Escribe Guido Poletti

Santiago Maldonado, un joven solidario con la causa de los pueblos originarios, desapareció en medio de una feroz represión lanzada por la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche. El gobierno de Macri negó cualquier responsabilidad en el hecho y luego hizo todo lo posible para entorpecer la búsqueda. Finalmente, Santiago fue hallado muerto en el río Chubut. A un año de estos hechos seguimos reclamando justicia y castigo a los responsables.

El 1° de agosto del año pasado la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente una movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, Chubut. Basándose en la orden de un juez que exigía desalojar la ruta 40, por orden del gobierno nacional y en particular por directivas del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes, ingresando en los terrenos de su comunidad, dando palazos y lanzando balas de plomo, gases, e incluso prendiendo fuego el acampe mapuche. En el lugar estuvo personalmente el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien dirigió la represión. Tan brutal fue el ataque que quienes ocupaban el terreno corrieron a la desbandada y debieron lanzarse a las gélidas aguas del río Chubut para cruzarlo y salvarse. A Santiago se lo vio por última vez aferrado a un árbol, sin ser capaz, tal vez, de animarse cruzar el río dada la fuerte correntada.
Denunciada la desaparición, el gobierno hizo todo lo posible por deslindar cualquier responsabilidad e incluso echó a correr todo tipo de versiones, “que se lo había visto en Entre Ríos”, “que había sido herido al participar de un ataque del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)a un puesto de una estancia” o que “había huido a Chile”. Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba todo tipo de declaraciones xenófobas contra el pueblo mapuche, acusándolos de estar financiados por “grupos terroristas internacionales”. Mientras se sucedían las marchas multitudinarias y la Plaza de Mayo se llenaba una y otra vez, el gobierno hasta intentó prohibir que se hablara del tema en las escuelas. 
La presión popular fue tal que el juez a cargo de la causa, que era el mismo que había ordenado la represión y que, a posteriori había hecho todo lo posible por destruir cualquier prueba que involucrara a la Gendarmería, tuvo que renunciar. Finalmente, el cuerpo de Maldonado fue hallado el 17 de octubre flotando en el río Chubut. Tras la autopsia, donde se comprobó que murió ahogado, el gobierno volvió con su campaña de que “la Gendarmería no tenía nada que ver”. Pero es un hecho que Santiago se lanzó al río Chubut como consecuencia del violentísimo operativo represivo que se estaba dando. Y fue, por lo tanto, una víctima de ese accionar, responsabilidad directa de la ministra Bullrich. 
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado también puso al desnudo el histórico reclamo de la comunidad mapuche y otros pueblos originarios. En particular, los mapuches pelean por su territorio, perdido tras el genocidio conocido como “la Campaña del Desierto”. En el caso de la comunidad Pu Lof de Cushamen, donde terminó muriendo Maldonado, se trata de una pelea por recuperar sus tierras que fueron apropiadas por el Grupo Benetton. El operativo fue parte de la represión que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales para garantizar la entrega de tierras y recursos a los terratenientes y multinacionales que operan en la Patagonia. Así como exigimos verdad y justicia y que se castigue a los responsables del gobierno en la represión del 1° de agosto del año pasado, también somos incondicionalmente solidarios con los reclamos del pueblo mapuche por sus tierras.

1° de agosto  a las 18 Acto en Plaza de Mayo

Convocan: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales- Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 
Por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia: Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la Amia (Apemia), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Colectivo Memoria Militante, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (Eatip), Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo (Liberpueblo), H.I.J.O.S Zona Oeste, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

En los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda externa. Cristina se autoelogiaba diciendo que era una “pagadora serial”. Esto deja en falsa escuadra la campaña que enarboló el gobierno anterior diciendo que nos estábamos desendeudando.
El Argentinazo de 2001 impuso el no pago. La rebelión popular obligó a que el efímero ex presidente Rodríguez Saá, en sus escasos ocho días de gobierno, anunciara la decisión. Sin embargo, al asumir Eduardo Duhalde (PJ) en 2002, se reanudó el acuerdo con el FMI que venía de antes, el cual se mantuvo al asumir Néstor Kirchner en 2003.

