Juan Carlos Giordano, diputado Nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Arrancó el debate del Presupuesto 2027 en Diputados con tres funcionarios que defendieron la motosierra de Milei al servicio de los grandes capitalistas y el FMI, con el aval de los gobernadores.

El secretario de Hacienda defendió el brutal ajuste sobre las partidas sociales. Desde 2023 a esta parte, hubo un recorte del 44% en Educación, 33% en universidades, 79% en becas estudiantiles, 37% en Ciencia y Tecnología, y 65% y 55% respectivamente en organismos como el INTI y el INTA. Los fondos para el Hospital Posadas bajan un 41% y en Vivienda, un 98%.

Por otro lado, el secretario Guberman, mano derecha de Caputo, aseguró que no están las partidas para Discapacidad y que no habrá actualización automática en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Tampoco explicó por qué desde 2023 se redujeron en un 98% los fondos para la Educación Sexual Integral (ESI), ni por qué el Programa Acompañar se achicó en un 90%, al igual que la Línea 144 para atender denuncias sobre violencia de género, mientras las partidas para la SIDE se elevaron un 44%.

El argumento es que “no se puede gastar más de lo que se recauda”. ¿Y por qué se recauda poco? Porque, como le enrostré, el gobierno sigue con la política de baja de impuestos a los de arriba, perdonándoles entre 25 mil y 40 mil millones de dólares a los más ricos, a las principales 500 empresas, a las multinacionales del RIGI, al agronegocio y a las petroleras con menos retenciones, entre otras.

Un “pescado” del presidente

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (exabogado de Techint), por su parte, defendió a Milei porque, según él, “le dio una caña a la gente para enseñarle a pescar”. La sádica y siniestra metáfora me llevó a bautizarlo “pescado del presidente”. Hasta se animó a decir que no lamentaba la pérdida de puestos de trabajo registrados, al igual que Guberman, porque se recuperaban con el monotributo, afirmando que “los trabajadores ahora quieren ser autónomos”, es decir, que les gustaría no tener derechos laborales y estar precarizados. Un verdadero provocador.

Le pregunté si no lee los diarios, donde las noticias dan cuenta de que hubo más de 10 cuadras de cola para conseguir un empleo en un bazar, o que seis de cada 10 trabajadores consumen un alfajor para zafar de una comida. Y, lejos de que los salarios estén en suba, como dijo, le demostré que más de la mitad de los trabajadores registrados no llegan a la canasta de pobreza ($1.632.000), el Salario Mínimo, Vital y Móvil está en $391.000 cuando la canasta de indigencia llegó a $738.690, y la jubilación mínima en $505.748 mientras la canasta de las y los adultos mayores asciende a $2.090.646. Nunca contestó.

Las mentiras de los fachos libertarios

El gobierno dice que no hay plata para atender las necesidades sociales y así justificar la motosierra sobre las partidas sociales. Sin embargo, de acuerdo al proyecto oficial, el monto destinado a los vencimientos de deuda externa en 2027 asciende a 23.787 millones de dólares y existe un artículo para autorizar un nuevo endeudamiento por 33 mil millones de dólares.

A ese número hay que sumarle los 30 mil millones promedio que el Estado deja de recaudar por los perdones impositivos a grandes capitalistas como Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Daniel Vila, José Luis Manzano y Marcos Galperín. El dueño de Mercado Libre, por ejemplo, además de estafar con préstamos usurarios a tasas de hasta 1.350%, recibe subsidios del Estado por la industria del conocimiento mientras su compañía está valuada en 94 mil millones de dólares. Y hay que agregar 20 mil millones de dólares anuales que se van por la fuga de capitales. ¡Qué cinismo!

Para combatir los males hay que hacer lo opuesto

Si paramos la sangría de 70 mil millones de dólares que se van entre la deuda externa, el perdón impositivo a los de arriba y la fuga de capitales, se podría aplicar un plan económico alternativo que aumente los salarios y las jubilaciones y reactive la economía. Con esa plata se podrían construir 500 mil viviendas populares y dar trabajo genuino a dos millones de desempleados, entre otras medidas urgentes. Significaría, además, una solución a la falta de vivienda y a los alquileres, que no paran de aumentar.

