Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La incansable lucha de las y los jubilados continúa. Es cotidiana, pero cada miércoles, alrededor del Congreso, se convierte en una batalla. Se trata de un problema arrastrado durante años, pero que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado con crueldad, sostenido por la violenta represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en obediencia a lo exigido por el FMI.

Lejos de hacernos retroceder, la aplicación del nefasto “protocolo antipiquete” no ha hecho más que consolidar la convocatoria de cada miércoles, en el marco de una movilización que no se detiene. No sólo crece la presencia de nuevos grupos de jubiladas y jubilados, sino que la movilización despertó una simpatía generalizada en el conjunto de la población. No podría ser de otro modo: en cada familia hay una o más personas que pertenecen a este sector y padecen las consecuencias de una política de ajuste especialmente ensañada.

La jubilación mínima, hoy en 304.724 pesos, más un bono fijo de 70 mil pesos (congelado desde marzo de 2024 y que, si se actualizara, debería alcanzar los 145 mil), nos condena a una situación de indigencia y privaciones inaceptables.

El haber que recibimos no llega ni al 30% de lo necesario para cubrir la canasta básica de las y los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos. Este cálculo se hace a partir de un estudio en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. La medición contempla gastos propios de la tercera edad, incluyendo vivienda, alimentación, medicamentos, higiene, vestimenta y otros rubros esenciales.

Los medicamentos, un rubro esencial para nuestro sector, aumentaron muy por encima de la inflación, sin que el gobierno tome medidas frente a la voracidad de los laboratorios. La medicación para la tercera edad, que abarca tratamientos para diversas patologías, insume en promedio 260 mil pesos, incluso con el descuento según la obra social. Esto representa más del 70% del total de los haberes percibidos. La situación se agravó desde que el PAMI amplió el listado de medicamentos de venta libre (sin descuento) y redujo los porcentajes de cobertura sobre los recetados. Exigimos, más que nunca, el 100% de descuento en los medicamentos recetados, que hoy se llevan buena parte de nuestras jubilaciones.

Nuestra movilización también rechaza la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, que propone aumentar la edad para acceder al haber. Exigimos la restitución de la moratoria, eliminada por el gobierno ultraderechista el pasado 23 de marzo. La falta de aportes no es responsabilidad de las y los trabajadores, que desde hace décadas se ven obligados a aceptar empleos informales y precarizados, sin registro en la Seguridad Social ni acceso a los derechos laborales correspondientes. También es consecuencia de la evasión patronal: los empleadores descuentan los aportes al trabajador, pero no los depositan en las cajas previsionales ni cumplen con su propia obligación como aportantes.

Junto a estos reclamos, y en repudio a la brutal represión ordenada por la ministra Bullrich, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) decimos: no a la supresión de las pensiones por discapacidad y por viudez. Defendemos los regímenes especiales y las trece cajas provinciales, y rechazamos la llamada “armonización”. También decimos: ¡No a la jubilación privada! Exigimos que Anses y PAMI vuelvan a manos de sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y jubilados. Para resolver de fondo estos problemas, sostenemos con firmeza: no al pago de la deuda externa con el FMI. Esa plata, que hoy va a parar a los cofres del sistema financiero usurero, debe destinarse a salud, educación, salarios y jubilaciones.

Nuestro partido Izquierda Socialista fue claro desde un primer momento al condenar el fallo de la Corte Suprema que proscribe a Cristina Kirchner para ser candidata (ver declaración). Estamos en contra de toda decisión judicial o política que cercene elementales derechos democráticos como en este caso, más allá de nuestras diferencias con las políticas de Cristina Kirchner y el peronismo.

En este marco, el Partido Justicialista (PJ) y sus distintas agrupaciones sindicales y políticas han convocado a manifestarse el próximo miércoles 18 cuando Cristina Kirchner vaya a los tribunales de Comodoro Py o frente a su domicilio en caso de que la justicia la notifique de la condena en ese lugar. Respetamos a quienes se van a movilizar en apoyo a su dirigenta política y consideran que también se vulneran sus derechos democráticos al no poder votarla en las próximas elecciones. Pero desde Izquierda Socialista no vamos a participar ya que la marcha es de apoyo político a Cristina Kirchner y al peronismo.

