En la Marcha de Neuquén, entrevistamos a Anita Mora, militante de Izquierda Socialista y electa presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Comahue.

El Socialista: Estás debutando como presidenta del Centro de estudiantes.

Anita Mora: Sí, estoy estrenando mi cargo que logramos con una lista unitaria del FIT Unidad. En nuestro Centro convocamos a la marcha en una asamblea de estudiantes y comenzamos a construirla, tanto adentro como afuera de la universidad, hablando con les estudiantes, pasando por las cursadas y volanteando en el centro de la ciudad.

ES: ¿Qué los impulsó a venir a la marcha?

AM: Vinimos a la marcha a expresar la bronca, porque hace más de 300 días que el Gobierno no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, que conquistamos en las calles con toda la comunidad. Porque los salarios docentes siguen bajo la línea de pobreza, las becas son de miseria y la universidad se cae a pedazos. En nuestra carrera, particularmente, no tenemos edificio propio, por lo que a diario cursamos en aulas prestadas, los espacios de estudio están en condiciones deplorables y sufrimos franjas horarias acotadas, una situación que se profundiza con las renuncias docentes.

ES: ¿Cómo van a seguir la lucha?

AM: Lamentablemente, los rectores del CIN y las conducciones gremiales hacen acuerdos a espaldas de las y los trabajadores y estuvieron haciendo la plancha. Nosotres vamos a seguir dando la pelea para conquistar el presupuesto que necesitamos, organizándonos mediante asambleas junto a estudiantes y docentes, con clases públicas y radios abiertas. El 15 de octubre tenemos una fecha de honor, la Quinta Marcha Federal Universitaria, donde vamos a exigir aumento de salarios y becas, presupuesto para el sistema de ciencia y técnica, boleto estudiantil interprovincial y edificios en condiciones dignas. 

El Socialista entrevistó a Gustavo Álvarez, papá de Alexa, víctima del crimen vial de Oscar González en Traslasierra, Córdoba.

El Socialista: ¿Qué te pareció la Marcha de la Bronca?

Gustavo Álvarez: Me dio la sensación de que la gente está pidiendo que alguien haga algo. La convocatoria estuvo mayormente visibilizada por la izquierda, pero vi mucha gente de otras fuerzas, sin banderas, que también estaban presentes. Es importante visibilizar el hartazgo social.

ES: ¿Qué bronca llevaste al escenario?

GA: Fui por ser querellante en la causa del crimen vial de las Altas Cumbres cometido por el expresidente de la legislatura y uno de los mandamás del PJ cordobés, Oscar Gonzalez, el cual se ha intentado tapar. Esto demuestra que en Córdoba no hay independencia de poderes y que la política atraviesa lo judicial. Es un reclamo permanente por justicia por las chicas, por Alejandra, Marina y Alexa hasta que Oscar Gonzalez sea condenado.

ES: ¿Ves la necesidad de seguir desarrollando estas acciones?

GA: Es importante seguir impulsándolas, pero también acompañarlas de medidas para mitigar el pasivo social que están dejando tanto el gobierno nacional como el provincial, y que nos están llevando a una inviabilidad social.

ES: ¿Qué lugar ocupa el FIT Unidad en este proceso?

GA: El Frente de Izquierda tiene una oportunidad de capitalizar y adquirir mayor protagonismo en los próximos tiempos, pero depende mucho también de la unidad real que logre el Frente de Izquierda. Milei va a dejar tierra arrasada y necesitamos propuestas concretas sobre cómo salir adelante en esta difícil situación.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los diputados nacionales del FIT Unidad, Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista y Romina Del Plá del Partido Obrero, presentaron un proyecto* repudiando el ingreso de efectivos de la Infantería de Marina de Estados Unidos a Ushuaia para realizar ejercicios junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 entre el 8 y el 22 de septiembre, sin la autorización del Congreso que exige la Ley 25.880. La iniciativa cuestiona al gobierno de Javier Milei por profundizar la subordinación militar y geopolítica a Estados Unidos, reclama el cese de la intervención del puerto de Ushuaia y rechaza la posible apertura de un consulado israelí en la ciudad.

