Escribe Mariano Barba

A un mes de la derrota electoral, la crisis interna del peronismo se profundiza. El debate interno muestra una gran dispersión de sectores y choques que se manifiestan públicamente, sin una salida a la vista. El desastroso gobierno de Alberto Cristina y Massa profundizó la debacle. 

En medio de esta crisis, surge la pregunta: ¿En el peronismo están discutiendo cómo encabezar la resistencia contra las medidas de ajuste de Javier Milei o se trata de una pelea por el control del aparato mientras negocian con el gobierno? En la nueva composición del Congreso, el peronismo quedó con 97 diputados, varios de los cuales ya se encaminan a formar bloques separados. 

Algunos de sus gobernadores abren negociaciones por el presupuesto nacional tratando de arañar fondos para sus provincias. Es el caso de los gobernadores del “Norte Grande”, que se reúnen por separado para negociar directamente con el ministro Diego Santilli. Así actúan Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Sus senadores y diputados pueden ser claves para aprobar el presupuesto del ajuste y las reformas laboral y tributaria.

Por otro lado, están los cuatro gobernadores peronistas que no firmaron el Pacto de Mayo, pero que ahora reclaman ser atendidos por Santilli. Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) -quien declaró que Cristina “lo tiene harto”, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Estos últimos, junto a Sergio Ziliotto (La Pampa), se coordinan por fuera de la tutela de Cristina en otra batalla por el control del aparato del Partido Justicialista.

La principal pelea tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo encabezado por Máximo Kirchner y Cristina choca con Kicillof. En esa interna interviene Sergio Massa, que busca mediar para reposicionarse como posible candidato presidencial en 2027.

¿El peronismo es la salida? 

En este marco de división interna, las distintas alas del peronismo no ofrecen ninguna alternativa al servicio de las y los trabajadores. Si nos llevamos por sus discursos, siguen manifestando que son opositores a Milei, y lo enfrentaron electoralmente con frases fuertes. En cambio, si los analizamos por la política práctica que llevaron adelante en los dos primeros años del gobierno ultraderechista, vemos que primó la negociación y no el apoyo a las luchas; y varios gobernadores peronistas, a través de sus parlamentarios, dieron quórum y votos para aprobar la Ley Bases de Milei. Con un agravante, la CGT, que responde al peronismo, luego de cada paro, se mandó a cuarteles de invierno, afectando la continuidad de las luchas y reclamos de la clase trabajadora.
 
Con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre, Milei va a apretar el acelerador para que pasen varias reformas anti derechos. ¿Qué hará el peronismo? Cristina critica a Milei todos los días, pero al mismo tiempo ya expresó que hay que “rever el rol del Estado” y “actualizar” las relaciones laborales. Y Kicillof, el principal gobernador justicialista, anunció un presupuesto para 2026 con salarios de pobreza y pidiendo un nuevo endeudamiento por 3 mil millones de dólares para beneficiar a empresarios amigos. Mientras tanto, Juan Grabois, que se presenta como la “pata izquierda”, permanece dentro del peronismo defendiendo a Cristina como su referente indiscutible. Y la CGT sigue priorizando el pacto con el gobierno y no organizando la pelea contra las reformas. El peronismo y sus distintas alas ya no son salida ni alternativa para cambios profundos en un país totalmente en crisis. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, proponemos, un plan económico obrero y popular de emergencia, opuesto a la motosierra de Milei y al ajuste de los gobernadores. Un plan que empiece por dejar de pagar la deuda al FMI y a los buitres acreedores, terminar con los despidos, recuperar las empresas privatizadas y garantizar que la explotación de las riquezas quede en el país. Seguiremos junto a la clase trabajadora apoyando sus luchas e invitándolos a sumarse a la construcción de esta alternativa socialista.

Escribe Pablo Delverde

El fútbol profesional argentino no deja de sorprender con escándalos. Con su lógica de verticalismo extremo, muchos de ellos están ligados a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su hombre fuerte, el tesorero Pablo Toviggino, operador político y disciplinario del Consejo Federal.

El Comité Ejecutivo resolvió sorpresivamente entregar el título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual. La tensión aumentó cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata, obligados a hacer un “pasillo de honor”, decidieron darle la espalda al ingreso del equipo rosarino en señal de protesta.

