Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente Milei miente alevosamente cuando proclama que ha sacado “millones” de argentinos de la pobreza. “Jugando” con la estadística y aprovechando que se utilizan canastas de pobreza absolutamente desactualizadas, busca esconder la realidad: el crecimiento de la miseria y la marginación social.

Hay un video que se ha hecho viral. En él, el presidente Javier Milei afirma: “sacamos de la pobreza a 8 millones de personas”, para decir, apenas una semana después, “sacamos 9 millones de la pobreza”, y así continúa, con diferencia de días, aumentando el número: “sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos”, luego “a 11 millones”, y pocos días después se entusiasma y dice “a 12 millones”, “a 13 millones”, “a 14”, para terminar sosteniendo “sacamos de la pobreza a 15 millones de argentinos”.  

Es evidente que la mentira no puede ser más grande. Ahora el gobierno ultraderechista aprovecha para apoyarse en un dato oficial del Indec: los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo semestre de 2025. Según este indicador, el porcentaje de pobreza dio, a esa fecha, 28,2%. Menos que en el primer semestre (31,6%) y también menos que hace un año atrás (38,1%). Es más, se sostiene que es el nivel más bajo en siete años.

Demás está decir hasta dónde “exprimirá” este número el gobierno de La Libertad Avanza. Lo necesita como el oxígeno para tapar escándalos como el de Adorni o $LIBRA, sin hablar de la bronca creciente por la inflación, los despidos, los cierres en todo el país (como el de FATE) o el conflicto universitario.

Por supuesto, la manipulación de las estadísticas tienen patas cortas. Sobre todo cuando se contradice flagrantemente con la realidad. ¿Realmente podemos encontrar sectores amplios de la clase trabajadora, o en los barrios populares, o incluso en la muy golpeada clase media, que “sienta” en su vida cotidiana que está mejor que hace seis meses, o hace un año?

Esto no se compatibiliza, sin duda, con la realidad de salarios y jubilaciones pulverizados, perdiendo por goleada y sistemáticamente, mes a mes, contra una inflación que crece sin parar desde mayo pasado. Mucho menos con el dato, totalmente corroborado por informes privados y públicos, de que cerraron 22.000 empresas desde que comenzó este gobierno y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. O con la realidad de un crecimiento astronómico del trabajo precarizado, semi-esclavo, de las plataformas de aplicaciones, a que cada vez recurre más gente por menos plata para tratar de conseguir algún ingreso. Más técnicamente, tenemos la caída en picada del consumo masivo, chequeado por todas las consultoras que siguen ese rubro. O de la recaudación de impuestos como el IVA, dato macroeconómico que refleja la recesión. 

A esto le podemos sumar el drama del endeudamiento popular. Son millones los que, no alcanzando sus ingresos, pasaron el año pasado a comprar comida con tarjetas de crédito, que este año no pueden pagarla. Recurriendo primero a créditos para cubrirlas y luego, directamente cayendo en mora. Es récord absoluto los créditos morosos tanto en el sistema bancario, como en las Fintech (Mercado Pago, Tarjeta Naranja), e incluso en las tarjetas de supermercados o casas de electrodomésticos. 

Podemos seguir acumulando pruebas. Se conoció que ya se transformó en costumbre de millones de ocupados “saltarse el almuerzo”, o la postal, que ya conocemos casi desde el comienzo del gobierno de Milei, de los que no les queda otra que “saltar” molinetes porque no pueden pagar las tarifas de transporte. 

