Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

37 toneladas de oro representadas en 1.500 lingotes fueron sacados del Banco Central para llevarlos a otro país. El gobierno argumentaba que no decía el lugar por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el presidente del Central, Santiago Bausili, reveló en el Senado que estaría en Basilea, Suiza. Pero no hay prueba que lo demuestre, según la Auditoría General de la Nación. Se sospecha que estarían en el Banco de Londres, los piratas de Malvinas. Caputo había dicho que los lingotes estando en Argentina no rendían frutos, y habló de llevarlos para lograr “retornos”. ¿Quién se quedó con ese vuelto?
¿Te acordás cuando nos decían que si Argentina dejaba de pagar la usurera deuda externa como proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad nos iban a embargar? Fijate, entregaron hasta el oro y encima seguimos sometidos al FMI.

A casi tres años del jujeñazo la justicia de Jujuy elevó a Juicio a 19 luchadores. 

El gobierno provincial de Carlos Sadir y Gerardo Morales, junto al juez Rodolfo Miguel “Nino” Fernández y el fiscal Diego Funes, fijaron el próximo 26 de octubre como fecha de inicio de uno de los juicios más polémicos contra la lucha social en la provincia.

Entre los imputados se encuentra el “Profe” José Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista y miembro de la comisión directiva de Adiunju, sindicato de docentes universitarios. Junto a él, otros 18 dirigentes de distintas organizaciones sociales, como la CCC, Nuestra América, el MRP y UNIR, entre otras, comparten el mismo destino.

En este marco, el pasado lunes 14 de septiembre se realizó en la sede de Adiunju una conferencia de prensa donde los imputados, junto a su equipo de abogados, pudieron informar a los medios y a la sociedad en su conjunto sobre su situación de persecución y criminalización. Allí contaron con el apoyo de sectores sindicales combativos como el SEOM, de municipales, y Cedems, de docentes, así como de distintas organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos de derechos humanos.

En esta oportunidad, los abogados denunciaron algunas de las tantas irregularidades de la causa, como la exclusión de testimonios y la imposibilidad de presentar pruebas fundamentales para la defensa. Además, cuestionaron que la causa se eleve a juicio cuando aún existen presentaciones y recursos pendientes de resolución judicial.

En la lucha por el desprocesamiento de los compañeros se vienen realizando diferentes acciones, como la radio abierta del jueves 17 en Plaza Belgrano, donde se expresó todo el repudio en un marco de unidad. Entre distintos sectores, Sebastián López, secretario general del SEOM, y Mercedes “Mecha” Sosa, secretaria general de Cedems, declararon su total apoyo a los procesados y condenaron la persecución a los luchadores sociales.

Tal como declaró el “Profe” Iván Blacutt, “esta acción judicial es una clara persecución política en miras de las elecciones de 2027. El gobierno de Jujuy, al igual que el gobierno nacional de Milei, busca disciplinar y callar la protesta social”.

El sábado 19, en la Marcha de la Bronca, también se denunció la persecución política y el armado de causas contra luchadores, que en Jujuy es moneda corriente. El repudio a la causa es fuerte y amplio, por lo que reclamamos el desprocesamiento y el no inicio de este juicio contra los luchadores del Jujeñazo.

Corresponsal

Navitas Petroleum, es una empresa israelí, que junto a Rockhopper (empresa petrolera británica) aprobaron una inversión de 1.800 millones de dólares para llegar primeras al petróleo en Sea Lion. ¡Tienen planteado llevarse el primer barril en 2028!   
Todo esto es ilegal y sucede mientras el gobierno de Milei, cómplice del genocida Israel, ahora hipócritamente defensor de las Malvinas, no hace nada más que dar discursos.   
¡Todavía no salió el primer barril, estamos a tiempo de frenarlo!   

FUERA ISRAEL DE PALESTINA
FUERA LOS INGLESES Y NAVITAS DE MALVINAS   

7 DE OCTUBRE
3 años de la profundización del genocidio contra el pueblo palestino.   

¡EL GENOCIDIO CONTINÚA!  

Israel ataca deliberadamente a infancias palestinas, desde el 2023 más de 20.000 infancias palestinas fueron asesinadas y más de 44.000 resultaron heridas. Comete un genocidio reproductivo, el control sobre el crecimiento demográfico palestino es uno de los objetivos centrales para el exterminio del pueblo palestino. Hay 9.600 palestines secuestrades en prisiones israelíes, el sistema de detención israelí es un régimen de humillación, coerción y terror sistemático e institucionalizado, con el respaldo de las autoridades israelíes.   

Israel continúa con el bloqueo de insumos médicos y alimentos, permitiendo ingresar solo al 30% de los camiones con insumos.   
Sigue expandiendo la línea amarilla, más del 60% del territorio es controlado por Israel, dejando a casi dos millones de personas hacinadas en espacios cada vez más reducidos.   

