Escribe Atilio Salusso

Me confundí
Esto dijo Oscar Zago, presidente del bloque de Diputados de la Libertad Avanza (LLA). Se refería al papelón legislativo que protagonizó al no tener idea del reglamento de la Cámara. Pidió la vuelta a comisión de la Ley Omnibus en vez de un cuarto intermedio, lo que obligó a que volviera a fojas cero. Igual la ley ya estaba muerta. Otro papelón lo protagonizó Milei diciendo que la derrota parlamentaria había sido “un triunfo rotundo” porque había desenmascarado a la casta. Sin embargo, después de caída la ley, llamó “traidores, delincuentes, ladrones, estafadores, corruptos, parásitos, mugre de la política” a quienes votaron en contra.

Palito le canta al genocida
El genocida Jorge Antonio Olivera tiene tres condenas a cadena perpetua, se fugó dos veces y falsificó certificados para romper la prisión domiciliaria. Beneficio que le dio la justicia por edad avanzada (“cuestiones humanitarias”). Por estos días festejó las “bodas de oro” con un show de humor, la presencia de Cecilia Pando y la actuación de Palito Ortega, quien abrazó al genocida e invitó a subir al escenario junto a su esposa. Palito fue gobernador de Tucumán, Senador Nacional y candidato a vicepresidente en la fórmula con Eduardo Duhalde.

Mosquitos
La ola de mosquitos se suma al malestar popular por la malaria cotidiana. Encima durará 20 días más. Nubes del denominado “mosquito inundación” pululan por CABA y Buenos Aires. Eventos extremos como las grandes lluvias, propias del cambio climático, llevan a ello. Y quienes siempre aprovechan para ganar sea como sea son las multinacionales. Miles apelan a “bañarse” con repelente. Pasa que el precio del líquido salvador en manos de la multinacional yanqui SC Jonhson (repelente Off y Raid) subieron un 170%. El Off, por ejemplo, en comercios barriales supera los $6.000.  

Diputada Prosionista
“Tengo ganas de empezar colecta para que vayan a Gaza todos los que son parte de murgas, colectivos GLTBI y agrupaciones de izquierda de FSOC y Puán y flamean banderas palestinas. Juntarles guita no solo para el pasaje, también para la estadía. Así van y la viven y nos cuentan cuando vuelven cómo les fue siendo quienes son acá, en Argentina, disfrutando de los derechos humanos y la sociedad plural y liberal en la que vivimos”. Esto escribió en X (ex Twitter) la diputada nacional Sabrina Ajnecht (PRO), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.

Escribe José Castillo

Con casi un 50% de inflación en apenas dos meses, queda claro que Milei eligió a la clase trabajadora para hacerle pagar el brutal ajuste. Es más urgente que nunca un aumento de emergencia para no seguir cayendo en la pobreza y la indigencia.

Milei, quien se presentaba como “el experto” que iba a frenar la inflación, hizo exactamente lo contrario. La Argentina tiene hoy la inflación más alta del mundo. Los números son aterradores. 25,5% en diciembre y 20,6% en enero, lo que da una interanual para todo 2024 arriba del 250% ¡Y encima el gobierno sale a festejar estos números! (llegó a decir que “había que llevar en andas” al ministro Caputo).

¿Qué significan estos números? Que las y los trabajadores perdieron en promedio el 15% de su poder adquisitivo sólo en el mes de diciembre. Según un estudio del economista Lavih Abraham, en diciembre los trabajadores registrados del sector privado perdieron el 11 por ciento de sus salarios, los no registrados el 14 por ciento y los estatales el 16 por ciento. Se calcula que en enero hubo otro retroceso, en promedio del 10 por ciento. En concreto, afirma Abraham, las y los asalariados perdieron de conjunto un billón de pesos, ese fue su “aporte” al ajuste.

La situación es dramática. Según el informe que publican mensualmente las y los trabajadores y técnicos de ATE Indec, una familia tipo necesita para subsistir la suma de 931.323 pesos. Pero el salario promedio en blanco, según el indicador oficial RIPTE, está en 375.973 pesos, claramente por debajo de la línea de pobreza que alcanzó los 595.000 pesos. Y todos estos números son sabiendo que la suba de precios continúa en febrero, donde se destacan los aumentos del transporte y ya están llegando las primeras boletas de la luz con incrementos incluso superiores a los anunciados por el gobierno. Sin contar la suba de la canasta escolar.

Mientras tanto, el gobierno decreta un salario mínimo, vital y móvil para febrero (o sea a cobrar en marzo) de 180.000 pesos y para marzo (a cobrar en abril de 202.800), ambas cifras por debajo de la canasta de indigencia que el último registro daba que alcanzó los 285.000 pesos. Una auténtica vergüenza.

Las jubiladas y jubilados pagan con su hambre el ajuste

Las jubilaciones, por su parte, llevan también una poda del 20% en la mínima y más del 37% en el resto (que ni siquiera percibe el bono de 55.000 pesos). Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta de él y la jubilada ya está en más de 500.000 pesos. Para comparar, digamos que seis millones de jubiladas y jubilados perciben menos de 200.000 pesos (el 86% del total).
En concreto, sobre un total de dos billones de pesos de superávit primario (el número del que se jactan el ministro Caputo y el presidente Milei), las jubilaciones aportaron un recorte de 890.000 millones de pesos (casi la mitad).