¿Cómo es posible que, con toda esta realidad, sin embargo aparece un número que insiste en que la pobreza “bajó”? El secreto técnico está en que se sigue utilizando una canasta de bienes para componer la Canasta Básica Total (que establece la línea debajo de la cual se es pobre), totalmente desactualizada. Es la misma que se utiliza para el Índice de Precios al Consumidor. Al tener más de veinte años de antigüedad, pondera proporcionalmente los servicios. De tal manera, cuando cualquier trabajador o trabajadora sabe que, al cabo de pagar la luz, el gas, el agua, la boleta de internet, la SUBE, las expensas y ni que hablemos si tiene que abonar alquiler, no le queda prácticamente nada, todo eso es en porcentaje un monto menor de la canasta del Indec. Para que quede claro, los tarifazos inciden muy poco en dicha canasta. 

En términos concretos de números, una familia tipo (cuatro integrantes, dos adultos y dos menores) que supere el 1.300.000 pesos ya no era considerada pobre a diciembre del año pasado, según esta medición. 

Por supuesto que toda mentira tiene patas cortas. El desastre económico de los últimos meses es tal que, aún con esta forma de cálculo ultra-acotada ya los tres primeros meses de 2026 muestran que la pobreza volvió a subir. 

Javier Milei seguirá jugando con su discurso. No se lo cree nadie. El pueblo trabajador sabe que no le queda otra que continuar luchando por salario y jubilaciones dignas, contra los despidos, y por plata para educación, salud, vivienda y ciencia y técnica. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando a la CGT que rompa su escandaloso pacto con el gobierno y llame a paro y plan de lucha. Y también decimos que hay que terminar con el plan motosierra de Milei, que también aplican los gobernadores peronistas. Necesitamos un plan económico alternativo, obrero y popular que deje de pagar la deuda externa, rompa con el FMI y ponga todos los recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Estado argentino ganó, en segunda instancia, la causa por la expropiación de YPF que llevaba adelante el fondo buitre Burford. Javier Milei, que siempre estuvo en contra de la estatización y jugaba abiertamente a favor de los buitres, increíblemente se atribuyó el triunfo. El peronismo kirchnerista no queda libre de responsabilidades, ya que había sido quien dio entrada a YPF al Grupo Petersen de Eskenazi, lo que dio origen al juicio.

Empecemos por lo más importante: desde la izquierda siempre planteamos que el petróleo y el gas, recursos estratégicos, deben estar en manos del Estado, por medio de empresas públicas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios. Desde esa perspectiva, apoyamos en su momento la estatización parcial de YPF realizada en 2012, por el gobierno de Cristina Fernández, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Cuestionamos entonces que la estatización haya sido parcial, por sólo el 51% de las acciones (las que pertenecían a la multinacional española Repsol), y que, en vez de crearse una sociedad del estado se siguiera con la forma jurídica de sociedad anónima. 

Criticamos también los 6.000 millones de dólares pagados a Repsol, hecho realizado después de que el propio Kicillof dijera que “no había que pagarle un peso, por el desastre ambiental que nos dejan”. 

Y, por supuesto, repudiamos el intento del fondo buitre Burford de robar a nuestro país, con la escandalosa complicidad de la justicia estadounidense, que había llegado a fallar en primera instancia contra nuestro país, reclamando 16.000 millones de dólares más intereses (lo que al día de hoy sumaba un total de 18.000 millones). 

El actual presidente ultraderechista Javier Milei siempre estuvo en contra de la estatización, defendió los argumentos de los buitres a lo largo de todo el juicio, e incluso puso a abogados de Burford como funcionarios cuando llegó al gobierno. Desde que comenzó su mandato, venía conversando con el fondo buitre para pagarle el fallo. Lo único que estaba en discusión, para Milei, era cómo llevar adelante el “plan de pagos”. Reconoció y legalizó una estafa, como en el resto de la deuda externa argentina (de hecho los 18.000 millones de Burford se sumaban a los más de 500.000 que “debía” la Argentina). 

El discurso de Milei

Escandaloso. Cínico. No caben otras palabras. Milei se lanzó a festejar como si de él dependiera el triunfo en este fallo de segunda instancia, cuando su gobierno jugaba exactamente para lo contrario. 