Aplicar este plan, complementado con otras medidas que contempla el programa del Frente de Izquierda, implicaría tocar fuertes intereses. El peronismo no solo nunca lo hizo, sino que con Alberto y Cristina reconoció los 45 mil millones de dólares con que nos endeudaron Caputo y Macri con el FMI. Solo un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora lo podrá imponer.

José Castillo

El gobierno de Javier Milei ni siquiera disimula. Privatiza todo lo que puede a un precio menor al valor real de las empresas, con el único objetivo de “recaudar” para cumplir con los próximos vencimientos de deuda externa.

Todo es un escándalo. Se fija como criterio para tasar las empresas su flujo de caja y no, como debería ser, el valor de sus activos. Así, en todos los casos, se terminan regalando, ya que se venden al 30% o 40% de su valor real.

Las que ya se hicieron

IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.)
Se vendió el 100% del paquete accionario por 27 millones de dólares. El adjudicatario fue ARC Energy, un fondo de inversión norteamericano con base en Luisiana (Estados Unidos), liderado por el ejecutivo estadounidense Jason Arnold.

Centrales Hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados)
Se vendió la concesión integral del complejo de generación hidroeléctrica en las cuencas de Neuquén y Río Negro por 684,3 millones de dólares.

Piedra del Águila quedó bajo la operación de Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas son los empresarios argentinos Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany. El Chocón fue adjudicado al consorcio integrado por MSU Energy y BML Inversora, controlado por el empresario agroindustrial y energético Manuel Santos Uribelarrea. Cerros Colorados y Alicurá fueron adjudicados al grupo Edison Inversiones S.A.U./Genneia S.A., controlado mayoritariamente por los fondos de inversión PointState Capital, encabezado internacionalmente por Darío Lizzano, y el grupo
Fintech Advisory, propiedad del inversor mexicano David Martínez.

Citelec S.A./Transener
Se transfirió el 50% del capital accionario de Citelec S.A., sociedad holding que controla el 52,65% del paquete mayoritario de Transener, la transportista eléctrica de alta tensión. El monto de la operación fue de 356,1 millones de dólares y se entregó al consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison 
Transmisión S.A.

Detrás de esta estructura figuran nuevamente el financiero David Martínez, de Fintech Advisory, y PointState Capital, en alianza con socios locales del sector de transmisión energética, como José Luis Manzano.

AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
Se vendió por 340,2 millones de dólares. Resultó adjudicatario el Consorcio Rowing - Arcos - Transclor - PHX, liderado por dos referentes clave. Mauricio Filiberti, “el rey del cloro”, dueño de Transclor S.A., histórico proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua en el país y socio accionista de Edenor junto a Daniel Vila y José Luis Manzano; y Walter Román, propietario del grupo Rowing S.A., que también resultó ganador en la privatización de la Hidrovía del Paraná, que se le otorgó gratuitamente por 30 años en un convenio en el que también está la transnacional Jan de Nul.

Las que se vienen

Belgrano Cargas y Logística S.A.
Se concesionará por 50 años la red de vías e inmuebles, que abarca más de 7.500 km en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y, al mismo tiempo, se venderán el material rodante y los talleres.

Intercargo S.A.U.
Se trata de las operaciones en tierra y rampa para aeronaves comerciales en los aeropuertos del país.

ENARSA (Energía Argentina S.A.)
Se plantea la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano, José de San Martín y Vuelta de Obligado, junto con la concesión del transporte de gas en los tramos operados por la firma estatal.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)
Se privatizarán las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Se ofrece en venta o concesión el yacimiento minero, el complejo ferroviario y la central térmica a carbón en la provincia de Santa Cruz.

El gobierno de Milei ha explicitado que todo lo que se recauda de cada privatización va inmediatamente al pago de los vencimientos de deuda. Ni un peso quedará en el país. Tenemos que impedir este saqueo.
Anulación de todos estos negociados. ¡No a las privatizaciones! Planteamos la reestatización de todas las empresas ya privatizadas, pasando a ser gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras.