El gobierno se jacta de haber logrado un “déficit cero” en el mes de enero. Pero la realidad es que lo logró hambreando a los jubilados, congelando los sueldos estatales y planes sociales, eliminando el envío de alimentos a los comedores populares y reduciendo prácticamente a cero las transferencias a las provincias. Esto último significa que todas las obras públicas están paralizadas (lo que anticipa una ola de miles de despidos en la construcción), y un ajuste nunca visto sobre la educación y la salud pública (hasta se ha llegado a paralizar la entrega de medicamentos oncológicos). A esto hay que sumarle los tarifazos en el transporte (tanto en el AMBA como en el interior del país). 

Basta de inflación, aumento de salarios

Se necesita de manera urgente un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia. En el caso de los salarios, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y, con la velocidad de la inflación imperante, que esos incrementos se actualicen mensualmente según la suba del costo de vida. Del mismo modo, hay que aumentar las jubilaciones para que la mínima alcance al menos el valor de la canasta de la Tercera Edad.

Hay que terminar con la carestía, con los abusos y remarcaciones de precios. Es necesario poner precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y establecer un estricto control para que se cumpla, aplicando para ello las sanciones que prevé la Ley de Abastecimiento (multas, clausuras y hasta expropiación).

Tenemos que enfrentar el ajustazo de Milei. Por eso debemos exigir a la CGT y las CTA que lancen un nuevo paro general, acompañado por un plan de lucha que logre frenar la “motosierra” y la “licuadora” que este gobierno hambreador y antiobrero tienen encendida apuntando contra el pueblo trabajador. 

Escribe Adolfo Santos

Nunca antes habíamos asistido a un ajuste tan rápido y brutal como el que está llevando a cabo el gobierno ultraderechista de Milei al servicio de los grandes empresarios y el FMI. En poco más de dos meses viene licuando con saña los salarios, jubilaciones y planes sociales, produciendo un aumento exponencial de la pobreza y la indigencia.

La CGT y CTA ante el gran ajuste, el crecimiento del malhumor social y la exigencia de paro y plan de lucha del sindicalismo combativo, cacerolazos y asambleas populares se vieron obligadas a convocar un paro general con movilización el 24 de enero. Fue una exitosa medida que, junto a las movilizaciones posteriores, resultó uno de los elementos decisivos para derrotar la pretensiosa Ley Ómnibus del gobierno.

Sin embargo, después de esa importante medida de fuerza que demostró una clara voluntad de lucha de la clase trabajadora y de sectores populares, las direcciones sindicales burocráticas no estuvieron en las movilizaciones frente al Congreso reprimidas por Bullrich repudiando la ley, volviendo a la inmovilidad, limitándose a declaraciones. “El gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida”, dijo Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. En el mismo sentido se expresó Pablo Moyano: “No vamos a poner fecha todavía, pero se está discutiendo el paro general”.  

Mientras tanto, el gobierno no saca el pie del acelerador aplicando medidas contra la clase trabajadora, las y los jubilados y demás sectores populares. Es lo que acaba de suceder en el Consejo Nacional de Salarios (CNS). Reunido el 15 de febrero, la CGT solicitó un aumento del 85% sobre los 156 mil pesos fijados en diciembre, los empresarios lo rechazaron y el gobierno decidió que el nuevo salario mínimo vital y móvil irá a 180 mil en febrero y 202 mil en marzo. Con eso, el deterioro del SMVM será de más del 20% en tan solo tres meses. Hasta el propio Daer convocó a un paro en Sanidad para este jueves 22 y la Fraternidad a un paro de trenes.

No es tiempo de titubeos ni medias tintas. Desde Izquierda Socialista en el FITU junto al sindicalismo combativo exigimos a la CGT y CTA que le den continuidad al paro del 24 con un nuevo paro general y un plan de lucha con movilización para derrotar el plan de ajuste de Milei y el FMI. Esencialmente por un inmediato aumento de emergencia de salarios y jubilaciones igual a la canasta familiar y contra los despidos, por comida y ayuda social para los desocupados. Para impulsar estas medidas llamamos a realizar asambleas en los lugares de trabajo y a profundizar todas las formas de coordinación de la protesta social que se vienen dando: asambleas barriales, culturales, del movimiento ambiental, de mujeres, con cacerolazos y otras formas organizativas que surjan.

Escribe Diego Martínez

Los aumentos son siderales, a niveles nunca vistos. En el AMBA el transporte aumentó un 295% en un mes, llevando el pasaje mínimo de colectivo a 370 pesos, el tren a 208 pesos y el subte a 125, mientras va a llegar a 757 pesos en junio, un 500% de aumento.

Miles de usuarios hacen filas interminables para registrar su SUBE y recibir un mísero descuento en el pasaje. Para quienes tienen auto, el ajustazo también llegó. Cargar un tanque de nafta promedio hoy cuesta más de 40.000 pesos y los peajes van a costar 3.000 en junio. Una locura completa.

