Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Máximo Kirchner está de recorrida electoral. En un acto realizado en Carmen de Areco el pasado 9 de julio, Día de la Independencia Nacional, reconoció que la nefasta política del gobierno anterior fue el caldo de cultivo para el ascenso de Milei. Señaló como “uno de los errores del gobierno de Alberto Fernández” el acuerdo con el FMI. “El acuerdo con el FMI quebró la relación del peronismo con la sociedad. Así fue y así llegó Milei” (Página/12, 10/7). ¿Pero fue solo de Alberto el “error”? ¿Cristina no era la vicepresidenta?

Máximo seguramente contestaría que él y su madre se opusieron a ese acuerdo. Él mismo renunció a su cargo como jefe del bloque del kirchnerismo en Diputados. ¿Pero qué proponían a cambio Máximo y Cristina? ¿Acaso desconocer el endeudamiento de Macri con el FMI por 45 mil millones de dólares? ¿Dejar de pagar esa deuda usurera? No. Lo que proponía Máximo era “negociar distinto con el FMI”, con “mejor muñeca”, como si pudiera existir un FMI bueno al que se le pudiera sacar alguna ventaja en una reunión.

La prueba de lo que estamos diciendo es lo que propone Máximo ahora. Dice que hace falta llegar a un acuerdo político entre quienes podrían ganarle a Milei sobre qué hacer con la deuda en un futuro gobierno. ¿Desconocerla? ¿Dejar de pagar? Otra vez, no. Máximo propone acordar previamente cómo generar los fondos para pagarla. Otra desilusión, igual que la del gobierno anterior que llevó al ascenso de la ultraderecha.

 
 

El 27 y 28 de julio vendrá a la Argentina la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Izquierda Socialista le propuso al resto del Frente de Izquierda realizar un repudio en común. ¡Fuera el FMI de la Argentina! ¡Fuera los yanquis de América Latina!

Foto de portada: Milei desmanteló el reactor Carem y lo entregó a la empresa extranjera Meitner Energy

Escribe Rodolfo Sánchez, doctor en Física, CNEA-Conicet y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Bariloche
 
Javier Milei ataca al sistema de ciencia y técnica construido durante casi 80 años. Lo hace con recortes presupuestarios, despidos masivos y la entrega de avances científicos a Estados Unidos y las multinacionales. Ahora busca desmantelar la CNEA, donde ya fueron desvinculados 500 trabajadores y trabajadoras. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada en 1950 con el objetivo de investigar y desarrollar los usos pacíficos de la tecnología nuclear. En 1955, el Instituto Balseiro comenzó a formar profesionales y, en 1958, Argentina construyó el primer reactor nuclear experimental de América Latina. De allí surgieron empresas tecnológicas como Investigación Aplicada (Invap), una empresa de tecnología y diseño de sistemas complejos creada en los años ‘70 por un grupo de científicos del Centro Atómico Bariloche y reconocida a nivel mundial por fabricar satélites, reactores nucleares, radares y equipamiento médico. Con el desarrollo de la CNEA, en 1984 Argentina pasó a ser el séptimo país del mundo capaz de producir uranio enriquecido.

El ataque y el achique de la CNEA comenzaron con el gobierno peronista de Carlos Menem, que la fue desguazando en varias empresas, como Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las tres centrales nucleares del país; Conuar, que fabrica los combustibles nucleares; Dioxitek S.A., que utiliza el uranio para usos médicos e industriales; FAE, Fábrica de Aleaciones Especiales orientada a la industria nuclear y aeroespacial; y ENSI, hoy Empresa Neuquina, que administra la planta de producción de agua pesada en Arroyito.

¿Cómo la desmantelan ahora?

Desde el comienzo del gobierno ultraderechista de Javier Milei, los salarios en ciencia y tecnología perdieron un 50% de su poder adquisitivo, dejando a las y los contratados y a las categorías más bajas en la línea de pobreza. En 2026, el presupuesto del organismo es un 58% inferior, en términos reales, al ejecutado en 2023. Durante la actual gestión libertaria se perdieron cientos de puestos de trabajo, entre ellos los de muchos profesionales altamente formados, que fueron rápidamente captados por empresas internacionales del rubro.

Al comienzo del gobierno de Milei, la CNEA tenía tres proyectos principales, el RA-10, el CeArP y el Carem. Los tres podían terminarse durante esta gestión, pero Milei los desfinanció para entregárselos a los privados.

¿Cuáles son estos tres proyectos? El RA-10 es un reactor de investigación y producción de radioisótopos aplicados a la industria y a la medicina nuclear. El gobierno ya está hablando de entregar en concesión a privados la producción y comercialización que comenzará en 2027.

El Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) ya está habilitado para ponerse en marcha y brindar tratamientos contra tumores y cánceres. El gobierno también está buscando inversores privados para asociarlos y permitirles hacer negocios.

Finalmente, el tercer y principal proyecto de la CNEA era el Carem, el primer reactor nuclear modular destinado a la producción de electricidad, que sirve para aumentar la participación de la energía nuclear en la matriz energética del país. Es una usina que puede instalarse en cualquier punto del país para proveer electricidad. Es un invento reconocido como único en el mundo.

Fue construido en un 80% y solo falta una inversión final de 300 millones de dólares. Sin embargo, Milei decidió desmantelarlo, vaciarlo y entregárselo a la empresa Meitner Energy, de capitales yanquis y desconocida en el área nuclear.

Tan brutal es la entrega del gobierno que, el pasado 2 de julio, el ministro de Economía Luis Caputo, junto con Ramos Nápoli, su secretario de Asuntos Nucleares, y el CEO de Meitner Energy, anunciaron la “inversión” de 1.200 millones de dólares, con los beneficios del Super RIGI, para construir el reactor ACR-300, que es una copia del Carem, en un predio de la propia CNEA. Presionan y despiden a especialistas de la CNEA, mientras que a otros los obligan a renunciar e irse a Meitner Energy.

Los libertarios copan los cargos jerárquicos

El copamiento de la cúpula de la CNEA por personajes saqueadores está en marcha a toda velocidad. Por eso, el gobierno coorganiza con la Embajada de Estados Unidos congresos de cooperación nuclear (First) y nombra a verdaderos topos destructores para garantizar la entrega.

Designó a libertarios que no tienen ningún conocimiento especializado. Nombró al contador José Ignacio Bruera como gerente de Área de Coordinación Operativa y Administrativa; al bachiller y exasesor de Adorni Felipe Randle como gerente de Área de Articulación Institucional; a la instructora de yoga Gisela Mangone como gerenta de Recursos Humanos; y a Santiago Vieyra, exdirector de La Derecha Diario en Córdoba, en la Gerencia de Aplicaciones Nucleares a la Salud.

Por eso afirmamos que, con la entrega de las áreas estratégicas de la energía nuclear a sus amigos financistas privados y extranjeros, se está destruyendo lo construido por los argentinos con mucho esfuerzo durante los últimos 76 años.

Defendemos a la CNEA como empresa estatal, luchamos por la reincorporación de las y los despedidos y exigimos que las y los propios trabajadores y científicos determinemos qué proyectos necesita nuestro país y elijamos a los funcionarios que conducen la empresa.

Escribe José Castillo

Javier Milei sigue inventando instrumentos para atacar al pueblo trabajador. Ahora copia del gobierno de Donald Trump la posibilidad de “cerrar” el Estado. Busca tener las manos libres para dejar de pagar salarios, jubilaciones o incluso suspender la prestación de servicios básicos.

El gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza continúa con su plan de guerra contra las y los trabajadores y demás sectores populares. Esta vez se le ocurrió algo que pretende utilizar en dos dimensiones. Por un lado, como un nuevo guiño de alineamiento servil con Trump, al copiar un mecanismo que funciona en Estados Unidos y del que el propio presidente yanqui ha hecho uso y abuso. Por el otro, y sin duda esto es lo más importante, para seguir sumando herramientas a su ataque permanente contra los sectores populares y su política de entrega.

¿Qué es el “shutdown”?

Se trata de una práctica administrativa que tiene décadas en Estados Unidos. Consiste en que, si el Congreso no logra ponerse de acuerdo y votar un presupuesto, el Poder Ejecutivo no puede seguir funcionando con el anterior. Entonces se “cierra” la administración pública. De hecho, “shutdown” puede traducirse como “cierre”.

En la práctica, un montón de actividades catalogadas como “esenciales” y “de seguridad nacional” siguen funcionando, como escuelas, hospitales, servicios sociales, las Fuerzas Armadas o la policía. Lo mismo ocurre con las innumerables tareas que no dependen del Estado federal, sino de las administraciones locales. En concreto, cierran bibliotecas, se dejan de publicar informes estadísticos, no hay atención al público en embajadas o consulados y se dejan de iniciar trámites en general.

¿Qué quiere hacer Milei?

Lo que plantea, bajo el mismo nombre, es algo absolutamente distinto. De hecho, durante sus dos primeros años de gobierno, el presidente aprovechó que en nuestro país la legislación es diferente a la yanqui. Acá, si un nuevo presupuesto no es aprobado, automáticamente se prorroga el del año anterior, lo que en la práctica le da “manos libres” al gobierno para hacer lo que quiera, ya que ese presupuesto viejo seguramente quedó totalmente desactualizado por la inflación.

