Escribe Adolfo Santos

Con una gran movilización nacional, los movimientos sociales, apoyados por sectores sindicales y partidos de izquierda, realizaron una fuerte manifestación de repudio a la eliminación definitiva de casi un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Fue una respuesta a la política del gobierno ultraderechista de Javier Milei, que a partir de abril eliminó el pago de 78 mil pesos destinado a personas en situación de absoluta precariedad y que no reciben otros subsidios del Estado.

Por eso apoyamos este “piquetazo” nacional contra las políticas del plan motosierra del gobierno, que cuenta con la complicidad de los gobernadores y del FMI. No hay margen para que los sectores más vulnerables continúen siendo atacados por este plan de ajuste, que los empuja a la marginalidad. Acompañamos esta protesta en la perspectiva de que cada vez más sectores se sumen a la lucha contra las políticas de hambre, desocupación y sometimiento que impulsa el gobierno.

Miles de manifestantes expresaron este martes 7 el rechazo a esta medida. Las mayores repercusiones se dieron en el AMBA, con cortes en el Camino Negro, cerca del Puente de la Noria, en Puente Pueyrredón, en Puente Saavedra, en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en decenas de otros puntos del país.

En la intersección de Ruta 3 y General Paz, en La Matanza, nos encontramos con compañeros de Izquierda Socialista/FIT Unidad que participaban junto a la organización social Unión y Lucha Barrial. “Mientras los funcionarios de este gobierno corrupto viajan por todos lados y aumentan sus patrimonios, Milei nos retira el VAT y nos manda a reprimir, pero vamos a seguir unidos en esta lucha porque no tenemos otra salida”, señaló Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial. La unidad a la que hacía referencia incluía a compañeros del Polo Obrero, la UTEP, el MTR Cuba, la OLP y el Teresa Vive, entre otras organizaciones presentes en la protesta.

Por su parte, Olga Ortigoza, de Izquierda Socialista, dirigenta docente y concejala (mc) de La Matanza, expresó: “Rechazamos este ajuste del gobierno contra los sectores que más lo están sufriendo. Junto con el Volver al Trabajo, también cortaron el Programa Remediar, que distribuía unos 80 medicamentos a los sectores más necesitados. La única respuesta del gobierno nacional, con la colaboración de la Policía de la Ciudad, ha sido la represión. No van a conseguir amedrentarnos. Vamos a seguir luchando por trabajo genuino para todas y todos y exigimos que las organizaciones sindicales elaboren un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI”.

Escribe Guido Poletti

El gobierno ultraderechista de Javier Milei acumula una larga lista de agresiones contra las y los trabajadores de prensa y la libertad de acceso a la información en general. Viene sumando insultos, ataques físicos concretos (el más grave, el perpetrado contra el reportero gráfico Pablo Grillo, que casi le cuesta la vida) e innumerables episodios en los que se entorpece el libre acceso de los medios a los eventos oficiales.

Ahora, con la excusa de que se habría descubierto un supuesto “complot ruso” consistente en financiar noticias opositoras, el gobierno directamente suspendió el acceso a la Casa Rosada a las y los trabajadores de prensa de los medios que, según un informe de la SIDE, publicaron esas noticias. Esto incluye a los periodistas acreditados por El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero.

Es evidente que al gobierno de Milei le molestan las investigaciones o incluso los registros gráficos de sus actos de corrupción, represión o incoherencias en sus discursos. Lo refleja el propio presidente, que pasa horas insultando periodistas, mientras solo se presta a ser “entrevistado” por sus allegados. También lo muestra Manuel Adorni, que no pudo sostener las preguntas cuando intentó justificarse por sus actos de corrupción en una ronda ante esos mismos periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

Repudiamos este nuevo ataque a la libertad de prensa y al trabajo de las y los compañeros del sector. Nos solidarizamos con ellos y exigimos que se retrotraiga esta medida autoritaria, una más de este gobierno ultraderechista.
           