Peor aún. El estudio de abogados que defendía la causa argentina (los únicos que, desde el comienzo del juicio, tuvieron una estrategia coherente para ganar el litigio, por cierto que cobrando jugosamente por ello) habían insistido al gobierno de Milei que no hiciera declaraciones que pudiera ser utilizadas como argumentos en contra (Burford podría, eventualmente, elevar la causa a una tercera instancia, en la Corte Suprema yanqui). Pero el presidente, en forma totalmente irresponsable, hizo exactamente lo contrario: mientras “festejaba” el fallo, aprovechó para criticar la estatización, utilizando los mismos argumentos que el fondo buitre. Parecía que estaba refutando los argumentos del fallo en vez de apoyarlo. Por supuesto, lo hacía a la vez que insultaba a Kicillof y decía que toda expropiación es un robo. 

Las responsabilidades del peronismo kirchnerista

Cristina Fernández y Axel Kicillof también festejaron el fallo y se adjudicaron el triunfo. Vamos por partes. Ya hemos explicado que estuvimos a favor de expropiar Repsol y de la reestatización. Pero tenemos que precisar la historia. 

Primero. YPF fue privatizada en 1992, en una votación donde uno de los más entusiastas fue el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Él puso el avión de la gobernación provincial para que se lograra el quórum. El miembro informante del peronismo menemista en el Senado fue Oscar Parrilli, luego secretario general y mano derecha de Cristina Fernández durante su presidencia. Y la provincia de Santa Cruz recibió por la privatización más de 500 millones de dólares, que fueron depositados en el exterior y cuyo destino final siempre se desconoció. 

Luego de 2003, ya con Repsol a cargo de la YPF privatizada, los gobiernos kirchneristas dejaron que la multinacional española siguiera adelante con el saqueo, que consistía en extraer todo el petróleo y gas posible y no realizar ninguna inversión en los pozos ni hacer prospección. Así, año a año, fueron cayendo las reservas, hasta que, después de 2010, ya la extracción ni siquiera alcanzaba para el consumo interno, debiendo recurrirse a la importación de ambos combustibles. 

En 2008, el peronismo kirchnerista, bajo el doble discurso de la “argentinización” de YPF, hizo ingresar a la empresa al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner desde la privatización del Banco de Santa Cruz. 

La forma fue escandalosa. Se le otorgaron gratis el 25% de las acciones de la empresa. Eskenazi se comprometió a ir pagando a medida que cobrara las ganancias de la empresa. 

En noviembre de 2011 se descubrió Vaca Muerta. Repsol, que quería vender todo e irse, se negó a avanzar con la prospección del área. Ese fue el motivo final que llevó a la expropiación. Que se realizó, como explicamos más arriba, abonando a la multinacional española 6.000 millones de dólares. 

El kirchnerismo puso al frente de la nueva YPF al empresario Miguel Galuccio (el actual dueño de Vista Energy), quien comenzó inmediatamente las negociaciones para desarrollar el fracking en Vaca Muerta, firmando un acuerdo secreto con la petrolera estadounidense Chevron. Así comenzó una política que fue sostenida, sin fisuras, por todos los gobiernos desde ese momento: Cristina (2012-2015), Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y actualmente Milei: el saqueo vía fracking por medio de acuerdos entre YPF y el resto de los monopolios del sector (Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Shell, Pampa Energía). Este es el verdadero motivo del mameluco de YPF que gusta usar Milei. 

El juicio en Estados Unidos

Los Eskenazi se declararon en quiebra e iniciaron un juicio al estado argentino por no haber recibido ellos también oferta de compra por sus acciones de YPF (que, recordemos, los Kirchner se las habían dado gratis). Pero como no podían ni siquiera pagar el litigio, le vendieron los derechos del juicio al fondo buitre Burford Capital, por 10 millones de dólares.