En el resto del país el panorama es aún peor. Milei anunció el fin de los subsidios al transporte en el interior lo que podría llevar el boleto a 1.100 pesos. En la ciudad de Córdoba, el boleto ya trepó a 700.
Viajar en transporte público se ha convertido en una cara odisea. En el AMBA hay quienes utilizan 3 o 4 medios de transporte para ir a su lugar de trabajo y la misma cantidad para volver, con lo que pueden llegar a gasta hasta tres mil por día solo para ir a trabajar. En el resto del país hay quienes viajan diariamente a localidades cercanas pagando mucho más. Hay trabajadores que renunciaron a su laburo por no poder pagar el boleto. Se ha visto gente bajándose de un colectivo por no poder abonarlo y la típica escena en la que solidariamente un pasajero prestaba su tarjeta para que pague su pasaje, es cada vez más rara, porque el resto del pasaje tampoco tiene crédito para hacerlo.

Todo esto mientras se viaja como ganado en servicios que tienen cada vez menor frecuencia, estaciones de subte que se inundan con una mínima lluvia, colectivos sin mantenimiento ni las mínimas condiciones de seguridad para resguardar la integridad de pasajeros y choferes.

Gobiernos peronistas y macristas le dieron millonadas en subsidios a las empresas del transporte, pero nunca controlaron adónde iba ese dinero. Los empresarios se llenaron los bolsillos sin mejorar la calidad de un servicio totalmente ineficiente.

El transporte público de pasajeros es un servicio esencial para millones de usuarios que lo utilizan a diario para ir a trabajar, estudiar y demás actividades, como asistir a centros de salud o hacer trámites. No puede estar en manos de empresarios inescrupulosos que como sucedió con el gobierno de Alberto y Cristina se llevaron el 85% del precio del boleto con subsidios estatales sin garantizar un servicio acorde a las necesidades del usuario. O, como sucede ahora con Milei, donde cobran boletos inalcanzables para el bolsillo popular.

El transporte público es una necesidad y un derecho. Tal como sucedió en el AMBA con los colectivos hasta 1959 (año en que lo privatizó el entonces ministro de Economía de Frondizi, el ultraliberal Álvaro Alsogaray), con el subte hasta principios de los 90 y como sucede parcialmente en algunas provincias y en otras partes del mundo, el transporte público debe ser 100% estatal, bajo control de trabajadores y usuarios.

Proponemos un sistema único nacional integrado de transporte que nuclee al transporte urbano e interurbano junto a una red nacional de ferrocarril bajo control de trabajadores y usuarios, para que todas y todos los trabajadores del país podamos ejercer nuestro derecho a tener un transporte eficiente con tarifas accesibles.

Entrevistamos a Ignacio Rivas Fontas, biólogo, becario postulante a beca Conicet y militante de la Juventud de Izquierda Socialista Exactas.



¿Por qué luchan en el Conicet?
El CONICET es el principal organismo científico del país. Coordina a decenas de institutos de investigación y a miles de trabajadores del sector. Al igual que la educación y la salud, sufre un ataque directo por parte del gobierno, que le asignó el mismo presupuesto que en 2023, algo incompatible con la brutal inflación que vivimos. A esto se suman despidos y renovaciones de contratos por 3 meses.
El 12 de enero debían publicarse los resultados de la convocatoria 2023 a becas doctorales y promociones en la Carrera de Investigador Científico (CIC). El directorio respondió que no se iba a publicar ni asignar nada hasta que se resolvieran las cuestiones presupuestarias, poniendo en riesgo el futuro de cientos de personas. Las becas doctorales son contratos laborales informales, otorgadas para la realización de investigaciones de 5 años con dedicación exclusiva. Les becaries conforman el grueso de la fuerza laboral de los laboratorios de investigación, por lo que son vitales para sostener el sistema científico.

¿Cómo se vienen organizando estudiantes y becaries para impulsar esta pelea desde la facultad de Ciencias Exactas de la UBA?
Anticipándonos al ajuste, hace unos meses creamos la Coordinadora Interclaustros de Ciencias Exactas y Naturales (CoordinEx), un espacio que une estudiantes, becaries, docentes y no docentes, y las asambleas de los institutos de nuestra facultad. Estos espacios son invaluables en el contexto de desmovilización por parte del centro de estudiantes y la dirección de la facultad.

¿Cuáles son las próximas acciones para conseguir las reivindicaciones?
Este miércoles 21 de febrero vamos a estar nuevamente en el polo científico reclamando al directorio por la asignación de las 1300 becas doctorales y su inicio en la fecha estipulada, los ingresos y promociones en CIC, y la reincorporación del personal despedido. También vamos a estar realizando ferias de ciencias junto a asambleas barriales para llevar la ciencia y nuestros reclamos a las calles y plazas. Además, es fundamental la organización en cada lugar de trabajo y estudio, reclamar a las autoridades que se pronuncien y tomen medidas contra el ajuste, y salir a las calles en unidad para que se oigan nuestros reclamos.