Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

José Luis Espert, paladín de la mano dura y del lema “cárcel o bala”, se vio obligado a renunciar como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las listas de La Libertad Avanza y el PRO. Su renuncia es un reconocimiento implícito de sus vínculos con el narcotráfico. El propio Javier Milei lo admitió con una frase que dejó expuesta la crisis política: “Si yo lo echo, valido que es verdad la denuncia”.

Espert cayó arrastrado por los dólares sucios y la sombra del narcotráfico. Pero el caso no puede terminar ahí: si no puede ser candidato, menos puede seguir ocupando una banca. Por eso debe avanzar su remoción y enfrentar la Justicia. Las pruebas son contundentes. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales demostraron su vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido en su país y con pedido de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos por su participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

A pesar de sus negaciones, documentación del Bank of America y del Tribunal de Texas reveló que Espert recibió en su cuenta personal una transferencia de 200 mil dólares proveniente de empresas controladas por Machado, como Wright Brothers Aircraft Title Inc y Las Minas del Pueblo S.A. Ambas fueron señaladas por la justicia norteamericana como parte de un esquema delictivo que financiaba la compra de aeronaves utilizadas para transportar y distribuir cocaína.

Su propia defensa lo hundió aún más. Primero lo negó y luego debió admitir que viajó 35 veces en aviones de Machado, en 17 de esos vuelos acompañado por el empresario procesado, durante su campaña presidencial de 2019. También reconoció haber recibido una camioneta blindada y otros beneficios financiados por Machado para sostener su campaña.

Espert no es ingenuo ni víctima de una operación política: es partícipe de una asociación ilícita que financió su carrera con dinero del narcotráfico, a cambio de favores que paga el pueblo trabajador. Su discurso de “cárcel o bala” terminó en lágrimas en Radio Mitre. La ironía es total: el supuesto adalid contra los narcos cayó por vínculos con ellos.

La caída de Espert en la provincia más grande del país es un golpe político que expone la debilidad del gobierno que se presentaba como incorruptible. Javier Milei y su entorno quedan desnudos ante el cúmulo de escándalos: la estafa cripto, las denuncias de coimas que involucran a Karina Milei, las muertes por fentanilo y el endeudamiento con el FMI.

No se trata de un caso aislado, sino de una muestra del funcionamiento real del régimen, desde campañas financiadas con dinero sucio, favores a empresarios narcos, hasta leyes hechas a medida de los poderosos. Cuando estalla un escándalo, intentan cubrirlo con renuncias “voluntarias” y reemplazos improvisados. Pero se les cayó la careta: el pueblo ve con claridad que Milei y su gobierno son parte de la misma podredumbre que decían combatir.

Frente a los ajustadores, narcos y corruptos, en estas elecciones del 26 de octubre el Frente de Izquierda Unidad presenta candidaturas de quienes no reciben un peso de empresarios ni de mafias, viven como cualquier trabajador y están en las calles y en el Congreso todos los días enfrentando la motosierra y la represión de Milei.

Escribe Liliana Olivero, primera candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y candidato por Provincias Unidas, y Natalia de la Sota, hija del fallecido exgobernador y candidata por Defendamos Córdoba, buscan captar el voto peronista de la provincia. Ese electorado, que durante años acompañó a la derecha de Mauricio Macri primero y a Javier Milei después, hoy se encuentra fuertemente golpeado por la crisis generada por el gobierno nacional. Muy detrás en intención de voto aparece Pablo Carro, de Fuerza Patria.

Frente a la debacle del gobierno nacional, el peronismo cordobés se presenta dividido en tres sectores. Sin embargo, ninguna de estas opciones representa una salida. Todas gobernaron el país o la provincia y son parte del mismo problema. Esos dirigentes se presentan como si tuvieran la fórmula para resolver los males que ellos mismos ayudaron a crear, y recurren al engaño para diferenciarse del gobierno nacional o, incluso, de su propio rol en estos casi dos años.

