Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Régimen Penal Juvenil vuelve a poner a las pibas y los pibes en la mira del ajuste. Mano dura, más cárcel y menos derechos como respuesta a una crisis social que el propio gobierno profundiza.

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Se trata de un nuevo avance en la política de criminalización de las pibas y los pibes, que el gobierno busca convertir en ley el próximo viernes 27, cuando el proyecto sea tratado en el Senado junto con la modificación regresiva de la Ley de Glaciares.

Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich avanzan en su plan de mano dura. Para lograr la media sanción en Diputados contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal que responde a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas (que aportó 17 votos, incluido el del diputado Martín Lousteau) y distintos bloques provinciales ligados a gobernadores peronistas, como el de Tucumán. El resultado fue 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos el 100% de las bancas del FIT Unidad.

La nota de color la dio el diputado Ramiro Gutiérrez, del espacio que responde a Sergio Massa, quien aportó su presencia para garantizar el quórum que habilitó el debate en el recinto. En el marco de las sesiones extraordinarias y de la ofensiva ultraderechista del gobierno, buscan ahora convertir este proyecto en ley en el Senado. Se trata de un grave retroceso en materia de derechos y garantías, que lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.

Bajar la edad o aplicar mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno presenta a las infancias y adolescencias como responsables de una inseguridad que crece al calor de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos, que en casos de delitos graves llegan hasta 15 años de prisión.

Las experiencias internacionales son contundentes. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

Otro dato revelador: de los diez estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros (Clarín, 12/2).

¿Qué muestran realmente los datos?

En Argentina hay 3,6 millones de pibas y pibes de entre 13 y 17 años que el gobierno busca criminalizar. El 47% vive en la pobreza y el 15% en la indigencia. En 2022 fallecieron 15.144 jóvenes por muertes evitables, y el 31% de esos casos fue por suicidio.

Además, la campaña punitivista se monta sobre una falsedad: la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema: en la juventud pobre.

Políticas integrales, no cárcel para la juventud

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. Hoy en Argentina un juez puede disponer la internación de menores de 16 años en institutos, aun sin condena firme. En muchos casos, estos espacios funcionan como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos.

Para combatir la inseguridad, que golpea principalmente a las y los trabajadores y a los sectores populares, no sirven las respuestas represivas. Eso es solo más criminalización. Lo que se necesita es desmantelar las mafias que operan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En medio de otras reformas y contando con un blindaje mediático excepcional, el jueves 26 se tratará en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Esta ley ha estado en la mira de las mineras desde sus inicios, motivo por el cual fue vetada por Cristina Fernández en 2008, para ser finalmente sancionada en 2010 como resultado de una ardua lucha del movimiento socioambiental. La ley protege actualmente a casi 17 mil glaciares, que representan el 1% de la superficie nacional pero cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el territorio, al alimentar ríos y fuentes de agua dulce, vitales para la flora y la fauna, así como para la salud y la actividad económica humanas.

Estos ecosistemas ya se encuentran en peligro. Estudios del Conicet revelan que los glaciares de nuestra Patagonia vienen perdiendo masa de manera acelerada como producto de la crisis climática, lo que agrava el estrés hídrico ya endémico en dos tercios de nuestro país. En los últimos años, además, la política hídrica nacional ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales para dejar en manos privadas la gestión del agua, como evidencian los acuerdos con Mekorot, la empresa israelí con un rol central en el genocidio en Palestina.

Pero ahora nuestros glaciares, principal fuente de agua para consumo, están siendo directamente saqueados por las mineras y corporaciones transnacionales. Al igual que la Reforma Laboral habilitó “negociar derechos a la baja” con las patronales, esta modificación promueve algo igualmente inconstitucional al violar el principio de no regresividad en materia ambiental. Las protecciones alcanzadas, pocas, no pueden retroceder. De aprobarse esta reforma, se encendería una alerta enorme para el conjunto de la legislación de protección ambiental y de adaptación y mitigación frente al cambio climático vigente en nuestro país. De hecho, ya estamos viendo cómo Donald Trump, el principal aliado de Milei, está aboliendo todas las políticas ambientales en Estados Unidos.

¿Qué modifica esta reforma?

Le quita potestad al IANIGLA, la institución nacional encargada de establecer el inventario de glaciares, para transferirla a las provincias. De este modo, cada jurisdicción podrá definir qué sectores son considerados estratégicos y cuáles quedan por fuera de la protección de la ley, habilitando proyectos que hoy están prohibidos y que las mineras intentan impulsar desde hace años para desmantelar esta legislación.

¿Quiénes la impulsan?

