Escribe José Castillo

Se trata de un nuevo megaendeudamiento, lo mismo que ya había hecho Luis Caputo como ministro de Mauricio Macri en 2018. Ahora lo repite al servicio de Javier Milei. Va a terminar igual: antes que tarde, la deuda impagable volverá a hacer volar la falsa estabilidad por el aire. 

Milei y su ministro de Economía  han lanzado desde hace unos dos meses un verdadero festival de nuevo endeudamiento. Con un objetivo concreto: “aguantar” el dólar, generando una falsa sensación de estabilidad que dure, por lo menos, hasta que termine el cronograma electoral en octubre.

El show de la nueva deuda

Todo empezó con la aprobación en abril de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares. Que tuvo un desembolso inmediato de 12 mil millones (y ahora habrá 2 mil millones más). A esto se sumaron 2 mil millones más de nueva deuda con otros organismos financieros internacionales (concretamente el Banco Mundial, el BID y la CAF).

Aprovechando este aval político del imperialismo, Caputo salió a buscar nuevos préstamos, ahora entre los pulpos especuladores privados. Así consiguió un REPO (Repurchase Agreement) donde una serie de bancos (Santander, BBVA, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley) le hacen un préstamo de corto plazo al gobierno de Milei por 2 mil millones de dólares, con una tasa de interés de 8,25% anual en dólares (la más alta del mundo). Posteriormente el gobierno anunció que ya tiene negociado con los mismos bancos otros préstamos REPO de acá a fin de año por un monto total de 6.000 millones de dólares.

A esto se sumó que Luis “Toto” Caputo emitió un bono (o sea más deuda) llamado BONTE 2030 (el número refleja el año de vencimiento de esa deuda) por otros 2 mil millones de dólares. Escandalosamente, estos bonos pagan una super tasa de 27,5% anual, y encima tienen una cláusula donde los compradores pueden exigir la devolución de la plata prestada por adelantado en 2027 (al final del mandato de Milei, para cubrirse de cualquier eventual derrota electoral del presidente). Unas semanas después, el ministro de Economía volvió a emitir 5 mil millones de dólares más de esos mismos BONTE 2030.

A todo esto hay que sumarle la emisión de 10 mil millones de dólares en otros bonos, llamados BOPREAL (que escandalosamente los especuladores lo compran con pesos pero al vencimiento lo cobran con dólares), destinados a empresas extranjeras que quieran remitir a sus casas matrices utilidades o dividendos.

Si sumamos todo esto, nos da que Caputo comprometió nueva deuda externa argentina por un monto cercano a los 45 mil millones de dólares.

¿A dónde fue toda esta plata?

Evidentemente ni un dólar de todo esto fue para salud, educación, vivienda, ciencia o técnica o para salarios o jubilaciones. Al contrario, para garantizar a los pulpos acreedores que van a cobrar se redobló la apuesta de la motosierra con más ajuste, despidos y cierre de organismos.
¿Acaso, entonces, ese dinero fue a acumular reservas en el Banco Central? Apenas unos centavos, los estrictamente necesarios para el próximo vencimiento importante de deuda (en julio vencen 4.300 millones). El gobierno dibuja reservas formales por 40 mil millones de dólares, pero las reales, las efectivamente disponibles están negativas en -7 mil millones. 

Entonces cabe la pregunta: ¿dónde está esa plata? 

Se la están gastando para sostener artificialmente el dólar y así dar la imágen de “estabilidad” y de que pueden evitar que se les dispare la inflación. Los dólares se usan para el mercado financiero (léase fuga de capitales) y también para bancar la ficción del dólar barato, con la ola de importados que empezaron a entrar y van camino a reventar la industria nacional o a financiar a los sectores privilegiados que están viajando al exterior (de hecho desde enero a hoy la cuenta de turismo dio negativa en 9.300 millones de dólares, un monto equivalente a todos los dólares que pueden entrar por exportaciones de gas y petróleo).

