Escribe José Castillo

Javier Milei y Luis Caputo anuncian que, supuestamente, han derrotado la inflación. Pero esa afirmación está muy lejos de la realidad que vive cada día el pueblo trabajador.

El gobierno festejó porque la inflación oficial de junio fue del 1,6%. Ese fue el número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Se mantuvo en línea con el dato de mayo (1,5%). Por supuesto, Milei, el ministro Caputo y el coro de periodistas afines al oficialismo salieron a repetir, como loros, que se trataba de “un gran éxito”, que la inflación está aniquilada y que esto “demuestra” las bondades del plan económico. Sin embargo, cualquier trabajador o trabajadora, jubilado o jubilada, o quienes viven de changas y se las rebuscan como pueden, sienten en el bolsillo que nada de eso se corresponde con la realidad.

Lo primero y principal: el conjunto de los salarios (formales, tercerizados, públicos, privados e incluso los de la economía informal) ha quedado muy rezagado respecto de la astronómica suba de precios del año pasado. Quien menos perdió, resignó al menos un 15 % de sus ingresos; otros, mucho más, llegando a superar el 30%. En lo que va de 2025, la inflación siguió ganándole por goleada a los salarios y jubilaciones. La prueba más clara es que la Secretaría de Trabajo no está homologando acuerdos paritarios que superen el 1% mensual. Incluso en mayo y junio (los “mejores meses” en términos inflacionarios) los salarios volvieron a perder frente al índice de precios.

Sobran las encuestas y testimonios que confirman que la inmensa mayoría del pueblo trabajador no llega a fin de mes. Es impactante la cantidad de personas que usa tarjetas de crédito para comprar comida y termina endeudada. La morosidad ya alcanza el 5% en tarjetas bancarias y el 10% en medios de pago no bancarizados. Es decir, miles de familias no pueden pagar las cuotas y quedan atrapadas en financiaciones con tasas usurarias que superan el 100% anual.

¿Cuánto es, efectivamente, el costo de vida para el pueblo trabajador?

Son muchísimos los trabajadores y trabajadoras que sienten que su bolsillo perdió mucho más que el 1,6% que marcó el IPC de junio. Y efectivamente, una lectura fina de los propios datos oficiales permite entender por qué. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la inflación fue más alta (2%), un valor similar al que registró la inflación en CABA (2,1%).

Pero hay otro factor, más técnico, que también ayuda al gobierno a enmascarar lo que realmente ocurre con los ingresos populares: el IPC se calcula en base a una canasta de consumos vieja, de 2004/2005. En ese entonces, las tarifas de servicios públicos y otras boletas tenían mucho menos peso en los gastos del hogar. Incluso había consumos que no existían, como Netflix o Spotify. El rubro que más impacto tenía era alimentos y bebidas.

Hoy, cualquier trabajador o trabajadora sabe que apenas empieza el mes, ya se le va una parte sustancial del sueldo en pagar la luz, el gas, el agua, el celular, internet, la SUBE y, si corresponde, prepagas o colegios privados. Si se le suma expensas y alquileres, prácticamente no queda nada. Y justamente, esos son los rubros que más aumentaron durante el gobierno de Milei. En el último año (junio 2024 a junio 2025), la inflación interanual fue del 39,4%, pero en servicios como luz, agua, transporte, prepagas y gastos financieros, la suba fue del 63,6%. ¿A alguien le habrán aumentado los ingresos un 60%? Ahí está el verdadero agujero en el bolsillo popular.

Incluso el supuesto “éxito” del gobierno en junio, con un 1,6%, oculta diferencias internas importantes: los bienes de consumo, como alimentos, subieron 0,8%, pero los servicios aumentaron 3,2%.

La Junta Interna de ATE Indec dio un dato lapidario para sintetizar lo que se está viviendo: en junio, una familia tipo necesitó 1.869.924 pesos para cubrir su canasta familiar. La inmensa mayoría de la clase trabajadora gana mucho menos. Ni hablar de las jubilaciones.

