Este martes 8 de julio se desarrollaron proyectos de Ley por la defensa del Garrahan y por una Ley de financiamiento universitario en comisiones del Congreso Nacional.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Un tribunal yanqui dictó un auténtico fallo “pirata” contra YPF. Prácticamente obliga a nuestro país a entregar nuestra empresa petrolera a un fondo buitre británico que nunca tuvo ninguna relación con ella. Hay que repudiar este fallo y exigir la estatización total de YPF y todo el negocio petrolero.

Escandalosamente, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York acaba de fallar a favor del Fondo británico Burford, condenando al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares más intereses (2,5 millones de dólares por día) y exigiendo que nuestro país entregue inmediatamente el 51% de las acciones de YPF como parte de pago.

El gobierno de Milei, hipócritamente, dice que todo es producto del desastre de la política reestatizadora llevada adelante en 2012 por Cristina Fernández y su ministro de Economía Axel Kicillof, cuando hoy La Libertad Avanza es la principal entregadora de todos los recursos (el petróleo entre ellos) para el saqueo a favor de los grupos monopólicos. Claro que esto no libera de responsabilidad al peronismo kirchnerista. Por eso tenemos que reconstruir la historia con mucha precisión.

La mayor entrega de las privatizaciones de los ´90: YPF a Repsol

La española Repsol terminó quedándose con la totalidad de YPF, en un proceso privatizador llevado adelante por el menemismo que culminó en 1999, tras varios pasos escandalosos previos, como el apoyo fundamental del entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Repsol se encargó de extraer todo el petróleo que pudo entre 1999 y 2011, enviando las ganancias a su casa matriz, descapitalizando la empresa y achicando las reservas año tras año, hasta llegar a su virtual agotamiento. El kirchnerismo no hizo absolutamente nada en todos esos años y recién avanzó con la reestatización (parcial, como veremos) cuando la propia Repsol demostró intenciones de retirarse de la empresa en 2012.

Eskenazi y el Grupo Petersen

En el año 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió la entrada en el capital de YPF-Repsol de uno de sus empresarios amigos, la familia Eskenazi (del Grupo Petersen, propietario del Banco de Santa Cruz). Eskenazi no puso un peso: “pagó” por el 25% de las acciones de la empresa con un préstamo de un grupo de bancos europeos, a los que les iba a devolver la plata con las propias ganancias de la empresa. El gobierno kirchnerista justificó todo esto argumentando que era parte de una “argentinización” de YPF.

La expropiación

Recién en 2012 el gobierno de Cristina Fernández expropió a Repsol. Las bravuconadas del entonces ministro de Economía Axel Kicillof (“No vamos a pagar un peso”), pronto quedaron en la nada. A pesar del desastre que había hecho Repsol con YPF y de los miles de millones de dólares que ya se había llevado, recibió del gobierno argentino otros 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la nueva YPF, con participación mayoritaria del Estado no cambió su forma jurídica, siguió siendo formalmente una sociedad anónima. A partir de ahí desarrolló nuevos negocios con privados, comenzando con el acuerdo secreto con Chevrón que dio inicio a la explotación vía fracking en Vaca Muerta, y siguiendo con innumerables acuerdos con los otros pulpos del mundo privado del petróleo.

De Eskenazi al fondo Burford Capital

El Grupo Petersen de Eskenazi había quedado “afuera” de la reestatización: siguió teniendo sus acciones y su participación minoritaria en la ahora YPF de mayoría estatal. Pero en un momento no pudo seguir pagando el préstamo a los bancos europeos que se le había dado para comprar las acciones de YPF-Repsol, pidió su quiebra en España e increíblemente le inició juicio al Estado argentino porque este no le había comprado sus acciones de YPF. Pero como no tenía dinero ni siquiera para pagar los abogados para ese juicio, le “vendió” la causa al fondo británico Burford Capital, que nunca había tenido absolutamente nada que ver con YPF. A este fondo buitre es al que la jueza yanqui Preska declara “ganador” y le otorga un monto que es ¡tres veces lo que Argentina le pagó en su momento a Repsol! Más aún, pide que ya mismo nuestro país le entregue a esos buitres el 51% de las acciones de YPF, o sea el control de la empresa. Un auténtico escándalo, más aún, un acto de piratería.

¿Quiénes son los responsables de todo esto?