Así gobernó Milei en 2024 y 2025, bloqueando deliberadamente cualquier acuerdo sobre un nuevo presupuesto. Fue una herramienta central para su política de “motosierra”.

Lo que, al parecer, Milei pretende llevar al Congreso está alineado con su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pasará a tener prohibido financiar al gobierno, es decir, emitir. Si el dinero que ingresa por los impuestos no alcanza, ahí operaría el “shutdown”.

No es algo novedoso. Nos recuerda al “déficit cero” implementado por Domingo Cavallo y Patricia Bullrich en julio de 2001, durante los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese momento, se priorizaba mensualmente que hubiera fondos para cumplir con los pagos de la deuda externa. Si luego no alcanzaba para el resto de los gastos, se procedía a recortar. Así se les descontó el 13% a todas las jubilaciones y los salarios del sector público.

El “shutdown” de Milei sería una versión más ultraderechista y radicalizada de aquella política de la Alianza. Ahora, si el dinero no alcanza, después de establecer como esenciales y, por lo tanto, prioritarios los vencimientos de la deuda, se procedería a “cerrar” el Estado.

Qué significa esto en concreto está por verse, pero, conociendo las políticas de Milei, queda claro que lo que estará seriamente en riesgo serán los salarios estatales, las jubilaciones y el conjunto de las prestaciones sociales. Tampoco cabe ninguna duda de que los organismos que se “cerrarán” serán aquellos que hoy mismo están bajo ataque del gobierno, como las universidades y los organismos de ciencia y técnica.

Parece interminable la imaginación de Milei para atacar al pueblo trabajador. Tenemos que prepararnos para enfrentarlo, denunciando y repudiando estas iniciativas y, por supuesto, oponiéndonos en el Congreso, algo que, dicho sea de paso, solo garantiza plenamente el Frente de Izquierda Unidad.

Se vote o no, habrá que movilizarse si el gobierno intenta llevarlo adelante. Es parte de la pelea contra la motosierra de Milei y el FMI, a la que hay que oponerle un plan de lucha y la exigencia a la CGT de que rompa su vergonzosa tregua y llame a un paro general para enfrentarlo, tal como planteamos desde el sindicalismo combativo.

Escribe José Castillo

La Argentina formalizó su adhesión a la Pax Silica el pasado 26 de junio de 2026. Se trata de una alianza internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministro global de inteligencia artificial (IA), semiconductores y tecnología avanzada. El objetivo del acuerdo es, por supuesto, alinear detrás del imperialismo yanqui a los proveedores estratégicos para garantizar, por un lado, las inversiones de empresas estadounidenses y, por otro, el aprovisionamiento de recursos clave. 

El acuerdo busca agrupar a más de 35 países “aliados” para controlar la provisión de minerales críticos (como el litio y el cobre), frenar la influencia geopolítica y comercial de China en el sector y, por supuesto, cortar de raíz cualquier atisbo de desarrollo independiente por parte de algún firmante. La coalición reúne a los principales eslabones de la cadena de suministro de inteligencia artificial: semiconductores (Japón, Corea del Sur, Países Bajos), minerales críticos (Australia, India), energía y capital (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), conectividad (Singapur), diseño de chips (Reino Unido e Israel), todo bajo el liderazgo tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Argentina entra como “último orejón del tarro”, garantizando al bloque sus cotizadas reservas de litio. 

La incorporación de Argentina a la Pax Silica representa una preocupante renuncia a la soberanía, al subordinar de manera explícita el interés nacional a las directrices de la competencia geopolítica de los Estados Unidos contra China. Lejos de garantizar una inserción internacional inteligente, esta decisión encadena al país a una lógica de “Guerra Fría tecnológica” donde las prioridades son fijadas en Washington, limitando el margen de maniobra de Argentina para actuar de forma soberana en beneficio de su propio desarrollo.

Asimismo, desde la perspectiva económica y productiva, la alianza profundiza una matriz extractivista al relegar al país al rol pasivo de mero proveedor de materias primas y energía para la infraestructura de inteligencia artificial de las transnacionales imperialistas. Bajo el amparo de regulaciones como el RIGI y el súper RIGI, la entrega de recursos estratégicos no renovables como el litio y el cobre se realiza sin exigir la obligatoriedad de transferencia tecnológica ni el fomento de una cadena de valor local que promueva la industrialización o la fabricación de semiconductores en nuestro país. Así, la Pax Silica funciona más como un mecanismo de aseguramiento de insumos críticos para la seguridad económica yanqui que como un motor de desarrollo endógeno, perpetuando y profundizando nuestra semicolonización, ya que cedemos la soberanía sobre recursos clave a cambio de promesas de un financiamiento que sólo terminará engrosando las superganancias de los pulpos multinacionales tecnológicos.