Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Estado argentino ganó, en segunda instancia, la causa por la expropiación de YPF que llevaba adelante el fondo buitre Burford. Javier Milei, que siempre estuvo en contra de la estatización y jugaba abiertamente a favor de los buitres, increíblemente se atribuyó el triunfo. El peronismo kirchnerista no queda libre de responsabilidades, ya que había sido quien dio entrada a YPF al Grupo Petersen de Eskenazi, lo que dio origen al juicio.

Empecemos por lo más importante: desde la izquierda siempre planteamos que el petróleo y el gas, recursos estratégicos, deben estar en manos del Estado, por medio de empresas públicas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios. Desde esa perspectiva, apoyamos en su momento la estatización parcial de YPF realizada en 2012, por el gobierno de Cristina Fernández, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Cuestionamos entonces que la estatización haya sido parcial, por sólo el 51% de las acciones (las que pertenecían a la multinacional española Repsol), y que, en vez de crearse una sociedad del estado se siguiera con la forma jurídica de sociedad anónima. 

Criticamos también los 6.000 millones de dólares pagados a Repsol, hecho realizado después de que el propio Kicillof dijera que “no había que pagarle un peso, por el desastre ambiental que nos dejan”. 

Y, por supuesto, repudiamos el intento del fondo buitre Burford de robar a nuestro país, con la escandalosa complicidad de la justicia estadounidense, que había llegado a fallar en primera instancia contra nuestro país, reclamando 16.000 millones de dólares más intereses (lo que al día de hoy sumaba un total de 18.000 millones). 

El actual presidente ultraderechista Javier Milei siempre estuvo en contra de la estatización, defendió los argumentos de los buitres a lo largo de todo el juicio, e incluso puso a abogados de Burford como funcionarios cuando llegó al gobierno. Desde que comenzó su mandato, venía conversando con el fondo buitre para pagarle el fallo. Lo único que estaba en discusión, para Milei, era cómo llevar adelante el “plan de pagos”. Reconoció y legalizó una estafa, como en el resto de la deuda externa argentina (de hecho los 18.000 millones de Burford se sumaban a los más de 500.000 que “debía” la Argentina). 

El discurso de Milei

Escandaloso. Cínico. No caben otras palabras. Milei se lanzó a festejar como si de él dependiera el triunfo en este fallo de segunda instancia, cuando su gobierno jugaba exactamente para lo contrario. 

Peor aún. El estudio de abogados que defendía la causa argentina (los únicos que, desde el comienzo del juicio, tuvieron una estrategia coherente para ganar el litigio, por cierto que cobrando jugosamente por ello) habían insistido al gobierno de Milei que no hiciera declaraciones que pudiera ser utilizadas como argumentos en contra (Burford podría, eventualmente, elevar la causa a una tercera instancia, en la Corte Suprema yanqui). Pero el presidente, en forma totalmente irresponsable, hizo exactamente lo contrario: mientras “festejaba” el fallo, aprovechó para criticar la estatización, utilizando los mismos argumentos que el fondo buitre. Parecía que estaba refutando los argumentos del fallo en vez de apoyarlo. Por supuesto, lo hacía a la vez que insultaba a Kicillof y decía que toda expropiación es un robo. 

Las responsabilidades del peronismo kirchnerista

Cristina Fernández y Axel Kicillof también festejaron el fallo y se adjudicaron el triunfo. Vamos por partes. Ya hemos explicado que estuvimos a favor de expropiar Repsol y de la reestatización. Pero tenemos que precisar la historia. 

Primero. YPF fue privatizada en 1992, en una votación donde uno de los más entusiastas fue el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Él puso el avión de la gobernación provincial para que se lograra el quórum. El miembro informante del peronismo menemista en el Senado fue Oscar Parrilli, luego secretario general y mano derecha de Cristina Fernández durante su presidencia. Y la provincia de Santa Cruz recibió por la privatización más de 500 millones de dólares, que fueron depositados en el exterior y cuyo destino final siempre se desconoció. 

Luego de 2003, ya con Repsol a cargo de la YPF privatizada, los gobiernos kirchneristas dejaron que la multinacional española siguiera adelante con el saqueo, que consistía en extraer todo el petróleo y gas posible y no realizar ninguna inversión en los pozos ni hacer prospección. Así, año a año, fueron cayendo las reservas, hasta que, después de 2010, ya la extracción ni siquiera alcanzaba para el consumo interno, debiendo recurrirse a la importación de ambos combustibles. 

En 2008, el peronismo kirchnerista, bajo el doble discurso de la “argentinización” de YPF, hizo ingresar a la empresa al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner desde la privatización del Banco de Santa Cruz. 

