Escribe Mariano Barba

El gobierno ultraderechista, en medio de paros y movilizaciones, impuso en febrero la reforma laboral. Recibió el voto de varios diputados y senadores radicales y peronistas, cómplices de la aplicación de la motosierra de Javier Milei. La CGT negoció mantener la caja de las obras sociales y el aporte “solidario” a cambio de dejar pasar el resto del ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora. En lugar de organizar un plan de lucha para impedir la aprobación de la ley, la CGT optó por judicializar la aplicación de la Ley 27.802.

El juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, consideró válido el pedido cautelar de la central obrera y suspendió la aplicación de 82 artículos, aclarando que esta medida “no cierra la discusión de fondo”. El argumento es que existen indicios de regresividad en materia laboral y riesgos de daños irreparables a los derechos de los trabajadores. El fallo frena cambios clave como el fondo de cese laboral, la eliminación de presunciones laborales (por la cual, si el empleador cambia arbitrariamente las condiciones de trabajo, al trabajador solo le queda la posibilidad de darse por despedido, cuando antes podía recurrir a la Justicia) y modificaciones en la antigüedad. También quedó suspendida la exclusión de derechos para trabajadoras y trabajadores de plataformas.

Otro fallo, dictado en el Juzgado del Trabajo N° 74 por el juez José Ignacio Ramonet, hizo lugar al planteo de la Unión Docentes Argentinos y suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral, que declaraba a la educación como servicio esencial y obligaba a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga, prácticamente liquidando ese derecho.

Estos fallos no resuelven el reclamo de fondo, pero son un paso adelante, producto de la bronca y de las luchas que se desarrollaron frente al Congreso exigiendo la no sanción de la ley. Allí también se planteó, desde la izquierda y el sindicalismo combativo, que la CGT rompa el pacto con el gobierno y organice un paro y un plan de lucha nacional. A pocos meses de sancionada, continuamos exigiendo ese plan de lucha a la CGT y a las CTA para tirar la ley y resistir su aplicación en cada lugar de trabajo.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
  
En el canal de streaming Gelatina, el diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo la idea de “buscar alguna interna abierta” hacia las elecciones presidenciales de 2027. En dicha entrevista expresó: “Habrá que buscar alguna interna abierta. Hay un montón de candidatos. Estoy yo, Axel, Massa, Llaryora, Moreno, Pichetto [...] que venga Bregman también”. Ahora bien, ¿la manera de enfrentar la motosierra de Javier Milei es, como dice Grabois, con un frente electoral del peronismo y la izquierda para 2027, o con la unidad de acción en las calles para frenarlo ahora, como proponemos desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad?

La propuesta de Grabois tiene un primer problema, que es político. El peronismo, en todas sus variantes, ya gobernó. Recientemente, con la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, lejos de representar una alternativa para las mayorías populares, su gobierno terminó aplicando un ajuste pactado con el FMI, profundizando la pobreza, la precarización laboral y la inflación. Ese fue el terreno fértil que permitió el ascenso de Milei. No se trata de una fuerza que “falló parcialmente”, sino de un gobierno que llevó a una crisis social profunda que allanó el camino a la ultraderecha.

A esto se suma el rol actual del peronismo en el Congreso. Mientras se presenta discursivamente como oposición, sectores del PJ ligados a los gobernadores aportaron los votos necesarios para que avance la reforma laboral esclavista. Tampoco la CGT se jugó a enfrentarla en las calles con un plan de lucha. Esta complicidad no es un hecho aislado, sino la expresión de un acuerdo que sostiene un modelo económico capitalista que prioriza el pago de la deuda, el saqueo, los negocios de los grandes grupos económicos y la subordinación a los organismos internacionales.

El planteo de Grabois de un gran frente peronista no es novedoso: es lo que ya hicieron con el Frente de Todos o con Unión por la Patria, proyectos que fracasaron. El FIT-Unidad no tiene nada que ver con el oportunismo electoral del peronismo ni con su programa de conciliación de clases. Representa la mayor unidad de la izquierda revolucionaria lograda en los últimos quince años y es una fuerza política en ascenso por su coherencia, su programa de lucha y su independencia frente a todos los gobiernos de turno.

Por eso nos reconocen en la calle, por estar dando la pelea dentro y fuera del Congreso. Porque estamos los miércoles con las y los jubilados, peleando por el presupuesto para las universidades públicas, enfrentando la reforma a la Ley de Glaciares y en cada lugar de trabajo o estudio, construyendo una alternativa distinta para que gobiernen quienes nunca gobernaron: las y los trabajadores junto a la izquierda.

