En 2018, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en Mendoza, denunciaron al profesor y dirigente de la Agrupación Universitaria Nacional (AUN), Mauro Aguirre, por abuso sexual, violaciones y violencia de género. Sin embargo, después de casi ocho años, la justicia patriarcal todavía no lo juzgó.

Aguirre es un peso pesado de la política mendocina. En 1994 fue convencional constituyente por el partido derechista Modin, del golpista carapintada Aldo Rico. Antes había militado en el Frente de Izquierda Popular, de Jorge Abelardo Ramos. Tras el retroceso electoral del Modin volvió al peronismo, donde participó de la creación del Movimiento de Integración Nacional (MIN) y llegó a integrar la conducción provincial del Partido Justicialista.

En agosto de 2024, la Universidad Nacional del Litoral le entregó una medalla y un diploma por su participación en la reforma constitucional de 1994. El reconocimiento a un denunciado de múltiples abusos sexuales provocó el repudio del movimiento de mujeres y de la propia UNCuyo. La universidad tuvo que dar marcha atrás, revocar la distinción y exigirle que devolviera ambos reconocimientos.

Las denuncias se hicieron públicas en diciembre de 2018, durante una asamblea de mujeres e identidades disidentes de la facultad. Seis estudiantes denunciaron hechos ocurridos entre 2010 y 2015, cuando algunas tenían apenas 18 y 19 años. Según sus testimonios, Aguirre aprovechaba su posición como docente y dirigente político para ejercer violencia sexual y psicológica.

Las denunciantes también señalaron el papel de la agrupación peronista AUN, donde se desarrollaban prácticas de aislamiento y manipulación. Integrantes de la agrupación habrían colaborado para alejar a las jóvenes de sus vínculos personales y facilitar los abusos. Por estos hechos también fueron imputados Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, acusados de actuar como partícipes primarios.

En mayo de 2019, Aguirre fue detenido. Durante la pandemia obtuvo prisión domiciliaria y en 2022, tras el pago de una fianza, recuperó la libertad. Aunque la UNCuyo lo exoneró en abril de 2021 por violencia patriarcal, la causa penal continuó acumulando demoras. El abogado defensor de Aguirre, Carlos Varela Álvarez, también es conocido por representar a la monja Kumiko Kosaka en la causa por los abusos a menores con discapacidad en el instituto Próvolo.

Recién en mayo de 2025, la Justicia confirmó que Aguirre y los otros tres imputados debían enfrentar un juicio oral. El 27 de octubre de 2026 comenzó la audiencia preliminar, que pasó a un cuarto intermedio hasta mediados de noviembre. Mientras tanto, Aguirre continúa en libertad.

Las sobrevivientes llevan casi ocho años reclamando justicia. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de los abusos denunciados, el poder político del acusado y un sistema judicial que prolonga su sufrimiento con dilaciones interminables. La impunidad también se sostiene en estas demoras, que obligan a las denunciantes a seguir esperando mientras los acusados permanecen libres.

Desde Isadora e Izquierda Socialista Mendoza acompañamos la lucha de las sobrevivientes y denunciamos la responsabilidad de esta justicia patriarcal, que después de ocho años todavía no llevó a Aguirre al banquillo de los acusados. Exigimos que se realice de inmediato el juicio oral, que se juzgue a todos los responsables y que Aguirre y sus cómplices vayan presos.

Basta de impunidad patriarcal. Justicia para las sobrevivientes. Cárcel a los abusadores y sus cómplices.