Javier Milei promueve esta reforma con la participación directa de los gobernadores que integran las mesas del litio y del cobre, es decir, de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan. Se trata de un rejunte que expresa el amplio respaldo político con el que cuenta el extractivismo minero en nuestro país, ya que nuclea tanto a sectores peronistas como radicales que vienen de apoyar, a través de sus senadores, la reforma laboral esclavista, otro regalo para las transnacionales. Ambas reformas fueron señaladas como las mayores preocupaciones por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y fueron rápidamente negociadas por este gobierno abiertamente entreguista y cipayo.

Las principales mineras detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Muchas de ellas cuentan con antecedentes de desastres ambientales y contaminación de fuentes de agua en distintos lugares del mundo. En el caso de Barrick Gold, se trata del peor derrame minero de nuestro país, que contaminó cinco ríos con 15 mil litros de cianuro en San Juan, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial.

Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. Si se logra la media sanción en el Senado, daremos aún con más fuerza la batalla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias. Incluso si avanza en esa instancia, continuaremos la lucha en cada provincia y territorio, donde cobra un valor estratégico la red de resistencia que hemos conformado.

¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 14 viajes en dos años, Javier Milei se convirtió en el presidente argentino que más veces viajó a Estados Unidos. Lo hizo, nada menos, en pleno debate de la reforma laboral esclavista. No es un dato casual, sino parte del alineamiento y la subordinación al imperialismo yanqui, hoy encabezado por el ultraderechista Donald Trump. Como venimos denunciando, está en curso un nuevo pacto colonial, funcional a la política de Trump de reeditar la Doctrina Monroe para América Latina, como se vio con la intervención contra Venezuela y la profundización del bloqueo a Cuba.

Pero este viaje no fue uno más dentro de esa política de sometimiento. Milei asumió un compromiso explícito de colaboración con el llamado “Board of Peace” impulsado por Trump para Gaza. Bajo el eufemismo de la “reconstrucción”, este plan propone una transformación estructural del territorio palestino, con financiamiento multimillonario y presencia militar internacional. Peor aún, Milei ofreció el envío de Cascos Blancos argentinos para integrarse al dispositivo que acompañaría esa fuerza de ocupación, en un nuevo gesto de complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino.

El plan del presidente yanqui apunta a crear un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre las ruinas de Gaza, luego del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Por eso decimos con claridad: ¡No en nuestro nombre!

Milei se ubica del lado de quienes pretenden convertir el apartheid y el genocidio en un negocio inmobiliario y en un enclave estratégico. El anuncio de inversiones millonarias para transformar Gaza en un polo turístico forma parte de un plan de colonización y limpieza étnica sobre la Franja de Gaza que no podemos permitir.

De este modo, Milei acompaña la ofensiva de Trump, refuerza su alianza con los sectores más duros de la ultraderecha mundial y ratifica su respaldo político a Benjamin Netanyahu, ubicándose como cómplice directo del genocidio en Gaza, junto a Trump. Sin embargo, frente a la complicidad de los gobiernos, los pueblos del mundo siguen levantando la voz: crece la solidaridad activa de sindicatos y organizaciones populares, y avanza la preparación de una nueva Flotilla internacional que partirá hacia Gaza para romper el bloqueo.

Allí donde los gobiernos se alinean con la ocupación y el genocidio, los pueblos construyen solidaridad. Por eso rechazamos el envío de tropas argentinas comprometidas en el marco del “Board of Peace” y seguiremos peleando por una Palestina libre del río al mar.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El reciente contrato por más de 114 millones de pesos, adjudicado por Pablo Quirno desde la Cancillería argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), vuelve a dejar al descubierto cómo el gobierno “anticasta” utiliza el Estado para negocios privados y corrupción. La AACI está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Se trata de una contratación directa, sin licitación pública, para dictar 594 horas de cursos de inglés a 132 agentes del servicio exterior, a un costo cercano a 192 mil pesos por hora cátedra. Es decir, cinco veces más de lo que cobra una o un docente en CABA, o el equivalente a un salario mensual de ayudante de primera de la universidad pública por diez horas semanales.

Este hecho fue denunciado penalmente por presunto tráfico de influencias y defraudación a la administración pública. La presentación judicial incluye además otros contratos por más de 720 millones de pesos en alquileres oficiales bajo la órbita del propio Sturzenegger, destinados a oficinas y cocheras de su ministerio.

Estos casos desenmascaran sin vueltas a uno de los principales ideólogos de la reforma laboral esclavista, de los despidos masivos en el Estado y del festival de desregulaciones al servicio de los grandes empresarios impulsado por Javier Milei. Mientras hablan de “libertad” y aplican ajuste contra el pueblo trabajador, utilizan el aparato estatal para garantizar sus negocios privados y reproducir la corrupción estructural del sistema capitalista.