Por supuesto, no se puede esconder la responsabilidad del peronismo kirchnerista: en la mismísima privatización menemista, en hacer entrar a su amigo el empresario Eskenazi en el capital de la empresa, en la demora de años en proceder a la reestatización y en haberlo hecho manteniendo la figura de YPF S.A. (o sea legalmente como si fuera una empresa privada, sometida a los tribunales internacionales).

Pero el gobierno ultraderechista de Milei, aliado incondicional del saqueo de nuestras riquezas y en particular del imperialismo yanqui, es el peor abogado que podemos tener para resolver esto. YPF es el caso más escandaloso de una ya larga saga de juicios. Por eso hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿por qué un tribunal norteamericano es el qué decide sobre el futuro de una empresa argentina con participación estatal mayoritaria como YPF? No es la primera vez que pasa, ya vimos algo similar entre el final del gobierno de Cristina y el comienzo del de Macri (2013-2016) con las exigencias de los fondos buitres, que terminaron cobrando escandalosamente miles de millones de dólares fruto de juicios de usura. Durante el gobierno de Menem, en la década del ´90, se firmaron decenas de TBI (tratados bilaterales de inversión) por los que se fijaba la jurisdicción ante cualquier controversia legal en el CIADI (tribunales del Banco Mundial) o directamente ante las cortes de Nueva York o Londres. Se emitieron cientos de millones de dólares de nuevos bonos de deuda externa con esas cláusulas, en todos los gobiernos posteriores sin excepción (De La Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei). El Estado argentino viene perdiendo sistemáticamente todos los juicios llevados adelante en esos tribunales.

¿Cuál es la salida?

Bulford no tiene ninguna intención de hacerse cargo de YPF. Lo que busca es un “acuerdo” que transforme el fallo a su favor de 16.000 millones de dólares más intereses en bonos de la deuda externa argentina a favor de este buitre especulador.
Lo que hay que hacer está clarísimo. Repudiar este fallo es parte del hecho más amplio de negarse a seguir pagando la totalidad de los montos de esa deuda odiosa, usurera, ilegal, ilegítima e impagable, que nació con la dictadura genocida y que creció en decenas de capítulos protagonizados por distintos gobiernos, como el que ahora protagoniza el estudio Bulford. Al mismo tiempo hay que repudiar también los TBI, retirarse del tribunal de controversias del Ciadi y rechazar cualquier juicio que pretenda llevarse adelante en juzgados fuera del país.

Con respecto al propio sector energético, la salida es una YPF 100% estatal, que concentre todo el negocio petrolero de nuestro país (rescindiendo las concesiones que se han otorgado a otros monopolios extranjeros o nacionales), que funcione gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, concentrando todo el negocio del sector, incluyendo la prospección, extracción, transporte, refinado y comercialización. Y que todos y cada uno de sus procesos los realice respetando el ambiente, en común acuerdo con las comunidades locales donde se encuentran los yacimientos.

Estamos atravesando semanas marcadas por distintos hechos políticos y sindicales. En los lugares de trabajo, estudio o en los barrios populares, muchas compañeras y compañeros se preguntan qué hacer frente a todo esto.

El gobierno festeja que la inflación bajó. ¿Bajó? Los salarios y las jubilaciones siguen sin alcanzar y siguen corriendo por detrás de los precios. Mientras tanto, Luis Caputo puso en marcha su máquina de superendeudamiento, en otro capítulo de la ya larguísima historia de nuestra deuda externa: ilegal, inmoral y usurera. Son 45 mil millones de dólares de nueva deuda que se sumarán a la hipoteca.

El gobierno ultraderechista, que sigue envalentonado tras su victoria electoral en CABA el mes pasado, tiene a su presidente ocupado en garantizar el absoluto respaldo al genocida Benjamín Netanyahu, ahora en su nuevo ataque contra Irán. Mientras tanto, en el país se pone en marcha un nuevo capítulo de la motosierra, esta vez contra el INTI y el INTA. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich profundiza su perfil represivo con las nuevas atribuciones que acaba de otorgar a la Policía Federal. Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se pasó de rosca durante un evento en la Universidad Católica Argentina y terminó siendo repudiado por insultar a Florencia Kirchner.