Camila Urquiza

La soberanía sobre el territorio argentino ha sido objeto de décadas de luchas campesinas, indígenas y populares. La Ley de Tierras de 2011, que puso límites a la propiedad rural extranjera, expresó parte de aquella disputa. Quince años después, el gobierno de Javier Milei avanza en sentido contrario. A sus intentos de liberar la venta de tierras suma ahora un mecanismo para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de cientos de miles de dólares.

El programa de “ciudadanía por inversión” ofrece dos caminos a los extranjeros con grandes fortunas. Un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de bonos públicos por 800 mil dólares. Así lo anunció el Ministerio de Economía en octubre. El esquema fue habilitado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y reglamentado por el Decreto 524/2025. Los solicitantes deberán superar controles, pero podrán acceder a la nacionalidad sin cumplir los dos años de residencia que se exigen por la vía ordinaria.

La desigualdad es evidente. Mientras trabajadores y familias migrantes deben atravesar trámites y exigencias para naturalizarse, quienes disponen del capital suficiente reciben una vía privilegiada. La ciudadanía, que supone pertenencia, derechos y vínculos con una comunidad, aparece tratada como otro activo financiero.

El negocio ya tiene vidriera internacional. La firma británica Henley & Partners, dedicada a gestionar residencias y ciudadanías para grandes patrimonios, promociona el pasaporte argentino por 350.000 dólares. Entre sus argumentos comerciales destaca la posibilidad de viajar a unos 170 destinos y circular por el Mercosur. La agencia admite así el carácter mercantil del programa, que el Gobierno presenta como una herramienta para captar inversiones.

La contradicción resulta más llamativa por la disputa alrededor de la Ley de Tierras. Milei intentó derogarla mediante el DNU 70/2023, pero en octubre de 2026 retrocedió frente a la resistencia política y social y restableció límites a la propiedad extranjera. La pelea por el territorio continúa abierta, mientras el Ejecutivo abre otra puerta para privilegiar al capital extranjero.

Con la necesidad de dólares como argumento, el Gobierno transforma derechos y atributos de la soberanía en oportunidades de negocios. Lo que se conquistó y defendió a través de años de organización popular hoy vuelve a ponerse en disputa. Esta vez, hasta el pasaporte argentino tiene precio.

Precarizados a gusto

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que “hay personas que no quieren estar en relación de dependencia” y defendió el monotributo en la reciente exposición que hizo en el Congreso Nacional, en la cual (parece un chiste) reconoció que al gobierno le “preocupa la informalidad”.
“No todos quieren poner todo su tiempo a un empleador. Hay algunas personas que quieren ser autónomas y tener la libertad”, lanzó el funcionario, como si en Argentina, de acuerdo al Indec, no hubiera un 45% de empleo no registrado. La defensa del modelo precarizador no es una casualidad. Es parte de la agenda política del programa de Milei, sus cómplices y el FMI.

Volver a los 90

Quienes cobran el seguro de desempleo en la Argentina aumentaron un 29,4% en el último año, de acuerdo con la comparación entre las 127.613 altas del subsidio de septiembre de 2026 y las 112.056 de un año atrás. De acuerdo con el Indec, la desocupación es del 7,9%. A su vez, y según la mayoría de las encuestas, la problemática trepó como una de las principales preocupaciones de la población en los últimos meses.

Si bien parecen lejanos el 17,5% del menemismo en 1995 o el récord del 21,5% del segundo trimestre de 2002, cuando Milei asumió el desempleo era del 5,7%. A esta velocidad, si “todo marcha acorde al plan”, volver a los 90 no parece tan imposible.

Granja Tres Arroyos

La patronal de la principal avícola argentina, que desde que llegó el gobierno libertario ya despidió a más de 1.550 trabajadores, les ofreció un cajón de pollo a 50 ex empleados para que levanten un acampe en la puerta de su planta Pinazo. Lo más grosero de todo no fue querer comprarles la lucha con una recompensa tan baja, sino haberlo hecho pocos días después de enviar a amedrentarlos con 15 patoteros de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). 