Este episodio expuso la acumulación de arbitrajes polémicos y fallos disciplinarios que, desde la Primera C y el Torneo Federal hasta la Liga Profesional, se repiten semana a semana. El caso Barracas Central es un ejemplo estructural: un club históricamente menor que escaló categorías al ritmo de decisiones que generaron sospechas en todo el fútbol argentino.

Además, en las últimas semanas, la financiera Sur Finanzas (señalada como cercana al entorno dirigencial) quedó bajo investigación de la DGI por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Habría movido 818 mil millones de pesos por fuera del sistema bancario mediante operaciones con identidades sin capacidad económica real. Sur Finanzas, además, se había convertido en sponsor de clubes de primera y del Ascenso, así como de la Liga Profesional, consolidando un vínculo entre negocios poco claros y la estructura del fútbol profesional.

¿Hay dos bandos frente a este problema?

La crisis actual del fútbol argentino aparece como un punto de supuesto enfrentamiento  entre el gobierno nacional ultraderechista y la conducción de la AFA. Pero ambos plantean modelos de poder con consecuencias profundas para el deporte que es pasión de multitudes.

Por un lado, la estructura Tapia-Toviggino, sostenida en un modelo mafioso con falta de transparencia y un sistema de favores que concentra el poder en una o dos personas. Una conducción que opera sin ningún mecanismo democrático y que sostiene vínculos económicos absolutamente turbios.
Por el otro, están los sectores que impulsan una mayor privatización del fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) incluido el gobierno de Milei. Presentadas como una modernización necesaria, las SAD buscan abiertamente convertir clubes sociales en empresas, abrir la puerta a grupos económicos y desmantelar el carácter popular del deporte.

Ambas caras representan un mismo riesgo: una profundización en la ya existente mercantilización del fútbol argentino. Mientras un sector funciona bajo una lógica de poder mafioso y verticalista, el otro propone entregar los clubes a fondos privados y grandes empresarios.
Queda claro que ninguno de estos dos modelos sirve para hacer avanzar ni al fútbol ni al deporte, que son una inmensa pasión popular de masas en nuestro país.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Licitaciones truchas, sobreprecios y coimas armaron un circuito privado de negocios sobre el presupuesto de discapacidad. La investigación apunta a un entramado que llega hasta el corazón del gobierno ultraderechista.

Mientras el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar la emergencia en discapacidad, aun con miles de personas sin cobertura, sin prestaciones garantizadas y con instituciones al borde del colapso, avanza la causa judicial contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidades (Andis), varios funcionarios del organismo y una red de empresarios favorecidos por el más crudo capitalismo de amigos.

La causa, a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, investiga un entramado de licitaciones fraudulentas, sobreprecios escandalosos y retornos ilegales. Entre los quince imputados ya citados se destacan figuras centrales como Spagnuolo; Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; Miguel Ángel Calvete, operador farmacéutico; y un actor clave: Pablo Atchabahian, médico y empresario detenido con prisión domiciliaria en Mendoza.

La investigación expone un mecanismo de negocios privados montado sobre el dinero destinado a las personas con discapacidad. Un saqueo organizado que desnuda la verdadera cara del proyecto libertario: ajuste brutal para los más vulnerables y privilegios para un puñado de empresarios y funcionarios que no puede quedar impune.

Se trata de un desvío estimado en 37 mil millones de pesos a través de licitaciones fraudulentas gestionadas por sólo cuatro droguerías. Según el fiscal, existía una estructura aceitada: compras fragmentadas para simular competencia, sobreprecios de hasta veinte veces el valor real y coimas del 5% al 8% a cambio de contratos de productos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

El núcleo corrupto operó mediante licitaciones “reducidas”: se habría convocado únicamente a cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) íntimamente vinculadas con los imputados, para repartir contratos con sobreprecios astronómicos. Además, los audios incautados revelarían una tasa adicional de retornos ilegales: un 3% del valor de algunos contratos habría sido destinado a Karina Milei, hermana del presidente, según la acusación.

La complicidad entre funcionarios, empresarios y droguerías demuestra que el saqueo no sólo roba recursos: se ejecuta mientras se atacan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como los de prestadores y trabajadores del sector, que ya están en condiciones de completa precariedad y pobreza. Se les cae la careta a quienes decían que iban a terminar con los “curros del Estado”: se hicieron del Estado para montar sus propios curros. Con Milei, la corrupción avanza.