*proyecto completo aquí

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

DECLARA:

Su más firme repudio al despliegue e ingreso de tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quienes realizaron ejercicios militares de adiestramiento e intercambio teórico y práctico en zonas de clima frío junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4, entre el 8 y el 22 de septiembre, en abierta violación de la Ley 25.880 al carecer de la correspondiente autorización del Congreso de la Nación.

Juan Carlos Giordano
Romina Del Plá

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto denunciar y repudiar el desembarco e incursión militar de tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia. En concreto, se constató la presencia de ocho efectivos estadounidenses abocados a actividades de adiestramiento en zonas de clima frío junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 en Tierra del Fuego durante el mes de septiembre. Si bien la Armada Argentina pretendió justificar dicho operativo amparándose en un convenio técnico bilateral del año 2017, un acuerdo administrativo carece de rango legal para eludir el cumplimiento de la Ley 25.880, la cual exige de manera taxativa la previa autorización del Congreso de la Nación, detallando la cantidad de efectivos, sus objetivos y las tareas a realizar. Este grave operativo militar al descubierto en la capital fueguina demuestra la absoluta sumisión del Poder Ejecutivo y desmorona el falso nacionalismo del Presidente Javier Milei respecto a la causa Malvinas. Mientras el gobierno apela a una retórica de falsa defensa de la patria, en lugar de defender la integridad territorial, consolida una peligrosa subordinación geopolítica y militar al imperialismo estadounidense y a la agenda de Donald Trump, entregando el Atlántico Sur y la proyección antártica. Al mismo tiempo que se entrega el país al saqueo extractivista mediante el RIGI, el "Súper RIGI" y la reforma a la Ley de Glaciares, se incrementan los fondos para la SIDE y el aparato represivo,
recortando recursos a los jubilados y a los trabajadores.

Asimismo, resulta imperioso exigir el cese inmediato de la intervención al puerto de Ushuaia a la Provincia de Tierra del Fuego. Esta medida, lejos de responder a necesidades locales, constituye una pieza clave en la estrategia de control geopolítico que Estados Unidos, en complicidad con Israel, busca consolidar en la región. Esta avanzada se complementa con la intención de abrir un consulado en la ciudad de Ushuaia, lo que representaría un mayor enclave de influencia extranjera en nuestro territorio.

Frente a esta capitulación, resulta imperioso romper relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con el Reino Unido y el Estado de Israel, anular los pactos de subordinación colonial como el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones de 1990 y expulsar a las multinacionales saqueadoras. Asimismo, la verdadera soberanía se materializa dejando de pagar la usurera e ilegítima deuda externa, haciendo efectivas las tres consignas históricas de nuestro pueblo: ¡Fuera ingleses de Malvinas!, ¡Fuera FMI de Argentina! y ¡Fuera yanquis de América Latina!.

Por todo lo expuesto, solicitamos a este Honorable Cuerpo la aprobación delpresente proyecto de declaración.

Juan Carlos Giordano
Romina Del Plá

Guido Poletti

El diputado Juan Carlos “Gringo” Giordano, de Izquierda Socialista/FIT Unidad, presentó un proyecto de ley acompañado por todo el bloque del Frente de Izquierda Unidad.

Plantea la anulación del decreto de necesidad y urgencia que autorizó la privatización y el cambio del marco regulatorio a favor de los futuros operadores y en contra de los usuarios. Sostiene la necesidad de declarar a Aysa como una empresa 100% estatal, que pasará a estar gestionada por sus trabajadores y usuarios. 

En el proyecto de ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Se afirma que toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Y que ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas. 

Al mismo tiempo propone el diseño de un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

Aquí el proyecto

Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

AySA 100% estatal bajo gestión de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios

Anulación de los decretos 493 y 494

Fuera Mekorot

Artículo 1. Anúlese los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493/2025 y No 494/2025, por los cuales se habilitó la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y se modificó el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales. Toda licitación pública o internacional para la privatización de AySA quedará sin efecto a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 2. Declárese que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. será en adelante una empresa cien por ciento estatal, bajo propiedad y financiamiento del Estado Nacional, gestionada, administrada y controlada por sus trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. La empresa tendrá como objetivo garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado.