Este fondo llevó la demanda al Tribunal de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Increíblemente, esta jueza aceptó un litigio que correspondía a la justicia argentina y falló en 2023 contra del país, planteando que se le debía pagar a Burford la suma de 16.000 millones de dólares más intereses. Eso hoy sumado es 18.000 millones, tres veces más de lo que se le pagó a Repsol. Encima, se llegó a plantear que, de no realizarse el pago, el fondo buitre podría quedarse con YPF. Un fallo escandaloso, de una concepción imperialista pocas veces vista.

El fallo era tan insostenible que la propia Corte de Apelaciones de Nueva York le terminó dando la razón a la Argentina, revirtiendo lo decidido por Preska. Este fue el fallo que se conoció el viernes 27. Queda la posibilidad de una última instancia, si Burford lleva el caso ante la Corte Suprema yanqui. 

Conclusión: se ganó con todo en contra

Fue como ganar un partido de visitante, con referí en contra y directores técnicos y presidentes del club vendidos. El equipo de abogados de Sullivan & Cromwell, con Robert Giuffra Jr. a la cabeza, logró este triunfo, no por patriotismo hacia nuestro país, sino por su propio prestigio jurídico (son abogados de altísimo perfil técnico que cobran 1.800 dólares la hora de trabajo). Mientras tanto, Milei y su equipo, incluyendo la procuración del Tesoro, con Castro Videla a la cabeza (abogado del propio fondo Burford), jugaba en contra. Y el kirchnerismo había sido responsable de dejar “picando” el regalo de los Eskenazi. 

Nos encontramos con una postal de todo lo que está mal. De adónde nos lleva el saqueo con el que están comprometidos todos los partidos patronales de nuestro país. 

Por eso, debemos volver a insistir. La posición de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad ante estos recursos estratégicos, como el gas y el petróleo, es la estatización total, rescindiendo absolutamente todos los contratos con las distintas empresas. Y la creación de una YPF 100% estatal, que centralice todo el negocio desde la exploración, pasando por la extracción, transporte en oleoductos, refinado y llegando a la comercialización en las estaciones de servicio. Y, al mismo tiempo, creando una gran Gas del Estado, que haga lo mismo con el negocio gasífero. Estas empresas deben estar administradas por sus trabajadoras y trabajadores y técnicos, con participación de las comunidades donde se realizan los trabajos para verificar que no se producen daños ambientales. 

Al mismo tiempo, la Argentina debe renunciar a los Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por el peronismo menemista, y mantenidos por todos los gobiernos posteriores e irse del Ciadi, ya que esto habilita a que los eventuales juicios se terminen dirimiendo en tribunales internacionales. Esta vez zafamos, pero hay montones de juicios contra la Argentina donde los tribunales yanquis fallan sistemáticamente contra nosotros, como es obvio. 

El gas y el petróleo, recursos estratégicos, deben estar gestionados por empresas estatales y al servicio del desarrollo productivo, con tarifas locales accesibles y no, como ahora, para las superganancias de las transnacionales.

El 24 de marzo se dio una movilización histórica. Más de un millón de manifestantes en todo el país salieron no sólo a repudiar a la dictadura genocida, sino también al negacionismo del gobierno ultraderechista de Javier Milei y sus políticas de superajuste contra el pueblo trabajador y sectores populares.

Todas y todos salían de los distintos actos y manifestaciones fuertemente entusiasmados. El gobierno fracasó en instalar un nuevo capítulo de su “batalla cultural” negacionista. Ni siquiera logró impacto con el nuevo video provocador, que pasó sin pena ni gloria. Lo que predominó a lo largo de toda la jornada fue lo que ya se venía gestando en los días previos: la combinación entre el repudio democrático al golpe genocida cívico-militar y la bronca creciente contra un gobierno negacionista, corrupto y ajustador.

