Foto de portada: Clase pública en frente a la Facultad de Ciencias Sociales

Escribe Mercedes de Mendieta, Docente UBA y diputada nacional electa de Izquierda Socialista FIT-Unidad
Luego de que el 20 de abril venciera el plazo del segundo fallo de la Justicia para que Javier Milei cumpla con la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Estamos en una pulseada por el futuro de la educación pública y gratuita.
A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la orden de actualizar los salarios de las y los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado el 31 de marzo y, al 20 de abril, cuando vencía el plazo, no solo no se transfirieron a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió dispone un “aumento” del 1,7% (sin ningún tipo de negociación paritaria) para abril, una burla total. Este “aumento” es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la inflación de marzo fue del 3,4%, exactamente el doble. Muy lejos de la recomposición del 51% que establece la ley conquistada en las calles.
En paralelo, el gobierno de Milei evalúa llevar el conflicto a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, mientras activa en el Congreso negociaciones con sus cómplices para modificar la ley de financiamiento universitario, algo que ya intentó en las sesiones extraordinarias de febrero. No olvidemos que esta modificación implica un “aumento” del 12,4% en cuotas hasta septiembre, es decir, un recorte salarial.
El gasto que Milei dice “imposible de pagar” representa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI, un monto ínfimo. Por ejemplo, ese monto podría pagarse 15 veces con las exenciones impositivas previstas en el presupuesto nacional 2026, que alcanzan el 3,4% del PBI. Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias, del 0,62%, representan más del doble del costo de la ley universitaria.
Se profundiza la fuga de cerebros
Como ocurre con la mayoría de las y los trabajadores del país, la situación salarial se volvió insostenible. Un ayudante de primera cobra, por 10 horas semanales, 250 mil pesos. Más de 10 mil docentes ya renunciaron a sus cargos. Esto implica no solo una pérdida de profesionales y una profundización de la fuga de cerebros, sino también un impacto directo en el cierre de comisiones y en la reducción de la oferta horaria, con mayor precarización laboral para quienes resisten. Un ejemplo es la Facultad de Agronomía, donde renunciaron 100 personas entre docentes e investigadores.
Frente a esto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria han quedado expuestos, fueron cuestionados por la lucha de docentes, no docentes y estudiantes. Indigna escucharlos criticar, casi por igual, al gobierno de Milei, responsable de incumplir la ley, y a los paros docentes que defienden la universidad. Incluso el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y otros rectores amenazaron con descuentos a quienes adhieran a los paros, una práctica funcional a la motosierra de Milei y completamente regresiva frente a quienes impulsan la lucha.
Construyamos la masividad de la cuarta marcha
Las federaciones gremiales docentes (Conadu y Conadu Histórica) convocaron a paros escalonados en las semanas del 13 y del 27, mientras que la Fatun, que nuclea a las y los trabajadores no docentes, impulsa medidas para el 23 de abril. Por eso, es imprescindible profundizar el plan de lucha. No alcanzan las medidas parciales ni las negociaciones por arriba. Es necesario convocar de manera urgente a instancias interclaustros e interfacultades que permitan organizar la resistencia desde abajo, articulando a docentes, no docentes y estudiantes en un plan de lucha común.
Finalmente, luego de meses de exigencia, la cuarta marcha federal ya tiene fecha: el 12 de mayo hacia Plaza de Mayo y todas las plazas del país, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar en los rectores que negociaron a espaldas de la comunidad universitaria ni en las conducciones de las federaciones estudiantiles radicales y peronistas, que no llaman a organizar a las y los estudiantes. La tarea ahora es volver a ser millones, como el 23 de abril de 2024, cuando una marea llenó las calles en defensa de las universidades. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de ciencia y técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
Los debates en el peronismo para armar un frente contra Javier Milei reeditan viejas alianzas que ya han llevado a la decepción. Lo que necesita el pueblo trabajador no es un nuevo frente patronal, sino una nueva alternativa política como lo postula el Frente de Izquierda Unidad.
La crisis social, agravada por los escándalos de corrupción, erosiona cada vez más al gobierno de Milei. Frente a su pronunciado desgaste, los distintos sectores en que se divide el peronismo comienzan a plantear un objetivo: intentar construir un frente electoral anti-Milei. “Hablan de enfrentar a Milei, pero en su fuero íntimo se preparan para la competencia interna”, dice un medio. No convocan a aprovechar la crisis del gobierno para llamar a derrotar a su plan motosierra, sino pensando en las elecciones de 2027. Plan motosierra que también aplican los gobernadores.
El propio anuncio de hacer un frente amplio contra Milei puede generar algún grado de simpatía. Pero lejos de representar una novedad, sería una nueva reedición de alianzas entre políticos patronales que ya gobernaron, como el Frente de Todos y Unión por la Patria, llevando a amplios sectores a la una justa desilusión. Grabois ya lanzó su candidatura y Kicillof de hecho está en eso.