La contrapartida son las luchas y resistencias al ajuste. El emblema sigue siendo la heroica lucha del Hospital Garrahan, mientras también hay conflicto en la empresa de energía eléctrica Secco, en el Hospital Posadas se continúa enfrentando los despidos, y las y los jubilados mantienen sus incansables marchas de los miércoles. La semana pasada hubo paro universitario (de docentes y no docentes) y esta semana se sumó el personal aeronáutico. Sea por salarios, jubilaciones o despidos, los conflictos se multiplican.

En medio de esta realidad apareció el fallo de la Corte Suprema que proscribe a Cristina Fernández, el cual, más allá de nuestras diferencias con el peronismo, repudiamos absolutamente como un grave ataque a las libertades democráticas.

El peronismo aprovechó la justa indignación popular para intentar fortalecer y unificar su fuerza política, que venía en crisis y dividida, sin lograr recuperarse desde su derrota electoral en 2023. Esto no significa ponerse a la cabeza de las luchas que hoy enfrentan el ajuste, sino como expresó Cristina “vamos a volver”. Apuestan a que caiga “la fruta madura” del repudio y la bronca contra el gobierno nacional para volver al poder.

Ante esta realidad, nos planteamos cuáles son los desafíos fundamentales para el pueblo trabajador. En un año atravesado por el calendario electoral, es clave insistir en que la alternativa política para la clase trabajadora es el Frente de Izquierda Unidad, el único espacio con un programa totalmente opuesto al de los partidos patronales: un programa obrero y popular. Que comienza por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, y que plantea medidas de fondo como aplicar fuertes impuestos a los grandes empresarios, nacionalizar la banca y el comercio exterior, entre otras propuestas urgentes para responder a las necesidades del pueblo trabajador.

Pero no se trata solo de tener un programa para contraponer al del súper ajuste de la ultraderecha de Milei o a los de doble discurso, que prometen terminar con el ajuste sin romper con el Fondo y continúan pagando la deuda, como lo hizo el anterior gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa, con resultados desastrosos. También es necesario enfrentar de forma concreta y decidida las medidas de la motosierra: los salarios y jubilaciones de miseria, los cierres de organismos y los despidos. La tarea es clara: apoyar cada lucha y buscar su coordinación para fortalecerlas y lograr que triunfen. A la vez, como venimos señalando desde el sindicalismo combativo, es fundamental denunciar el rol de la CGT, que sigue sosteniendo su pacto con el gobierno. Hay que exigirle que lo rompa, que convoque a un nuevo paro general de 36 horas y ponga en marcha un verdadero plan de lucha.

Sabemos que es fundamental dar una perspectiva a las y los nuevos luchadores que surgen en cada conflicto, fortaleciendo y articulando a delegados, comisiones internas, listas de oposición, grupos de autoconvocados y toda experiencia que nazca al calor de la pelea contra la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Con ese horizonte, buscamos avanzar en la construcción de una nueva dirección sindical combativa y democrática para la clase trabajadora. Para impulsar ese camino, realizaremos el próximo sábado 5 de julio el 2° Plenario Nacional de nuestra corriente sindical A Luchar. Una gran tarea será invitar ampliamente a participar, compartir experiencias, debatir, sacar conclusiones y definir medidas de acción, para salir más fortalecidos frente a los desafíos que vienen.

Escribe Guido Poletti

En una gravísima violación a las libertades democráticas (que repudiamos), la Corte Suprema ratificó el fallo que proscribe a Cristina Fernández. El peronismo convocó un acto multitudinario en respuesta, pero en los hechos se convirtió en una reivindicación del propio peronismo. La tarea sigue siendo sostener y profundizar el apoyo a las luchas contra el brutal plan de ajuste de Javier Milei y el FMI.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que inhabilita a Cristina Fernández para presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos,  es un ataque a los derechos democráticos más básicos. Le niega a un sector de la población la posibilidad de votar a quien considera su candidata y líder política. Por eso, desde el mismo momento en que se conoció el fallo, desde Izquierda Socialista nos pronunciamos en contra, más allá de las diferencias políticas que podamos tener.

Repudiamos esta justicia patronal, que da un nuevo paso en el cercenamiento de las libertades democráticas. Mientras tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aporta lo suyo con la reforma del estatuto de la Policía Federal, que amplia sus facultades represivas a niveles que no se veían desde la última dictadura.