Todo esto se dio en un contexto de creciente malestar,  cae la imagen de Milei y se reducen las expectativas en el gobierno, especialmente entre sectores del pueblo trabajador que lo habían votado. Esto responde tanto a las consecuencias de un superajuste que profundiza la miseria como a lo nuevo, el estallido de los escándalos de corrupción, primero con Manuel Adorni y luego con las nuevas revelaciones del caso $LIBRA.

El gobierno venía envalentonado tras las elecciones y había logrado avanzar con la reforma laboral. Sin embargo, la realidad (y en particular el bolsillo) desmoronó rápidamente el discurso de que eso generaría empleo. Lo mismo ocurre con la inflación, una de las principales promesas de Milei.
No ocurrió ninguna de las dos cosas. Continuaron los cierres de empresas y el crecimiento del desempleo. En cuanto a la inflación, febrero marcó 2,9%, igual que enero, y marzo se perfila peor. El primer trimestre cerraría con más de un 9% acumulado, muy lejos de la “inflación cero”. Por el contrario, hace meses que el índice de precios no deja de subir.

En este escenario llegamos al 24 de marzo, a 50 años del golpe genocida, donde el gobierno volvió a fracasar en su intento de instalar su narrativa negacionista. Lo que prevaleció fue la movilización masiva y el rechazo tanto a la dictadura como a las políticas actuales.

¿Cómo seguimos? Esa es la pregunta que se hacen quienes participaron de las marchas.

Sin duda, hay que aprovechar la fuerza de la movilización para continuar en las calles. Hay múltiples luchas abiertas, la de FATE, la defensa de la educación pública (con docentes universitarios avanzando hacia un plan de lucha, incluso con paros por tiempo indeterminado en algunas facultades), el reclamo por una nueva marcha federal, las luchas docentes en distintas provincias, la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la defensa de la Ley de Glaciares y la pelea semanal de las y los jubilados.

El camino es claro: hay que seguir luchando en las calles. Por eso insistimos en exigir a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque, junto a las CTA, a un paro general con un plan de lucha por aumento de salarios y jubilaciones y contra los despidos.

Al mismo tiempo, crece el interrogante sobre la salida política.

El 24 de marzo dejó señales claras, se coreó que la deuda no se paga, se reafirmó que “no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos”, se denunció a los responsables del ajuste y se defendieron derechos como el acceso al agua. También se reclamó con fuerza un paro nacional.
El peronismo, responsable de haber allanado el camino al gobierno de Milei tras el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, y que tampoco enfrentó el ajuste, intenta reubicarse impulsando la “unidad” de todos sus sectores: desde Miguel Ángel Pichetto hasta Massa, pasando por Cristina y Axel Kicillof. Incluso se habla de un frente que podría incluir sectores del PRO y, según algunos, hasta a Victoria Villarruel.

¿Qué programa puede surgir de ese armado? Ninguno favorable para la clase trabajadora. No es ese el programa que se expresó en las calles el 24 de marzo. Ese contenido sí coincide con lo que plantea la izquierda.

Por eso sostenemos que hay un espacio que debemos disputar, como lo hacemos desde el Frente de Izquierda Unidad y de Izquierda Socialista.

Insistimos, el peronismo no es salida. Así como defendemos la unidad en las calles para enfrentar a Milei, también afirmamos que la única alternativa política es el Frente de Izquierda Unidad. Somos quienes proponemos un programa opuesto al actual, basado en dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y destinar esos recursos a resolver las necesidades urgentes del pueblo trabajador.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Izquierda Socialista/FIT Unidad 
 
El 24M fue multitudinario, histórico y esta vez unitario. Cientos de miles ganamos las calles y las plazas del país. Fue un contundente, claro y merecido repudio a las políticas ultraderechistas, negacionistas, de brutal ajuste y represivas del facho Milei. Y una prueba contundente de que el pueblo no olvida ni perdona, aunque pasen los años, y que seguirá dando pelea contra la impunidad de ayer y de hoy y el siniestro plan motosierra.
 