Schiaretti y Martín Llaryora fueron los principales aliados de Milei. No solo aportaron funcionarios y votos para aprobar la Ley Bases -madre del ajuste- sino que garantizaron la gobernabilidad que exigía el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en campaña, critican el superajuste nacional que acompañaron y replicaron en Córdoba. Denuncian la pérdida del poder adquisitivo mientras las y los estatales, la docencia y las jubilaciones se acercan a la indigencia. La precariedad y la pobreza crecen, mientras la deuda provincial dolarizada se paga con un ajuste que favorece a los grandes empresarios, beneficiarios permanentes de este modelo. No tienen un plan distinto al de Milei ni al que impone el FMI; apenas intentan disimularlo con un discurso menos brutal.

De la Sota hija, con el respaldo de los medios, la burocracia sindical y los empresarios, intenta presentarse como una renovación. Sin cuestionar al gobierno provincial del que fue parte (votando incluso leyes de ajuste como el recorte a las y los jubilados), busca captar el voto de quienes rechazan el dinosaurismo del peronismo cordobés aliado a la ultraderecha. Se proyecta como un recambio proempresarial para un PJ cordobés desgastado. Al igual que Schiaretti, su propuesta central es eliminar las retenciones, un beneficio directo a los grandes agroexportadores que siguen enriqueciéndose mientras el pueblo trabajador se hunde en la pobreza.

Carro, actual diputado y candidato a la reelección, intenta diferenciarse con un discurso más crítico. Sin embargo, al igual que el resto del peronismo kirchnerista, ha actuado como un freno en las calles, evitando que la ruptura con el Gobierno nacional se exprese con mayor fuerza. De la mano de la CGT, su sector viene impidiendo un nuevo paro general de 36 horas para derrotar la motosierra de Milei. Su estrategia es la del desgaste: criticar sin enfrentar y postularse en 2027. Como parte del anterior gobierno, dejaron un saldo nacional de 42% de pobreza y 200% de inflación.

Todos llegan a las elecciones maquillando su discurso y buscando alguna banca, lejos de cualquier intención de resolver los problemas del pueblo trabajador. Todos gobernaron (y muchos aún gobiernan), demostrando ser parte del mismo entramado de poder que generó la crisis. Por eso, sostenemos que para fortalecer la lucha, tanto en las calles como en el Congreso, es necesario votar las candidaturas del FIT-U, que venimos enfrentando a todos los gobiernos. Junto a eso, proponemos una salida de fondo: dejar de pagar la deuda y romper con el FMI para destinar esos millones de dólares a resolver las necesidades urgentes del pueblo trabajador.

Escriben María Meza, candidata a diputada nacional y Hugo Iglesias, candidato a senador nacional
 
El Gobierno nacional negocia la entrega de soberanía en Tierra del Fuego, a cambio de nueva deuda. El decreto 697/2025, firmado el 30 de septiembre, autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a la base militar de la isla, así como a las de Mar del Plata y Puerto Belgrano, para la realización de maniobras conjuntas. Miguel Rodríguez, candidato de La Libertad Avanza, respaldó la medida. 

El decreto fue oficializado un día después de que Javier Milei fuera repudiado en las calles por centenares de habitantes de Ushuaia, que se sumaron a una convocatoria de la UOM e impidieron que realizara un acto de campaña electoral. La bronca con el presidente creció en los últimos meses por su política de desprecio hacia la defensa de las fuentes de trabajo, tras decretar la baja de aranceles a las importaciones de productos electrónicos, medida que pone en riesgo la industria nacional frente a importadores y empresarios especuladores. La disposición fue suspendida luego de un paro de diez días de las y los metalúrgicos, hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que el temor a la desocupación sigue presente. Todos los días se registran despidos y suspensiones en las fábricas, pese a la promesa patronal de que no ocurrirían al levantarse la huelga.

El desprecio de Milei por el pueblo fueguino y por la soberanía nacional sobre el territorio más austral del país se profundiza con esto. El interés geopolítico, militar y económico por esa región ya se venía manifestando. Las visitas de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey en agosto de este año y Laura Richardson en 2024, fueron señales de que Donald Trump y el gobierno estadounidense buscan controlar la ubicación estratégica del paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, así como los recursos naturales del Atlántico Sur y la Antártida.

Todo esto ocurre en el marco de las revitalizadas relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, potencia que mantiene usurpadas las islas Malvinas. En marzo de 2022, el gobierno peronista de Tierra del Fuego oficializó en el Boletín Oficial Nº 5065 la aceptación de la radicación de un radar con capacidad militar en la ciudad de Tolhuin a la empresa inglesa LeoLabs Limited. En noviembre de 2022, la Subsecretaría de Comunicaciones de la Nación, durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, ratificó esa decisión. Todo ello fue resistido por el pueblo trabajador. Al mismo tiempo, avanza la explotación petrolera en la plataforma submarina malvinense por parte de la empresa israelí Navitas Petroleum. Curiosamente, el ex primer ministro británico Tony Blair fue elegido por Trump para ejercer el control de Gaza, víctima del genocidio y la hambruna provocados por Israel.

Si bien la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 28, no autoriza al presidente a permitir el ingreso de tropas extranjeras y establece que esa es una facultad exclusiva del Congreso Nacional, no puede confiarse en este último, que ha acompañado las principales políticas del gobierno y permitido los DNU y el pago de la deuda externa fraudulenta.

El ejemplo mostrado por las y los trabajadores y sectores populares marca el camino: organizarnos desde cada lugar de trabajo, escuela y barrio para rechazar esta ofensiva colonialista mientras defendemos las fuentes de trabajo. Y, en estas elecciones, vota la lista 505 del Frente de Izquierda que integramos para defender también en el Congreso estas propuestas. 

Escribe Guido Poletti

El peronismo, con sus diferentes candidatos en las provincias y sus líneas internas (kirchnerismo, Frente Renovador de Sergio Massa, Movimiento al Futuro de Axel Kicillof), busca, sin excepción, capitalizar la bronca popular creciente.

Es comprensible que muchas compañeras y compañeros, en los lugares de trabajo, estudio o barrios populares, e incluso familiares y amigos, tengan expectativas y se pregunten si la mejor forma de castigar a Javier Milei y su gobierno es votando al peronismo.

¿Por qué La Libertad Avanza llegó al gobierno?

Milei triunfó con el voto de amplios sectores populares que, equivocadamente, intentaron castigar el desastre dejado por Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Fue el resultado de haber seguido las recetas de ajuste del FMI, que hundieron salarios y jubilaciones, empobrecieron al pueblo y abrieron la puerta a la ultraderecha.

A esto se sumó una larga lista de casos de corrupción (no solo los del último gobierno peronista, sino también los que arrastraban los doce años de gestión kirchnerista), siendo la masacre de Once, en 2012, un símbolo de esa podredumbre estructural.

Por supuesto, la corrupción no fue patrimonio exclusivo del peronismo. También la hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, y hoy la vemos nuevamente con el escándalo de “Karina 3%” o el narco-diputado José Luis Espert. Pero eso no borra las responsabilidades de las distintas administraciones peronistas, nacionales, provinciales o municipales.

¿Qué hizo el peronismo en estos dos años?

Mientras el oficialismo profundizaba su plan motosierra, el peronismo (principal fuerza opositora patronal) se mantuvo pasivo. La mayoría de sus dirigentes no acompañó las luchas sociales ni sindicales, y en el Congreso abundaron las excusas para justificar ausencias o abstenciones: “garantizar la gobernabilidad”, “responder al gobernador”, “se retrasó un avión”, “estar enfermo”. Con esa conducta, le garantizaron a Milei los votos para aprobar leyes, mantener DNU y sostener vetos, como el jubilatorio.

Solo cuando el gobierno ya estaba profundamente en crisis, y ante la presión de las calles, se revirtieron los vetos al Garrahan, discapacidad y universidad. Pero hubo un factor decisivo para que el ajuste avanzara: la burocracia de la CGT, alineada con el peronismo, que selló un pacto tácito con el gobierno. Dejó pasar meses sin convocar a un paro general y aisló cada conflicto. Hace meses que desde el sindicalismo combativo y la izquierda se reclama un nuevo paro general y un plan de lucha, mientras la conducción sindical sigue mirando para otro lado.

¿Kicillof es “lo nuevo”?

Incluso quienes comparten estas críticas, muchas veces se preguntan si Axel Kicillof representa algo distinto. El gobernador bonaerense busca mostrarse como una figura “renovadora”: se distanció de Cristina y La Cámpora, no arrastra causas de corrupción y capitaliza el triunfo del 7 de septiembre para proyectarse como presidenciable.

Esa imagen se sostiene en su discurso de que la provincia está “blindada” frente al ajuste. Pero la realidad desmiente sus palabras: miles de trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud padecen salarios pulverizados y condiciones de miseria.

Kicillof tampoco encarna lo nuevo si miramos a su alrededor. Lo respaldan los viejos barones del conurbano, como Fernando Espinoza (intendente de La Matanza, procesado por abuso sexual y luego sobreseído), y la cúpula de la burocracia cegetista que garantiza la “paz social”.

Tampoco es una alternativa si observamos su programa. Tras el triunfo electoral, en entrevistas con Clarín y La Nación, declaró: “es infantil romper con el FMI”. Su propuesta es la misma que ya fracasó con Alberto, Cristina y su ministro de Economía Martín Guzmán: negociar “inteligentemente” con el Fondo y, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Ya sabemos en qué terminó. También entonces se decía que el FMI había cambiado, con nuevas autoridades “progresistas”, como Kristalina Georgieva.

Por eso insistimos en que el peronismo, con Kicillof incluido, no tiene nada de nuevo ni representa una salida ante el super ajuste de Milei.

La única alternativa es el Frente de Izquierda Unidad, con su programa obrero y popular, su compromiso de ser siempre oposición consecuente a las políticas del gobierno y su presencia permanente apoyando todas las luchas en las calles y en el Congreso.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la FUA

Desde que cerraron las listas nacionales para las elecciones legislativas, empezó un debate importante dentro de la juventud con un sector del peronismo referenciado en Juan Grabois, Itai Hagman y, también, Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat (aunque no sean candidatos). Con doble discurso y mucho humo, dicen ser “la verdadera oposición” al gobierno ultraderechista de Javier Milei, pero en los hechos se quedan cortos.

La semana pasada, Ofelia tuiteó que el FIT-U sólo “sirvió para sacar un 2,4%”, en referencia al porcentaje que le faltó a Sergio Massa para ganarle a Milei en 2023. Este tuit, para nada inocente, refleja una política sistemática de este sector por invisibilizar la importancia del Frente de Izquierda Unidad y su rol protagónico en cada lucha que dieron la clase trabajadora, las y los jubilados y el movimiento estudiantil contra el gobierno.

Hay que recordar que quienes facilitaron que hoy gobierne Milei, son los mismos dirigentes del peronismo. Fueron ellos quienes garantizaron el armado de listas electorales y formaron parte del gobierno misógino de Alberto Fernández, que continuó con el FMI y reconoció la deuda ilegítima heredada de Macri. Fue Hagman (hoy cabeza de lista de Fuerza Patria) quien se ausentó en la comisión de Presupuesto, permitiendo así que avanzara la votación del acuerdo con el Fondo. 

Durante estos dos años de oposición al gobierno, el peronismo mostró su verdadero rostro. En las universidades, las agrupaciones de Patria Grande jugaron un rol muy similar al de Franja Morada: desmovilizar y frenar las ocupaciones y llamando a “confiar en el Parlamento” para evitar que el movimiento estudiantil las y los desborde. Ni Grabois ni Hagman estuvieron a la cabeza de las luchas junto a las y los jubilados o en los conflictos de las y los trabajadores, como sí lo hizo el FIT-U. En el Congreso, el peronismo fue garante del ajuste, aportando ausencias o votos decisivos en provincias para aprobar leyes nefastas como la Ley Bases.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el peronismo solo busca hacer una buena elección para posicionarse mejor rumbo al 2027. Por eso, la salida no pasa por ahí. Hace falta un cambio radicalmente opuesto al gobierno de Milei: uno que plantee que no se puede pagar más al FMI y que esos recursos deben destinarse a jubilaciones, universidades y las necesidades urgentes de las y los trabajadores.

Necesitamos diputadas y diputados que defiendan esto incondicionalmente en las calles y en el Congreso. Bancas como la de Juan Carlos Giordano, que no sólo denuncia sino que actúa: se subió a la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Para todo eso sirve el FIT-U: para ser una oposición real, consecuente y en las calles.