Por todo esto, necesitamos seguir luchando contra este plan de hambre: la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Es urgente exigir a la CGT y a las CTA que rompan el inmovilismo y convoquen a un nuevo paro general de 36 horas. Y, al mismo tiempo, oponer al programa de súper ajuste otro completamente distinto: un programa obrero y popular, que empiece por dejar de pagar la deuda externa, rompa con el FMI y ponga todos los recursos al servicio de resolver las urgencias del pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El gobierno dice que el magro incremento votado en el Congreso para las y los jubilados pone en riesgo la estabilidad del plan económico. Pero la realidad es que, este año, lo que se gasta mensualmente en jubilaciones es similar a lo que se capitaliza en intereses para los bancos por letras, bonos, pases y otros instrumentos financieros. Si tomamos el famoso “aumento” votado semanas atrás (y que Javier Milei se dispone a vetar) su costo representa cinco veces menos que ese monto.

El oficialismo intenta evitar que se dispare la inflación manteniendo artificialmente bajo el valor del dólar. Lo consigue, por ahora, gracias a que está utilizando los fondos que ingresaron por el préstamo del FMI, además de otros créditos menores de bancos internacionales. Todo ese dinero deberá devolverse con intereses. Con esos dólares se financia la fiesta de productos importados, el turismo al exterior y la fuga de capitales de los especuladores financieros amigos del gobierno.

¿Cómo evita que los pesos de esos especuladores vayan directo a comprar dólares y disparen la cotización? Garantizándoles mejores y más seguros negocios en pesos, junto con la certeza de que, cuando quieran, podrán volver a dólares sin trabas. El mecanismo es el mismo que desde hace décadas se conoce como “bicicleta financiera”, hoy rebautizada en la City como carry trade. En concreto, los bancos, financieras, agencias de bolsa y cuevas del microcentro venden dólares, se pasan a pesos e “invierten” en instrumentos financieros (bonos, letras, pases) con tasas astronómicas. En algún momento, cuando consideran que ya ganaron lo suficiente o que el riesgo aumentó, piden cobrar en efectivo esos títulos, y con ese dinero vuelven al dólar, provocando una suba abrupta de su precio. Es la misma historia de siempre en la especulación argentina.

En estos días vivimos un nuevo capítulo. El ministro Luis Caputo intentó canjear las LEFI (letras financieras que vencían diariamente y rendían casi un 30% anual) por otras letras, las Lecap, de mayor plazo y menor tasa. Los bancos no aceptaron. Liquidaron sus LEFI, cobraron en efectivo y se fueron al dólar, que subió por encima de los 1.300 pesos. El gobierno retrocedió y volvió a ofrecer pases (instrumento similar a las LEFI), otra vez a un día, pero con una tasa del 47%. Los bancos aceptaron, encantados con una tasa más alta y el mismo plazo que antes. El dólar, por su parte, quedó en 1.300: prácticamente no bajó. En resumen, ganaron los que apostaron al dólar y también los que especularon en pesos. Y todo eso lo pagamos todos. Como se decía al principio, ese mecanismo cuesta mucho más que el conjunto de las jubilaciones. Un ejemplo concreto, en pocos días, de cómo ganan los buitres y pierde el pueblo trabajador.

Los vencimientos de esta y todas las estafas anteriores se acumulan. Ya se esfumó el 44% del préstamo del FMI. De acá a fin de año vencen más de 10 mil millones de dólares entre el gobierno nacional, las provincias, el Banco Central y la deuda “privada”. A eso se suma toda esa montaña de bonos y letras en pesos que, en cualquier momento, pueden convertirse en deuda en dólares.

Por eso, insistimos: hay que cortar de raíz esta bola especulativa. Hay que dejar de pagar todo vencimiento de deuda externa y romper el acuerdo con el FMI que nos somete. Ese es el prerrequisito básico para poder implementar un programa alternativo que priorice al pueblo trabajador y no a los pulpos financieros.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

En una semana difícil para el gobierno de Javier Milei, tanto en el Congreso como en las calles, el Senado aprobó leyes que generaron una fuerte reacción del oficialismo. Se trata de dos demandas populares: el aumento de las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, además de declarar la emergencia en discapacidad.