El acampe se sostiene porque la empresa no se hace cargo de la deuda que mantiene con los despedidos, en el marco de la fuerte crisis que atraviesa. La oferta de algo que en el mercado mayorista puede estar entre 50 y 70 mil pesos es una demostración más de la bajeza de la clase capitalista, que cuando gana se enriquece y cuando pierde quiere repartir pobreza.

José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de Milei se “timbeó” más de 1.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Lo hizo especulando con el oro depositado en el organismo. Todo mientras los funcionarios siguen negándose a informar donde están los lingotes que sacaron del país en 2024.

Se trata de un informe oficial de la Auditoría General de la Nación, basada en el propio balance del Banco Central del año 2025. Las autoridades del organismo, presidida por Santiago Bausili (ex socio del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo), realizaron operaciones especulativas con las reservas de oro del organismo, provocando una pérdida (récord) de 1.023 millones de dólares. El monto se compone de 960,2 millones de dólares que aparece en el balance en el rubro “operaciones con instrumentos derivados”, bajo el título “resultados negativos por opciones” (más 62,8 millones de dólares) por “primas de opciones”.

Las mentiras de Bausili

Inmediatamente publicado el informe, la conducción del Banco Central salió a desmentirlo diciendo que “el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa que, durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares”. Y diciendo que los números negativos subrayados por el informe de la Auditoría son “costos administrativos” por cobertura. “Como contratar un seguro contra incendios”, dijo increíblemente el viceministro de Economía José Luis Daza.

Vamos a explicar la mentira: el llamado “resultado positivo” de 2.505 millones de dólares no es más que el revalúo contable de las toneladas de oro físico que tiene en su poder el Banco Central. O sea, el BCRA posee una parte de sus reservas en ese metal, y obviamente el valor cambia con la cotización internacional; si el oro sube, aumenta el patrimonio del Banco. A lo largo del año 2025, la cotización de la onza troy de oro pasó de 2.689 a 4.407 dólares, una suba del 63%. Eso provocó que el oro propiedad del BCRA valiera 2.505 millones más cotizados en dólares. Es una simple ganancia contable, por los mismos lingotes.

Pero el informe de la Auditoría está hablando de otra cosa. Las autoridades del Banco Central realizaron operaciones especulativas con ese oro (las explicaremos en detalle más abajo) y los famosos “genios de las finanzas” (como se autodenominan Bausili y Caputo), perdieron en esa timba 960 millones de dólares, además de pagar “costos administrativos” por esas operaciones por otros 62 millones. Encima, por si todo esto no fuera poco, se trató de operaciones oscuras, nunca informadas, y con la absoluta certeza de que parte del oro del BCRA fue sacado del país y está con paradero desconocido. Un auténtico escándalo, que ya dio lugar a que el ministro de Economía Caputo, el presidente del Banco Central Bausili y el superintendente de entidades financieras y cambiarias Ernesto Curutchet, hayan sido denunciados penalmente.

¿Cómo fue la timba?

La maniobra especulativa que realizó la conducción del BCRA con el oro es lo que se conoce técnicamente como “contratos de derivados”. También llamadas “opciones” consisten en contratar con otra entidad (en la práctica uno de los grandes buitres financieros internacionales) un derecho a comprar o vender un activo (en este caso el oro) a un precio fijado de antemano, más allá de lo que pase en el futuro con su cotización.

Hay dos tipos de estas operaciones. La primera se llama “put”: el BCRA se asegura de vender su oro a un precio mínimo en una fecha determinada, aunque en el mercado valga menos. Por ejemplo: recordemos que a comienzos de 2025 la onza cotizaba a 2.650.  Si el Banco Central compra un “put” a 2.400, se asegura que, si el oro cae por debajo de ese monto, igual cobrará ese importe, cubriéndose de esa eventual baja.

El segundo se llama “call”. Es exactamente al revés. Acá el BCRA vende una opción (también a un buitre especulador), en este caso un papel donde se obliga a que si el oro supera determinado valor (por ejemplo, 2.800 dólares) igual deberá pagarlo a esa cotización, o sea se pierde cobrar la suba.