Artículo 3. A partir de la presente ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas.

Artículo 4. A partir de la siguiente ley AySA diseñará un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

Artículo 5. Financiar a la empresa AySA cien por ciento estatal en base a los fondos que se destinan a los pagos de la usurera deuda externa y con los que recauden mediante la implementación de un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.

Artículo 6. De forma.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll

FUNDAMENTOS:
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2010. No puede considerarse una mercancía ni quedar en manos del mercado capitalista. La provisión de este servicio vital debe ser garantizada 100% por el Estado Nacional bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y usuarios. Por eso, este proyecto de ley propone la anulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493 y 494 del año 2025, firmados por el presidente ultraderechista Javier Milei, que habilitan la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la venta del 90% de sus acciones, y la modificación del marco normativo para autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago, entre otros ataques. Estas medidas implican una regresión brutal de derechos a favor de las ganancias empresariales y en perjuicio de millones de familias del pueblo trabajador. Además, se enmarcan en la nefasta Ley Bases de Milei, votada con el aval de los bloques patronales cómplices, que pretende privatizar no sólo el agua sino también otras empresas estratégicas.

La historia de AySA muestra con claridad los resultados nefastos del modelo privatizador. AySA fue fundada originalmente como Obras Sanitarias de la Nación en 1912. Durante la Revolución Libertadora de 1955 y más tarde durante la dictadura genocida de 1976, fue vaciada, desfinanciada y abandonada con el fin de rematarla y privatizarla. Finalmente, en 1993, bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, OSN fue disuelta y se entregó la concesión del servicio a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez.

En 1999 se abrió una investigación judicial sobre la privatización de AySA, determinando que se había vendida a menos de una quinta parte de su valor real. Confirmándose posteriormente que incumplió sus compromisos, no invirtió, no hizo las obras, paralizó la expansión de la red de agua potable, provocó contaminaciones, además de despedir personal. Esa privatización significó un saqueo brutal: las tarifas aumentaron y se deterioró la calidad del servicio. La presencia de arsénico y agrotóxicos en el agua en varias zonas del conurbano, los cortes reiterados y la falta de expansión de las redes, entre otros motivos, obligaron a rescindir el contrato en 2006.

A pesar de haber sido desplazada, la empresa Suez presentó una demanda ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) por 1.700 millones de dólares, aduciendo violación de contrato. En 2015, el tribunal falló parcialmente a favor de la multinacional, imponiendo a la Argentina el pago de una indemnización que rondaría los 220 millones de dólares.

En ese año, tras múltiples esfuerzos por encontrar otro operador privado y frente al retiro de Suez, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo obligado a anunciar la “estatización” del servicio. Sin embargo, no se trató de una empresa estatal tradicional, sino de la creación de AySA como Sociedad Anónima con mayoría accionaria estatal, lo que permitía eventuales reprivatizaciones futuras. A su vez, se nombró al frente de la nueva empresa a Carlos Ben, quien había sido coordinador de la privatización de OSN en 1993 y luego integró el directorio de Aguas Argentinas. Y nunca se puso en manos de sus trabajadores, sino de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias presidido por su actual secretario general y Secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri. El mismo que dijo días atrás, preguntado sobre la privatización anunciada por el gobierno, que “al tema de la privatización de AySA lo venimos discutiendo internamente con las autoridades de la empresa”. Es por eso que la propuesta de una AySA estatal debe ser gestionada y controlada por los trabajadores de la misma, no por estos dirigentes.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, comenzaron los fuertes aumentos tarifarios, que alcanzaron picos de más del 1000 %. En 2023, bajo la presidencia del ultraderechista Milei, esta situación se agravó: las tarifas subieron más de un 500%, se habilitaron cortes por falta de pago, se impulsaron despidos de personal y se firmaron los decretos que buscan volver a privatizar AySA. Como si fuera poco, la empresa estatal israelí Mekorot, responsable de aplicar una política sistemática de apartheid hídrico contra el pueblo palestino, negándole el acceso al agua, trabajando en estrecha colaboración con el ejército israelí en la confiscación de las tuberías de riego de los agricultores palestinos y en la destrucción de sus fuentes de abastecimiento, ha manifestado que está interesada en quedarse con AySA y admitido a través de su Coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, que hoy se encuentra asesorando a AySA. Así como no tiene que haber injerencia de empresas privadas y/o de otros países en AySA, mucho menos se puede permitir que lo sea Mekorot, que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en abril de 2022
una delegación de ministros, gobernadores y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por el ex Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, viajaron a Israel para celebrar acuerdos de “cooperación” con Mekorot en varias provincias. Decimos fuera Mekorot de Argentina, disponiendo por añadidura que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con la empresa Mekorot en todo el territorio nacional.