Una vez más, como todos los 24 de marzo, se movilizaron varias generaciones. Las que vienen de los años ‘70 entre familiares de las víctimas y sobrevivientes que militaron valientemente bajo las Triple A de Perón e Isabelita y enfrentaron a la dictadura; quienes nos movilizamos contra la impunidad de todos los gobiernos capitalistas pos caída de la dictadura; y las nuevas generaciones que se incorporan cada año, la juventud, las adolescencias, incluidas niñas y niños y hasta bebés llevados en brazos por sus padres.

A 50 años del golpe los contingentes se multiplicaron, militancia, partidos, sindicatos, distintos colectivos, personalidades, hinchadas de fútbol, entre un largo etcétera. La Plaza de Mayo se llenó varias veces. La gente llegaba hasta la 9 Julio, colmando las diagonales y calles aledañas. Los organizadores hablan de un millón de personas en el acto central en CABA, al que hay que sumar los cientos de miles que marcharon en las distintas provincias (ver "Multitudinarias marchas en el interior del país").
 
Milei, el gran derrotado

El gobierno de Milei fue el gran derrotado de la jornada. Su discurso no entró. Rebotó una vez más. Detrás de su “batalla cultural” por la denominada “memoria completa”, está la defensa de la dictadura y sus crímenes atroces y el intento de salvar a los milicos asesinos y a sus cómplices civiles. Esto es lo que se palpa.

El nuevo video al que nos tiene acostumbrado el gobierno en los 24, fracasó. Apenas conocido, denunciamos ese bodrio de una hora y 14 minutos con el intento de confundir y evitar una concurrencia masiva. Logró el efecto contrario. Fue tan burdo, que hasta eligió el relato de una nieta recuperada donde precisamente muestra el horror de las y los niños apropiados en dictadura, donde encima su apropiador está preso con cadena perpetua por hechos aberrantes. Una señora decía precisamente: “el gobierno cree que con un video va a borrar 50 años de lucha”. No pudieron en dictadura, no podrán ahora.
 
Logramos un acto unitario

Este año se logró un acto unitario, con un solo documento, consensuado entre el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), del cual nuestro partido forma parte, y la Mesa de Organismos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) consideramos que era correcto a 50 años del golpe enfrentar con la mayor unidad posible a este gobierno ultraderechista. Es lo que corresponde. Lamentablemente PO y PTS no se sumaron, haciendo su propio acto (ver polémica en "PO y PTS fracasaron en boicotear la unidad").
En el escenario central de espaldas a la Casa Rosada, subieron las luchas en curso, entre ellas representantes de las y los jubilados, trabajadores de FATE con su secretario general, del Garrahan, la docencia universitaria, en defensa del agua y la Ley de Glaciares, entre tantas otras. Fue una explosión de alegría ver a Pablo Grillo en el palco sacando fotos a la multitud.

La lectura del documento fue interrumpida varias veces por la multitud (ver "El documento unitario"). Hubo masivos chiflidos cuando se mencionaba a Milei, se denunció la complicidad de los gobernadores y a las centrales sindicales por la falta de un plan de lucha, al grito ¡Paro, paro, paro, paro general! Y fuertes aplausos cuando se dijo que hay que dejar de pagar la deuda externa; se condenó la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y al genocidio en Gaza; y se vociferó por Palestina Libre. Mientras permanentemente se levantaban las fotos de las y los desaparecidos, entre ellas las de nuestras compañeras y compañeros del glorioso PST, que dieron la vida por una Argentina y un mundo socialista.  
  
El masivo 24M alienta la pelea por derrotar el plan motosierra

Está claro que este 24M fue más fuerte porque se coló el gran malestar popular que hay contra el plan motosierra de Milei que solo genera despidos, desocupación, inflación, caída salarial, como parte de un gobierno sacudido por una tremenda corrupción. Las encuestas muestran el crecimiento de la imagen negativa del presidente y que parte de sus propios votantes reprueban sus políticas nefastas.