Pichetto, Uñac, Massa…
En febrero de este año, el peronista de centroderecha Miguel Ángel Pichetto (quien gobernó con Macri) le propuso a Cristina Fernández la conformación de “un frente democrático, capitalista y productivo”, una definición que deja en claro los límites de ese armado y su compromiso con los mismos intereses económicos de siempre.
El senador Sergio Uñac (que votó la reforma a la ley de glaciares en favor de las mineras) planteó una gran interna abierta. Sergio Massa también está activo. Dicen desde distintos sectores que el armado se podría completar con los gobernadores con peluca que le garantizaron los votos al oficialismo para que salga la reforma laboral y la ley de glaciares: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Aliados de Milei que podrían ser exonerados.
Kicillof y la propuesta de Máximo y Cristina
Axel Kicillof ensaya gestos de apertura hacia sectores del radicalismo y del macrismo con acuerdos con Maximiliano Pullaro y reuniones con los ex macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó. Desde su entorno plantean la necesidad de “ampliar” el frente más allá del peronismo. “Me encontré con una persona diferente. Lo vi con los pies sobre la tierra”, dijo Massot de Kicillof.
Del otro lado, Máximo Kirchner intenta fijar condiciones para esa ampliación. ¿Qué propone? Un acuerdo sobre tres puntos: deuda externa, modelo productivo y reforma al Poder Judicial. Sobre el tema de la deuda su plan sería “que se va a pagar, no quieren un default, pero se tienen que sentar a discutir las condiciones.” (Página12, 19/4). ¿Pero qué modelo productivo puede haber si propone pagar una deuda usurera y fraudulenta? Discutir mejores condiciones lleva a la trampa de que puede haber acuerdos buenos con el FMI. Una mentira total.
Este punto ordenador de un posible frente para La Cámpora implicaría un condicionamiento estructural que traerá mayores penurias para el pueblo trabajador.
Así, la llamada “oposición” se configura sin cuestionar los pilares del modelo: brutal ajuste, saqueo y dependencia. Es un frente que puede reunir desde gobernadores que acompañaron al oficialismo, a sectores del radicalismo, ex macristas, e incluso a figuras ajenas a la realidad cotidiana del país.
Frente a este escenario, el Frente de Izquierda Unidad se plantea como una alternativa política independiente de los gobiernos y de los bloques que administran el ajuste. Su crecimiento no responde a acuerdos de cúpula, sino a una construcción sostenida en las luchas. No se trata solo de disputar elecciones, sino de construir una salida propia de las y los trabajadores. Frente a los intentos de reciclar lo ya conocido, la verdadera novedad sigue siendo que quienes nunca gobernamos podamos hacerlo: la izquierda junto al pueblo trabajador.
Mariano Soria fue entrevistado por Eduardo Feinmann en A24 sobre el Día de Preso Palestino.
Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
La senadora santafesina por la UCR, Carolina Losada, volvió a la carga con su proyecto reaccionario de aumentar las penas por denuncias falsas (elevándolas de 3 a 6 años de prisión) cuando involucren situaciones vinculadas a violencia de género o abuso sexual. El miércoles 8, la iniciativa obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y se espera que la semana próxima, obtenga media sanción en el Senado.
Desde Isadora, denunciamos que este proyecto es parte de la batalla cultural que el gobierno libra contra las luchas del movimiento feminista. Batalla que da no solo discursivamente cuando niega la brecha salarial sino también cuando desfinancia políticas públicas de protección a las víctimas de la violencia machista. Con este proyecto de ley (que había perdido estado parlamentario) el gobierno intenta instalar (sin estadísticas serias) la idea de que las mujeres serían mentirosas al denunciar situaciones de violencia de género o abusos intrafamiliares. Recurrir a los viejos prejuicios como “las madres le llenan la cabeza a los hijos o hijas” o “actuar por despecho” para desacreditar nuestra lucha contra la violencia de género. Discursos decadentes que venimos enfrentando desde hace décadas y sobre todo al calor de la pelea por #NiUnaMenos.
Dato mata relato
Al revés de lo que pretende instalar el gobierno, las denuncias falsas en casos de violencia de género, a nivel mundial, representan menos del 1%, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, y según datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, y se vinculan principalmente con delitos económicos.
Por el contrario, según el ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, de las 75 víctimas de femicidio de 2025 apenas el 15,4% había denunciado a su agresor. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 172 femicidios en 10 meses de 2025: solo el 16,6% de las víctimas había realizado una denuncia. (Clarín, 10/4/26). Insistimos en que lo que hace falta son medidas concretas para facilitar y promover las denuncias, no cuestionarlas.
La violencia de género existe porque vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal en la que todas las instituciones (incluida la justicia) la refuerzan. Con este proyecto, lejos de revertir esa situación se profundizará. No solo por el miedo a que no te crean sino por la amenaza de persecución penal en caso de que no se llegue a demostrar los hechos que se denuncian. Un verdadero golpe al movimiento feminista de nuestro país que fue vanguardia en la lucha mundial contra la violencia de género. Nos declaramos en estado de alerta frente al peligro que significa el avance de esta reforma penal reaccionaria y llamamos al conjunto del movimiento feminista a movilizarnos para que no se convierta en ley.