Recordemos que en el último trimestre del año pasado, el gobierno de Milei ya se había comido otros 20 mil millones de dólares, en ese momento provenientes del blanqueo. Ahora, Caputo trata, casi desesperadamente y hasta ahora sin lograrlo, que la clase media se desprenda de los “canutos” de dólares guardados en el colchón. Incluso acaba de anunciar que desde ahora los capitales especulativos que entren al país (y que hasta ahora debían permanecer como mínimo 180 días), ya no tendrán restricción alguna. Toda una invitación, junto al nuevo blanqueo, a la entrada de dinero narco, de la trata o del tráfico de armas.

Los números no cierran por ningún lado. El gobierno de La Libertad Avanza apuesta a usar todos estos nuevos dólares para “aguantar” hasta octubre. Aún cuando lo logre, se enfrentará después a los nuevos pagos de deuda. En 2026 habrá vencimientos por 20 mil millones y entre 2026 y 2031 serán 25 mil millones promedio por año.

Plata para la deuda o para las necesidades populares

La política de Milei no es novedosa: endeudarnos para pagar deuda, y así seguir alimentando la bola de nieve impagable de la deuda externa, que se continúa pagando con un super-ajuste (la famosa “motosierra”) a costa de la marginación y el hambre del pueblo trabajador y el saqueo de nuestras riquezas. El propio ministro Luis Caputo fue el mega-endeudador, con herramientas muy parecidas, durante el gobierno de Macri. Pero esto tampoco se inventó en ese momento: viene desde la dictadura genocida y luego fue avalado y pagado por todos los gobiernos posteriores, sin excepción.

Nuestra postura, la de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es exactamente la opuesta: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, romper con todos los condicionamientos políticos y económicos que nos atan al FMI y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda. 

Escribe José Castillo

El ultraderechista Javier Milei festejó que el índice de precios al consumidor de mayo fue del 1,5%, el número más bajo desde la pandemia. La Libertad Avanza afirma que ya “le ganaron la batalla a la inflación”.

Esto es falso. Primero, porque el gobierno celebra una inflación mensual que, en otros países del mundo (incluidos los de América Latina), equivale a la inflación de todo un año. Segundo, porque ya se anticipa que el índice de junio será más alto. En la primera quincena del mes, los precios de los alimentos volvieron a subir. Según datos de la consultora LCG, en la segunda semana de junio los alimentos y bebidas aumentaron un 1,7%, con subas destacadas en aceites (5,9%), verduras (4%) y carne (1,3%).

¿Por qué este índice fue menor que meses anteriores?

Es necesario analizar detenidamente un conjunto de causas. Una de ellas es que, desde abril, el gobierno sostiene artificialmente un dólar barato, a costa de mayor endeudamiento y del despilfarro de reservas.

También se están pulverizando, a niveles nunca vistos, los salarios y las jubilaciones. No se trata de un efecto colateral, sino de una política explícita de Milei: impedir que cualquier paritaria sea homologada por encima del 1%. En otras palabras, garantizar que los salarios sigan perdiendo sistemáticamente frente a la suba de precios. Esta dinámica provoca un derrumbe en el consumo. Solo en mayo, las ventas de productos de consumo masivo cayeron un 3,2% respecto a abril. Un dato de color que ilustra esta realidad: las ventas minoristas por el Día del Padre bajaron un 1,7% en comparación con 2024, que ya había registrado una caída del 10,2% frente a 2023.

Por otro lado, se verificó, en términos estadísticos, una desaceleración en el aumento de los alimentos durante mayo en comparación con los dos meses anteriores.

¿Significa eso que los precios bajaron o que ahora están accesibles? En absoluto: están carísimos. Lo que ocurre es que en marzo ya habían registrado un incremento muy fuerte (del 5,9%), siendo uno de los principales factores que empujaron la inflación general de ese mes al 3,7%. Esa suba previa eleva la base de comparación y da una ilusión de contención que no se traduce en el bolsillo.

