Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Un fuerte operativo policial rodeaba el departamento de Manuel Adorni en el barrio de Caballito, a la espera de la llegada de docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se hacían presentes en el marco del plan de lucha por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, para realizar clases públicas. No era casual la elección de la casa del “deslomado” jefe de Gabinete, a días de que salieran a la luz sus privilegios de “casta”. Desde los viajes a Nueva York con su mujer y en jet privado hasta la compra de este departamento, valuado en 230 mil dólares, que habría sido “financiado” en un 87% por dos jubiladas, algo difícil de creer en la Argentina de Javier Milei.

Las clases públicas son una expresión política y una herramienta pedagógica de visibilización de un conflicto abierto en defensa de la universidad. En todo el país no comenzaron las clases y esta acción forma parte de un plan de lucha, porque no hay ninguna posibilidad de que las universidades nacionales puedan seguir desarrollando sus actividades con salarios de miseria, crisis presupuestaria y becas en los niveles más bajos de las últimas décadas. Como consecuencia, se profundiza la fuga de cerebros, con docentes que dejan las aulas y jóvenes que tienen que elegir entre trabajar precariamente o estudiar.

Haber elegido el departamento de Manuel Adorni era todo un símbolo: solo un pasaje del viaje en avión privado a Punta del Este equivale a más de 25 sueldos de un ayudante de primera con dedicación simple. Las clases públicas fueron un acto político por lo que representa realizarlas en el domicilio de uno de los funcionarios más protegidos por este gobierno, pero con mayor repudio social: 7 de cada 10 argentinos piensan que es corrupto y que tiene que renunciar. Porque mientras ellos se enriquecen, las y los docentes se empobrecen.

El cronograma de clases incluía temas como “el extractivismo y la Ley de Glaciares”; “la relación entre el modelo económico, el saqueo de recursos naturales y el desfinanciamiento de la educación pública” y una clase de filosofía “sin fin”. Una vez más, se ve cómo las y los docentes que luchan también enseñan, y que la defensa de la universidad pública y del pensamiento crítico son parte de un modelo de país independiente de las multinacionales, enfrentado directamente a la ultraderecha. Las clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni fueron una advertencia de que la universidad pública salió a disputar en la calle y que va a pelear hasta vencer.

Escribe José Castillo

El ministro de Economía no sólo defendió al corrupto jefe de gabinete Manuel Adorni. También justificó, y hasta elogió, a los funcionarios que tomaron créditos millonarios del Banco Nación. “Yo les dije que aprovecharan, más aún, si hubiera más funcionarios, les dirían que también salgan a pedir esos préstamos”. 

Sin que se le caiga la cara de vergüenza, dijo que no veía nada “ilegal ni inmoral” en ello. 

Lo escandaloso es que quien dice esto es el mismísimo ministro de Economía, el responsable de que millones de familias trabajadoras hoy se encuentran endeudadas hasta el pescuezo (y no puedan pagar esas deudas) debido a un brutal ajuste que las obligó a usar las tarjetas de crédito para comprar comida. Y que, además, soportan tasas de interés usurarias, que llegan al 200% anual, que les duplican y triplican su deuda. Mientras tanto, los privilegiados funcionarios de La Libertad Avanza, perciben préstamos millonarios para comprar casas de lujo con tasa preferencial del 6% anual. 

Nadie les refinanció las deudas a quién no está pudiendo pagar y caen en las categorías de morosos, con riesgo que les ejecuten sus bienes. El ministro Caputo pone cara de “eso no tiene nada que ver conmigo” y afirma que, en todo caso, “es un problema que deben resolver los bancos con los deudores”. 

Pocas veces hemos visto un funcionario tan cínico. Que, además, mide su amoralidad manteniendo el 80% de su fortuna fuera del riesgo de sus propias maniobras como ministro, bien guardada en una guarida off-shore. 

Escribe Atilio Salusso

Baile frustrado
Donald Trump quería tener su salón de baile en la Casa Blanca. Iba a ser financiado con donaciones privadas por 400 millones de dólares, con capacidad para 600 personas. Pero la iniciativa despertó una ola de rechazos entre arquitectos, historiadores y expertos en preservación por alterar el equilibrio arquitectónico de la residencia presidencial, además de errores groseros como que la escalinata de ingreso no conducía a la entrada principal. Hasta que un juez la frenó: “El presidente de Estados Unidos es el mayordomo de la Casa Blanca ¡Sin embargo, él no es el dueño!”, dijo. Por ahora, Stop al supuesto bailongo.

Legal?
Los créditos del Banco Nación para la mafia facho-libertaria siguen dando sorpresas. Tuvo que renunciar Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello. Recibió 400 millones de pesos, pero fue “un acto legal”, dijo. Otro beneficiado fue el diputado Juan Bongiovanni de La Libertad Avanza por 185 mil dólares, “como hicieron miles de personas” dijo. Resulta ser que este personaje es sobrino de otro Bongiovanni, que preside la Fundación Libertad de Rosario (promoviendo el achique del Estado), y primo de otro Bongiovanni, director de la misma fundación en Madrid, quien se dedica a enseñar “mecanismos de recaudación y lobby para los partidos de la derecha global”. Una pinturita.
 
Voto indigno
El gobierno de Javier Milei votó en la ONU contra de la resolución que califica a la esclavitud africana como “crimen contra la humanidad”. ¿Junto a quién? A Estados Unidos (Trump) e Israel (Netanyahu). Fueron los únicos tres votos negativos, de 123 votos a favor y 52 abstenciones.
Los paí­ses afri­ca­nos, alia­dos en la cues­tión Mal­vi­nas, le recla­ma­ron al emba­ja­dor argen­tino por el insó­lito voto. Un Juan Rocatagliata enrojecido contestó “no fue mi decisión”. El canciller y ex JP Morgan, Pablo Quirno, lo fundamentó: “Nuestros socios son Estados Unidos e Israel, no África ni el Tercer Mundo”. Así le está yendo a este gobierno. ¡No en nuestro nombre!                         