¿Qué hizo el Banco Central? Una operación llamada “collar” que es realizar las dos operaciones a la vez. O sea, comprar un “put” y pagarlo vendiendo un “call”. Pero los “Messi de las finanzas” erraron en la especulación: se cubrieron de la eventual baja del oro, pero no tomaron en cuenta la suba que iba a tener en el año. Así, el “put” que pagaron no les sirvió para nada, porque el oro no bajó a ese mínimo, pero el “call” les ocasionó una pérdida total: tuvieron que regalar el equivalente a un oro a 4.407, cobrando apenas 3.000 dólares por onza.

¿Bausili y Caputo no sabían que el oro iba a tener semejante suba en 2025 y “se vieron sorprendidos ante un evento imprevisto”? Difícil, muy difícil. Bastaba seguir a cualquier asesor financiero el año pasado para saber que una de las grandes inversiones del año era el oro, que “volaba” en su cotización hacia arriba. Uno de los más cercanos asesores del presidente Milei, el bróker Miguel Boggiano, constantemente recomendaba desde su empresa Carta Financiera; que se “invirtiera en oro”, afirmando que era la mejor opción del año. ¿Todo el mundo financiero lo sabía menos Caputo y Bausili, que apostaron a la baja? ¿O lo hicieron para garantizarle una superganancia al buitre financiero que está del otro lado de la operación, que encima no sabemos quien es, ya que la operación nunca fue informada? ¿O hay algo más que no estamos viendo?

La pregunta repetida: ¿dónde está el oro?

Todo esto está rodeado de otra historia, también muy oscura. Hace dos años, a mediados de 2024, se descubrió que, secretamente, el Banco Central estaba sacando lingotes del BCRA y trasladándolos a algún destino desconocido en el exterior. Lo denunció Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional. La alerta la pusieron trabajadores bancarios que vieron la maniobra. Nunca quedó claro si el oro estaba en Nueva York, en Londres o en Basilea.

El gobierno primero no respondió a la denuncia, después el presidente del BCRA Santiago Bausili lo terminó reconociendo en una reunión ante senadores. Explicó que era para “sacarle rendimiento a ese oro”, ya que si se lo dejaba durmiendo en las arcas del Banco Central no rendía nada: “es como guardar dólares abajo del colchón”. ¿Qué tiene para decir ahora, que salió a la luz que esas operaciones para obtener rendimientos terminaron con una perdida de 1.023 millones de dólares?

La Auditoría General de la Nación informó también que se encuentra en pleno proceso de investigación el traslado y destino del oro al exterior. Esto revela que el propio presidente del BCRA mintió meses atrás cuando, en la misma reunión en el Senado, ante la queja por el secretismo de la operación del movimiento del oro, había respondido que ésta se encontraba debidamente auditada.

Tampoco se sabe si, además de la timba que ocasionó la pérdida que hoy se relata, no hubo otras operaciones con el oro. Se sospecha, por ejemplo, que se lo haya puesto de garantía para asegurar a los pulpos acreedores los pagos de deuda (en particular en nuevos créditos que se negociaron con bancos, llamados REPO, tomados para cumplir con los últimos vencimientos con bonistas privados y el FMI).

¿Qué significa el monto perdido?

Todo este escándalo y el despilfarro de dólares no son dos pesos. Pongámoslo en números. 1.023 millones de dólares equivalen a 3.563.078 jubilaciones mínimas, a casi 2 años del presupuesto del Conicet, 5 años del de la Cnea, 17 años del INTI, 5 años del INTA, más del 60% de los fondos adicionales necesarios para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en 2027. El cumplimiento de la emergencia en discapacidad requiere 150 millones de dólares mensuales, por lo que lo perdido por el BCRA alcanzaría para cubrir más de 6 meses de ese monto.

El gobierno tiene aprobado en el Senado un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le da más facultades aún a los funcionarios para hacer maniobras como las de este escándalo. Permite colocar todas las reservas como garantías de los pagos de deuda. Razón de más para oponerse, planteando una auténtica alternativa, la única que le sirve a las y los trabajadores: la nacionalización de la banca, para que, junto al cese de los pagos de deuda externa y la ruptura con el FMI, permita que los recursos no se destinen más a la timba financiera, sino a resolver los reales y más urgentes problemas populares.