En síntesis: el dato estadístico del 1,5% no resuelve el drama de la carestía. Millones de familias trabajadoras no llegan a fin de mes, o lo hacen endeudándose para poder comprar comida. Por eso es urgente un aumento de emergencia que garantice que nadie cobre por debajo del valor de la canasta familiar, estimada por las y los trabajadores de ATE Indec en 1.820.000 pesos, y que debe actualizarse automáticamente cada mes según la inflación. Para lograrlo, tenemos que exigirle a la CGT que rompa su tregua con el gobierno y llame a un nuevo paro general, de 36 horas y a un plan de lucha para enfrentar la motosierra de Milei.

Escribe Atilio Salusso

Sueldazos
Los jueces de la Corte acaban de recibir un aumento de sueldo porque dicen que así no podían vivir. ¿Cuánto ganan? Ricardo Lorenzetti 19.534.215 pesos; Horacio Rosatti 19.147.398 pesos y Carlos Rosenkrant 18.567.176 pesos. Los jueces de la Cámara Federal perciben entre 13 y 15 millones. Y recordemos que las y los magistrados que ingresaron al Poder Judicial antes de 2017 están beneficiados por no pagar el impuesto a las ganancias, mientras a un millón de laburantes se lo descuentan religiosamente. Así vive la “justicia independiente” que defiende Javier Milei.
 
Adorni 2
El hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, Francisco Jorge Adorni,  sigue en ascenso. Y lo hace a costa del Estado, donde recientemente fue nombrado nuevo presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM). Dicho organismo tiene a su cargo el pago de 300.000 retiros y pensiones a las Fuerzas Armadas. Además, realiza “inversiones en el mercado financiero para el otorgamiento de préstamos”. Dicen que el ministro Luis Petri lo designó por “su experiencia en el sector público y formación en ciencias económicas”. ¡Pero cuidado con meter la mano en la lata!
 
Menemismo
Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, puso en X “PROHIBIDO OLVIDAR” a un posteo periodístico que decía lo siguiente: “La AUH y la Tarjeta Alimentar hoy cubren el 100% de la Canasta Básica. En 2023 cubrían apenas el 54%. El ajuste fiscal más grande de la historia se hizo protegiendo a los más vulnerables.” Rápidamente explotaron las redes, pero con mucho nivel: “La canasta de indigencia que informa el Indec fue en mayo para una familia tipo de 500.281 pesos. En total, una familia tipo cubre con AUH y alimentar 295.008 pesos versus 500 mil de la canasta. ¿Me falta algún dato?” Otros escribieron ¿hablás de los más vulnerables con jubilaciones de indigencia?

Foto de portada: Desde Villa Ramallo vinieron al hospital. José María Azorín (trabajador rural) y Luana Campos junto a su bebé Samira. 

Escribe Atilio Salusso

“Salió redondo”, dijo la jefa de Neonatología del primer centro de salud público que, sin apoyo del sector privado, realizó esta cirugía. Profesionales intachables, que el gobierno de Javier Milei ataca mientras les paga salarios miserables.
En la semana 27 de embarazo, lograron corregir una malformación en la columna vertebral: espina bífida, un defecto congénito en el que los huesos de la columna no se cierran del todo y dejan expuesta la médula espinal y las meninges. La beba nació saludable y deberá seguir en tratamiento hasta los 18 años.

Desde 2015 este tipo de intervención solo se hacía en el sector privado, donde la cirugía cuesta unos 15 millones de pesos, y con la internación, el monto total asciende a cerca de 50 millones. En cambio, el Hospital Garrahan la realiza de forma gratuita para pacientes sin cobertura médica.
José María Azorín, padre de la beba expresó: “Estamos eternamente agradecidos, a cualquiera que pase por lo mismo, le digo que no lo dude, que se acerque al Garrahan. Es un hospital público, nos ayudaron, nos contuvieron y salvaron a nuestra hija”.