Karina la “cajera” bajo la impunidad selectiva

Uno de los nudos de esta red de corrupción es Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal describe como un “director paraestatal”. Aunque no ocupa ningún cargo formal en la Andis, ejercía influencia directa en adjudicaciones a proveedores. Su hija, Ornella Calvete, renunció días atrás a su puesto como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía después de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en efectivo en su departamento durante un allanamiento. En los chats incautados surge un dato clave: Calvete padre le dice a su hija que “con el 3% a KM está perfecto”, en referencia a Karina.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia aparece mencionada en el expediente como destinataria de retornos ilegales pero no figura imputada. Su colaborador Eduardo Menem, señalado por Spagnuolo en los audios, tampoco. Esa omisión es decisiva: muestra los límites de una justicia patronal que evita avanzar sobre el triángulo de poder.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos denunciado, desde la filtración de los audios de Spagnuolo, las redes de corrupción y el rol de Karina Milei y el clan Menem junto con el resto de los funcionarios y empresarios implicados. Exigimos que todos los corruptos vayan presos y devuelvan el dinero que se robaron. Y seguiremos acompañando al colectivo de discapacidad, sus familias y trabajadores en la lucha por la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad y por todos sus reclamos.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El informe del Congreso confirma que Javier Milei fue clave para la maniobra que hizo estallar la criptomoneda $LIBRA. Sobran pruebas, pero la impunidad sigue blindando al presidente.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el caso $LIBRA, la estafa que tiene a Javier Milei y a su entorno más cercano en el ojo del huracán pero que aún se mantiene en la impunidad. Se confirmó lo que venimos denunciando: entre estúpido y corrupto, Milei es lo segundo.

Luego de tres meses de investigación, el documento (de más de 200 páginas) concluye que Milei brindó una “colaboración imprescindible” para que la criptomoneda explotara en demanda antes de desplomarse, generando pérdidas millonarias para miles de usuarios. Según el informe, lo ocurrido el 14 de febrero de 2025 es compatible con “una presunta estafa”, y sin el mensaje del presidente desde su cuenta oficial en X (ex Twitter) la maniobra no hubiera sido posible. Fue la promoción presidencial la que disparó la demanda, lo que benefició a un puñado de billeteras privilegiadas: 114.410 usuarios perdieron dinero (muchos entre 10 y 100 mil dólares) mientras sólo 36 billeteras ganaron más de 1 millón de dólares cada una gracias a información privilegiada.

La cronología de una estafa anunciada

El informe detalla reuniones previas entre Milei, su hermana Karina Milei y los impulsores de $LIBRA, además de vínculos financieros entre los involucrados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Entre las nuevas pruebas aportadas por la comisión, obtenidas tras solicitar información a plataformas de criptomonedas (exchange) como Binance, Gate.io y OKX, se destaca la identificación de algunas billeteras virtuales vinculadas a la estafa $LIBRA. Esas billeteras apuntan directamente a Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis. Al analizar sus transacciones, se comprobó que hubo movimientos entre ellos el 30 de enero de 2025, fecha en que Davis fue fotografiado con Milei en la Casa Rosada. También detectaron operaciones entre billeteras vinculadas a $LIBRA con los montos exactos mencionados en el “presunto acuerdo de cooperación” difundido por periodistas, que detallaba un pago inicial de 300 mil dólares y luego 250 mil dólares mensuales. La comisión encontró transacciones por esos valores exactos.

Además, elaboró una cronología en la que se identificó que Novelli recibió grandes sumas en billeteras virtuales justo antes de abrir cajas de seguridad en un banco. Esas cajas se hicieron conocidas tras la filtración de imágenes donde se veía a la madre y la hermana de Novelli retirando bolsos luego del estallido del caso $LIBRA, después del 14 de febrero.

Sobran las pruebas pero reina la impunidad

Las conclusiones de la comisión incluyen que el Congreso evalúe “la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente” y que se denuncie penalmente a “los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación”. El informe final fue remitido para ser incorporado como prueba en la causa que llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes también se negaron sistemáticamente a colaborar con la comisión.

Aunque las pruebas sobran y el camino de la gran estafa $LIBRA quedó nuevamente al descubierto, mostrando la responsabilidad directa de Milei, Karina Milei y los mercenarios financieros Novelli, Terrones Godoy y Davis, lo que impera es una justicia patronal que garantiza la impunidad ante un escándalo de corrupción internacional encabezado por el presidente. Tampoco vemos perspectivas de que avance la recomendación de iniciar un juicio político a Milei, propuesta que desde Izquierda Socialista impulsamos desde el primer momento, acompañándola con el llamado a la movilización popular.