La respuesta del “brazo armado digital” de las Fuerzas del Cielo no se hizo esperar. En la red social X, el Gordo Dan llamó a sacar “los tanques a las calles” y afirmó que “hay que dinamitar el Congreso”. Sus provocaciones no fueron casuales. La ministra represora de Inseguridad, que avanza con detenciones arbitrarias, palos a jubiladas y jubilados, y ciberpatrullaje en redes sociales, no dudó en denunciar un supuesto “golpe institucional”.

Al troll liberfacho se le sumó otro: Fran Fijap, tuiteando que “hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”. En la misma línea, la cuenta “El Trumpista” posteó: “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.

“El Gordo Dan” es líder de la tropa, dirige campañas del ejército de trolls liberfachos y, a su vez, es conductor del streaming Carajo, desde donde se han iniciado campañas de odio, como por ejemplo contra la periodista Julia Mengolini, y mensajes homodiantes hacia el diputado Esteban Paulón, entre tantos otros. El Gordo Dan no es un outsider cualquiera: es una pieza del engranaje comunicacional del mileísmo, un vocero informal. Es el “brazo armado digital” de los llamados líderes de las Fuerzas del Cielo.

Ahora bien, llamar a “sacar tanques a la calle” o “ponerle una bomba al Congreso” no es una metáfora inocente. Es una incitación directa a la violencia política, que no solo banaliza el terrorismo de Estado y la violencia institucional de nuestra historia reciente, sino que también legitima un clima de persecución contra quienes piensan distinto. Nada extraño viniendo de quienes niegan el genocidio e impulsan campañas contra opositores.

Días atrás, el presidente de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Punta Indio y militar retirado, Pablo Cabrera, realizó una repudiable declaración sobre los Ford Falcon verdes (símbolos de la última dictadura genocida) diciendo que “olía a justicia”.

Llamamos a repudiar los dichos del Gordo Dan y de todo el ejército de trolls negacionistas de Milei, y advertimos que cualquier intento de vetar estas leyes será respondido con la más amplia unidad en las calles.

Escribe Adolfo Santos

La traición de los dirigentes de la CGT no nos sorprende. Su falta de propuestas para enfrentar el plan motosierra que viene talando derechos y conquistas, está a la vista. Ahora acaba de dar un paso inaceptable: se incorporó al Consejo que pretende llevar adelante el Pacto de Mayo.

La CGT aprobó la participación de Gerardo Martínez en la mesa armada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para debatir cómo se irán aplicando las propuestas del Pacto de Mayo. El dirigente de la Uocra, uno de los sectores más afectadas por el ajuste, se sentará junto al siniestro Federico Sturzenegger, en nombre del gobierno; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias; Carolina Losada en representación del Senado; Cristian Ritondo, acusado por enriquecimiento ilícito, por Diputados; y Martín Rappallini por la UIA. Nadie puede imaginar que, de los personajes que integran esta mesa, pueda salir una sola medida a favor de las y los trabajadores.

El Pacto de Mayo, lanzado el 9 de julio de 2024 en la histórica Casa de Tucumán, junto a veinte gobernadores de todos los partidos (UCR, PRO, PJ), tiene un objetivo totalmente opuesto al pacto por la Independencia de 1816. Ideado por Javier Milei y Sturzenegger pretende profundizar el ajuste y la entrega con proyectos al servicio del poder económico. Entre sus principales cláusulas propone las reformas previsional y laboral para retirar derechos, medidas para aumentar el ajuste fiscal, la “explotación de los recursos naturales” y defender la “inviolabilidad de la propiedad privada”, es decir, los bienes, tierras y fortunas de los bancos, los grandes empresarios y las multinacionales.