El kirchnerismo podría haber aprovechado el no pago del Argentinazo para desconocer esa deuda fraudulenta que venía de la dictadura. Contaba también a favor con el fallo del juez Ballesteros, que en un juicio histórico declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”. A pesar de esos antecedentes, el kirchnerismo reanudó los pagos. 
En 2005 convocó a todos los bonistas en default. Les propuso una “quita”, que fue aceptada: entre no cobrar nada y cobrar con quita, bienvenido sea, dijeron. Además, les “regaló” el Cupón PBI, un “extra” automático que se cobra cada vez que la Argentina crece más de 3,2% anual.
“Nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Se trata de la remoción de uno de los más importantes obstáculos estructurales que enfrentaba nuestra recuperación”, dijo el ex presidente Néstor Kirchner al anunciar ante gobernadores y empresarios los resultados del canje. 
Posteriormente, en enero de 2006, Kirchner le pagó de contado y a decretazo limpio toda la deuda al FMI: 9.810 millones de dólares. Días antes había hecho lo mismo Lula en Brasil. ¿Qué más quería el FMI, que lo consideren “acreedor” y le paguen de contado? Sueño cumplido. 
En mayo de 2014 Argentina la acordó pagar la deuda por 9.700 millones de dólares al Club de París (principales países imperialistas). Fue una exigencia del entonces enviado de Bush, Thomas Shannon, de visita por nuestro país. Se trata de “una de las deudas más genuinas”, dijo Cristina. Christine Lagarde, por entonces ya titular del FMI, apoyó el acuerdo. Ayuda a “normalizar” la situación del país, dijo. 
Finalmente, si bien el kirchnerismo dijo que “no iba a negociar con los fondos buitre” (el 7% restante de los bonistas que no entró en los canjes), inició conversaciones para pagarles. La negociación se trabó y dio motivo al juicio del juez Griesa. Pero cuando asumió Macri, el Congreso aprobó una ley para pagarles 10.000 millones de dólares de contado a los buitres (con el voto del Frente para la Victoria en el Senado). En Diputados, Kicillof y el Frente para la Victoria se opusieron… ¡pero presentaron una ley para pagarles, aunque un poco menos de aquella cifra! Quiere decir que la campaña del kirchnerismo “patria o buitres” fue falsa.

Escribe Mariana Morena

Las nuevas revelaciones sobre el financiamiento irregular de las campañas electorales de Cambiemos no hacen más que confirmar lo que venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: Cambiemos no tiene nada que ver con la transparencia ni “la nueva política”. Se trata de un gobierno ajustador y corrupto que suma otro repudiable hecho a su lista.

El escándalo estalló hace un mes, cuando una investigación periodística reveló que unos 200 bonaerenses beneficiarios de planes sociales figuraban como aportantes de la campaña electoral de 2017 sin poner un peso. Algunos hasta aparecían como afiliados a PRO sin su consentimiento. La lista ahora alcanza a más de 7.000 personas como supuestos donantes de 67 millones de pesos para Macri en 2015, y 42 millones de pesos para los candidatos legislativos Graciela Ocaña a diputada y Esteban Bullrich a senador en 2017. Entre los donantes hay incluso dirigentes y funcionarios de PRO, como el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo y el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, que niegan haber aportado fondos.
La gobernadora Vidal terminó echando a la flamante contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, nombrada hace solo una semana, porque fue responsable financiera de la campaña de 2017. Fue una medida para tapar que, contrario a la promesa electoral de “transparencia” frente a millones que los votaron por estar hartos de la corrupción del kirchnerismo, los políticos de Cambiemos formaron una verdadera asociación ilícita que falsificó miles de fichas de afiliaciones y firmas con un objetivo preciso: dosificar, por medio de sumas menores, parte de las fortunas que aportaron grandes empresarios a la campañas de Cambiemos, lo cual está prohibido por ley.
Somos terminantes: la corrupción no fue sólo de la contadora de la campaña. Con la complicidad de Macri y Carrió en semejante entramado de corrupción estuvieron involucrados la gobernadora Vidal como presidenta de PRO, de donde salieron las fichas de afiliación que trucharon; los candidatos “abanderados de la anticorrupción” Ocaña y Bullrich, y el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai (esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación), por el uso de bases de datos del Estado para detectar el nivel socioeconómico de los donantes, lo que definía el monto de los aportes. 
La corrupción no se trata de hechos aislados ni de un par de funcionarios deshonestos, sino de una mecánica por la que los grandes empresarios, las multinacionales y los bancos financian a todos los partidos patronales y sus campañas electorales para que, una vez en el gobierno, les garanticen el ajuste y los grandes negocios. Basta el ejemplo de las obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento o las hidroeléctricas santacruceñas, que fueron otorgadas en su momento por el kirchnerismo y continúan bajo el gobierno de Cambiemos; o que una droguería vinculada a la efedrina aportó 200 millones de pesos en cheques a la campaña del FpV en 2007.
Macri ahora, con el verso de “bancarizar” los aportes a las campañas, está encubriendo que pretende legalizar los aportes de las empresas y multinacionales a los candidatos patronales, algo a lo que siempre nos oponemos desde la izquierda.
Afirmamos que este gravísimo hecho no puede quedar en la impunidad. Hay que exigir que los responsables vayan presos por corruptos (no solo con la posibilidad de ser “inhabilitados” para elegir o ser elegidos como dice la ley electoral). Y seguimos insistiendo a los compañeros y compañeras trabajadores que la salida para terminar con la corrupción es seguir construyendo y fortaleciendo el Frente de Izquierda como alternativa política para luchar por las necesidades urgentes del pueblo hasta alcanzar un gobierno de los trabajadores que enfrente los intereses de los grandes capitalistas.