Seguiremos exigiendo que avance la investigación y que se termine con la impunidad de Milei estafador, y lucharemos para poner fin a la corrupción estructural de este régimen y del sistema capitalista.

El gobierno ultraderechista de Milei, de la mano de las patronales y las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva, y ahora también educativa. Todo para beneficiar a las grandes empresas y descargar el peso de la crisis y el ajuste sobre nuestras espaldas.

El proyecto de Ley Nacional de Educación denominado "Libertad Educativa" no es una simple reforma; pone el centro en la “libertad”, pero es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo. Atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio, laico de nuestras escuelas y también contra la ESI y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como un derecho social.

Intenta avanzar en la privatización, mercantilización, flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión dando por tierra la laicidad de nuestras escuelas con el fin de avanzar en la batalla cultural de la ultraderecha y dar un golpe desde lo ideológico; busca borrar más de 100 años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares, medidas que hace décadas los diferentes gobiernos y organismos internacionales tratan de implementar, pero la lucha de las y los estudiantes y la docencia les impide desarrollar. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial entre otros.

¿Cuáles son los lineamientos generales de este proyecto? 

* Privatización y Desfinanciamiento de la Educación.

- El Estado deja de ser EL GARANTE de la Educación Pública y se ubica en un rol subsidiario, desentendiéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación. Esto se fundamenta en que la familia sería el agente natural y primario de la Educación de hijos e hijas.
- Se plantea la responsabilidad de financiamiento compartida con las familias, habilitando el cobro de "aportes" o aranceles (Art. 67). Las empresas que "aporten" al financiamiento podrán tener injerencia directa en los proyectos curriculares de las escuelas, permitiendo que la educación se transforme en un negocio y no en un derecho, violentando así el carácter gratuito. Implica achicar el rol del Estado para beneficiar el negocio de la privatización de la escuela pública estatal.
- Se establece la igualdad de trato y reconocimiento jurídico entre instituciones estatales y privadas. Se busca seguir aumentando los subsidios a la educación de gestión privada en desmedro de las públicas.
- Se profundiza la descentralización y el vaciamiento a través de la municipalización, y desaparece el piso de 6% del PBI para educación.
- Se ataca nuevamente a la Universidad Pública, planteando un refinanciamiento. Plantea ubicar las partidas de financiamiento de las Universidades en relación con la Matrícula estudiantil. Vuelve a desconocer la ley conquistada en el Congreso en septiembre del 2025 para las partidas de emergencia.

* Flexibilización laboral y ataque a los derechos docentes

- Se declara la Educación como Servicio Esencial y no como un “derecho”. Se ataca así a las organizaciones sindicales de conjunto y a la docencia. Van por la criminalización de la huelga y del derecho a organizarse para pelear por salario, derechos laborales,  la educación pública entre otros reclamos.
- Se crea el Consejo Escolar de Padres con función de dirección operativa, que podrá nombrar, contratar y despedir directivos y docentes, eliminando la estabilidad laboral. En este marco, se otorga al equipo directivo la potestad de seleccionar y disponer la contratación, suspensión o separación del personal, y de administrar recursos humanos y financieros.
- Se define la estabilidad laboral mediante criterios de evaluación ligados a resultados de aprendizaje, desempeño, formación y ética, abriendo la puerta a la diferenciación salarial (meritocracia). De un plumazo desaparecen las normativas sobre estabilidad y acceso a la docencia (Estatuto Docente), pudiendo por ejemplo despedir por razones ideológicas, políticas, sindicales.
- La evaluación del personal docente se incorpora como variable a los “resultados de aprendizaje de los alumnos; compromiso con la institución y participación en proyectos escolares; formación y actualización profesional; aportes a la mejora institucional” (artículo 109°). Lo que claramente implica la posibilidad de introducir variables de diferenciación salarial y de quiebres en la estabilidad laboral. Además, aumenta el poder de las instituciones sobre el colectivo docente.

