Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde Izquierda Socialista repudiamos la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner para que sea candidata. Lo hacemos sin ocultar nuestras diferencias políticas y su responsabilidad en los casos de corrupción que existieron bajo su gobierno.

Una periodista me preguntó días atrás si nuestra posición contra la proscripción se fundamentaba en que Cristina era inocente. Respondí que no es inocente y que nuestro partido denuncia desde hace años sus causas de corrupción.

El crecimiento vertiginoso del patrimonio de la familia Kirchner estuvo directamente ligado a los negocios compartidos con Lázaro Báez, quien pasó de ser empleado bancario a convertirse en dueño de Austral Construcciones. Este entramado de corrupción derivó en causas judiciales que llevaron a la cárcel a varios funcionarios del entorno de Cristina Kirchner, entre ellos su ex secretario de Obras Públicas, José López, quien ocupó ese cargo durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

Lo que señalamos es que, pese a ello, rechazamos los fallos judiciales que, a través de leyes burguesas, proscriben políticamente, como en este caso a Cristina Kirchner, impidiéndole ser candidata de por vida para ejercer cargos públicos y quitándola del padrón electoral, atacando también el derecho de quienes la quieren votar y no lo pueden hacer. Rechazamos estos fallos, leyes y distintas disposiciones que atenten contra los derechos democráticos elementales. Por eso estuvimos en contra, junto al FIT Unidad, del proyecto de “Ficha Limpia”: fallos y leyes que pueden ser usadas contra la izquierda y contra quienes luchan.

Decimos entonces no a la proscripción. Y lo hacemos sin dar ningún apoyo político a Cristina ni al peronismo, ni cuando gobernaron ni ahora. Muchas compañeras y compañeros peronistas consideran que la causa fue armada; respetamos esas opiniones, aunque no las compartimos. Lamentablemente, posturas como las del PTS, que repiten que se trata de una “causa armada”, alimentan ese razonamiento equivocado. Se amparan en la teoría del lawfare, según la cual todo sería un complot judicial orquestado por Estados Unidos contra gobiernos supuestamente populares. Esa mirada sugiere que esos gobiernos patronales tendrían algo de progresivo, cuando en realidad gestiones como las de Lula Da Silva, el MAS en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o el propio kirchnerismo han gobernado para los de arriba. Es cierto que el imperialismo manipula y saca rédito en estas situaciones, y que estos casos forman parte de disputas entre sectores burgueses. Pero eso no borra que los hechos de corrupción existieron y existen.

Luchar contra la corrupción capitalista en todos los gobiernos

La corrupción es inherente al sistema capitalista. Basta repasar hechos ocurridos en Argentina y en otros países, tanto bajo gobiernos patronales de derecha liberal como de centroizquierda. En nuestro país, puede recordarse la estafa con “los pollos de Mazzorin” durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero bajo el peronismo de Carlos Menem, con el objetivo de ocultar la venta ilegal de armas a Ecuador. Otro ejemplo es el de Fernando De la Rúa, quien murió sin ser condenado por el escándalo de la Banelco, utilizado para hacer votar una ley de flexibilización laboral. Luego vino Macri, que nos endeudó con el FMI por 45 mil millones de dólares. Hoy esas políticas se profundizan con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que encabeza lo que ya se denuncia como una nueva estafa cripto.

Esto tiene también un correlato internacional. Actualmente, el presidente “socialista” del Estado Español, Pedro Sánchez, enfrenta denuncias por hechos de corrupción que involucran a ministros y referentes del PSOE. En Panamá, el ex presidente derechista Ricardo Martinelli fue condenado por lavado de dinero. En Francia, uno de los casos más recordados es el del ex mandatario de derecha liberal Nicolas Sarkozy, también condenado por corrupción. Y así podríamos seguir.

La corrupción es una lacra más del capitalismo, cuyos distintos gobiernos avalan o directamente integran, con el objetivo de favorecer a grupos empresarios, multinacionales, al capital financiero y también a los políticos patronales. La combatimos, al mismo tiempo que rechazamos la utilización de fallos judiciales para proscribir y atacar derechos democráticos, denunciando el uso selectivo de leyes burguesas según la conveniencia de esta justicia patronal. Una justicia que no juzgó ni condenó a Macri y que todavía no se pronunció ante la estafa cripto de Milei. Se trata de un fallo funcional al gobierno, que avanza con medidas profundamente antidemocráticas, como la transformación de la Policía Federal en un “FBI argentino” o los permanentes ataques al periodismo y a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta.

¿Más peronismo o Frente de Izquierda?

Con estas consideraciones ratificamos el rechazo a la proscripción que impide a Cristina ser candidata. Al mismo tiempo, sostenemos que la herramienta política para enfrentar a la ultraderecha no es el peronismo, que ya gobernó con pobreza e inflación, como lo hizo el gobierno de Alberto y Cristina, y que hoy permite el avance de la motosierra de Milei con una CGT que continúa pactando con el gobierno. No es cierto, como afirma el PJ, que “a Milei se lo combate con más peronismo”. Por eso seguimos planteando que el Frente de Izquierda Unidad representa una alternativa política que pelea por un cambio de fondo.

Mientras levantamos la voz contra la proscripción, desde Izquierda Socialista seguiremos luchando contra este sistema capitalista explotador y corrupto, postulando un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina socialista.