Escribe Rodolfo Sánchez, Investigador de CNEA-Conicet y referente de Izquierda Socialista Bariloche

A más de 50 años de las misiones Apolo que llevaron al hombre a pisar la Luna, Estados Unidos retoma los viajes espaciales para no perder la hegemonía y plantea como objetivo final concretar una base en la Luna y explorar la posible explotación de minerales como las costosas tierras raras. Argentina, con su ciencia y tecnología surgida de la universidad pública, es parte de este viaje espacial.

Esta semana despegó la misión Artemis II, cuyo monumental cohete transporta la nave espacial Orión, con cuatro tripulantes y cuatro satélites como carga secundaria. Uno es el microsatélite argentino Atenea, un cubo de 30x20x20 cm que estará a 70 mil kilómetros de la Tierra. El proyecto argentino fue seleccionado entre propuestas de 50 países, quedando junto a Alemania, Corea del Sur y Emiratos Árabes. Atenea estudiará blindajes de radiación espacial en componentes electrónicos y material biológico, validará sistemas de posicionamiento (GPS) y probará sensores de baja luminosidad. Es un satélite de tecnología nacional, producto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en conjunto con varias universidades nacionales (Universidad Nacional de La Plata - UNLP, Universidad Nacional de San Martín - Unsam, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires - Fiuba e Instituto Argentino de Radioastronomía - IAR), VENG S.A. y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esta última realizó la integración, puesta a punto y prueba de los paneles solares que le darán energía al satélite.

Desde 1995, el Departamento de Energía Solar de la CNEA viene integrando paneles solares en otros satélites y, recientemente, lo hizo en el satélite Sabia-Mar, próximo a ser lanzado y destinado a estudiar el mar argentino. Apenas una decena de países en el mundo puede construir satélites, y muchos menos son capaces de construir reactores nucleares. Argentina se especializó en pequeños reactores para investigación, producción de radioisótopos para medicina y fue pionera mundial en proyectar reactores modulares.

A pesar de estos logros, los científicos han recibido malos tratos. En 1994, el superministro Domingo Cavallo, del gobierno peronista de Carlos Menem, mandó a los científicos “a lavar los platos”. En 2015, Mauricio Macri dijo que “la actividad científica es un derroche, enviamos heladeras al espacio”.

Entrega y corrupción

Con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, el cuadro empeora y el vaciamiento del sector científico-tecnológico se profundiza. La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los bajos salarios y el ahogo presupuestario del sector de ciencia y técnica están haciendo estragos. Ya son miles las y los científicos expulsados del sistema y se eliminan proyectos de punta. Uno de los casos más escandalosos es el Proyecto Carem, de la CNEA, que construía el primer prototipo de un reactor modular de 32 MW en el predio de Atucha, una prueba para futuras centrales nucleares de potencia para producir electricidad. Se alcanzó a completar un 85% de la obra civil y gran parte del resto de los componentes.

Demian Reidel, amigo y consejero de Milei, fue a “vender” a empresarios estadounidenses el plan nuclear. Por esa razón, Milei lo puso al frente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Crearon una empresa privada, Meitner, con base en Estados Unidos, y patentaron un esquema de reactor similar, vaciando y abandonando el proyecto Carem. Además, se llevaron a científicos a la empresa privada con mejores salarios. Se trata de una entrega propia del saqueo que impulsa Milei. Reidel, quien dijo que “el único problema de Argentina es que está lleno de argentinos”, terminó siendo desplazado tras una licitación con sobreprecios del 140%.

Lo reemplazó Federico Ramos Nápoli en la Secretaría de Asuntos Nucleares, un abogado que ahora fue beneficiado con 220 millones de un crédito del Banco Nación. También privatizaron la empresa Impsa a capitales estadounidenses, una metalmecánica de gran escala encargada de fabricar la vasija de presión del reactor Carem, que ahora será vendida en acuerdo con la CNEA para reactores en Estados Unidos.

