Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La foto de Javier Milei con gobernadores “dialoguistas” del PRO, la UCR y el peronismo en Tucumán busca sellar un pacto de complicidad para imponer una nueva tanda de reformas reaccionarias, mientras el Gobierno pagaba más de 4.800 millones de dólares de deuda externa.
 
En su discurso, el presidente fue contundente en su llamado a los gobernadores a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”. Enumeró los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”. Mientras el gobierno necesita los votos de diputados, diputadas y senadores ligados a los gobernadores, estos últimos buscan negociar algunas migajas para sus cajas provinciales. El resultado es un pacto de conveniencias mutuas que seguiremos pagando las y los trabajadores.

Entre los cómplices estuvieron presentes gobernadores “dialoguistas” como el santafesino Maximiliano Pullaro, el mendocino Alfredo Cornejo, Ignacio Torres de Chubut, el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio y el salteño Gustavo Sáenz, entre otros. También participaron mandatarios provinciales del peronismo como el catamarqueño Raúl Jalil, el santiagueño Gerardo Zamora, el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Osvaldo Jaldo, además del neuquino Rolando Figueroa, Elías Suárez y hasta la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El viaje de los gobernadores radicales, del PRO y peronistas a Tucumán fue un “gesto” de gobernabilidad después del derrumbe y la crisis que provocaron Adorni y su cascada.

Pero, sobre todo, fue una muestra del intento de reeditar un nuevo “Pacto de Mayo”, con el que Milei busca garantizar un “blindaje” legislativo para la nueva tanda de reformas. Claro, no es la primera vez, diputados y senadores ligados a  gobernadores como Jalil, Jaldo o Cornejo fueron claves para avanzar en la Ley Bases, el veto a las y los jubilados o la reforma laboral esclavista. Gobernadores que son también parte de la mesa nacional del litio al servicio del saqueo y apoyaron la regresiva modificación de la Ley de Glaciares.  

Ahora, entre las nefastas “iniciativas” sobre la mesa se encuentra Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger, que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros, limita las expropiaciones, facilita los desalojos y elimina restricciones para cambiar el uso de tierras incendiadas, al servicio de la extranjerización y el remate de nuestras tierras.

Se suman otros proyectos, como la modificación del régimen de Zonas Frías, que significará nuevos tarifazos sobre el pueblo trabajador; la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal, a favor del lavado de dinero; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para prohibir que próximos gobiernos puedan realizar emisión monetaria. El gobierno tiene claro que nada de esto podría avanzar sin acuerdos políticos y la complicidad de los gobernadores. A cambio, los gobernadores buscan negociar algunas migajas. El nuevo Jefe de gabinete Santilli, en línea con Karina Milei, dejó en claro que no hay marcha atrás frente al reclamo de financiamiento para las obras públicas de las provincias, mientras abrió la posibilidad de habilitar partidas en concepto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN); cancelar deudas, como las que ya se convinieron entre Anses y algunas cajas provinciales de jubilación bajo la mediación de la Corte Suprema; o autorizar endeudamiento o adelantar fondos de la Coparticipación.

Más allá de sus diferencias y matices, existe un acuerdo entre el gobierno de Milei y los gobernadores en torno a un modelo extractivista y al servicio del FMI y el saqueo. Detrás de los gobernadores aparecen los intereses de las petroleras de Vaca Muerta, las mineras del litio, el agronegocio, las constructoras, los bancos y las multinacionales, punto que los une al gobierno nacional.

La imagen de Tucumán mostró que el gobierno teje sus redes de complicidad de la mano de gobernadores de todos los colores políticos, incluido el peronismo, para avanzar con una nueva tanda de reformas contra el pueblo trabajador que tendremos que enfrentar en las calles. En Tucumán no se celebró la independencia. Se firmó un nuevo pacto al servicio del FMI y las multinacionales.

Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei prepara una reforma político-electoral antidemocrática hecha a la medida de La Libertad Avanza y de los partidos patronales. Aunque desde la Casa Rosada se decidió postergar la discusión para después de julio, ya dejó correr algunos de los ejes de la negociación: eliminar las PASO, suprimir los espacios gratuitos de publicidad electoral y abrir el debate sobre la habilitación de listas colectoras. Pero más allá de estos puntos, advertimos que el proyecto va más allá y busca modificar leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de las minorías y en particular a la izquierda en un contexto dónde viene creciendo la simpatía hacia la figura del Myram Bregman y el FIT Unidad. Este tipo de reformas antidemocráticas es parte del programa de la ultraderecha mundial como está intentando implementar Trump en los Estados Unidos para manipular las elecciones ante el crecimiento del repudio popular.

El Gobierno insiste con eliminar las PASO, aunque por ahora la resistencia del PRO y la UCR lo empuja a negociar una nueva suspensión y comenzó a circular la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que permitiría a gobernadores y fuerzas provinciales llevar el mismo candidato presidencial en distintas boletas locales, facilitando acuerdos electorales que serían claves en un momento de crecimiento de la bronca hacia el gobierno pero también la oposición patronal, con el fin de construir una estrategia electoral para “sumar” votos para una posible reelección de Milei.

A la vez, el Gobierno pretende eliminar el financiamiento público para las campañas y los espacios gratuitos en radio y televisión, mientras habilita un aumento extraordinario de los aportes privados. Esta reforma implica un ataque antidemocrático para los partidos más pequeños y en particular para la izquierda, para quienes se volverá prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios y por lo tanto difundir nuestro programa y propuestas para salir de la crisis. El objetivo está a la vista: fortalecer a las fuerzas sostenidas por empresarios y grupos económicos y asfixiar económicamente a quienes, como la izquierda, se financian con el aporte militante y rechazan recibir dinero del gran capital es decir la privatización de la política al estilo norteamericano.

Pero no termina allí. La reforma de Milei busca endurecer fuertemente los requisitos para obtener y conservar la personería de los partidos políticos y eleva la cantidad de afiliados exigidos para obtener la personería jurídica, por ejemplo en distritos como Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires o CABA pasaría de 4 mil a 10 mil. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial e incrementa los pisos electorales para mantener la personería de elección a elección.

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales e intentar cercenar la posibilidad de continuar teniendo representación parlamentaria a quienes representamos los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y disidencias y la juventud desde el FIT Unidad. Rechazamos cualquier intento de reforma antidemocrática y llamamos a realizar todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas como lo va a hacer el FIT Unidad.

Escribe Atilio Salusso

Mínimo
El salario mínimo, vital y móvil se hundió. Los actuales 372.400 pesos representan sólo un tercio comparado con el que se percibía en la crisis de 2001. Para recuperar ese nivel tendría que subir entre 1,5 a 1,8 millón de pesos mensuales. Cuando fue creado en 1964, el salario mínimo permitía comprar, como valor de referencia, 107 kilos de asado (ahora solo alcanza para 23 kilos) o afrontar el costo de 2.300 boletos de colectivo urbano (versus 310 al día de hoy). Con Milei hay miseria planificada. 

Papel higiénico
La empresa Lustramax, Provincia Buenos Aires, vende descartables al por mayor para papeleras, gastronomía, restaurantes, catering. En estos días despidió a nueve trabajadores. “Te quieren pagar con papel higiénico y rollos de cocina, encima al precio que ellos quieren y en doce cuotas”, denuncian los obreros. ¡Patronal siniestra!  
 
Pirata
El buque inglés HMS Medway navegó por aguas argentinas entre el 2 y 3 de julio pasado. Este patrullero oceánico de la marina del Reino Unido salió de las Islas Malvinas para ir a Chile, pasando por aguas argentinas frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lo hizo sin aviso previo al gobierno nacional, como disponen los protocolos. Cancillería aún no dijo nada, o nunca lo dirá. Una nueva provocación inglesa frente a un Milei que reivindica a la asesina de nuestros héroes de Malvinas, Margaret Thatcher. 
 
Jaque MATE
El centro de estudios MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía), con sede en Rosario, reveló que en los primeros treinta meses de gobierno de Milei la pérdida de ingresos (robo salarial) alcanzó la friolera de 93,5 billones de pesos. Traducido a dólares, representan 62.000 millones de la moneda estadounidense. Ese es el volumen de dinero que se le quitó al bolsillo de las y los laburantes y por ende a los recursos de la seguridad social, obras sociales y sindicatos. Cada trabajador estatal, por ejemplo, perdió 14 millones de pesos y 2,5 los privados.

Finalmente, el supercorrupto Manuel Adorni tuvo que renunciar. De nada sirvieron los mil y un apoyos de los hermanos Javier y Karina Milei. La indignación del pueblo trabajador ante los nuevos escándalos que se conocían casi a diario fue llevando a la sensación de que ya nadie podía garantizar que todo no terminara en un escándalo mayor, con un jefe de Gabinete, por primera vez desde que se creó el cargo en 1994, echado por el Congreso. Por cierto, hubo maniobras de último momento para evitar ese papelón, al que se prestaron tanto el PRO como los radicales y los bloques de los gobernadores peronistas “dialoguistas” con el gobierno.