La forma fue escandalosa. Se le otorgaron gratis el 25% de las acciones de la empresa. Eskenazi se comprometió a ir pagando a medida que cobrara las ganancias de la empresa. 

En noviembre de 2011 se descubrió Vaca Muerta. Repsol, que quería vender todo e irse, se negó a avanzar con la prospección del área. Ese fue el motivo final que llevó a la expropiación. Que se realizó, como explicamos más arriba, abonando a la multinacional española 6.000 millones de dólares. 

El kirchnerismo puso al frente de la nueva YPF al empresario Miguel Galuccio (el actual dueño de Vista Energy), quien comenzó inmediatamente las negociaciones para desarrollar el fracking en Vaca Muerta, firmando un acuerdo secreto con la petrolera estadounidense Chevron. Así comenzó una política que fue sostenida, sin fisuras, por todos los gobiernos desde ese momento: Cristina (2012-2015), Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y actualmente Milei: el saqueo vía fracking por medio de acuerdos entre YPF y el resto de los monopolios del sector (Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Shell, Pampa Energía). Este es el verdadero motivo del mameluco de YPF que gusta usar Milei. 

El juicio en Estados Unidos

Los Eskenazi se declararon en quiebra e iniciaron un juicio al estado argentino por no haber recibido ellos también oferta de compra por sus acciones de YPF (que, recordemos, los Kirchner se las habían dado gratis). Pero como no podían ni siquiera pagar el litigio, le vendieron los derechos del juicio al fondo buitre Burford Capital, por 10 millones de dólares.

Este fondo llevó la demanda al Tribunal de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Increíblemente, esta jueza aceptó un litigio que correspondía a la justicia argentina y falló en 2023 contra del país, planteando que se le debía pagar a Burford la suma de 16.000 millones de dólares más intereses. Eso hoy sumado es 18.000 millones, tres veces más de lo que se le pagó a Repsol. Encima, se llegó a plantear que, de no realizarse el pago, el fondo buitre podría quedarse con YPF. Un fallo escandaloso, de una concepción imperialista pocas veces vista.

El fallo era tan insostenible que la propia Corte de Apelaciones de Nueva York le terminó dando la razón a la Argentina, revirtiendo lo decidido por Preska. Este fue el fallo que se conoció el viernes 27. Queda la posibilidad de una última instancia, si Burford lleva el caso ante la Corte Suprema yanqui. 

Conclusión: se ganó con todo en contra

Fue como ganar un partido de visitante, con referí en contra y directores técnicos y presidentes del club vendidos. El equipo de abogados de Sullivan & Cromwell, con Robert Giuffra Jr. a la cabeza, logró este triunfo, no por patriotismo hacia nuestro país, sino por su propio prestigio jurídico (son abogados de altísimo perfil técnico que cobran 1.800 dólares la hora de trabajo). Mientras tanto, Milei y su equipo, incluyendo la procuración del Tesoro, con Castro Videla a la cabeza (abogado del propio fondo Burford), jugaba en contra. Y el kirchnerismo había sido responsable de dejar “picando” el regalo de los Eskenazi. 

Nos encontramos con una postal de todo lo que está mal. De adónde nos lleva el saqueo con el que están comprometidos todos los partidos patronales de nuestro país. 

Por eso, debemos volver a insistir. La posición de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad ante estos recursos estratégicos, como el gas y el petróleo, es la estatización total, rescindiendo absolutamente todos los contratos con las distintas empresas. Y la creación de una YPF 100% estatal, que centralice todo el negocio desde la exploración, pasando por la extracción, transporte en oleoductos, refinado y llegando a la comercialización en las estaciones de servicio. Y, al mismo tiempo, creando una gran Gas del Estado, que haga lo mismo con el negocio gasífero. Estas empresas deben estar administradas por sus trabajadoras y trabajadores y técnicos, con participación de las comunidades donde se realizan los trabajos para verificar que no se producen daños ambientales. 

Al mismo tiempo, la Argentina debe renunciar a los Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por el peronismo menemista, y mantenidos por todos los gobiernos posteriores e irse del Ciadi, ya que esto habilita a que los eventuales juicios se terminen dirimiendo en tribunales internacionales. Esta vez zafamos, pero hay montones de juicios contra la Argentina donde los tribunales yanquis fallan sistemáticamente contra nosotros, como es obvio. 

El gas y el petróleo, recursos estratégicos, deben estar gestionados por empresas estatales y al servicio del desarrollo productivo, con tarifas locales accesibles y no, como ahora, para las superganancias de las transnacionales.