“Lo que tiene el Garrahan es que siempre responde. Nunca deja a un paciente tirado, más allá del momento crítico en el que estamos. Jamás se dejó de atender a nadie y se garantiza la atención médica en todo momento, con esta cirugía se achica la brecha entre pacientes que sí tienen dinero y cobertura con las que no”, relató con orgullo la ginecóloga Analizia Astudillo (Página/12, 18/06). El equipo que llevó adelante la intervención estuvo integrado por cirujanos, neurocirujanos, obstetras, anestesistas, instrumentadoras y enfermeras. Un orgullo nacional e internacional, y una razón más (por si faltara alguna) para seguir apoyando la lucha de las y los profesionales y trabajadores del Garrahan.

Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La incansable lucha de las y los jubilados continúa. Es cotidiana, pero cada miércoles, alrededor del Congreso, se convierte en una batalla. Se trata de un problema arrastrado durante años, pero que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado con crueldad, sostenido por la violenta represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en obediencia a lo exigido por el FMI.

Lejos de hacernos retroceder, la aplicación del nefasto “protocolo antipiquete” no ha hecho más que consolidar la convocatoria de cada miércoles, en el marco de una movilización que no se detiene. No sólo crece la presencia de nuevos grupos de jubiladas y jubilados, sino que la movilización despertó una simpatía generalizada en el conjunto de la población. No podría ser de otro modo: en cada familia hay una o más personas que pertenecen a este sector y padecen las consecuencias de una política de ajuste especialmente ensañada.

La jubilación mínima, hoy en 304.724 pesos, más un bono fijo de 70 mil pesos (congelado desde marzo de 2024 y que, si se actualizara, debería alcanzar los 145 mil), nos condena a una situación de indigencia y privaciones inaceptables.

El haber que recibimos no llega ni al 30% de lo necesario para cubrir la canasta básica de las y los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos. Este cálculo se hace a partir de un estudio en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. La medición contempla gastos propios de la tercera edad, incluyendo vivienda, alimentación, medicamentos, higiene, vestimenta y otros rubros esenciales.

Los medicamentos, un rubro esencial para nuestro sector, aumentaron muy por encima de la inflación, sin que el gobierno tome medidas frente a la voracidad de los laboratorios. La medicación para la tercera edad, que abarca tratamientos para diversas patologías, insume en promedio 260 mil pesos, incluso con el descuento según la obra social. Esto representa más del 70% del total de los haberes percibidos. La situación se agravó desde que el PAMI amplió el listado de medicamentos de venta libre (sin descuento) y redujo los porcentajes de cobertura sobre los recetados. Exigimos, más que nunca, el 100% de descuento en los medicamentos recetados, que hoy se llevan buena parte de nuestras jubilaciones.

Nuestra movilización también rechaza la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, que propone aumentar la edad para acceder al haber. Exigimos la restitución de la moratoria, eliminada por el gobierno ultraderechista el pasado 23 de marzo. La falta de aportes no es responsabilidad de las y los trabajadores, que desde hace décadas se ven obligados a aceptar empleos informales y precarizados, sin registro en la Seguridad Social ni acceso a los derechos laborales correspondientes. También es consecuencia de la evasión patronal: los empleadores descuentan los aportes al trabajador, pero no los depositan en las cajas previsionales ni cumplen con su propia obligación como aportantes.

Junto a estos reclamos, y en repudio a la brutal represión ordenada por la ministra Bullrich, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) decimos: no a la supresión de las pensiones por discapacidad y por viudez. Defendemos los regímenes especiales y las trece cajas provinciales, y rechazamos la llamada “armonización”. También decimos: ¡No a la jubilación privada! Exigimos que Anses y PAMI vuelvan a manos de sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y jubilados. Para resolver de fondo estos problemas, sostenemos con firmeza: no al pago de la deuda externa con el FMI. Esa plata, que hoy va a parar a los cofres del sistema financiero usurero, debe destinarse a salud, educación, salarios y jubilaciones.