Fin para Adorni en el gobierno. Pero, bajo ningún punto de vista, esto puede terminar con un personaje de esa calaña yéndose tranquilamente a su casa a disfrutar lo robado. Por eso, un acto de estricta justicia es exigir que el exjefe de Gabinete vaya preso.

Ahora entra su reemplazante, Diego Santilli, un clásico político patronal, al estilo Patricia Bullrich, que empezó en el peronismo, pasó por el PRO y ahora afirma a los cuatro vientos que trabajará para “la reelección de Milei”. Un nuevo jefe de Gabinete que llega con su propio “currículum” de corrupción. Su nombre apareció en los Pandora Papers, la mayor filtración internacional sobre estructuras financieras en paraísos fiscales. A eso se sumaron publicaciones que sostienen que él y su entorno familiar estarían vinculados a catorce sociedades offshore.

También fue denunciado por hechos relacionados con contrataciones públicas, la gestión durante las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el denominado caso Niembro, un escándalo de negociados con coimas que provocaron en su momento la renuncia del periodista deportivo a la cabeza de la lista del PRO.

Santilli debutó vendiendo mentiras sobre las supuestas bondades de la política económica del gobierno, la misma que tiene sumidos en la miseria, los bajos salarios, el miedo a la desocupación y el endeudamiento extremo a millones de trabajadoras y trabajadores. Un Milei que, en el reportaje donde supuestamente busca relanzar a su gobierno, no tiene empacho en afirmar que “logramos hacer cosas que ni los militares lograron, y las hicimos en tres meses”.

La intención de Milei es que, con la designación de su reemplazante, el gobierno tome aliento para seguir redoblando el plan de entrega y saqueo. La hoja de ruta es clara. Ya lograron media sanción para el super-RIGI, que tratarán de ratificar en el Senado, a la vez que avanzan con los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca”, la de sociedades digitales, la eliminación del etiquetado frontal, la eliminación de la zona fría y los subsidios al gas en vastas zonas del país, y la modificación de la ley de salud mental. Y, por supuesto, el nombramiento de medio centenar de jueces afines. A esto hay que agregar su proyecto ultrarreaccionario de reforma política. Todos, sin excepción, temas que van contra el pueblo trabajador y profundizan el superajuste y la entrega.

Sobra bronca popular para enfrentar todo esto. Así lo demostraron la masividad de convocatorias como la Marcha Federal Universitaria que, dicho sea de paso, terminó logrando que hasta la Corte Suprema tenga que reconocer que se debe cumplir con la Ley de Financiamiento, la del aniversario de #NiUnaMenos o incluso la expresión anti-Milei en que se transformó la despedida al Indio Solari. Sin embargo, la burocracia de la CGT continúa sin romper su pacto con el gobierno, deshojando la margarita en reuniones donde “debate” si convoca o no a alguna medida. Cuando, como lo venimos diciendo repetidamente desde el sindicalismo combativo, existen miles de razones para un nuevo paro general y un plan de lucha.

El peronismo, por su parte, sigue envuelto en su interna, en la pelea por los cargos, con confusas declaraciones programáticas, buscando por un lado capitalizar la bronca contra Milei, pero a la vez no “espantar” a las grandes patronales y al imperialismo, garantizando “continuidad” en las políticas de ajuste. Y, por sobre todo, ausente en las luchas concretas contra el plan motosierra.

Por todo eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, somos claros en la tarea de la hora. Por un lado, el apoyo incondicional a todas las luchas y la más amplia unidad para enfrentar los ataques del gobierno.

Y, a la vez, seguir dando pasos para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, que sin duda ha crecido en referencia y simpatía, como lo refleja el reconocimiento a la figura de Myriam Bregman. Por eso, en estos días ya hemos empezado a trabajar en la constitución de comités unitarios junto con el Partido Obrero y sectores independientes para fortalecer al FIT Unidad y a la figura de Bregman, y por un gobierno de la izquierda y la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, ya se realizó el primer debate del Foro entre los partidos del Frente, al que invitamos a ver en las redes sociales e interiorizarse de las discusiones en curso, así como a seguir los siguientes. Todo con el convencimiento de que, más aún en esta coyuntura, el Frente de Izquierda Unidad, al que tenemos que fortalecer y hacer crecer, es la única alternativa ante la crisis en que nos han sumido los partidos patronales.