La imagen de la Argentina de Javier Milei es clara: colas interminables de miles de trabajadoras y trabajadores en el AMBA, que al miedo al despido y a la preocupación por salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, ahora deben sumar la reducción al mínimo de las frecuencias de colectivos, e incluso amenazas de que dejen de circular. La simple pregunta sobre cómo va a estar el clima mañana tampoco tiene respuesta: las y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional están de paro ante la amenaza de 200 despidos en el organismo.
Aunque el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentan ocultarlo, la recesión continúa. El consumo popular cae, aumentan las empresas en riesgo de cierre y la inflación no se detiene. En marzo, los combustibles subieron un 20%, con fuerte incertidumbre hacia adelante, en función de los ataques imperialistas de Donald Trump contra Irán, que impactan directamente en el bolsillo de las y los trabajadores.
Por supuesto, el principal motor de la bronca son los salarios que no alcanzan, la continuidad de la motosierra y el crecimiento de la miseria y la marginación social. Pero al gobierno de Milei se le suman los escándalos de corrupción. No es algo nuevo, pero ahora dio un salto. Se conocieron nuevas revelaciones del caso $LIBRA, que comprometen aún más al propio Milei. Sin embargo, lo que ocupó los principales titulares fueron las revelaciones, casi cotidianas, sobre la corrupción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hace casi un mes que el gobierno intenta, sin éxito, cerrar ese tema. Por el contrario, cada día surgen nuevos hechos que agrandan el escándalo y la indignación popular.
El gobierno está claramente sumido en una crisis política, atravesado por la crisis económica y los casos de corrupción, con Adorni a la cabeza.
Recapitulemos: Milei había terminado febrero con una victoria, la sanción de la reforma laboral. Amenazaba con lanzar un paquete de 70 leyes al inicio de las sesiones, profundizando los ataques contra el pueblo trabajador. Pero estalló el escándalo Adorni, los datos económicos empeoraron y la bronca popular creció. El gobierno de La Libertad Avanza entró en crisis y su ofensiva se frenó.
Esto tuvo impacto incluso en las encuestas, que muestran, sin excepción, un fuerte retroceso de la imagen del gobierno: la del presidente, la de su hermana y la de todos sus ministros. En algunos casos, como el de Adorni, el reclamo de renuncia es casi unánime. También hubo respuestas en el Poder Judicial, donde algunos jueces, “olfateando” el debilitamiento, comenzaron a fallar contra medidas del gobierno. Se suspendieron artículos centrales de la reforma laboral y se ratificó en segunda instancia la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Un momento clave en este proceso fue la masiva movilización del 24 de Marzo, que frenó cualquier intento del gobierno de avanzar con su política negacionista.
Crece la bronca y cada vez más sectores rompen con el gobierno. Entonces surge una pregunta: ¿de dónde sale una alternativa política frente a Milei?
Muchos miran al peronismo, principal fuerza patronal opositora. Pero no logra resolver su crisis con su propia base ni aparece como alternativa para el pueblo trabajador. Fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa el que abrió el camino para el triunfo de Milei. Además, en estos dos años y medio, no han sido una oposición consecuente, dejando pasar leyes clave para el ajuste, habiendo incluso legisladores peronistas que votaron a favor del ajuste. A la cabeza de esta política está la CGT, que mantiene un pacto con el gobierno, aislando las luchas y negándose a convocar paros generales o un plan de lucha.
El peronismo propone esperar a 2027, mientras discute cargos y plantea la “unidad” en un frente que incluye desde Miguel Ángel Pichetto hasta distintos sectores del PJ, convocando también a radicales, sectores del PRO y ex integrantes de La Libertad Avanza. Es obvio que el “programa” de este hipotético frente no resolverá ninguna de las necesidades populares.
Por todo esto, se abre espacio para otra alternativa. Las encuestas que muestran la caída del gobierno también señalan el crecimiento del Frente de Izquierda Unidad, ubicando a Myriam Bregman en tercer lugar, con un 11% de intención de voto.
No es casual. El FIT-Unidad está presente apoyando todas las luchas contra el ajuste. Se opuso de manera clara y unificada a todas las iniciativas y vetos del gobierno, tanto en el Congreso como en las calles. Además, es la única fuerza que plantea un programa alternativo, obrero y popular, que comienza por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para destinar los recursos a salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.
Por eso, desde Izquierda Socialista consideramos que un paso importante para fortalecer esta alternativa es convocar a un gran acto del FIT Unidad el 1° de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, en Plaza de Mayo. Allí deben confluir las luchas, el sindicalismo combativo, los activistas ambientales, los jóvenes que defienden la universidad pública, los trabajadores de FATE, el movimiento de mujeres y disidencias y todos los conflictos en curso. Tenemos que ser miles, convocando en cada lugar de trabajo, estudio y en los barrios populares. ¡Manos a la obra!