La marcha a Plaza de Mayo

Las idas y vueltas de los días siguientes, con las especulaciones sobre si se le concedería la prisión domiciliaria y si se aceptaría su domicilio en San José 1111; los intentos de restringir aún más sus derechos políticos, (como impedirle salir al balcón o limitar a quién puede recibir) generaron una creciente indignación en muchos sectores populares, en su mayoría simpatizantes peronistas. Esa bronca se sumó a la que ya existe por el aumento del hambre y la marginación social producto del ajuste.

Luego de que comenzara a circular la idea de una marcha a Comodoro Py, al confirmarse que la notificación de prisión domiciliaria no requería que se presentara en esos tribunales, lo que finalmente se organizó fue una manifestación a la Plaza de Mayo.

 Se trató de una convocatoria masiva que concitó la atención política y movilizó a decenas de miles que, de forma genuina, salieron en defensa de Cristina Fernández. Sin embargo, como ya se intuía en la convocatoria previa, no fue un acto centrado en el reclamo contra el avasallamiento de las libertades democráticas por su proscripción. Por el contrario, fue un acto del peronismo, sin matices. La consigna que encabezaba el llamado a participar lo dejaba claro: “Argentina con Cristina”. Es decir, un acto de apoyo político a su figura, más que una expresión de repudio a la proscripción.

El acto movilizó a todo el peronismo, en sus distintas alas y sectores. Estuvieron presentes desde el gobernador Axel Kicillof hasta el Frente Renovador de Sergio Massa, pasando por Guillermo Moreno, Juan Grabois, legisladores de Unión por la Patria, el gobernador riojano Ricardo Quintela, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, intendentes del conurbano y diversas corrientes de la burocracia sindical. El eje, casi de forma excluyente, fue el apoyo político a la figura de Cristina, a sus gobiernos y al peronismo en su conjunto. Las consignas de las columnas (principalmente las de La Cámpora), las declaraciones de los dirigentes y su propio discurso, no dejaron lugar a dudas: “Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno, pero lo que más me gustó fue escucharlos gritar otra vez ‘vamos a volver’”.

Nosotros fuimos claros desde el primer momento: repudiamos el fallo de la Corte Suprema que proscribe a Cristina e impide que sea candidata. Nos oponemos a cualquier decisión, sea de origen judicial o político, que limite el ejercicio de libertades democráticas básicas, como el derecho de cualquier persona a postularse y que el pueblo decida libremente si la vota o no.

Respetamos a quienes se movilizaron en apoyo a su dirigenta política y consideran que también se vulneran sus derechos democráticos al no poder votarla en las próximas elecciones. El peronismo tiene todo el derecho a realizar un acto propio, y no cuestionamos eso. Pero justamente esas características son las que nos llevaron, desde Izquierda Socialista, a no participar. Hacerlo nos habría ubicado en un lugar de apoyo político al peronismo que no compartimos.

Contra la proscripción de Cristina y contra el plan motosierra

Seguiremos repudiando la proscripción y acompañando, en unidad de acción, a quienes la denuncian. Al mismo tiempo, creemos que la gran tarea es retomar y profundizar las luchas contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI: contra los salarios de hambre, las jubilaciones de indigencia, los recortes y cierres de organismos. En defensa de la salud, las universidades y la educación pública en general, así como de la investigación científica y técnica. También frente al aumento de la represión impulsada por Bullrich. Por eso decimos ¡basta de Milei! y llamamos a transformar la bronca en luchas más grandes, coordinadas y sostenidas por la solidaridad hasta lograr que triunfen.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde Izquierda Socialista repudiamos la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner para que sea candidata. Lo hacemos sin ocultar nuestras diferencias políticas y su responsabilidad en los casos de corrupción que existieron bajo su gobierno.

Una periodista me preguntó días atrás si nuestra posición contra la proscripción se fundamentaba en que Cristina era inocente. Respondí que no es inocente y que nuestro partido denuncia desde hace años sus causas de corrupción.

El crecimiento vertiginoso del patrimonio de la familia Kirchner estuvo directamente ligado a los negocios compartidos con Lázaro Báez, quien pasó de ser empleado bancario a convertirse en dueño de Austral Construcciones. Este entramado de corrupción derivó en causas judiciales que llevaron a la cárcel a varios funcionarios del entorno de Cristina Kirchner, entre ellos su ex secretario de Obras Públicas, José López, quien ocupó ese cargo durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

Lo que señalamos es que, pese a ello, rechazamos los fallos judiciales que, a través de leyes burguesas, proscriben políticamente, como en este caso a Cristina Kirchner, impidiéndole ser candidata de por vida para ejercer cargos públicos y quitándola del padrón electoral, atacando también el derecho de quienes la quieren votar y no lo pueden hacer. Rechazamos estos fallos, leyes y distintas disposiciones que atenten contra los derechos democráticos elementales. Por eso estuvimos en contra, junto al FIT Unidad, del proyecto de “Ficha Limpia”: fallos y leyes que pueden ser usadas contra la izquierda y contra quienes luchan.