No se trata sólo de diferencias tácticas o electorales, sino de estrategias de fondo completamente opuestas. El peronismo propone sostener las ganancias empresariales, garantizar el saqueo de las multinacionales y el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad sostenemos lo contrario: que la crisis la paguen quienes la generaron. Planteamos romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, y avanzar hacia un plan económico alternativo al servicio de garantizar las demandas populares de la clase trabajadora y los sectores populares.

Escribe Adolfo Santos

Con una gran movilización nacional, los movimientos sociales, apoyados por sectores sindicales y partidos de izquierda, realizaron una fuerte manifestación de repudio a la eliminación definitiva de casi un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Fue una respuesta a la política del gobierno ultraderechista de Javier Milei, que a partir de abril eliminó el pago de 78 mil pesos destinado a personas en situación de absoluta precariedad y que no reciben otros subsidios del Estado.

Por eso apoyamos este “piquetazo” nacional contra las políticas del plan motosierra del gobierno, que cuenta con la complicidad de los gobernadores y del FMI. No hay margen para que los sectores más vulnerables continúen siendo atacados por este plan de ajuste, que los empuja a la marginalidad. Acompañamos esta protesta en la perspectiva de que cada vez más sectores se sumen a la lucha contra las políticas de hambre, desocupación y sometimiento que impulsa el gobierno.

Miles de manifestantes expresaron este martes 7 el rechazo a esta medida. Las mayores repercusiones se dieron en el AMBA, con cortes en el Camino Negro, cerca del Puente de la Noria, en Puente Pueyrredón, en Puente Saavedra, en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en decenas de otros puntos del país.

En la intersección de Ruta 3 y General Paz, en La Matanza, nos encontramos con compañeros de Izquierda Socialista/FIT Unidad que participaban junto a la organización social Unión y Lucha Barrial. “Mientras los funcionarios de este gobierno corrupto viajan por todos lados y aumentan sus patrimonios, Milei nos retira el VAT y nos manda a reprimir, pero vamos a seguir unidos en esta lucha porque no tenemos otra salida”, señaló Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial. La unidad a la que hacía referencia incluía a compañeros del Polo Obrero, la UTEP, el MTR Cuba, la OLP y el Teresa Vive, entre otras organizaciones presentes en la protesta.

Por su parte, Olga Ortigoza, de Izquierda Socialista, dirigenta docente y concejala (mc) de La Matanza, expresó: “Rechazamos este ajuste del gobierno contra los sectores que más lo están sufriendo. Junto con el Volver al Trabajo, también cortaron el Programa Remediar, que distribuía unos 80 medicamentos a los sectores más necesitados. La única respuesta del gobierno nacional, con la colaboración de la Policía de la Ciudad, ha sido la represión. No van a conseguir amedrentarnos. Vamos a seguir luchando por trabajo genuino para todas y todos y exigimos que las organizaciones sindicales elaboren un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI”.

Escribe Guido Poletti

El gobierno ultraderechista de Javier Milei acumula una larga lista de agresiones contra las y los trabajadores de prensa y la libertad de acceso a la información en general. Viene sumando insultos, ataques físicos concretos (el más grave, el perpetrado contra el reportero gráfico Pablo Grillo, que casi le cuesta la vida) e innumerables episodios en los que se entorpece el libre acceso de los medios a los eventos oficiales.

Ahora, con la excusa de que se habría descubierto un supuesto “complot ruso” consistente en financiar noticias opositoras, el gobierno directamente suspendió el acceso a la Casa Rosada a las y los trabajadores de prensa de los medios que, según un informe de la SIDE, publicaron esas noticias. Esto incluye a los periodistas acreditados por El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero.

Es evidente que al gobierno de Milei le molestan las investigaciones o incluso los registros gráficos de sus actos de corrupción, represión o incoherencias en sus discursos. Lo refleja el propio presidente, que pasa horas insultando periodistas, mientras solo se presta a ser “entrevistado” por sus allegados. También lo muestra Manuel Adorni, que no pudo sostener las preguntas cuando intentó justificarse por sus actos de corrupción en una ronda ante esos mismos periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

Repudiamos este nuevo ataque a la libertad de prensa y al trabajo de las y los compañeros del sector. Nos solidarizamos con ellos y exigimos que se retrotraiga esta medida autoritaria, una más de este gobierno ultraderechista.
           

Escribe Rodolfo Sánchez, Investigador de CNEA-Conicet y referente de Izquierda Socialista Bariloche

A más de 50 años de las misiones Apolo que llevaron al hombre a pisar la Luna, Estados Unidos retoma los viajes espaciales para no perder la hegemonía y plantea como objetivo final concretar una base en la Luna y explorar la posible explotación de minerales como las costosas tierras raras. Argentina, con su ciencia y tecnología surgida de la universidad pública, es parte de este viaje espacial.