El malestar de las y los trabajadores de la CNEA crece junto con la organización y las protestas contra el nuevo presidente, Martín Porro, que se vio acorralado en Bariloche, en la sede central de Avenida del Libertador y en Constituyentes. A la entrega y el vaciamiento se suman salarios en niveles de pobreza y contratos que pasaron de renovación anual a tres meses. Cuando se le reclamó, Porro respondió a los científicos y al personal de apoyo en Bariloche que “si el sueldo no les alcanza, vayan a manejar un Uber después de la jornada”.

Uniendo las distintas reacciones de los científicos y del personal de apoyo puede surgir un plan de lucha conjunto en defensa de la ciencia y la tecnología públicas, los puestos de trabajo y el salario. Es una lucha que impulsamos y llamamos a organizar desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y desde los sectores combativos y la izquierda, donde exigimos a los gremios del sector y a la CGT y las CTA un plan de lucha para derrotar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente Milei miente alevosamente cuando proclama que ha sacado “millones” de argentinos de la pobreza. “Jugando” con la estadística y aprovechando que se utilizan canastas de pobreza absolutamente desactualizadas, busca esconder la realidad: el crecimiento de la miseria y la marginación social.

Hay un video que se ha hecho viral. En él, el presidente Javier Milei afirma: “sacamos de la pobreza a 8 millones de personas”, para decir, apenas una semana después, “sacamos 9 millones de la pobreza”, y así continúa, con diferencia de días, aumentando el número: “sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos”, luego “a 11 millones”, y pocos días después se entusiasma y dice “a 12 millones”, “a 13 millones”, “a 14”, para terminar sosteniendo “sacamos de la pobreza a 15 millones de argentinos”.  

Es evidente que la mentira no puede ser más grande. Ahora el gobierno ultraderechista aprovecha para apoyarse en un dato oficial del Indec: los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo semestre de 2025. Según este indicador, el porcentaje de pobreza dio, a esa fecha, 28,2%. Menos que en el primer semestre (31,6%) y también menos que hace un año atrás (38,1%). Es más, se sostiene que es el nivel más bajo en siete años.

Demás está decir hasta dónde “exprimirá” este número el gobierno de La Libertad Avanza. Lo necesita como el oxígeno para tapar escándalos como el de Adorni o $LIBRA, sin hablar de la bronca creciente por la inflación, los despidos, los cierres en todo el país (como el de FATE) o el conflicto universitario.

Por supuesto, la manipulación de las estadísticas tienen patas cortas. Sobre todo cuando se contradice flagrantemente con la realidad. ¿Realmente podemos encontrar sectores amplios de la clase trabajadora, o en los barrios populares, o incluso en la muy golpeada clase media, que “sienta” en su vida cotidiana que está mejor que hace seis meses, o hace un año?

Esto no se compatibiliza, sin duda, con la realidad de salarios y jubilaciones pulverizados, perdiendo por goleada y sistemáticamente, mes a mes, contra una inflación que crece sin parar desde mayo pasado. Mucho menos con el dato, totalmente corroborado por informes privados y públicos, de que cerraron 22.000 empresas desde que comenzó este gobierno y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. O con la realidad de un crecimiento astronómico del trabajo precarizado, semi-esclavo, de las plataformas de aplicaciones, a que cada vez recurre más gente por menos plata para tratar de conseguir algún ingreso. Más técnicamente, tenemos la caída en picada del consumo masivo, chequeado por todas las consultoras que siguen ese rubro. O de la recaudación de impuestos como el IVA, dato macroeconómico que refleja la recesión. 

A esto le podemos sumar el drama del endeudamiento popular. Son millones los que, no alcanzando sus ingresos, pasaron el año pasado a comprar comida con tarjetas de crédito, que este año no pueden pagarla. Recurriendo primero a créditos para cubrirlas y luego, directamente cayendo en mora. Es récord absoluto los créditos morosos tanto en el sistema bancario, como en las Fintech (Mercado Pago, Tarjeta Naranja), e incluso en las tarjetas de supermercados o casas de electrodomésticos. 

Podemos seguir acumulando pruebas. Se conoció que ya se transformó en costumbre de millones de ocupados “saltarse el almuerzo”, o la postal, que ya conocemos casi desde el comienzo del gobierno de Milei, de los que no les queda otra que “saltar” molinetes porque no pueden pagar las tarifas de transporte. 

¿Cómo es posible que, con toda esta realidad, sin embargo aparece un número que insiste en que la pobreza “bajó”? El secreto técnico está en que se sigue utilizando una canasta de bienes para componer la Canasta Básica Total (que establece la línea debajo de la cual se es pobre), totalmente desactualizada. Es la misma que se utiliza para el Índice de Precios al Consumidor. Al tener más de veinte años de antigüedad, pondera proporcionalmente los servicios. De tal manera, cuando cualquier trabajador o trabajadora sabe que, al cabo de pagar la luz, el gas, el agua, la boleta de internet, la SUBE, las expensas y ni que hablemos si tiene que abonar alquiler, no le queda prácticamente nada, todo eso es en porcentaje un monto menor de la canasta del Indec. Para que quede claro, los tarifazos inciden muy poco en dicha canasta. 

En términos concretos de números, una familia tipo (cuatro integrantes, dos adultos y dos menores) que supere el 1.300.000 pesos ya no era considerada pobre a diciembre del año pasado, según esta medición. 

Por supuesto que toda mentira tiene patas cortas. El desastre económico de los últimos meses es tal que, aún con esta forma de cálculo ultra-acotada ya los tres primeros meses de 2026 muestran que la pobreza volvió a subir. 

Javier Milei seguirá jugando con su discurso. No se lo cree nadie. El pueblo trabajador sabe que no le queda otra que continuar luchando por salario y jubilaciones dignas, contra los despidos, y por plata para educación, salud, vivienda y ciencia y técnica. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando a la CGT que rompa su escandaloso pacto con el gobierno y llame a paro y plan de lucha. Y también decimos que hay que terminar con el plan motosierra de Milei, que también aplican los gobernadores peronistas. Necesitamos un plan económico alternativo, obrero y popular que deje de pagar la deuda externa, rompa con el FMI y ponga todos los recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Estado argentino ganó, en segunda instancia, la causa por la expropiación de YPF que llevaba adelante el fondo buitre Burford. Javier Milei, que siempre estuvo en contra de la estatización y jugaba abiertamente a favor de los buitres, increíblemente se atribuyó el triunfo. El peronismo kirchnerista no queda libre de responsabilidades, ya que había sido quien dio entrada a YPF al Grupo Petersen de Eskenazi, lo que dio origen al juicio.

Empecemos por lo más importante: desde la izquierda siempre planteamos que el petróleo y el gas, recursos estratégicos, deben estar en manos del Estado, por medio de empresas públicas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios. Desde esa perspectiva, apoyamos en su momento la estatización parcial de YPF realizada en 2012, por el gobierno de Cristina Fernández, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Cuestionamos entonces que la estatización haya sido parcial, por sólo el 51% de las acciones (las que pertenecían a la multinacional española Repsol), y que, en vez de crearse una sociedad del estado se siguiera con la forma jurídica de sociedad anónima. 

Criticamos también los 6.000 millones de dólares pagados a Repsol, hecho realizado después de que el propio Kicillof dijera que “no había que pagarle un peso, por el desastre ambiental que nos dejan”. 

Y, por supuesto, repudiamos el intento del fondo buitre Burford de robar a nuestro país, con la escandalosa complicidad de la justicia estadounidense, que había llegado a fallar en primera instancia contra nuestro país, reclamando 16.000 millones de dólares más intereses (lo que al día de hoy sumaba un total de 18.000 millones). 

