Sep 19, 2026 Last Updated 2:31 PM, Sep 17, 2026

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En medio de otras reformas y contando con un blindaje mediático excepcional, el jueves 26 se tratará en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Esta ley ha estado en la mira de las mineras desde sus inicios, motivo por el cual fue vetada por Cristina Fernández en 2008, para ser finalmente sancionada en 2010 como resultado de una ardua lucha del movimiento socioambiental. La ley protege actualmente a casi 17 mil glaciares, que representan el 1% de la superficie nacional pero cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el territorio, al alimentar ríos y fuentes de agua dulce, vitales para la flora y la fauna, así como para la salud y la actividad económica humanas.

Estos ecosistemas ya se encuentran en peligro. Estudios del Conicet revelan que los glaciares de nuestra Patagonia vienen perdiendo masa de manera acelerada como producto de la crisis climática, lo que agrava el estrés hídrico ya endémico en dos tercios de nuestro país. En los últimos años, además, la política hídrica nacional ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales para dejar en manos privadas la gestión del agua, como evidencian los acuerdos con Mekorot, la empresa israelí con un rol central en el genocidio en Palestina.

Pero ahora nuestros glaciares, principal fuente de agua para consumo, están siendo directamente saqueados por las mineras y corporaciones transnacionales. Al igual que la Reforma Laboral habilitó “negociar derechos a la baja” con las patronales, esta modificación promueve algo igualmente inconstitucional al violar el principio de no regresividad en materia ambiental. Las protecciones alcanzadas, pocas, no pueden retroceder. De aprobarse esta reforma, se encendería una alerta enorme para el conjunto de la legislación de protección ambiental y de adaptación y mitigación frente al cambio climático vigente en nuestro país. De hecho, ya estamos viendo cómo Donald Trump, el principal aliado de Milei, está aboliendo todas las políticas ambientales en Estados Unidos.

¿Qué modifica esta reforma?

Le quita potestad al IANIGLA, la institución nacional encargada de establecer el inventario de glaciares, para transferirla a las provincias. De este modo, cada jurisdicción podrá definir qué sectores son considerados estratégicos y cuáles quedan por fuera de la protección de la ley, habilitando proyectos que hoy están prohibidos y que las mineras intentan impulsar desde hace años para desmantelar esta legislación.

¿Quiénes la impulsan?

Javier Milei promueve esta reforma con la participación directa de los gobernadores que integran las mesas del litio y del cobre, es decir, de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan. Se trata de un rejunte que expresa el amplio respaldo político con el que cuenta el extractivismo minero en nuestro país, ya que nuclea tanto a sectores peronistas como radicales que vienen de apoyar, a través de sus senadores, la reforma laboral esclavista, otro regalo para las transnacionales. Ambas reformas fueron señaladas como las mayores preocupaciones por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y fueron rápidamente negociadas por este gobierno abiertamente entreguista y cipayo.

Las principales mineras detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Muchas de ellas cuentan con antecedentes de desastres ambientales y contaminación de fuentes de agua en distintos lugares del mundo. En el caso de Barrick Gold, se trata del peor derrame minero de nuestro país, que contaminó cinco ríos con 15 mil litros de cianuro en San Juan, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial.

Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. Si se logra la media sanción en el Senado, daremos aún con más fuerza la batalla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias. Incluso si avanza en esa instancia, continuaremos la lucha en cada provincia y territorio, donde cobra un valor estratégico la red de resistencia que hemos conformado.

¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!


Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 14 viajes en dos años, Javier Milei se convirtió en el presidente argentino que más veces viajó a Estados Unidos. Lo hizo, nada menos, en pleno debate de la reforma laboral esclavista. No es un dato casual, sino parte del alineamiento y la subordinación al imperialismo yanqui, hoy encabezado por el ultraderechista Donald Trump. Como venimos denunciando, está en curso un nuevo pacto colonial, funcional a la política de Trump de reeditar la Doctrina Monroe para América Latina, como se vio con la intervención contra Venezuela y la profundización del bloqueo a Cuba.

Pero este viaje no fue uno más dentro de esa política de sometimiento. Milei asumió un compromiso explícito de colaboración con el llamado “Board of Peace” impulsado por Trump para Gaza. Bajo el eufemismo de la “reconstrucción”, este plan propone una transformación estructural del territorio palestino, con financiamiento multimillonario y presencia militar internacional. Peor aún, Milei ofreció el envío de Cascos Blancos argentinos para integrarse al dispositivo que acompañaría esa fuerza de ocupación, en un nuevo gesto de complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino.