Esta semana despegó la misión Artemis II, cuyo monumental cohete transporta la nave espacial Orión, con cuatro tripulantes y cuatro satélites como carga secundaria. Uno es el microsatélite argentino Atenea, un cubo de 30x20x20 cm que estará a 70 mil kilómetros de la Tierra. El proyecto argentino fue seleccionado entre propuestas de 50 países, quedando junto a Alemania, Corea del Sur y Emiratos Árabes. Atenea estudiará blindajes de radiación espacial en componentes electrónicos y material biológico, validará sistemas de posicionamiento (GPS) y probará sensores de baja luminosidad. Es un satélite de tecnología nacional, producto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en conjunto con varias universidades nacionales (Universidad Nacional de La Plata - UNLP, Universidad Nacional de San Martín - Unsam, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires - Fiuba e Instituto Argentino de Radioastronomía - IAR), VENG S.A. y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esta última realizó la integración, puesta a punto y prueba de los paneles solares que le darán energía al satélite.

Desde 1995, el Departamento de Energía Solar de la CNEA viene integrando paneles solares en otros satélites y, recientemente, lo hizo en el satélite Sabia-Mar, próximo a ser lanzado y destinado a estudiar el mar argentino. Apenas una decena de países en el mundo puede construir satélites, y muchos menos son capaces de construir reactores nucleares. Argentina se especializó en pequeños reactores para investigación, producción de radioisótopos para medicina y fue pionera mundial en proyectar reactores modulares.

A pesar de estos logros, los científicos han recibido malos tratos. En 1994, el superministro Domingo Cavallo, del gobierno peronista de Carlos Menem, mandó a los científicos “a lavar los platos”. En 2015, Mauricio Macri dijo que “la actividad científica es un derroche, enviamos heladeras al espacio”.

Entrega y corrupción

Con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, el cuadro empeora y el vaciamiento del sector científico-tecnológico se profundiza. La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los bajos salarios y el ahogo presupuestario del sector de ciencia y técnica están haciendo estragos. Ya son miles las y los científicos expulsados del sistema y se eliminan proyectos de punta. Uno de los casos más escandalosos es el Proyecto Carem, de la CNEA, que construía el primer prototipo de un reactor modular de 32 MW en el predio de Atucha, una prueba para futuras centrales nucleares de potencia para producir electricidad. Se alcanzó a completar un 85% de la obra civil y gran parte del resto de los componentes.

Demian Reidel, amigo y consejero de Milei, fue a “vender” a empresarios estadounidenses el plan nuclear. Por esa razón, Milei lo puso al frente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Crearon una empresa privada, Meitner, con base en Estados Unidos, y patentaron un esquema de reactor similar, vaciando y abandonando el proyecto Carem. Además, se llevaron a científicos a la empresa privada con mejores salarios. Se trata de una entrega propia del saqueo que impulsa Milei. Reidel, quien dijo que “el único problema de Argentina es que está lleno de argentinos”, terminó siendo desplazado tras una licitación con sobreprecios del 140%.

Lo reemplazó Federico Ramos Nápoli en la Secretaría de Asuntos Nucleares, un abogado que ahora fue beneficiado con 220 millones de un crédito del Banco Nación. También privatizaron la empresa Impsa a capitales estadounidenses, una metalmecánica de gran escala encargada de fabricar la vasija de presión del reactor Carem, que ahora será vendida en acuerdo con la CNEA para reactores en Estados Unidos.

El malestar de las y los trabajadores de la CNEA crece junto con la organización y las protestas contra el nuevo presidente, Martín Porro, que se vio acorralado en Bariloche, en la sede central de Avenida del Libertador y en Constituyentes. A la entrega y el vaciamiento se suman salarios en niveles de pobreza y contratos que pasaron de renovación anual a tres meses. Cuando se le reclamó, Porro respondió a los científicos y al personal de apoyo en Bariloche que “si el sueldo no les alcanza, vayan a manejar un Uber después de la jornada”.

Uniendo las distintas reacciones de los científicos y del personal de apoyo puede surgir un plan de lucha conjunto en defensa de la ciencia y la tecnología públicas, los puestos de trabajo y el salario. Es una lucha que impulsamos y llamamos a organizar desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y desde los sectores combativos y la izquierda, donde exigimos a los gremios del sector y a la CGT y las CTA un plan de lucha para derrotar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI.