Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El índice de diciembre mostró que la inflación sigue en alza. Pasó del 1,5% en mayo al 2,8% actual. La tendencia es claramente ascendente. La interanual del año pasado llegó al 31%. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios en los que gastan sus ingresos las familias trabajadoras aumentaron mucho más. La carne acumuló un alza del 49,6% en 2025, las frutas del 47,4% y los alquileres del 37%. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet señala que los servicios y el transporte aumentaron 525% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 (Página/12, 15/01).

Javier Milei brindó por Luis Caputo. “Toto, el más grande”, dijo. Un gobierno mentiroso: en el Presupuesto 2026 afirmó que la inflación sería del 10%.

La suba se da en un contexto de caída del consumo popular, despidos masivos (400 por día, 272.607 formales), cierres de empresas y pérdida sostenida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. ¿A qué se debe? Al gran negocio de los grandes empresarios y monopolios formadores de precios. “Las empresas están intentando recomponer los márgenes de ganancia y por eso se ven subas mayores como en carne y combustibles, el producto principal y el segundo más importante de la canasta de consumo del hogar” (EcoGo, Clarín, 14/01).

Este aumento castiga aún más a salarios y jubilaciones. Las y los trabajadores registrados perdieron casi cinco puntos en 2025. La pérdida es mucho mayor desde que asumió Milei, período en el que la inflación acumulada trepa al 259%. Mientras tanto, la burocracia sindical firmó paritarias del 1% o 1,5% mensual, junto con sumas fijas insignificantes y no remunerativas. Por eso, gran parte de las familias trabajadoras se endeuda para comer y pagar servicios, o se ve obligada a trabajar en dos empleos y en changas sobreexplotadoras.

El gobierno sostiene que hay 12 millones de pobres menos. “Milei dice que bajó la pobreza y a mí me entra cada vez más gente a los comedores”, relató el ex boxeador Jorge “Roña” Castro, quien asiste a los sectores más humildes. La canasta de pobreza para una familia tipo ascendió a 1.308.713 pesos, un monto al que gran parte de la clase trabajadora no llega. La canasta de indigencia trepó a 589.510 pesos, y solo mide alimentos y bebidas, sin contemplar vivienda, salud, educación ni transporte. Con estos valores, la jubilación mínima y el salario mínimo, vital y móvil quedan por debajo de la línea de indigencia.

La conclusión es clara: con Milei se benefician los de arriba y pierde el pueblo trabajador. Es necesario un aumento salarial y jubilatorio de emergencia, junto con paritarias libres y sin techo. La CGT debe unificar este reclamo urgente con la lucha contra la reforma laboral esclavista, a través de un plan de lucha nacional que prepare un paro general.

Escribe Atilio Salusso 

Hidrantes
El gobierno compró a Dinamarca seis aviones de combate F-16, como parte de un total de 24 unidades. Son completamente obsoletos. Tienen cuarenta años de antigüedad y costaron 300 millones de dólares. La compra se realizó en medio de los incendios en la Patagonia. Con ese dinero se podrían haber adquirido 100 aviones hidrantes, a un valor de 3 millones cada uno. O 20 Boeing 737-300, con mayor capacidad de carga para combatir el fuego. Además de insólito, es aberrante.

Pichetto y Moreno con Trump
“La entrada de Estados Unidos en Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura que no daba para más. Conversamos con Guillermo Moreno sobre la intervención americana y entendemos que es necesario comprender el evento como un nuevo orden”, escribió Miguel Ángel Pichetto en X. “Sintetizaste de manera excelente la conversación que mantuvimos”, respondió Moreno. Aval explícito a Donald Trump. También el gobernador del PJ de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respaldó explícitamente el acto imperialista criminal. Por su parte, si bien condenó los hechos, el kirchnerismo no participó en ninguna de las marchas de repudio que hubo. La dirigencia peronista da para todo, menos para lo correcto. 

Cantona
Éric Cantona, figura emblemática del fútbol mundial y actor francés, se posicionó abiertamente a favor de Palestina. Lo dijo hace unos días en el marco de un concierto en Wembley para recaudar fondos para el pueblo palestino. El delantero francés subió al escenario y señaló a la UEFA y a la FIFA por no suspender a Israel de las competiciones internacionales. “El fútbol es más que un deporte. Es cultura, es política, es poder blando”, declaró. “Hace más de dos años que empezó lo que Amnistía Internacional definió como genocidio”, dijo, y recordó el sufrimiento de las niñas y niños en Gaza.

Tierra cuadrada
El gobierno quiere implementar una reforma educativa en la que un cuarto de la enseñanza, del currículum, pueda ser elegido por las familias. Distintas voces salieron al cruce. “La escuela no puede validar cualquier prejuicio o ideología familiar. ¿Vamos a enseñar en las escuelas que la Tierra es cuadrada porque es la ideología de una familia? ¿Vamos a aceptar que se discuta el bien social que implican las vacunas porque determinado tipo de familia es antivacunas?”, cuestionó Romina De Luca, doctora en Historia y especialista en Educación (Clarín, 11/01). Contundente.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Un DNU que amplía de forma inédita las facultades de la SIDE, legalizando el espionaje interno, la persecución política y la represión encubierta. 

Ingresó al Congreso el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía de manera extraordinaria las facultades de la SIDE, habilitando un esquema de espionaje interno, persecución política y represión encubierta contra quienes se oponen a las políticas del gobierno. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, ambas cámaras, Diputados y Senado, podrán tratar y rechazar el decreto en el recinto. Está en juego nada menos que la defensa de las libertades democráticas.