Repudiamos la presencia de la CGT en esa mesa cuyo objetivo es discutir el “modelo de país” que proponen Milei y el FMI. Un modelo que busca dinamitar el Estado, destruir la salud pública (como ya lo hace en hospitales como el Garrahan o el Bonaparte), desmantelar el INTA y el INTI, boicotear el Conicet y atacar la universidad pública.

Es el mismo plan que congela paritarias, despide trabajadores y cierra organismos como Vialidad Nacional o el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El peronista Gerardo Martínez, burócrata acusado de colaborar con la última dictadura, declaró: “Yo no pedí estar ahí, pero será una oportunidad para ser la voz de la CGT”.

No hay ninguna posibilidad de que la central sindical obtenga algún rédito en esa mesa de bandidos. Por nos preguntamos: ¿a quién defiende la CGT?

Quieren avanzar con una reforma laboral que ataca conquistas históricas. Buscan aprobar la ampliación de la jornada laboral, habilitar negociaciones individuales por empresa con condiciones a la baja, desregular el período vacacional, restringir el derecho de huelga y criminalizar la protesta. Ya han flexibilizado el régimen indemnizatorio: la indemnización será depositada en un “fondo de cese laboral” administrado por la Comisión Nacional de Valores, y su valor final dependerá de los vaivenes del mercado. Será un instrumento más de la timba financiera.

La CGT debe despertar de su siesta y convocar a la movilización contra este pacto antiobrero entre el gobierno de Milei, los gobernadores, los patrones y el FMI. La central sindical tiene que organizar la lucha por el salario, contra los despidos, por empleo digno, contra el cierre de organismos públicos y frente a los ataques a la salud y la educación pública. En lugar de eso, está enfocada en organizar para el 7 de agosto una celebración por San Cayetano, una actividad que no afecta en lo más mínimo al gobierno.

Este proyecto económico golpea con cada vez más fuerza a las y los trabajadores, a las y los jubilados y a los sectores populares. Por eso crecen las luchas y las movilizaciones. La CGT debe romper el pacto con este gobierno represivo y hambreador, y convocar a un paro de 36 horas con un plan de lucha para derrotar el proyecto económico de Milei y el Pacto de Mayo.

Escribe Atilio Salusso

Leila Gianni

Las redes facho-libertarias desplazadas del armado LLA-PRO estallaron. “Dos años estuvieron hablando de que la próxima vez iban a poner intelectuales de Miller (por Milei), pero ponen a una ex camporista responsable de 16 años de fracasos”, denunciaron, en referencia a Gianni, a quien se la ve en fotos de años atrás abrazada a la actual intendenta K y ahora candidata por la Tercera, la camporista Mayra Mendoza.
Al armador de las listas junto a Karina, Sebastián Pareja, lo acusaron directamente de defender “los intereses de la casta”.

El clan Menem

Resulta que Tech Security, empresa fundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se llevará 4.000 millones de pesos por custodiar sedes del Banco Nación, además de otros jugosos contratos por servicios de seguridad en el predio de la AFA en Ezeiza, entre muchos más. Quienes pregonan “destruir el Estado por dentro” se benefician con grandes negociados precisamente con el Estado, es decir, pagados por todas y todos. 

Máximo y Georgalos

El titular de La Cámpora y diputado nacional hizo un posteo en Instagram tras recibir a las y los cinco despedidos de la alimenticia Georgalos. “Fueron despedidos de manera injusta. Este modelo de país solo asegura desocupación. Todos ellos empezaron a trabajar a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”. Como se ve, puro electoralismo. Solo le faltó decir que hay que votar al peronismo. Justo cuando los despedidos denuncian al gobierno de Axel Kicillof y a su Ministerio de Trabajo por no hacer nada para reincorporarlos, a pesar de que los despidos son ilegales.  

CGT

La CGT se quedó sin cargos. Héctor Daer y el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez, se sacaron hace unos días una foto con Axel Kicillof. Fueron a darle su apoyo y a pedir lugares en las listas. Pero la feroz interna del PJ lo impidió. Los popes sindicales dicen que volverán para que les reserven un lugar de cara a las elecciones de octubre. De lucha, nada.