La marcha está convocada con la consigna “Argentina con Cristina”, es decir, en apoyo político a su figura, a sus gobiernos y al peronismo, no centralmente contra la proscripción. Es una marcha con una clara motivación política partidaria peronista que impide la participación de aquellos miles que están dispuestos a movilizarse contra la proscripción pero no están de acuerdo con las políticas que vino aplicando Cristina Kirchner y el peronismo, entre ellas distintas organizaciones como nuestro partido.

Siempre dijimos que condenábamos la proscripción desde una política de independencia política de clase y con la autoridad de haber enfrentado los negocios capitalistas corruptos en la obra pública bajo los gobiernos peronistas kirchneristas, a los Lázaro Báez, la masacre de Once, a los planes económicos de ajuste diciendo que se “redistribuía la riqueza” y también a la judicialización de la protesta social que se hizo con el espionaje de la Gendarmería a través del “Proyecto X”. Como lo hemos hecho de manera consecuente contra todos los gobiernos capitalistas.

Izquierda Socialista no va a la marcha mientras sigue repudiando la proscripción contra Cristina Kirchner y el ataque a los derechos democráticos de quienes quieren votarla. Llamamos a unir las luchas contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Exigimos a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y apoye los reclamos en curso, como la emblemática lucha del Garrahan, entre tantas otras, convocando a un nuevo paro general de 36 horas y a un plan de lucha nacional. Al mismo tiempo que llamamos a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) para pelear por una salida de fondo, en las calles y en las elecciones.

Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista (FIT-U)
16 de junio de 2025

Contacto:
Diputado Nacional electo Juan Carlos Giordano: 11 3119-3003
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Diputada en CABA Mercedes Trimarchi: 11 5956-1007
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IG: MercedesTrimarchi
Diputada Nacional electa Mercedes De Mendieta: 11 6542-5363
X: @MechiDemen
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Mónica Schlotthauer: 11 6458-5777
Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Ante el inminente fallo del Tribunal, el diputado nacional electo JUAN CARLOS GIORDANO (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) señaló: “La Corte Suprema se apresta a ratificar la condena a prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Lo va hacer justo en un año electoral y a días de que la ex vicepresidenta y titular del PJ anunciara su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires. Más allá de nuestras diferencias con Cristina Kirchner, consideramos que se trata de un intento de proscribirla para que no sea candidata en las próximas elecciones, algo que repudiamos”.

Giordano prosiguió: “Estamos en contra de toda decisión judicial o política que se use para intentar cercenar a alguien en sus derechos democráticos o en una contienda electoral. ¿Quiénes son estos jueces privilegiados que con su dedo acusatorio inhabilitan a alguien cuando han sido puestos a dedo, ganan sueldos millonarios y tienen cargos vitalicios? No tienen ninguna autoridad jurídica, política ni moral para hacerlo”.

Giordano agregó: “Este fallo va en consonancia con la política ultraderechista de Milei, que persigue al periodismo, reprime a las y los jubilados, tilda de 'terroristas y golpistas' a quienes nos movilizamos contra la Ley Bases, blinda con fondos millonarios a la SIDE para perseguir opositores, gobierna a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, apela al veto contra leyes que se logran con la movilización de distintos sectores, entre un largo etcétera. Todo es parte de un claro avance reaccionario y antidemocrático.”

Giordano finalizó: “Esto no lleva a desconocer los casos de corrupción que hubo bajo los gobiernos peronistas kirchneristas, hechos que se dieron también con Macri y ahora Milei, como el pacto entreguista y corrupto que firmó con el FMI o la participación directa del presidente en la estafa cripto. Políticas contra las cuales seguiremos luchando, mientras repudiamos este intento de inhabilitación y proscripción política por parte de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner”. 