El actual presidente ultraderechista Javier Milei siempre estuvo en contra de la estatización, defendió los argumentos de los buitres a lo largo de todo el juicio, e incluso puso a abogados de Burford como funcionarios cuando llegó al gobierno. Desde que comenzó su mandato, venía conversando con el fondo buitre para pagarle el fallo. Lo único que estaba en discusión, para Milei, era cómo llevar adelante el “plan de pagos”. Reconoció y legalizó una estafa, como en el resto de la deuda externa argentina (de hecho los 18.000 millones de Burford se sumaban a los más de 500.000 que “debía” la Argentina). 

El discurso de Milei

Escandaloso. Cínico. No caben otras palabras. Milei se lanzó a festejar como si de él dependiera el triunfo en este fallo de segunda instancia, cuando su gobierno jugaba exactamente para lo contrario. 

Peor aún. El estudio de abogados que defendía la causa argentina (los únicos que, desde el comienzo del juicio, tuvieron una estrategia coherente para ganar el litigio, por cierto que cobrando jugosamente por ello) habían insistido al gobierno de Milei que no hiciera declaraciones que pudiera ser utilizadas como argumentos en contra (Burford podría, eventualmente, elevar la causa a una tercera instancia, en la Corte Suprema yanqui). Pero el presidente, en forma totalmente irresponsable, hizo exactamente lo contrario: mientras “festejaba” el fallo, aprovechó para criticar la estatización, utilizando los mismos argumentos que el fondo buitre. Parecía que estaba refutando los argumentos del fallo en vez de apoyarlo. Por supuesto, lo hacía a la vez que insultaba a Kicillof y decía que toda expropiación es un robo. 

Las responsabilidades del peronismo kirchnerista

Cristina Fernández y Axel Kicillof también festejaron el fallo y se adjudicaron el triunfo. Vamos por partes. Ya hemos explicado que estuvimos a favor de expropiar Repsol y de la reestatización. Pero tenemos que precisar la historia. 

Primero. YPF fue privatizada en 1992, en una votación donde uno de los más entusiastas fue el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Él puso el avión de la gobernación provincial para que se lograra el quórum. El miembro informante del peronismo menemista en el Senado fue Oscar Parrilli, luego secretario general y mano derecha de Cristina Fernández durante su presidencia. Y la provincia de Santa Cruz recibió por la privatización más de 500 millones de dólares, que fueron depositados en el exterior y cuyo destino final siempre se desconoció. 

Luego de 2003, ya con Repsol a cargo de la YPF privatizada, los gobiernos kirchneristas dejaron que la multinacional española siguiera adelante con el saqueo, que consistía en extraer todo el petróleo y gas posible y no realizar ninguna inversión en los pozos ni hacer prospección. Así, año a año, fueron cayendo las reservas, hasta que, después de 2010, ya la extracción ni siquiera alcanzaba para el consumo interno, debiendo recurrirse a la importación de ambos combustibles. 

En 2008, el peronismo kirchnerista, bajo el doble discurso de la “argentinización” de YPF, hizo ingresar a la empresa al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner desde la privatización del Banco de Santa Cruz. 

La forma fue escandalosa. Se le otorgaron gratis el 25% de las acciones de la empresa. Eskenazi se comprometió a ir pagando a medida que cobrara las ganancias de la empresa. 

En noviembre de 2011 se descubrió Vaca Muerta. Repsol, que quería vender todo e irse, se negó a avanzar con la prospección del área. Ese fue el motivo final que llevó a la expropiación. Que se realizó, como explicamos más arriba, abonando a la multinacional española 6.000 millones de dólares. 