Foto de portada Granja de Data Center: ningún puesto de trabajo y consumo exacerbado de agua, los privilegios del Super RIGI

Escribe José Castillo

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de super-RIGI, un salto aún mayor a la ley original a favor del saqueo por parte de los pulpos multinacionales. Integra un combo con otras leyes que apuntan a profundizar la entrega total de nuestros recursos.

Apenas un día después de que no se consiguiera el quórum mínimo necesario para interpelar y echar al corrupto Manuel Adorni, todos los diputados de los bloques “amigables” se sentaron para garantizarle a Javier Milei la aprobación de una nueva ley que da aún más vía libre al saqueo. Se trata del super-RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los bloques provinciales alineados con el gobierno y también de gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo.

Tendrá una vigencia de 5 años para que las empresas presenten proyectos de adhesión al esquema y el gobierno podrá prorrogarlo por un año más. El original se había sancionado como un régimen de excepción por un plazo de dos años y el gobierno ya había hecho uso de su facultad para extenderlo un año más.

Con esta nueva ley, al igual que con el RIGI anterior, los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios tendrán una duración de 30 años. Si en algún momento el Estado argentino quisiera cambiar algunas de las condiciones, las empresas con proyectos en el super-RIGI podrían activar demandas contra el país en los tribunales de Nueva York.

Los detalles de la nueva ley

Apunta a beneficiar directa y exclusivamente a grandes empresas transnacionales. El monto mínimo de las inversiones deberá ser de 1.000 millones de dólares, lo que obviamente excluye a cualquier pyme, en actividades denominadas de “frontera tecnológica”. Pero todo indica que está dirigido especialmente a la instalación de megacentros de datos, data centers, para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Los data centers son infraestructuras altamente automatizadas que demandan mucha inversión en equipamiento y consumen muchísima energía, pero generan pocos puestos de trabajo.

El super-RIGI incrementa los beneficios y privilegios para los participantes. Veamos:
Crecen las exenciones impositivas. Del impuesto a las ganancias, en el original se bajaba de 35% a 25%. En el super- se reduce más aún, a 15%.
Con las retenciones a las exportaciones, en el RIGI original se bajaban a cero desde el tercer año de inversión, pero ahora se las elimina desde el día uno.
También desaparecen los pagos por derechos de importación para todos los bienes vinculados, cuando en el RIGI original solo estaban eximidos los bienes de capital y las partes.
En el régimen general, los dividendos tributan un 7%. En el RIGI original pasaban a pagar la mitad, 3,5% a partir del séptimo año, pero ahora, con el super- RIGI, tendrán ese beneficio ya desde el cuarto año.
La amortización de inversiones se descuenta en el régimen general a lo largo de la vida útil del bien, 5 a 10 años. En el RIGI pasó a permitirse descontarlo en dos cuotas anuales. En el super-RIGI se permite descontar el 60% en el primer año. Esto reduce al mínimo la eventual ganancia contable de la empresa que se toma como base para calcular el impuesto a las ganancias.

Hay que sumarle que se pone un tope de 0,5% al impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias que adhieran. Y algo que el RIGI original no incluía: las contribuciones patronales bajan del 24 al 10% para los nuevos empleos.
Además de todos estos privilegios impositivos están los cambiarios. Se elimina la obligación de liquidar las divisas de exportaciones, permitiendo no ingresar un 20% el primer año, 40% el segundo y 100% en el tercero. En el RIGI original era más lento: 100% recién en el cuarto año.
Por el lado de los ingresos de capital y deuda externa, en el RIGI debían liquidarse los dólares recibidos en el mercado oficial. En el super-RIGI no es obligatorio hacerlo, o sea que la inversión puede operar en el suelo argentino sin volcar prácticamente un solo dólar dentro de nuestra economía.

Vía libre para el saqueo y la destrucción ambiental

Se trata, corregido y aumentado, de un proyecto a la medida para saquear nuestros recursos y reventar el medio ambiente, sin crear empleo y con la garantía de la impunidad para fugar todas las ganancias obtenidas. Hay que oponerse, desde ya, y denunciar su aprobación. Luego vendrá la hora de pelear contra su implementación en concreto en las comunidades donde se intentará aplicarlo.

Y también quedará la exigencia programática de plantear su derogación, como parte del paquete de medidas de cualquier proyecto alternativo, obrero y popular. A eso nos comprometemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.