9/6/25

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Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional electo Izquierda Socialista FIT Unidad
7/6/25

Patricia Bullrich defendió al policía que mató al nene de 7 años, Thiago Correa, alcanzado por uno de los 11 disparos que efectuó en solo 9 segundos Facundo Daniel Aguilar Fajardo (21), de la Policía de la Federal al mando de la ministra. Todo ocurrió en Ciudad Evita, la Matanza.

Thiago era hijo único. Su padre, Fabian Correa, lo había subido a cocochito en una parada de colectivo, cuando el disparo policial lo impactó en la nuca provocándole la muerte horas después.

Todo se desató cuando el policía junto a su madre fue interceptado por cuatro jóvenes ante un intento de robo. Los mismos huyeron al ver que el policía sacó el arma, pero en momentos en que lo hacían el policía empezó a descargar los disparos por la espalda, matando a uno de ellos, hiriendo a otros dos y alcanzando al niño Thiago que estaba a 200 metros del lugar. Es evidente que el accionar policial no es para disuadir, sino que está diseñado para matar.

El policía quedó detenido acusado de “exceso en su legítima defensa”, pero aun no fue imputado por el asesinato de Thiago. La ministra Bullrich dice que va a pedir el cambio de carátula, porque los responsables “son los ladrones” (cuando uno ya está muerto y los otros heridos), aunque la bala haya salido de la pistola del policía Fajardo. Sería ridículo imputar de homicidio a quienes no efectuaron el disparo, y el que sí lo hizo, el policía, sea inculpado. Esa es la “interpretación” de la ministra. La misma conducta que esgrimió en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, cuando salió a defender al gendarme que le disparó mintiendo sobre el recorrido del disparo a pesar de las filmaciones y pericias demostrando que lo hizo directo a su rostro.

El policía, además, estaba fuera de horario de servicio, fuera de su jurisdicción, de civil y con el arma reglamentaria, algo cuestionado por los organismos de Derechos Humanos. “La portación de arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que deben intervenir en cualquier circunstancia, generando una tremenda impunidad”, dicen los especialistas. Según el CELS “entre febrero y marzo de 2025 el 83 por ciento de las muertes de particulares en casos de este tipo tanto en la Ciudad y en el conurbano ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio” (Página12, 7/6/25).

Sobre Thiago, la ministra dijo primero que se trató de una “bala perdida”, mientras las cámaras de seguridad demuestran que salió del policía, ya que fue la única arma que efectuó los disparos, porque la que se les cayó a los jóvenes “no estaba apta para funcionar”. Y agregó en conferencia de prensa: “Acompaño con el corazón a las familias de Thiago y Facundo en este momento”. Una verdadera canallada, poniendo en el mismo lugar a Thiago que al policía que lo mató.

Por su parte, el gobernador Kicillof se refirió al hecho en X: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Thiago. Esperamos que la Justicia esclarezca rápidamente los hechos (…) Solo queda trabajar con seriedad para llevar protección, oportunidades e integración a una sociedad cada vez más fracturada”. Intenta evadir sus responsabilidades, en una provincia donde crece el hambre, la pobreza, la marginación social fruto de los planes de ajuste -generando el caldo de cultivo para la violencia callejera, la cual sufre cotidianamente el pueblo trabajador-, y salvar el accionar de la nefasta Policía Bonaerense a su mando, socia del delito y protagonista de tremendos casos de gatillo fácil.

Desde nuestro partido Izquierda Socialista nos solidarizamos con la familia de Thiago y exigimos justicia, que vendrá con la condena del policía asesino y también para que paguen los responsables políticos, en este caso Patricia Bullrich como parte de un gobierno ultraderechista represor que postula una clara licencia para matar. Mientras seguiremos luchando para terminar con el hambre y la pobreza y la complicidad policial con el delito y el crimen organizado, algo que ocurre tanto en el país con Milei y en la provincia con Kicillof.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei, envalentonado por su victoria en las elecciones porteñas, sigue con la ofensiva para imponer su plan motosierra. La semana anterior había intentado prohibir el derecho de huelga mediante un decreto (que finalmente, otra vez, fue declarado inconstitucional por la Justicia). En los días siguientes, comenzó el ataque puntual hacia las y los trabajadores del Hospital Garrahan (con salarios de miseria en un hospital de excelencia y referencia para las infancias), contra las personas con discapacidad, llegando al punto en el que enfrentó y se burló personalmente de un niño con autismo. Por su lado, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, intentó desacreditar el reclamo del Garrahan diciendo que sus salarios eran buenos porque una familia para vivir necesitaba 360 mil pesos, evidenciando que no conoce los precios de los supermercados. 