El plan del presidente yanqui apunta a crear un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre las ruinas de Gaza, luego del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Por eso decimos con claridad: ¡No en nuestro nombre!

Milei se ubica del lado de quienes pretenden convertir el apartheid y el genocidio en un negocio inmobiliario y en un enclave estratégico. El anuncio de inversiones millonarias para transformar Gaza en un polo turístico forma parte de un plan de colonización y limpieza étnica sobre la Franja de Gaza que no podemos permitir.

De este modo, Milei acompaña la ofensiva de Trump, refuerza su alianza con los sectores más duros de la ultraderecha mundial y ratifica su respaldo político a Benjamin Netanyahu, ubicándose como cómplice directo del genocidio en Gaza, junto a Trump. Sin embargo, frente a la complicidad de los gobiernos, los pueblos del mundo siguen levantando la voz: crece la solidaridad activa de sindicatos y organizaciones populares, y avanza la preparación de una nueva Flotilla internacional que partirá hacia Gaza para romper el bloqueo.

Allí donde los gobiernos se alinean con la ocupación y el genocidio, los pueblos construyen solidaridad. Por eso rechazamos el envío de tropas argentinas comprometidas en el marco del “Board of Peace” y seguiremos peleando por una Palestina libre del río al mar.


Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El reciente contrato por más de 114 millones de pesos, adjudicado por Pablo Quirno desde la Cancillería argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), vuelve a dejar al descubierto cómo el gobierno “anticasta” utiliza el Estado para negocios privados y corrupción. La AACI está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Se trata de una contratación directa, sin licitación pública, para dictar 594 horas de cursos de inglés a 132 agentes del servicio exterior, a un costo cercano a 192 mil pesos por hora cátedra. Es decir, cinco veces más de lo que cobra una o un docente en CABA, o el equivalente a un salario mensual de ayudante de primera de la universidad pública por diez horas semanales.

Este hecho fue denunciado penalmente por presunto tráfico de influencias y defraudación a la administración pública. La presentación judicial incluye además otros contratos por más de 720 millones de pesos en alquileres oficiales bajo la órbita del propio Sturzenegger, destinados a oficinas y cocheras de su ministerio.

Estos casos desenmascaran sin vueltas a uno de los principales ideólogos de la reforma laboral esclavista, de los despidos masivos en el Estado y del festival de desregulaciones al servicio de los grandes empresarios impulsado por Javier Milei. Mientras hablan de “libertad” y aplican ajuste contra el pueblo trabajador, utilizan el aparato estatal para garantizar sus negocios privados y reproducir la corrupción estructural del sistema capitalista.

Escribe Julieta “Mechón” Ocampo
Diputada provincial Izquierda Socialista/FIT U

El Gobierno de Rolando Figueroa avanza, en acuerdo con YPF, en el saqueo y la contaminación del Lago los Barreales mediante el proyecto de Desarrollo Integral Actividad Bloque LANOR II 2026–2027 – Área de Concesión Loma La Lata. Autorizó que se realicen 56 pozos de hidro-fractura para extraer petróleo y gas en las proximidades del lago.  Para cumplir con el requisito legal, el gobierno convocó a una audiencia el jueves 5 de febrero, audiencia que por su carácter público permitió que nos inscribiéramos, para exponer, a varios que nos oponemos al fracking y más en esa zona de alto riesgo de contaminación del agua. Así estábamos anotados abogados, técnicos y militantes antifracking.

Angélica Lagunas acompañando el reclamo

Desde Ambiente en Lucha, junto con comunidades mapuches afectadas, vecinos y vecinas, la Campaña Salvemos el Mari Menuco y organizaciones ambientalistas marchamos a participar de la audiencia, que se realizaba en el Hotel Sol de Añelo (ciudad cabecera de Vaca Muerta). Al llegar, encontramos el hotel completamente vallado y con policías que impedían nuestro ingreso. Esta audiencia, que estaba programada como pública, terminó siendo privada para los ejecutivos de YPF y los funcionarios de Figueroa.

Una audiencia ilegítima e ilegal

Fue convocada en diciembre, pero los anexos de los estudios de impacto ambiental fueron publicados recién el 1° de febrero, solo cuatro días antes de la audiencia, dando lugar al primer acto de ilegalidad, ya que la información debía estar disponible una vez lanzada la convocatoria. En la comparación entre el estudio principal y los anexos surgen inconsistencias graves que muestran que la contaminación venidera se hará a conciencia, se habla de zonas de sacrificio, actividades con riesgo relevante y la posibilidad real de que los derrames lleguen al embalse contaminando el lago y el río Neuquén.  En segundo lugar, el Gobierno no cumplió con la Consulta Libre Previa e informada con las comunidades mapuche de la zona, a las cuales se les proyecta invadir con pozos de petróleo.

Las exposiciones estaban programadas para dar inicio a las 11hs. Cuando llegamos nos encontramos con el Hotel vallado y una centena de policías cuidando los intereses de las petroleras. Las autoridades comenzaron la audiencia sin que todos los expositores estuviéramos en el recinto, aun cuando habíamos cumplido con todos los requisitos de inscripción. Nos informaron que la organización del evento había perdido las planillas con nuestros nombres; y encima nos mostraron una planilla con los nombres manuscritos de los expositores por YPF y sin los datos personales que se nos exigieron a quienes nos oponemos al proyecto.

Al cabo de un tiempo, luego de que todos los expositores de YPF habían hablado sin que pudiésemos escucharlos,  nos informaron que podríamos ingresar únicamente los diputados provinciales presentes, pero dejando afuera a todo el resto de compañeros inscriptos. Un verdadero atropello, que rechazamos. 

Por ley, estas audiencias deben ser públicas, filmadas y transmitidas, ninguno de estos pasos se cumplió. La Secretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi y el Secretario de Ambiente de la Provincia, Hipolito Salvatori, fueron las marionetas que llevaron adelante todo este bochornoso procedimiento.

Julieta "Mechón" Ocampo junto a la comunidad Mapuche

¿Y ahora qué?

Pasada esta audiencia trucha, creemos que es importante plantear a futuro una conclusión clara, que el gobierno de Figueroa irá a fondo para profundizar su plan de saqueo, porque gobierna para las petroleras con el acuerdo y el impulso del gobierno nacional de Milei. Por ello, es que quienes nos reivindicamos ambientalistas, o estamos preocupados por este avance contaminante, debemos profundizar la coordinación y la lucha en defensa del agua, coordinando junto a la Campaña Salvemos al Mari Menuco las acciones de lucha en las calles, exigiendo la nulidad de esta audiencia trucha, que pretende avanzar sobre la agua que consumimos en todo el Valle, ya que los lagos Barreales y Mari Menuco son gigantes tanques de donde se extrae el agua que se potabiliza para el consumo de unos 700.000 habitantes.

Solo en unidad podremos derrotar a las multinacionales petroleras y a los gobiernos responsables de la contaminación y el saqueo.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se aprobó en la Cámara de Diputados un retroceso en los derechos de las y los trabajadores que nos retrotrae al siglo XIX. Se hizo con la flagrante complicidad de diputados y diputadas del peronismo, que aportaron al quórum y a los votos. La CGT, cómplice en todo el proceso, tuvo que llamar a un paro que fue contundente, pero no anunció ninguna medida para darle continuidad a la pelea. 

Ya lo habíamos visto en Senadores, ahora se repitió corregido y aumentado. Fueron 135 votos a favor de la ley esclavista y 115 en contra. Ahora vuelve a la Cámara Alta, ya que tuvieron que bajar el artículo 44, el que quitaba el derecho a enfermarse y planteaba descuentos salariales si eso sucedía. 