Milei legaliza el espionaje y le da impunidad

Con este decreto, el gobierno blanquea y refuerza el accionar clandestino de los servicios de inteligencia, otorgándole un marco “legal” a prácticas históricamente ligadas a la persecución política y la impunidad estatal. El DNU define las actividades de la SIDE como “actividad reservada”, lo que implica la ausencia de control público y judicial.

Entre los puntos más graves, el DNU habilita a la SIDE a detener personas ante supuestos casos de “flagrancia”, una facultad inédita en democracia para un organismo de inteligencia y que abre la puerta a una policía secreta paraestatal. La redacción ambigua permite incluir bajo vigilancia a opositores políticos, manifestantes, periodistas, militantes sociales e incluso a usuarios de redes.

A su vez, autoriza la coordinación con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y las policías, bajo el pretexto de “optimizar recursos” en tareas de contrainteligencia y “ciberseguridad”. De esta manera, se rehabilita la doctrina del enemigo interno, un concepto propio de los períodos más represivos de la historia argentina.

Rechazo de organismos de derechos humanos

El DNU generó un repudio inmediato. Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Huésped y Greenpeace, denunciaron el decreto como un ataque a las libertades democráticas. Además, realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU.

En su texto, advierten que el DNU obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando la vigilancia masiva; no prevé controles ciudadanos ni institucionales efectivos; establece que todas las actividades sean encubiertas, garantizando la impunidad; otorga facultades de detención a agentes de inteligencia; y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, entre otros señalamientos.

Un cheque en blanco al aparato represivo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunciamos este decreto como un cheque en blanco para fortalecer el aparato represivo del Estado. La SIDE ha sido históricamente responsable de espionaje ilegal, operaciones mafiosas, encubrimientos y crímenes contra luchadores populares, al servicio de los gobiernos de turno y del poder económico.

Mientras el Presupuesto 2026 otorgó aumentos millonarios a la SIDE (ver "Para espiar y vigilar sí hay plata"), el gobierno profundizó la motosierra sobre salud, educación, jubilaciones y políticas sociales. El DNU 941/25 marca un salto represivo del gobierno ultraderechista de Milei, que combina un brutal ajuste con represión. Por eso llamamos a rechazar este decreto y a movilizarse en defensa de las libertades democráticas. Decimos con claridad: abajo el DNU 941/25. Disolución de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia y espionaje.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

De acuerdo con el informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina sobre la ejecución del Presupuesto 2025, se registra una contracción real del gasto público del 29% interanual en relación con 2023. Salud y Educación son las áreas más afectadas por el ajuste, mientras que Seguridad aparece entre las más beneficiadas. De este modo, quedan en evidencia las prioridades de un gobierno que, mientras ajusta y reprime al pueblo trabajador, recauda fondos para pagar la deuda externa.

Del informe se desprende que, mientras los hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la Anmat registran caídas que superan el 20%, organismos como el Conicet, el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA pierden entre un 25% y un 40% de sus recursos. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia, incrementó sus fondos en un 52%.

Esta drástica reasignación de partidas, que aplica la motosierra en salud y educación pero potencia las capacidades de control e inteligencia, deja en claro la orientación elegida por el gobierno de ultraderecha. La estrategia económica de Javier Milei, subordinada al pago de la deuda externa, confirma que para espiar y vigilar sí hay plata.

Escribe Agustín Blanco

En plena ola de calor, con sensaciones térmicas que superaron los 40 grados, el AMBA volvió a quedar a oscuras. En los últimos días, entre 800 mil y casi un millón de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron apagones masivos que se extendieron durante horas. Barrios enteros sin luz, semáforos apagados, subtes con demoras y hogares sin ventilación en el momento de mayor demanda eléctrica del año.

Las distribuidoras privadas, como Edenor y Edesur, operan una red degradada, con falta de inversión estructural y sin capacidad para absorber picos de consumo previsibles. La infraestructura eléctrica del AMBA muestra señales claras de colapso cuando el calor aprieta.

La paradoja es evidente: mientras el servicio falla, las tarifas no paran de subir. Durante 2025, los usuarios acumularon aumentos muy fuertes en las boletas de luz, con subas interanuales que en algunos casos superaron el 100% y que, desde la quita de subsidios, implicaron incrementos acumulados de varios cientos por ciento. Lejos de frenarse, esa dinámica se profundiza en 2026.

En medio de los apagones, el Gobierno confirmó nuevos aumentos desde enero de 2026, con subas oficiales de alrededor del 2,3% para Edenor y 2,2% para Edesur. Aunque presentados como ajustes “moderados”, estos incrementos se suman a boletas ya infladas y se combinan con un nuevo recorte de subsidios, que reduce los topes de consumo subsidiado y empuja a miles de hogares a pagar tarifa plena. En la práctica, el impacto final en las facturas es muy superior al porcentaje anunciado.

Según relevamientos recientes, el gasto mensual en servicios públicos para un hogar promedio del AMBA ya supera ampliamente niveles que resultan difíciles de sostener para la mayoría de los ingresos familiares.

El resultado es un esquema donde los usuarios pagan cada vez más por un servicio cada vez peor, mientras las empresas garantizan su rentabilidad sin realizar las inversiones necesarias. La lógica de la privatización muestra su límite.

Si la energía es un servicio esencial, no puede seguir funcionando como un negocio privado. La reestatización integral del sistema eléctrico, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, permitiría orientar la planificación, las inversiones y el mantenimiento de la red a garantizar el derecho a la energía y no la rentabilidad empresarial.