Hoy AySA presta servicios en CABA y en Zona Sur, Norte y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos que AySA se transforme en una empresa estatal que suministre el servicio en todo el territorio nacional y termine con los negociados que existen en las provincias con empresas privadas. Atento a ello es que se deben rescindir las concesiones y/o privatizaciones en cada provincia que las haya, dando lugar a su provincialización bajo control de sus trabajadores y técnicos, pasando a funcionar de manera integrada con AySA nacional. Empresa que será financiada con los fondos que se
van a los pagos de la usurera deuda externa y al FMI, y con un impuesto especial a las multinacionales, grandes empresarios y bancos, en especial a las empresas que vienen contaminando el agua impunemente.

Hoy más de 7 millones de personas en Argentina no acceden al agua potable de forma adecuada, y casi 20 millones no tienen redes de saneamiento, según el Censo 2022. En este contexto de emergencia social y crisis económica, avanzar hacia la privatización es
criminal. El agua es vida, no puede ser una mercancía. Cuando el agua es tratada como mercancía, afecta también a cuencas, acuíferos y los ciclos naturales del agua.

Este proyecto del Frente de Izquierda Unidad se inscribe en la lucha por una Argentina donde se reestaticen todas las empresas privatizadas y sean puestas a funcionar bajo gestión, administración y control de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. Como parte de otras medidas de fondo que inauguren un plan económico alternativo, obrero y popular, al servicio de dar respuesta a las urgentes necesidades populares.
El agua no se vende, se defiende.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll

La sala dos de la cámara penal de apelaciones de San Isidro ha dictado el desalojo de los trabajadores de Fate que cumplen siete meses de lucha ininterrumpida permaneciendo en el predio en defensa de sus puestos de trabajo, exigiendo la reapertura inmediata de la fábrica. Los trabajadores y su sindicato (SUTNA), han denunciado desde el inicio de esta lucha el lock out llevado adelante por la patronal de Javier Madanes Quintanilla, quien también cuenta con el monopolio del aluminio en la Argentina con Aluar. Quien ha producido un lock out ofensivo contra los trabajadores es Madanes Quintanilla, no los compañeros que defienden sus puestos de trabajo. La justicia debe apuntar al verdadero responsable y dictaminar la inmediata reapertura de la fábrica. La política de liquidación de la industria del gobierno de Milei es compartida por estos empresarios que se “reconvierten” y descargan sobre los trabajadores las consecuencias de la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se ha negado a recibir a los trabajadores durante siete meses y mantiene sin tratamiento en la legislatura bonaerense el proyecto de “ocupación temporánea” que pondría en marcha rápidamente la fábrica, respetando el conjunto de los puestos de trabajo, siendo Fate, la única fábrica que produce cubiertas para el transporte tanto de mercadería como de personas en la Argentina. El Frente de Izquierda-Unidad se pronuncia por el inmediato tratamiento de este proyecto y denuncia la conducta del gobernador Kicillof que no ha dado ninguna respuesta a los trabajadores que ahora, enfrentan la posibilidad de un desalojo violento y exige a la sala dos de la cámara penal de apelaciones dejar sin efecto el fallo de desalojo.

El FIT-U ratifica su apoyo a todos los trabajadores de Fate y al Sutna en esta lucha contra la patronal y el gobierno y se suma a la exigencia a la CGT y las CTAs un paro nacional y un plan de lucha contra los cierres y despidos. 

Llamamos a realizar la más amplia campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional, en rechazo a cualquier desalojo y por la reapertura inmediata de la fábrica.