Escribe Otto Giachero, dirigente Jubilados en Marcha 

En una medida demagógica y electoralista, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció un aumento del 84% a las y los jubilados que perciben la miserable jubilación mínima de 380 mil pesos, elevando los haberes a 700 mil, más un bono de 100 mil pesos bimensuales para quienes cobren entre ese monto y un millón trescientos mil.
Lo que el gobernador de Córdoba presenta como una concesión oculta una maniobra electoralista que está lejos de resolver la grave realidad que padecemos las y los jubilados. En primer lugar, el universo de quienes perciben la mínima representa solo el 5% de las y los jubilados, es decir, entre 2.500 y 5 mil personas. En segundo lugar, los 700 mil pesos representan apenas el 54% de la canasta del jubilado. Además, lejos de ser un aumento incorporado a los haberes (lo que implicaría una suba para toda la escala), se trata de un “complemento” condicionado a las auditorías que se realicen con el gobierno nacional; es decir, sujeto a la posibilidad de ser suspendido en nombre del “déficit fiscal”.
El gobierno intenta sembrar la idea de que en Córdoba se están aumentando las jubilaciones, cuando lo que ocurre es un verdadero robo. Llaryora mantiene vigente la ley 10.694, votada en pandemia, que elimina el 82 % móvil sobre el mejor sueldo y establece un diferimiento de entre 30 y 60 días en los aumentos respecto de los activos. También sigue aplicando el descuento compulsivo del 20% a quienes cobran el doble beneficio de dos haberes jubilatorios. Lo poco que se obtiene con esta medida, lejos de ser un obsequio, es una respuesta mínima a la persistente lucha que llevamos adelante las y los jubilados, ya en nuestra 70ª ronda semanal.
La gran mayoría de jubiladas y jubilados quedamos excluidos de esta medida, como quienes provienen de la docencia, la salud o el sector público en general. Desde la ronda, así como desde nuestra agrupación Jubilados en Marcha, seguimos reclamando por la derogación de la ley 10.694, la recuperación del 82% móvil, la devolución de la caja intervenida por la provincia, y denunciamos el veto de Javier Milei al magro 7,2% otorgado a nivel nacional.

Los partidos patronales ofrecieron un espectáculo bochornoso en el cierre de listas, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

El gobierno de Javier Milei eligió como primer diputado provincial por la Tercera Sección Electoral a un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión. Se trata de Maximiliano Bondarenko, ex comisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.

Este ex comisario no es nuevo en la política bonaerense, es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes, y finalmente dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza (LLA).

El reparto dentro de esta lista, que hace un par de años se mostraba como “lo nuevo”, diferente a la vieja “casta política”, fue una pelea de todos contra todos por los puestos, incluyendo repartos de ñoquis dentro del PAMI. En esa negociación, La Libertad Avanza prácticamente se fagocitó al PRO (el reparto fue 75% para los libertarios y apenas 25% para los amarillos). Quienes se quedaron afuera fueron los de “las fuerzas del cielo” del Gordo Dan y sus tuiteros. Jugaban amparados en Santiago Caputo, quien perdió espacios en el triángulo del poder ante Karina Milei, ahora aliada al clan Menem (Eduardo y Martín).

El peronismo, principal fuerza de oposición patronal, no salió mucho mejor parado en su cierre. En una guerra por el reparto entre Máximo Kirchner y La Cámpora por un lado; Axel Kicillof y los intendentes por otro, y Sergio Massa con su Frente Renovador, todo estuvo a punto de volar por el aire a minutos del cierre. Se salvaron por dos “sorpresivos” cortes de luz que fueron aprovechados por la Justicia Electoral para posponer la presentación hasta el lunes, dándoles así tiempo de cerrar sus listas. 

Finalmente, la lista terminó siendo una repartija: en la Tercera Sección Electoral, Verónica Magario (del sector de Kicillof, actual vicegobernadora y, al parecer, candidata testimonial que no asumiría su banca) encabeza la nómina, seguida por dos referentes kirchneristas. En la Primera Sección, la lista está encabezada por Gabriel Katopodis, también alineado con Kicillof, y secundado por Malena Galmarini, del Frente Renovador.
Varios intendentes figuran como cabezas de lista de concejales de manera testimonial. Entre ellos, Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza acusado de abuso sexual y con un juicio oral en puerta. 

El peronismo es responsable de que hoy gobierne un ultraderechista como Milei. El ajuste aplicado por el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa empujó a miles de personas a votar equivocadamente por LLA. Es falso, como intenta sostener Kicillof en su discurso, que la provincia de Buenos Aires esté “blindada” frente al ajuste nacional. Es el propio gobierno provincial el que ajusta a sus docentes y permite despidos como los de Georgalos, Morvillo, Secco o Molinos.  