Odebrecht aportó a la campaña de Cambiemos

El año pasado, durante una sesión informativa en el Congreso, el jefe de Gabinete Marcos Peña fue confrontado por Juan Carlos “Gringo” Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT. Giordano fue el único legislador que le preguntó si era verdad que la multinacional Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Macri en 2015. Peña explicó que no le puso plata a la campaña, pero que sí aportó fondos para el partido PRO, “de manera transparente, institucional, sin nada para ocultar”, tratando de este modo de justificar el tributo.
Odebrecht es una megaconstructora brasileña que reconoció haber pagado coimas por 788 millones de dólares en más de un centenar de proyectos de doce países de Latinoamérica y África; en particular, en la Argentina, entre 2007 y 2014 desembolsó 35 millones de dólares destinados a funcionarios del gobierno por contratos de obra pública, que después compensaría mediante suculentos sobreprecios. A Peña no le hizo ruido que su partido fuera financiado por una multinacional imperialista, saqueadora y corrupta porque, en definitiva, Cambiemos gobierna efectivamente para asegurarle sus negocios y megaganancias.
M.M.

Desde Izquierda Socialista, junto al Partido Obrero y el PTS, nos dimos cita el sábado por la mañana en la esquina de Las Heras y Pueyrredón para marchar al lugar donde sesionaba la reunión de ministros de Hacienda y Finanzas del G20, con la presencia de la titular del FMI Christine Lagarde. Allí estuvimos junto con otras organizaciones políticas y sociales que también acudieron a repudiar su presencia.

Un impresionante operativo de seguridad impidió que la movilización siquiera se moviera del sitio de convocatoria. Por eso el Frente de Izquierda decidió realizar en la misma esquina el acto contra Lagarde y el FMI. Así, hicieron uso de la palabra nuestro compañero de Izquierda Socialista y diputado electo Juan Carlos Giordano, Vanina Biasi por el Partido Obrero y Christian Castillo por el PTS. Giordano sintetizó con claridad los motivos de la convocatoria: “Venimos a rechazar la visita de Lagarde. Fuera el FMI de Argentina. Abajo el ajuste de Macri y el FMI. No al pago de la deuda externa. Exigimos a la CGT y las CTA un paro de 36 horas”.

Escribe José Castillo

La titular del FMI estuvo este fin de semana por Buenos Aires con parte de sus técnicos. Si bien el objetivo central de su presencia fue participar de la reunión de ministros de Finanzas del G20, aprovechó para dar “recomendaciones” al presidente Macri y al equipo económico, que la recibieron y halagaron como si ella fuera una monarca y los argentinos sus súbditos.

Christine Lagarde llegó nuevamente a la Argentina, por primera vez desde la firma del acuerdo de Macri con el Fondo. El gobierno se desvivió por atenderla como si se tratara de un personaje de la realeza. Las oficinas de prensa oficiales reenviaban cada una de sus palabras, asegurando que ella “elogiaba la evolución de las cuentas fiscales argentinas”, lo que traducido quiere decir que aplaudía cómo el gobierno lleva adelante el ajuste. Las fotos muestran a un Dujovne que “se inclinaba” ante cada gesto de Lagarde, y mostraba como un trofeo el twitter de la titular del FMI en el que “respaldaba a la Argentina”. Por si quedaba alguna duda, Lagarde aclaró: “El ministro me mostró los números que se encaminan al cumplimiento de la meta de déficit de 2,7% del PBI para este año y de 1,3% para 2019”, satisfecha por los 300.000 millones que el gobierno se compromete a recortar para el año próximo.