* Mercantilización Curricular, religión y ataque a la ESI

- Se plantea la injerencia empresarial en los currículum y se impulsarán "Prácticas de formación laboral" para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.
- Cada institución podrá incorporar Religión a la currícula. Los contenidos deberán ser consensuados con las familias, acorde a sus valores, lo que representa un ataque directo a la Educación Sexual Integral (ESI). Además esta ley promueve currículas sesgadas, ideológicas y que no garantizan una formación integral y crítica, vulnerando más derechos.
- Se acrecienta la fragmentación educativa al establecer que cada escuela puede definir de mínimo un cuarto de su currículum, estableciendo contenidos mínimos comunes, y el resto definidos por la institución, permitiendo además la injerencia de las empresas sobre los contenidos de cada una según sus necesidades y no pensados de forma integral.
- Se habilitan formas alternativas como la educación en el hogar (Home Schooling) y la educación a distancia/híbrida, impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos. Esta idea es consistente con la noción de que cualquiera puede ser un agente educador y  de que cualquiera puede asociarse para enseñar-aprender. Se habilitan la cursada presencial y virtual denominada educación híbrida (art 43) combinando cursada presencial y virtual, y la educación completamente a distancia, incluso en instituciones educativas radicadas en el exterior. Es decir, quitar el criterio de institucionalidad de la escuela.
- Se crea un portal con resultados de evaluaciones por escuela (Art. 63), lo que permitirá crear procesos de elección y selección de escuelas por parte de las familias recreando el formato de los voucher. Además se profundiza cada vez más la fragmentación del sistema educativo en “escuelas para pobres” y “escuelas para ricos”. Las familias de barrios populares o con menos recursos tendrán opciones limitadas, lo que llevaría a profundizar la segmentación y la inequidad, negando en la práctica el derecho a la igualdad educativa.

Para imponer este brutal ataque, el gobierno plantea derogar la Ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación, La Ley de Educación Técnica y Profesional, entre otras normativas. Desaparece también la ley de financiamiento educativo (ley 26.075), que establece un piso del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como inversión anual consolidada en educación, sin contemplar ningún mecanismo de financiamiento educativo, salvo los “aportes” de las familias y empresas.

Todos los gobiernos han ido profundizando la desinversión en la educación pública, y ninguno ha cumplido las metas de financiamiento del 6% del PBI, incluídos los Kirchneristas. Pero  este proyecto  de la ultraderecha significa un salto cualitativo, un cambio profundo sobre el criterio de la educación, desapareciendo como derecho  social para convertirse en un negocio mercantilista, el cual ambicionan  los empresarios y capitalistas.

¡Derrotemos este proyecto de Ley Anti Educativa con la movilización. Que la Ctera y los gremios provinciales llamen a asambleas y plan de lucha! 

Desde Docentes en Marcha llamamos a rechazar este Proyecto, que va de la  mano de las exigencias directas de Trump y el FMI, y proponemos una salida de fondo para defender la escuela pública empezando por la Renacionalización del sistema educativo y una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación. Garantizar esos fondos eliminando los subsidios a las escuelas privadas y al mismo tiempo suspender los pagos de la deuda externa. Sostenemos la necesidad de un nomenclador único nacional, que pasen al básico todas las bonificaciones anulando toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad, por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

La CTERA y los gremios provinciales deben terminar con la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales que se vienen implementando; deben poner en pie de lucha a las y los docentes para derrotar este proyecto antieducativo.

Llamamos a la docencia, a todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y a las familias, a organizarse desde las escuelas en la máxima unidad para organizar un gran movimiento en defensa de la Escuela Pública y rechazar de plano este Proyecto del gobierno. 

       ❌Rechazamos el Proyecto  de Ley de Educación del Gobierno. 

       ❌Que CTERA y los sindicatos provinciales convoquen a asambleas por escuelas,  distritos y provincias para debatir cómo enfrentar este ataque con un Plan de Lucha nacional que impida su sanción.

       ❌ Impulsemos asambleas con las familias y sindicatos de trabajadores en cada localidad para defender en unidad el derecho social a la educación que esta ley ataca.

       ❌Organicemos un gran movimiento en defensa de una Escuela Pública, Estatal, Gratuita, Laica científica y con perspectiva de género.

       ❌Luchemos por una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación; anulando los subsidios a las escuelas privadas y suspendiendo los pagos de la deuda externa, para financiarla.

       ❌ Renacionalización del sistema educativo, nomenclador único nacional pasando al básico todas las bonificaciones, anulación de toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad. Por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

       ❌Plata para salarios y Educación pública , No para Trump y el FMI.

 Docentes en Marcha Nacional