Por supuesto, la crisis en ambas fuerzas patronales dejó heridos que fueron recogidos por la “ambulancia” de la tercera fuerza patronal en disputa. Somos Buenos Aires es un rejunte de lo que quedó de la decrépita UCR, intendentes del PRO que quedaron fuera del acuerdo principal, y sectores del peronismo también marginados, que ahora se cobijan bajo el ala de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. A esa lista se suman también Margarita Stolbizer y Elisa Carrió.

Estas listas patronales están unidas por un punto: aceptan el acuerdo con el FMI y no dicen una palabra de los pagos de deuda que desangran al país. El contraste con la lista del Frente de Izquierda Unidad es total. Es la única que puede decir con orgullo que ha estado, está y estará presente y de forma incondicional en todas las luchas. La única que, en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en cada lugar donde tuvo representación, se opuso a todas las medidas de ajuste.

Mientras los candidatos patronales arrastran prontuarios, manejan negocios y están rodeados de corrupción, los del FIT Unidad son luchadores y luchadoras genuinos, de la clase trabajadora, la juventud, las disidencias, el ambientalismo y la organización barrial. Por eso es necesario que haya más bancas en la Legislatura bonaerense y en los concejos deliberantes. Ese es el desafío.

También porque el FIT Unidad es la única fuerza que propone un verdadero programa alternativo frente a la crisis: romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y destinar esos recursos a salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda. Sobran los motivos para apoyarla. Difundí sus propuestas, convencé a tus compañeras y compañeros de trabajo, estudio, barrio y familia. Acercate a nuestros locales, participá, anotate para fiscalizar y ayudanos a hacer más grande el Frente de Izquierda Unidad.

El primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral de las listas de Milei es Maximiliano Bondarenko, un ex comisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.

Este ex comisario no es nuevo en la política bonaerense, es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes, y finalmente dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza (LLA). Es un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión. 

Escribe Adolfo Santos

El cierre de listas del peronismo, ahora Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires, quedó cruzado por una feroz interna. Los tres principales grupos en pugna: La Cámpora (kirchnerismo), el “massismo” y el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, trataron hasta última hora de imponer sus candidatos. Con el plazo casi agotado y sin un acuerdo cerrado, cerca de la medianoche un sospechoso corte de luz, obligó a la Justicia Electoral a prorrogar el plazo hasta el lunes. Consiguieron un respiro para evitar una fractura expuesta, pero no pueden disimular la profunda crisis de ese partido.

Como expresó un dirigente peronista kirchnerista: “Un cierre así es una catástrofe. Las heridas van a quedar, pero nos une el espanto de Milei”. La disputa no es programática o por integrar referentes que hayan estado a la cabeza de las luchas, es por cargos y espacios de poder que le permitan tener influencia en los negocios que ofrece la política patronal. Salvo pequeños períodos, el peronismo gobierna la provincia desde hace décadas y la situación social ha empeorado sin solución de continuidad. Kicillof también aplica el ajuste. Lo sufren las y los docentes, los trabajadores y trabajadoras de la salud o los estatales, en el Gran Buenos Aires aumenta el desempleo y más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza.

Frente a ese escenario, amplios sectores populares no ven salida con el peronismo, lo que lleva a políticos oportunistas a saltar del barco para tratar de retener votos. Es el caso del intendente de Tigre, el ex massista Julio Zamora, que se sumó a Somos Buenos Aires, una lista integrada por referentes de diferentes partidos patronales que se autodenomina la “tercera vía”. Es un “sálvese quien pueda” frente a una crisis que cada vez tiene más dificultades para mantener unido al peronismo y donde la pelea por  los pequeños espacios de poder se disputa a dentelladas.

No hay nada nuevo o que pueda “enamorar” en las candidaturas de Fuerza Patria. Son las caras de siempre. Veamos los candidatos de las dos principales secciones electorales. En la Primera presentan al ex ministro de Alberto Fernández Gabriel Katopodis, a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, y a Mario Ishii, intendente de José C Paz, famoso por admitir que cubría a los ambulancieros cuando vendían “falopa” en su municipio. En la Tercera sección Fernando Espinosa, acusado de abuso sexual, irá como primer candidato a concejal por La Matanza y Verónica Magario, ex intendenta de ese partido y actual vicegobernadora de la provincia, será la principal figura. Algunos de ellos solo se presentan de forma “testimonial”, engañando al votante, porque luego no asumirán. Ninguno representa los intereses de los que sufren el ajuste y pelean en las calles contra el plan motosierra. 

El peronismo no es salida para el pueblo trabajador, es más de lo mismo. Por eso es fundamental apoyar y votar las listas del Frente de Izquierda Unidad, la única alternativa para el pueblo pobre y trabajador. Es la única fuerza cuyos legisladores a nivel nacional, provincial y municipal se han plantado contra las medidas de ajuste de Milei y de los gobernadores, incluido Kicillof. Lo hacen desde sus bancas, pero también en las calles, participando, apoyando y tratando de unificar las luchas para que triunfen. El FIT Unidad es el único espacio que propone un programa alternativo frente al ultraderechista Milei y el doble discurso del peronismo, cuya propuesta es “mejorar” las negociaciones con el FMI y los acreedores usureros, una estrategia que nos llevó al desastre actual. Contra todas las variantes patronales, sumate a fortalecer una alternativa de izquierda en la disputa electoral.