Decimos entonces no a la proscripción. Y lo hacemos sin dar ningún apoyo político a Cristina ni al peronismo, ni cuando gobernaron ni ahora. Muchas compañeras y compañeros peronistas consideran que la causa fue armada; respetamos esas opiniones, aunque no las compartimos. Lamentablemente, posturas como las del PTS, que repiten que se trata de una “causa armada”, alimentan ese razonamiento equivocado. Se amparan en la teoría del lawfare, según la cual todo sería un complot judicial orquestado por Estados Unidos contra gobiernos supuestamente populares. Esa mirada sugiere que esos gobiernos patronales tendrían algo de progresivo, cuando en realidad gestiones como las de Lula Da Silva, el MAS en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o el propio kirchnerismo han gobernado para los de arriba. Es cierto que el imperialismo manipula y saca rédito en estas situaciones, y que estos casos forman parte de disputas entre sectores burgueses. Pero eso no borra que los hechos de corrupción existieron y existen.

Luchar contra la corrupción capitalista en todos los gobiernos

La corrupción es inherente al sistema capitalista. Basta repasar hechos ocurridos en Argentina y en otros países, tanto bajo gobiernos patronales de derecha liberal como de centroizquierda. En nuestro país, puede recordarse la estafa con “los pollos de Mazzorin” durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero bajo el peronismo de Carlos Menem, con el objetivo de ocultar la venta ilegal de armas a Ecuador. Otro ejemplo es el de Fernando De la Rúa, quien murió sin ser condenado por el escándalo de la Banelco, utilizado para hacer votar una ley de flexibilización laboral. Luego vino Macri, que nos endeudó con el FMI por 45 mil millones de dólares. Hoy esas políticas se profundizan con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que encabeza lo que ya se denuncia como una nueva estafa cripto.

Esto tiene también un correlato internacional. Actualmente, el presidente “socialista” del Estado Español, Pedro Sánchez, enfrenta denuncias por hechos de corrupción que involucran a ministros y referentes del PSOE. En Panamá, el ex presidente derechista Ricardo Martinelli fue condenado por lavado de dinero. En Francia, uno de los casos más recordados es el del ex mandatario de derecha liberal Nicolas Sarkozy, también condenado por corrupción. Y así podríamos seguir.

La corrupción es una lacra más del capitalismo, cuyos distintos gobiernos avalan o directamente integran, con el objetivo de favorecer a grupos empresarios, multinacionales, al capital financiero y también a los políticos patronales. La combatimos, al mismo tiempo que rechazamos la utilización de fallos judiciales para proscribir y atacar derechos democráticos, denunciando el uso selectivo de leyes burguesas según la conveniencia de esta justicia patronal. Una justicia que no juzgó ni condenó a Macri y que todavía no se pronunció ante la estafa cripto de Milei. Se trata de un fallo funcional al gobierno, que avanza con medidas profundamente antidemocráticas, como la transformación de la Policía Federal en un “FBI argentino” o los permanentes ataques al periodismo y a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta.

¿Más peronismo o Frente de Izquierda?

Con estas consideraciones ratificamos el rechazo a la proscripción que impide a Cristina ser candidata. Al mismo tiempo, sostenemos que la herramienta política para enfrentar a la ultraderecha no es el peronismo, que ya gobernó con pobreza e inflación, como lo hizo el gobierno de Alberto y Cristina, y que hoy permite el avance de la motosierra de Milei con una CGT que continúa pactando con el gobierno. No es cierto, como afirma el PJ, que “a Milei se lo combate con más peronismo”. Por eso seguimos planteando que el Frente de Izquierda Unidad representa una alternativa política que pelea por un cambio de fondo.

Mientras levantamos la voz contra la proscripción, desde Izquierda Socialista seguiremos luchando contra este sistema capitalista explotador y corrupto, postulando un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina socialista.