¿Qué pasó entre la votación de senadores y la de diputados? Primero, se cayó ante millones la confusión de que esta ley “permitiría dar trabajo” o “haría que se blanqueara a los precarizados”. Los propios empresarios se encargaron de aclarar que no pensaban crear un sólo puesto de trabajo. Este gobierno ultraderechista, con funcionarios cavernícolas antiobreros, hizo “una de más”: el ministro Sturzenegger destapó ante las y los trabajadores el artículo terrorífico que planteaba bajarle los salarios a quiénes se enfermaban. La indignación fue tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Nadie se quería hacer cargo de quién había insertado a último momento ese letal “artículo 44”. Ahora se supo porqué: fue el propio Javier Milei, como lo reveló el periodista Marcelo Bonelli (Clarín, 20 de febrero). La burocracia de la CGT, que había dejado completamente abandonados a las y los trabajadores y que sólo había negociado en el Senado no perder sus cajas y negociados, se vio obligado por la indignación y presión de las bases a llamar a un paro general. Y si bien el paro fue muy contundente, en la conferencia de prensa de balance no mencionó ningún plan de lucha. Dijeron “iremos a la Justicia”. ¡A la justicia! ¿En serio lo dicen? ¿A cuál Justicia? ¿A la laboral que el propio proyecto de ley plantea desmantelar? ¿A la Corte cómplice, que tiene cajoneados miles de denuncias de inconstitucionalidad de todo tipo y color por ataques al pueblo trabajador? Increíblemente contraponen la lucha, el paro y la movilización, lo único que puede frenar esto ahora, con un etéreo y brumoso “reclamo a la justicia”. 

Por si fuera poco, el día anterior al tratamiento en Diputados la patronal de Fate, propiedad del multimillonario Madanes, anunció el cierre definitivo de la planta dejando en la calle a más de 920 trabajadores e indirectamente afecta a un número mucho mayor que puede llegar a sumar un total de 2.500 despedidos. Desnudando cuál es el real objetivo de esta reforma laboral, despedir más barato (gratis en realidad, ya que lo pagarán las y los jubilados).

Encima, quién también habló fue Julie Kozack, vocera del FMI, reconociendo que la reforma laboral era una exigencia del Fondo, pero a la vez advirtiendo que no esperaba ninguna reactivación ni creación de empleo por ello. “Todavía quedan otros muy dolorosos cambios”, aclaró.

Escandalosa sesión contra los derechos de las y los trabajadores

La sesión

Escandalosa, no cabe otra palabra. Por dónde se lo mire. La reunión de comisiones para habilitar el debate duró un sólo día, sin que se permitiera a decenas de organizaciones expresarse: ¡Se liquidaba un siglo de conquistas obreras en un trámite express!

Empecemos por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Ni siquiera podían defender el proyecto, el miembro informante leía sin saber ni lo que estaba diciendo. Luego nadie, absolutamente nadie se anotó para defenderlo. Ni siquiera, como es costumbre, en el discurso de cierre. Pasa que el proyecto de ley había sido escrito en los estudios de los abogados de las grandes empresas, a la medida de ellas artículo tras artículo, y los diputados oficialistas ni lo habían leído. Lo mismo vale para el PRO, que sólo se preocupó por su negocio propio: el traspaso de la justicia laboral nacional a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Dos pájaros de un tiro: se elimina cualquier fuero que resguarde a las y los trabajadores, se despide a decenas de miles de judiciales, se entrega todo al foro pro-patronal de jurisdicción porteña y a la vez se le abre un fabuloso espacio a los Macri para nombrar nuevos jueces y funcionarios amigos. 

Después vino lo de siempre: las vergonzosas intervenciones de radicales y miembros de partidos patronales provinciales que explicaban la barbaridad de tal o cual artículo (una diputada neuquina hasta lloró mientras hablaba) mientras aclaraban que, igual, iban a votar a favor, cubriéndose con alguna disidencia mínima que no servía para nada en la votación parcial.

Se demostró que el peronismo no sirve para frenar a Milei 

Como ya nos tienen acostumbrados, diputadas y diputados que ingresaron por las listas del peronismo -respondiendo a sus gobernadores- le sirvieron a medida al gobierno, en una puesta en escena donde se repartían los que daban quórum, los que votaban a favor en general o los que se abstenían. Todos, por supuesto, en silencio, entregando vergonzosamente al propio pueblo trabajador. Legisladores peronistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones jugaron este juego, a los que se sumaron esta vez los de Catamarca. No es una novedad la existencia de estos peronistas cómplices del gobierno, pero el dato político es que son cada vez más. Lo mismo había pasado en Senadores, mostrando la crisis de esa fuerza política, y su incapacidad absoluta como herramienta de defensa de las y los trabajadores. 

Por supuesto, quedó un núcleo de Unión por la Patria que hizo discursos en contra, y hasta participó en algún escandalete en el recinto “para la televisión”. Todo mientras en la calle eran cómplices de la desmovilización, como desarrollaremos más adelante. En el discurso de cierre, el jefe de bloque Germán Martínez trató de deslindar responsabilidades, culpabilizando a “los traidores” y planteando como solución el voto al peronismo en 2027 que, supuestamente, entonces “derogará la ley”. ¿Esa es la salida que le ofrecen al pueblo trabajador? ¿Quién puso en las listas a esos supuestos traidores, de los que ahora nadie se hace cargo? Las y los trabajadores que ahora se quedarán sin derechos, sin vacaciones, sin las 8 horas, sin horas extras, o que será despedido, no cobrará la indemnización que le corresponde y los mil y un atropellos más, ¿acaso tienen que resignarse y esperar a votar en el 2027? Es que el problema no es “traidores” o “leales”, el problema es el peronismo de conjunto, que no es salida para el pueblo trabajador.

Sólo el Frente de Izquierda Unidad mostró coherencia en una defensa clara, absoluta, muy bien fundamentada, denunciando todos y cada uno de los derechos que se perdían, combinando a la vez esa lucha parlamentaria con la calle, participando de la movilización del sindicalismo combativo y la izquierda. Del mismo modo, fue el único bloque que denunció y se pronunció por la reapertura de Fate, el ataque anti-obrero del día, que recorría toda la sesión. Ahí está la alternativa política para oponer a la ultraderecha de Milei y sus socios.

Estación constitución vacía fue una muestra del contundente paro

El paro y la movilización

La clase trabajadora respondió con claridad, el paro fue muy contundente. La burocracia de la CGT, que no da puntada sin hilo, después de larguísimos meses de tregua con el gobierno, de participar en el Concejo de Mayo y de limitarse a negociar sólo sus propias cajas, dejando totalmente desamparados a las y los trabajadores, había tenido que llamar a una movilización cuando se trató en el Senado, increíblemente sin paro. Para peor, ese día se movilizaron casi pidiendo permiso, con columnas escuálidas que ni siquiera entraron a la plaza de los Dos Congresos. Ahora, hicieron lo inverso: llamaron a un paro pero sin continuidad en un plan de lucha. Parece un chiste.

Igualmente, la clase trabajadora tomó el paro en sus manos, lo hizo carne y construyó una respuesta contundente. Algunos gremios, reunidos en el llamado Frente de Sindicatos Unidos (las dos CTA, UOM, ATE, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros) llamaron a movilizarse, pero lo hicieron desigualmente en las distintas provincias. En CABA, otra vez, ni siquiera entraron a la Plaza Congreso, hicieron un acto en la bocacalle de su ingreso. Por la bronca de las bases contra la reforma plantearon correctamente la necesidad de un paro de 36 horas con movilización como próximo paso, cosa que tenemos que reclamar fuertemente a la CGT.

Cabecera del Sindicalismo Combativo en Plaza Congreso

Claramente distinta fue la posición del plenario del Sindicalismo Combativo, de los movimientos piqueteros independientes y de las jubiladas y jubilados en lucha junto con la izquierda, que realizaron acciones de visibilización por la mañana, tuvieron una fuerte presencia solidarizándose con la toma que se realiza en Fate en defensa de las fuentes de trabajo y, sobre todo, se movilizaron y realizaron un acto en Congreso.

La CGT debería convocar a 36 horas de paro con movilización 

Como dijeron las compañeras y compañeros en Plaza Congreso y sintetizaron tanto el “Pollo” Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigente de Izquierda Socialista) y Mónica Schlotthauer (diputada provincial de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria): “tenemos que exigir a la CGT un paro de 36 horas, con movilización y un plan de lucha. Para dar la pelea cuando vuelva a tratarse en el Senado. Y para lo que seguirá, aun si aprueban la ley: van a tener que aplicarla, y esa será otra pelea en sí misma”.

Si el paro fue fuerte es porque la clase trabajadora no está derrotada y va a dar pelea. En cada lugar de trabajo hay que reclamar asambleas y pronunciamientos de los cuerpos de delegados para exigir que la CGT convoque a un plan de lucha nacional, dándole continuidad a la medida de fuerza del 19, contra la reforma laboral, por aumento de salarios, contra los despidos y en apoyo a las y los trabajadores de Fate.




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