El presidente Macri, por su parte, le ofrendó la cena del “día del amigo”, invitándola a una cuidada comida especialmente supervisada por Juliana Awada –truchas y verduras, ya que la señora Lagarde no consume carnes rojas, informó la oficina de prensa de Presidencia–, a la que también asistieron el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo. Todos atentos a agradar a Lagarde, que se hizo presente con los técnicos de su staff, que son quienes inspeccionan en concreto si se cumplirá con el ajuste: el director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el encargado de Argentina Roberto Cardarelli. Durante la cena el presidente aseguró a sus visitantes que “vamos a cumplir el 100% de las metas (de ajuste) y seguramente las vamos a superar”. ¡El presidente quiere dejar contentos a los funcionarios del Fondo asegurándoles que van a ajustar más aún de lo que ellos exigen! Lagarde aprovechó tanta demostración de obediencia para anunciar que el Fondo evalúa abrir una oficina permanente en Buenos Aires, donde obviamente instalaría “expertos” para que sigan día a día la coyuntura económica argentina. 
Halagada por el gobierno, repudiada por el pueblo trabajador
Lagarde se movió en una “ciudad sitiada”. Mientras recibía sonrisas y cumplidos de funcionarios y empresarios, el gobierno tomó en cuenta todas las encuestas que dicen que más del 70% de la población repudia el acuerdo con el Fondo. Para evitar cualquier contratiempo armó un operativo pocas veces visto, cerrando calles y estaciones de subte en decenas de cuadras a la redonda de donde se moviera Lagarde. Como lo reconoció el propio Ministerio de Seguridad, lo utilizaron como un “ensayo general” para la visita a Buenos Aires de los presidentes más repudiados del planeta, encabezados por el propio Trump, a la reunión del G20 el próximo noviembre. Claro que el “anillo protector” no pudo impedir los repudios y manifestaciones a su presencia (ver nota en esta página).

Sí, el FMI es el “cuco”
Todas las escenas del pasado fin de semana demuestran que el gobierno ha cedido “las llaves” de la economía al FMI. Lagarde y su equipo son los auténticos “ministros de economía” del país. 
El presidente Macri había dicho un día antes de la visita de Lagarde: “El FMI no es el cuco”. Seguramente no lo será para él y sus amigos, incluyendo los ministros que mantienen su riqueza fuera del país. Tampoco para los acreedores externos, que son a quienes el plan de ajuste del Fondo quiere garantizar que seguirán cobrando los próximos vencimientos de deuda externa. Ni siquiera para los agroexportadores, ya que Roberto Cardarelli se encargó de despejar, visitando personalmente la exposición rural, que el planteo del FMI de suspender la baja de retenciones había sido “sólo una idea” y que si el gobierno cumplía con el ajuste achicando salarios, jubilaciones, la salud, la educación y despidiendo empleados públicos no haría falta que el sector sojero haga aporte alguno.
Pero sí, el FMI es el cuco. Lo es para los millones de trabajadores y sectores populares que verán en los próximos meses cómo el actual ajuste del gobierno de Cambiemos se profundiza, sacrificándonos a todos ante el altar de seguir pagando a toda costa los vencimientos de deuda. Porque para esto, y no para otra cosa, es el pacto de Macri con el FMI. No queda otra opción, hay que salir a luchar, levantando un programa exactamente opuesto, que comience por dejar de pagar la deuda externa y usar todo ese dinero para resolver las necesidades populares y rompiendo con el FMI para recuperar nuestra independencia económica.

Las amenazas del Fondo Monetario

Todas fueron sonrisas en la visita de Lagarde y su equipo a la Argentina. Pero para que quede claro “quién manda” el FMI aclaró que en caso de que la Argentina no llegue a cumplir las metas de inflación pactadas en el acuerdo (de entre 27% y 32%) deberá solicitar un waiver (perdón), lo que habilitaría a los funcionarios del organismo a “revisar” si las medidas de ajuste “no fueron suficientes” y, por lo tanto, a exigir apretar más aún el torniquete sobre los trabajadores y demás sectores populares. Esto se realizaría a fin de año o comienzos de 2019, si, como es muy posible, la inflación anual llegara a sobrepasar esos índices. 
Peor aún, el equipo técnico del FMI cubre su “prestigio” internacional aclarando que, aun si se lleva adelante el ajuste tal como ellos plantean, no es seguro que alcance como para que la Argentina pueda garantizar los pagos de deuda externa futuros: “Hay importantes riesgos sobre la sustentabilidad de la deuda”, expresan en su frío lenguaje técnico. En síntesis, el FMI nos exige un ajuste salvaje, pero encima nos dice que a posteriori es posible que debamos “hacer un nuevo ajuste”, sin descartar que aun así vayamos a nuevos escenarios de más devaluaciones y crisis. 
Todos estos planteos del Fondo son el mejor ejemplo de lo que venimos sosteniendo desde hace décadas: la deuda externa, además de ilegítima e inmoral, es verdaderamente impagable y no hay “plan de ajuste” que nos salve. Por eso hay que romper con el FMI, repudiando este ajuste, y dejando inmediatamente de pagar la deuda. En ello está en juego tanto el presente, como el futuro del pueblo trabajador.