Se trata de una auténtica declaración de guerra contra los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. Si se impone, millones de trabajadoras y trabajadores quedarán en un estado de indefensión y desprotección total ante las patronales. Es un proyecto que incluso vulnera disposiciones de la propia Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Sube la jornada laboral
Se pasaría de las 8 horas de trabajo (8 para descanso y 8 de esparcimiento) a 12 horas diarias. Esto generará más sobreexplotación laboral, enfermedades y accidentes laborales.

Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”, donde la patronal va a decidir cuánto se trabaja, habilitando tener a full al asalariado. Es el adiós a las horas extras.

Despidos más fáciles y más baratos

Si alguien es despedido sin justa causa, en vez de corresponderle un sueldo por cada año trabajado como ahora, se lo reduce a un máximo de diez, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional, beneficio o aguinaldo. Indemnización que se podrá pagar hasta en doce cuotas. De esta manera, alguien con 20 o 30 años de antigüedad podrá ser despedido por una suma miserable. También se podrá reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por el propio trabajador (como ocurre en la Uocra).

Más esclavitud y superexplotación

Desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el margen horario que establezca arbitrariamente la patronal. 
También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, disponiendo que puedan ser otorgadas en cualquier momento del año a discreción de la patronal, afectando al empleado y a su familia.

Menos salario (¿“dinámico”?)

Se dispondrá un salario atado a la “productividad”. Esto implica una suma fija y luego, de acuerdo a cómo le vaya a la empresa, sería el pago por mayor producción. Pero como ninguna patronal muestra sus balances, la empresa puede decir “la productividad bajó” y que no hay aumento. Lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a la arbitrariedad de la patronal. A esto se llama cínicamente “salario dinámico”, sustituyendo los componentes remunerativos fijos (básico, antigüedad, etcétera) por conceptos variables ligados a la productividad.

También se habilita la vuelta de los inconstitucionales “tickets canasta”, es decir, parte del sueldo se pagará con bonos a ser utilizados en establecimientos pactados por las empresas. Tickets que no son parte del sueldo, por lo que no suman para la jubilación, ni para el aguinaldo, ni el cálculo de una indemnización por despido.

Convenios por empresa y restricción al derecho de huelga

Se podrán firmar convenios por empresa, provincia o región, teniendo más valor que los convenios nacionales por rama de actividad. Es la política de “divide y reinarás”, atomizando los reclamos y la representación sindical por un mismo trabajo. Junto a esto se elimina la “ultraactividad”, por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro. De esta manera, con la reforma, quedaría un vacío que será aprovechado por las patronales para atacar conquistas.

Además, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo muchas actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos) exigiendo garantizar el 75% de su funcionamiento durante un conflicto. Y se crea una categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye a casi toda la industria, incluida la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio ante una medida de fuerza. Un certificado de defunción para el derecho de huelga.