 

Escribe José Castillo

Hay nuevos despidos y más ajuste en el sector público. Pero también aumenta el desempleo privado, impulsado por el cierre de miles de empresas. Los salarios, por su parte, siguen perdiendo mes a mes frente a una inflación en alza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó confesando ante sus íntimos (como reveló un periodista): “ajusté, arreglé con el Fondo, abrí la economía, creamos el RIGI, sacamos la reforma laboral, ¡más no puedo hacer!”. Y reconoció, de forma resignada, que la inflación no va a bajar “a cero en agosto” como prometieron, ni va a llegar ninguna lluvia de inversiones por la baja del riesgo país, que sigue alto, por encima de los 600 puntos.

Javier Milei, mientras contradictoriamente sigue afirmando que está todo bien, también dijo: “queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más el efecto sobre la inflación”. (Entrevista al medio español El Debate).

El ajuste de La Libertad Avanza tiene claros ganadores y perdedores. Se conocieron nuevos datos de distribución del ingreso del Indec: el 10% más rico de la población gana 13 veces más que el más pobre. La mitad de los ocupados gana menos de 800 mil pesos, muy por debajo de cualquier medición de la línea de pobreza. Hace poco también se conoció el dato del crecimiento del desempleo.

Los salarios siguen perdiendo. Así sucedió en 2024 y en 2025. En los últimos meses, el deterioro frente a la inflación se aceleró. Según los datos oficiales de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), en noviembre pasado el promedio de suba salarial fue del 0,8%, mientras que los precios subieron 2,5%. En diciembre, los salarios crecieron nominalmente 1,3%, pero la inflación volvió a superar los 2,8%. En enero fue peor aún: salarios creciendo 0,8% frente a una inflación de 2,9%. Con todos estos datos, no sorprende que el 65% de las familias afirme que no puede llegar a fin de mes.

A todo esto se suma el drama de los endeudados. Millones de trabajadores ya no pueden pagar sus préstamos. Reventaron sus tarjetas de crédito comprando comida el año pasado, luego no pudieron refinanciar los saldos con tasas de interés astronómicas. Tomaron nuevos préstamos para pagar esas deudas y ahora tampoco pueden afrontarlos. Por eso crecen los morosos a niveles nunca vistos. Por contraposición, mientras esto sucede, el gobierno otorga préstamos millonarios a sus funcionarios a tasa preferencial.

El gobierno profundiza la motosierra

Esto es el resultado de dos años y medio de ajuste, con una reducción del 30% del gasto público, lo que implica 90 mil millones de dólares que pasaron a manos de los grandes especuladores, los acreedores de la deuda externa y las grandes patronales.

El gobierno no piensa frenar el ajuste. Como afirmó el propio presidente, están convencidos de seguir “hasta el final”. Por eso hay que pararle la mano a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador.

Como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo, hay que apoyar incondicionalmente cada lucha, como hoy se hace con FATE, con la lucha de docentes y no docentes universitarios y con la pelea de otros sectores de la docencia en varias provincias. Pero, al mismo tiempo, hay que seguir exigiendo a la CGT un nuevo paro nacional y un plan de lucha, denunciando el escandaloso pacto que mantiene con el gobierno.

Al mismo tiempo, al programa de la motosierra, al servicio de los grandes capitalistas y del FMI, hay que oponerle otro programa, obrero y popular. Como sostenemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, este debe comenzar por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para poner todos los recursos al servicio de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino y financiamiento para salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología.

Escribe Mariano Barba

El gobierno ultraderechista, en medio de paros y movilizaciones, impuso en febrero la reforma laboral. Recibió el voto de varios diputados y senadores radicales y peronistas, cómplices de la aplicación de la motosierra de Javier Milei. La CGT negoció mantener la caja de las obras sociales y el aporte “solidario” a cambio de dejar pasar el resto del ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora. En lugar de organizar un plan de lucha para impedir la aprobación de la ley, la CGT optó por judicializar la aplicación de la Ley 27.802.

El juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, consideró válido el pedido cautelar de la central obrera y suspendió la aplicación de 82 artículos, aclarando que esta medida “no cierra la discusión de fondo”. El argumento es que existen indicios de regresividad en materia laboral y riesgos de daños irreparables a los derechos de los trabajadores. El fallo frena cambios clave como el fondo de cese laboral, la eliminación de presunciones laborales (por la cual, si el empleador cambia arbitrariamente las condiciones de trabajo, al trabajador solo le queda la posibilidad de darse por despedido, cuando antes podía recurrir a la Justicia) y modificaciones en la antigüedad. También quedó suspendida la exclusión de derechos para trabajadoras y trabajadores de plataformas.

Otro fallo, dictado en el Juzgado del Trabajo N° 74 por el juez José Ignacio Ramonet, hizo lugar al planteo de la Unión Docentes Argentinos y suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral, que declaraba a la educación como servicio esencial y obligaba a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga, prácticamente liquidando ese derecho.

Estos fallos no resuelven el reclamo de fondo, pero son un paso adelante, producto de la bronca y de las luchas que se desarrollaron frente al Congreso exigiendo la no sanción de la ley. Allí también se planteó, desde la izquierda y el sindicalismo combativo, que la CGT rompa el pacto con el gobierno y organice un paro y un plan de lucha nacional. A pocos meses de sancionada, continuamos exigiendo ese plan de lucha a la CGT y a las CTA para tirar la ley y resistir su aplicación en cada lugar de trabajo.