Escribe José Castillo

Javier Milei y Luis Caputo anuncian que, supuestamente, han derrotado la inflación. Pero esa afirmación está muy lejos de la realidad que vive cada día el pueblo trabajador.

El gobierno festejó porque la inflación oficial de junio fue del 1,6%. Ese fue el número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Se mantuvo en línea con el dato de mayo (1,5%). Por supuesto, Milei, el ministro Caputo y el coro de periodistas afines al oficialismo salieron a repetir, como loros, que se trataba de “un gran éxito”, que la inflación está aniquilada y que esto “demuestra” las bondades del plan económico. Sin embargo, cualquier trabajador o trabajadora, jubilado o jubilada, o quienes viven de changas y se las rebuscan como pueden, sienten en el bolsillo que nada de eso se corresponde con la realidad.

Lo primero y principal: el conjunto de los salarios (formales, tercerizados, públicos, privados e incluso los de la economía informal) ha quedado muy rezagado respecto de la astronómica suba de precios del año pasado. Quien menos perdió, resignó al menos un 15 % de sus ingresos; otros, mucho más, llegando a superar el 30%. En lo que va de 2025, la inflación siguió ganándole por goleada a los salarios y jubilaciones. La prueba más clara es que la Secretaría de Trabajo no está homologando acuerdos paritarios que superen el 1% mensual. Incluso en mayo y junio (los “mejores meses” en términos inflacionarios) los salarios volvieron a perder frente al índice de precios.

Sobran las encuestas y testimonios que confirman que la inmensa mayoría del pueblo trabajador no llega a fin de mes. Es impactante la cantidad de personas que usa tarjetas de crédito para comprar comida y termina endeudada. La morosidad ya alcanza el 5% en tarjetas bancarias y el 10% en medios de pago no bancarizados. Es decir, miles de familias no pueden pagar las cuotas y quedan atrapadas en financiaciones con tasas usurarias que superan el 100% anual.

¿Cuánto es, efectivamente, el costo de vida para el pueblo trabajador?

Son muchísimos los trabajadores y trabajadoras que sienten que su bolsillo perdió mucho más que el 1,6% que marcó el IPC de junio. Y efectivamente, una lectura fina de los propios datos oficiales permite entender por qué. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la inflación fue más alta (2%), un valor similar al que registró la inflación en CABA (2,1%).

Pero hay otro factor, más técnico, que también ayuda al gobierno a enmascarar lo que realmente ocurre con los ingresos populares: el IPC se calcula en base a una canasta de consumos vieja, de 2004/2005. En ese entonces, las tarifas de servicios públicos y otras boletas tenían mucho menos peso en los gastos del hogar. Incluso había consumos que no existían, como Netflix o Spotify. El rubro que más impacto tenía era alimentos y bebidas.

Hoy, cualquier trabajador o trabajadora sabe que apenas empieza el mes, ya se le va una parte sustancial del sueldo en pagar la luz, el gas, el agua, el celular, internet, la SUBE y, si corresponde, prepagas o colegios privados. Si se le suma expensas y alquileres, prácticamente no queda nada. Y justamente, esos son los rubros que más aumentaron durante el gobierno de Milei. En el último año (junio 2024 a junio 2025), la inflación interanual fue del 39,4%, pero en servicios como luz, agua, transporte, prepagas y gastos financieros, la suba fue del 63,6%. ¿A alguien le habrán aumentado los ingresos un 60%? Ahí está el verdadero agujero en el bolsillo popular.

Incluso el supuesto “éxito” del gobierno en junio, con un 1,6%, oculta diferencias internas importantes: los bienes de consumo, como alimentos, subieron 0,8%, pero los servicios aumentaron 3,2%.

La Junta Interna de ATE Indec dio un dato lapidario para sintetizar lo que se está viviendo: en junio, una familia tipo necesitó 1.869.924 pesos para cubrir su canasta familiar. La inmensa mayoría de la clase trabajadora gana mucho menos. Ni hablar de las jubilaciones.

Por todo esto, necesitamos seguir luchando contra este plan de hambre: la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Es urgente exigir a la CGT y a las CTA que rompan el inmovilismo y convoquen a un nuevo paro general de 36 horas. Y, al mismo tiempo, oponer al programa de súper ajuste otro completamente distinto: un programa obrero y popular, que empiece por dejar de pagar la deuda externa, rompa con el FMI y ponga todos los recursos al servicio de resolver las urgencias del pueblo trabajador.