Todo esto generó una reacción masiva: la bronca popular acumulada se transformó en lucha y movilización contra el gobierno. Así lo vemos en el Garrahan, a lo que se suman cada día más trabajadoras y trabajadores de la salud de otras instituciones. También en los científicos e investigadores, en los docentes, en los delegados y activistas de la UTA que rechazaron el acuerdo salarial de la burocracia de Roberto Fernández; además de la enorme lucha que se dio en Tierra del Fuego.
Por eso es tan importante que este miércoles 4 se haya dado la unidad en una masiva convocatoria que juntó a las y los jubilados con la lucha de la salud, el movimiento de mujeres y disidencias en el aniversario del #NiUnaMenos y todas las otras peleas existentes.  

Horas después, la Cámara de Diputados aprobó un aumento de 7,2% de las jubilaciones, una actualización del bono, que pasaría a ser de 110 mil pesos y la reapertura de la moratoria previsional. Pero ya sabemos como terminará esto: el mismo presidente anticipó que lo vetará. Aclaró que hará lo mismo con todo otro proyecto de ley en esa dirección. No es el camino “parlamentario”, sin duda, el que logrará parar la motosierra de Milei, sino la continuidad de la movilización. 

¿Qué hace el peronismo? ¿Qué hace en particular, Cristina Fernández, presidenta del PJ? No propone ninguna medida para organizarse y enfrentar el ajuste. En su última aparición en C5N, planteó su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, priorizando sus chances electorales y su pelea interna contra el gobernador Axel Kicillof. 

Los burócratas de la CGT tampoco parecen preocupados por el ajuste. Insisten con que “no hay clima para un paro”, desconociendo las luchas y movilizaciones crecientes. Su centro es jugar en la interna peronista, mayoritariamente del lado del gobernador bonaerense, tal como lo hicieron en el reciente lanzamiento de su línea interna. 

Resulta evidente que el peronismo no es alternativa para el pueblo trabajador. Fue con su anterior ajuste que hizo que un sector del pueblo trabajador, equivocadamente, apoyara electoralmente a Milei. Aún hoy, son millones los que lo siguen recordando y no quieren volver a votarlos, como lo terminó reconociendo la propia Cristina. También porque, en este año y medio, no se ha puesto a la cabeza de las peleas y resistencias, incluso, ha resultado funcional a que mucho de lo que necesitaba el gobierno nacional pasara en el Congreso. 

Hay que enfrentar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI y potenciar al máximo la movilización y resistencia en su contra requiere de posiciones claras y sin medias tintas. Primero y principal, apoyar todas las luchas, tratar de coordinarlas, y al mismo tiempo que denunciamos su inacción y complicidad con el gobierno, exigir a la CGT un nuevo paro general, de 36 horas y un plan de lucha, tal como lo viene planteando el sindicalismo combativo. 

Aún así, no basta con la lucha sindical. Estamos ante una lucha política que se va a expresar en las próximas elecciones. Frente a un peronismo en crisis y que claramente no es opción para el pueblo trabajador, tenemos que seguir postulando otra alternativa política, tanto para las peleas de todos los días como para las elecciones que se vienen: la del Frente de Izquierda Unidad. Que se hace presente incondicionalmente en todas las luchas, que es su voz en el Congreso, que denuncia y vota sistemáticamente y sin fisuras contra todas y cada una de las medidas de ajuste. El único espacio que tiene un programa alternativo, de emergencia, obrero y popular, que arranca por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para poner todos los recursos al servicio de resolver las necesidades más urgentes de salarios dignos, empleo genuino y plata para salud, educación y vivienda.