Escribe Julieta “Mechón” Ocampo
Diputada provincial Izquierda Socialista/FIT U

El Gobierno de Rolando Figueroa avanza, en acuerdo con YPF, en el saqueo y la contaminación del Lago los Barreales mediante el proyecto de Desarrollo Integral Actividad Bloque LANOR II 2026–2027 – Área de Concesión Loma La Lata. Autorizó que se realicen 56 pozos de hidro-fractura para extraer petróleo y gas en las proximidades del lago.  Para cumplir con el requisito legal, el gobierno convocó a una audiencia el jueves 5 de febrero, audiencia que por su carácter público permitió que nos inscribiéramos, para exponer, a varios que nos oponemos al fracking y más en esa zona de alto riesgo de contaminación del agua. Así estábamos anotados abogados, técnicos y militantes antifracking.

Angélica Lagunas acompañando el reclamo

Desde Ambiente en Lucha, junto con comunidades mapuches afectadas, vecinos y vecinas, la Campaña Salvemos el Mari Menuco y organizaciones ambientalistas marchamos a participar de la audiencia, que se realizaba en el Hotel Sol de Añelo (ciudad cabecera de Vaca Muerta). Al llegar, encontramos el hotel completamente vallado y con policías que impedían nuestro ingreso. Esta audiencia, que estaba programada como pública, terminó siendo privada para los ejecutivos de YPF y los funcionarios de Figueroa.

Una audiencia ilegítima e ilegal

Fue convocada en diciembre, pero los anexos de los estudios de impacto ambiental fueron publicados recién el 1° de febrero, solo cuatro días antes de la audiencia, dando lugar al primer acto de ilegalidad, ya que la información debía estar disponible una vez lanzada la convocatoria. En la comparación entre el estudio principal y los anexos surgen inconsistencias graves que muestran que la contaminación venidera se hará a conciencia, se habla de zonas de sacrificio, actividades con riesgo relevante y la posibilidad real de que los derrames lleguen al embalse contaminando el lago y el río Neuquén.  En segundo lugar, el Gobierno no cumplió con la Consulta Libre Previa e informada con las comunidades mapuche de la zona, a las cuales se les proyecta invadir con pozos de petróleo.

Las exposiciones estaban programadas para dar inicio a las 11hs. Cuando llegamos nos encontramos con el Hotel vallado y una centena de policías cuidando los intereses de las petroleras. Las autoridades comenzaron la audiencia sin que todos los expositores estuviéramos en el recinto, aun cuando habíamos cumplido con todos los requisitos de inscripción. Nos informaron que la organización del evento había perdido las planillas con nuestros nombres; y encima nos mostraron una planilla con los nombres manuscritos de los expositores por YPF y sin los datos personales que se nos exigieron a quienes nos oponemos al proyecto.

Al cabo de un tiempo, luego de que todos los expositores de YPF habían hablado sin que pudiésemos escucharlos,  nos informaron que podríamos ingresar únicamente los diputados provinciales presentes, pero dejando afuera a todo el resto de compañeros inscriptos. Un verdadero atropello, que rechazamos. 

Por ley, estas audiencias deben ser públicas, filmadas y transmitidas, ninguno de estos pasos se cumplió. La Secretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi y el Secretario de Ambiente de la Provincia, Hipolito Salvatori, fueron las marionetas que llevaron adelante todo este bochornoso procedimiento.

Julieta "Mechón" Ocampo junto a la comunidad Mapuche

¿Y ahora qué?

Pasada esta audiencia trucha, creemos que es importante plantear a futuro una conclusión clara, que el gobierno de Figueroa irá a fondo para profundizar su plan de saqueo, porque gobierna para las petroleras con el acuerdo y el impulso del gobierno nacional de Milei. Por ello, es que quienes nos reivindicamos ambientalistas, o estamos preocupados por este avance contaminante, debemos profundizar la coordinación y la lucha en defensa del agua, coordinando junto a la Campaña Salvemos al Mari Menuco las acciones de lucha en las calles, exigiendo la nulidad de esta audiencia trucha, que pretende avanzar sobre la agua que consumimos en todo el Valle, ya que los lagos Barreales y Mari Menuco son gigantes tanques de donde se extrae el agua que se potabiliza para el consumo de unos 700.000 habitantes.

Solo en unidad podremos derrotar a las multinacionales petroleras y a los gobiernos responsables de la contaminación y el saqueo.