El kirchnerismo puso al frente de la nueva YPF al empresario Miguel Galuccio (el actual dueño de Vista Energy), quien comenzó inmediatamente las negociaciones para desarrollar el fracking en Vaca Muerta, firmando un acuerdo secreto con la petrolera estadounidense Chevron. Así comenzó una política que fue sostenida, sin fisuras, por todos los gobiernos desde ese momento: Cristina (2012-2015), Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y actualmente Milei: el saqueo vía fracking por medio de acuerdos entre YPF y el resto de los monopolios del sector (Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Shell, Pampa Energía). Este es el verdadero motivo del mameluco de YPF que gusta usar Milei. 

El juicio en Estados Unidos

Los Eskenazi se declararon en quiebra e iniciaron un juicio al estado argentino por no haber recibido ellos también oferta de compra por sus acciones de YPF (que, recordemos, los Kirchner se las habían dado gratis). Pero como no podían ni siquiera pagar el litigio, le vendieron los derechos del juicio al fondo buitre Burford Capital, por 10 millones de dólares.

Este fondo llevó la demanda al Tribunal de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Increíblemente, esta jueza aceptó un litigio que correspondía a la justicia argentina y falló en 2023 contra del país, planteando que se le debía pagar a Burford la suma de 16.000 millones de dólares más intereses. Eso hoy sumado es 18.000 millones, tres veces más de lo que se le pagó a Repsol. Encima, se llegó a plantear que, de no realizarse el pago, el fondo buitre podría quedarse con YPF. Un fallo escandaloso, de una concepción imperialista pocas veces vista.

El fallo era tan insostenible que la propia Corte de Apelaciones de Nueva York le terminó dando la razón a la Argentina, revirtiendo lo decidido por Preska. Este fue el fallo que se conoció el viernes 27. Queda la posibilidad de una última instancia, si Burford lleva el caso ante la Corte Suprema yanqui. 

Conclusión: se ganó con todo en contra

Fue como ganar un partido de visitante, con referí en contra y directores técnicos y presidentes del club vendidos. El equipo de abogados de Sullivan & Cromwell, con Robert Giuffra Jr. a la cabeza, logró este triunfo, no por patriotismo hacia nuestro país, sino por su propio prestigio jurídico (son abogados de altísimo perfil técnico que cobran 1.800 dólares la hora de trabajo). Mientras tanto, Milei y su equipo, incluyendo la procuración del Tesoro, con Castro Videla a la cabeza (abogado del propio fondo Burford), jugaba en contra. Y el kirchnerismo había sido responsable de dejar “picando” el regalo de los Eskenazi. 

Nos encontramos con una postal de todo lo que está mal. De adónde nos lleva el saqueo con el que están comprometidos todos los partidos patronales de nuestro país. 

Por eso, debemos volver a insistir. La posición de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad ante estos recursos estratégicos, como el gas y el petróleo, es la estatización total, rescindiendo absolutamente todos los contratos con las distintas empresas. Y la creación de una YPF 100% estatal, que centralice todo el negocio desde la exploración, pasando por la extracción, transporte en oleoductos, refinado y llegando a la comercialización en las estaciones de servicio. Y, al mismo tiempo, creando una gran Gas del Estado, que haga lo mismo con el negocio gasífero. Estas empresas deben estar administradas por sus trabajadoras y trabajadores y técnicos, con participación de las comunidades donde se realizan los trabajos para verificar que no se producen daños ambientales. 

Al mismo tiempo, la Argentina debe renunciar a los Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por el peronismo menemista, y mantenidos por todos los gobiernos posteriores e irse del Ciadi, ya que esto habilita a que los eventuales juicios se terminen dirimiendo en tribunales internacionales. Esta vez zafamos, pero hay montones de juicios contra la Argentina donde los tribunales yanquis fallan sistemáticamente contra nosotros, como es obvio. 

El gas y el petróleo, recursos estratégicos, deben estar gestionados por empresas estatales y al servicio del desarrollo productivo, con tarifas locales accesibles y no, como ahora, para las superganancias de las transnacionales.