

Después de poner todo esto en contexto, pasemos, entonces, al nuevo Super-RIGI. Si lo tuviéramos que definir en una oración, diríamos que si el RIGI era una vía libre para el saqueo y las super-ganancias de los grandes pulpos extranjeros, esto es lo mismo, pero multiplicado por dos.

El detalle del Super-RIGI

El llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado en julio de 2024. Básicamente era una luz verde para el saqueo y la destrucción ambiental. Se invitaba a las transnacionales a invertir en fracking de Vaca Muerta, en megaminería de oro, plata y litio y en negocios anexos garantizándoles seguridad jurídica por treinta años, menores impuestos a las ganancias, posibilidad de llevarse las ganancias sin dejar un peso en el país, ninguna obligación de comprar bienes de capital en el país (que ingresarían con arancel cero desde el exterior) y jurisdicción extranjera ante cualquier juicio que se les hiciera por conflictos ambientales.

Este nuevo proyecto busca profundizar los privilegios, ofreciendo aún más ventajas. Según el propio ministro, el nuevo régimen apunta a industrias vinculadas a la transición energética y a actividades que no tienen desarrollo en el país. Tal es el caso de autos eléctricos, baterías de litio, data centers, paneles solares, cadena del uranio y refinamiento de cobre, entre otras.

Se ofrece mayor reducción en el impuesto a las ganancias (del 25% en el RIGI original al 15% en el Super-RIGI). Posibilidad de amortización contable acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y el restante 20% en el tercero). Nótese que al permitirse a la empresa contabilizar como costo el 60% de la inversión ya de entrada, se aseguran que no haya ganancias contables, con lo que lo que pagarán por impuesto a las ganancias será ¡cero!

Además el Super-RIGI ofrece a las transnacionales exenciones arancelarias para importación de insumos (y no sólo de bienes de capital, como en el RIGI original), arancel cero para la exportación desde el primer año (en el RIGI original regía recién en el tercer año) y  que las provincias que adhieran no podrán cobrar impuesto a los ingresos brutos superiores a 0,5% y tampoco tasas municipales a las ventas.

Los proyectos ya presentados del RIGI

Desde que se aprobó el RIGI hay 36 iniciativas presentadas, supuestamente por 93.000 millones de dólares. Pero en realidad hay trece propuestas ya aprobadas por 27.000 millones. Siete están directamente vinculadas al negocio megaminero (cobre, oro y litio), tres a energías renovables, dos a gas y petróleo en Vaca Muerta. Y una al negocio de los monopolios de la agroexportación.

En todos los casos los beneficiados son grandes empresas transnacionales y las proyecciones de creación de empleo son mínimas.

Son proyectos que no generan gran cantidad de empleo, en ningún caso derraman sobre los sectores hoy en crisis, como la industria y el comercio. Y en todas las iniciativas apuntan al saqueo de recursos no renovables con el uso de tecnologías que están muy seriamente cuestionadas por su efecto sobre el ambiente.

¡Ni RIGI ni Super-RIGI!

Tanto el proyecto original de 2024 como el anunciado la semana pasada son simplemente una patente de corso al servicio de los pulpos transnacionales. Hay que rechazarlos de plano, explicando que son parte del plan motosierra de Milei y el FMI.

Se trata de una medida desesperada, improvisada buscando revertir la decadencia del gobierno y la bronca creciente. Por eso insistimos: ¡Basta de Milei! Este modelo de saqueo y corrupción, montado sobre la super-explotación del pueblo trabajador y qué sólo ofrece más motosierra, nos lleva al abismo.

Por supuesto que queda abierta la pregunta de quién desatará este nudo. ¿Después de Milei, quién se animará a declarar nulos todos los acuerdos firmados bajo el RIGI (y ahora sumado el Super-RIGI)? Sin duda, no lo hará el peronismo, cuyos gobernadores votaron a dos manos la modificación a la ley de glaciares, a medida de las transnacionales mineras. Van a invocar “la continuidad jurídica” y la imposibilidad de volver atrás. Por eso será necesario, como en tantos otros temas, una fuerza política que plantee otro programa, obrero y popular, que efectivamente liquide esta dependencia. Que deje de pagar la deuda, rompa el acuerdo con el FMI y, también, declare de nulidad absoluta todos los acuerdos firmados por el RIGI. Solo el Frente de Izquierda Unidad puede hacerlo.