Hay que aprovechar el envión que nos dio este masivo 24M para fortalecer cada reclamo cotidiano, en el camino de seguir bregando por la mayor unidad obrera y popular, exigiendo un paro y plan de lucha nacional a la CGT y las CTA, para derrotar el plan motosierra de Milei y los gobernadores en beneficio de los grandes empresarios, Trump, Estados Unidos y el FMI.  

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Por tercer año consecutivo Milei lanzó un video del 24 de Marzo bajo el lema de “memoria completa”. Desde la cuenta oficial de la Casa Rosada, presentó a la dictadura de 1976 como un régimen “cívico-militar” y a la lucha contra la impunidad contra un “relato” de cuál se benefició el kirchnerismo. Con un video de una duración de una hora y 14 minutos, la estrategía comunicacional se basa en dos testimonios: el de Miriam Fernández, la nieta recuperada 127 por Abuelas de Plaza de Mayo y el de Arturo Larraburu, hijo de un militar que trabajó en Fábricas Militares que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En más de 74 minutos no se menciona a las y los 30 mil ni se presentan los hechos más oscuros de nuestra historia como consecuencia del terrorismo de estado. Para finalizar, llamó a “dar vuelta la página” y a la “reconciliación” con los milicos asesinos. Un video negacionista del genocidio de la última dictadura militar.

La insistencia del gobierno de Milei en hablar de “memoria completa” es la presentación del relato de los genocidas para su propia defensa. Esta narrativa no busca “completar la memoria”, sino relativizar el genocidio, erosionar el #NuncaMás, y poner en duda nuestra historia. Su objetivo es negar el terrorismo de Estado, invocando una “guerra” e intentando equipar las acciones de la guerrilla con el plan de la dictadura de desaparición, tortura y exterminio de una vanguardia obrera y popular que buscaba transformar el sistema capitalista. 

Al revés de lo que dice el gobierno, las sentencias judiciales, los archivos desclasificados y el trabajo incansable de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo y a la lucha de décadas del movimiento de derechos humanos no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. Fue, por ejemplo, gracias a Abuelas de Plaza de Mayo y al Banco de datos genéticos (organismo atacado por este gobierno) que en diciembre de 2017 Miriam Fernández supo quiénes eran sus padres biológicos: Carlos Simón Poblete y Maria del Carmen Moyano, ambos desaparecidos en 1977. Y fue por medio de las investigaciones judiciales que se comprobó que Amando Osvaldo Fernández (oficial de la policía durante la dictadura genocida) se apropió de Miriam y por lo que fue condenado a diez años de prisión por robo de identidad. 

Y si no llegamos a toda la verdad, es por el pacto de silencio de los genocidas, por eso en la Plaza de Mayo este 24 se gritaba ¡que digan dónde están! Frente a ello, reivindicamos el enorme trabajo del equipo de antropología forense que días atrás logró identificar doce cuerpos de detenidos-desaparecidos en La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de la provincia de Córdoba. Si aún no conocemos toda la verdad, es porque no se abrieron todos los archivos de la dictadura militar y porque nos faltan 300 nietas y nietos. Es porque a 50 años del inicio de la dictadura genocida sigue habiendo impunidad y cada paso que se dio, no fue concesión de ningún gobierno, sino producto de la lucha incansable del movimiento de derechos humanos. 

Lucha que este 24 mostró que, en el país del #NuncaMás, no hay lugar para el negacionismo de Milei. Que la pelea sigue contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el desmantelamiento de las políticas y organismos de derechos humanos, contra el intento de llamar a la reconciliación para abrir lugar a los indultos. En todo el país, el pueblo trabajador respondió con una movilización histórica, fuimos una marea de millones, llenamos las calles para decir bien fuerte: ni olvido, ni perdón, cárcel común y perpetúa para los genocidas y sus cómplices civiles. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.