¡POR UNA PALESTINA LIBRE DEL RÍO AL MAR!
¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!   
@accionargentinaxpalestina @movimiento_bds

José Castillo

Ya desde 2024, el gobierno viene insistiendo en abrir la Argentina a los pulpos de la IA. En una entrevista con Alejandro Fantino, citada en el libro Teoría de la Dependencia Digital, de Cecilia Rikap, Javier Milei afirmó que “nosotros estamos buscando ser uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo […] porque tenemos recursos humanos […]  la cantidad de pibes hoy programando acá vos no te das una idea […]  Para que trabajen los centros de datos necesitás energía. ¿Hay energía acá? Sí. Y, además, ¿qué necesitás? Frío. Con lo cual en el sur podés hacer una cosa fenomenal. Grandes extensiones de tierra, frío, acceso a la energía barata y capital humano”.

Lo único cierto de todo esto es que los centros de datos, el último eslabón de la cadena de la IA, necesitan enormes cantidades de energía, electricidad y agua. Construirlos no nos transforma en un nuevo Silicon Valley ni requiere de “pibes programando”. Sí requiere de lugares del planeta donde otros, llamados Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta o Tesla, descarguen la parte más contaminante del proceso. “Zonas de sacrificio” aptas para el saqueo.

Milei tiene en debate el super-RIGI, que ofrece exenciones impositivas similares a las del RIGI a inversiones de base superiores a 1.000 millones de dólares en lo que denomina “sectores sin desarrollo previo”. Entre todos esos negocios, el privilegiado es, sin duda, el de los data centers de Inteligencia Artificial.

Elon Musk aparece picando en punta. Hace pocas semanas, directivos de Tesla estuvieron en la Casa Rosada prometiendo llevar a la Patagonia inversiones de xAI, la compañía de IA de Musk. Pero no es el único caso. Un año atrás estuvo el anuncio de OpenAI de instalar en el sur del país el proyecto Stargate, un megacentro de datos impulsado a nivel local por Sur Energy, la firma de Emiliano Kargieman, fundador del unicornio Satellogic.

Nada de la punta del desarrollo de la IA generativa, ni siquiera del desarrollo industrial de microprocesadores u otros elementos de hardware, será fabricado en la Argentina. Todo esto es apenas una pata más del saqueo. 

José Castillo

Javier Milei avanza con la privatización de AySA para pagar deuda externa y abrir negocios a empresarios aliados y socios internacionales como Mekorot, mientras millones de usuarios siguen sin agua corriente ni cloacas. 

El pasado 15 de septiembre, el gobierno decidió avanzar con la apertura de sobres de la privatización de AySA. El objetivo, como lo ha reconocido públicamente el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es recaudar rápidamente 500 millones de dólares para destinarlos a los próximos vencimientos de deuda del año que viene. Se trata de regalar la empresa a cambio de cumplir con el FMI y los pulpos acreedores internacionales.

Ese apuro hace que AySA se esté prácticamente regalando. Es dueña de redes subterráneas colosales, plantas potabilizadoras históricas, como la General San Martín, y estaciones elevadoras construidas a lo largo de décadas con fondos públicos. La empresa genera ingresos por cobro de tarifas de aproximadamente mil millones de dólares al año y cuenta con 3,8 millones de usuarios, alrededor de 14 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano. O sea, en un solo año de recaudación, los nuevos dueños ya obtendrán el doble de lo que pagarán por la empresa.
Por otra parte, entre 2006 y 2023, los distintos gobiernos destinaron más de 13.400 millones de dólares en subsidios para sostener la operación y las obras. Venderla por solo 500 millones representa una fracción mucho menor de todo esto.

Las condiciones del pliego

Se ofrece un contrato de 30 años de explotación exclusiva, con opción de prórroga contractual por hasta 10 años adicionales. O sea, un regalo por los próximos 40 años. Las obligaciones para el ganador son sustancialmente menores a las exigidas en la privatización menemista de los años ‘90.
El nuevo marco proyecta alcanzar un 75,3% de cobertura de agua potable y un 63,9% de cloacas hacia 2031, para llegar al 90% de agua y al 75% de cloacas recién al término de los 30 años. La excusa es priorizar el mantenimiento técnico de la red existente y la “sostenibilidad financiera”, postergando la expansión masiva hacia zonas vulnerables. Amplias áreas del conurbano que carecen de agua o cloacas verán demorada su integración sanitaria por décadas.

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo objetando estos estándares de calidad y cobertura. La Justicia Contencioso Administrativa confirmó una medida cautelar que exige a AySA garantizar la continuidad del servicio y las inversiones, derivando luego la causa al fuero federal. El gobierno de Milei, al continuar con el proceso, avanza pese a esta resolución judicial.

Los posibles compradores

Por un lado, tenemos el autodenominado Consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. Arcos, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, figura como operador técnico. Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti, conocido como “el rey del cloro”.

Por el otro está el consorcio encabezado por Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio, que participa en Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes. Su respaldo técnico internacional está dado por la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, y el grupo japonés Marubeni, a través de operaciones vinculadas al sector del agua.

¡No a la privatización!

AySA es el nombre de la empresa estatal que reemplazó en 2006 a Aguas Argentinas, sucesora a su vez, para el AMBA, de Obras Sanitarias de la Nación tras la privatización de los ´90. Tuvo que ser reestatizada después de la gestión de la francesa Suez.
El acceso al agua y las cloacas es un derecho humano, no una mercancía. AySA debe seguir siendo estatal y pasar a ser gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios.