Escribe José Castillo

La dictadura genocida tuvo un objetivo económico preciso: profundizar la semicolonización del país al imperialismo yanqui e incrementar cualitativamente la superexplotación del pueblo trabajador. Por medio del terror, con desapariciones y detenciones (que mayormente se dieron entre activistas, delegados, miembros de comisiones internas y directivos sindicales) y prohibiendo la actividad sindical, el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, logró ya en los primeros meses reducir en un 40% los salarios. Le siguieron cierres de empresas, una apertura importadora brutal y una bicicleta financiera que enriqueció a las patronales nacionales y extranjeras “amigas” de la dictadura genocida.

Pero, sin duda, la herencia más macabra fue la deuda externa. Cuando asumió Videla el endeudamiento ascendía a 4 mil millones de dólares. En 1983 era de 46 mil millones. La mitad la habían asumido los propios militares con la excusa de obras faraónicas (como las del Mundial ‘78), compra de armas o directamente para el robo y su enriquecimiento personal. La otra mitad correspondía a deuda de empresas: grupos nacionales como Pérez Companc, Macri, Techint, Fortabat, Madanes, Galicia o incluso filiales de transnacionales que se endeudaron en esos años. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en 1982, “estatizó” esa deuda externa privada, cargándola al Estado argentino.

Lo más escandaloso es que todos los gobiernos posteriores (Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei) la reconocieron y pagaron, aceptando el juego de infinitas refinanciaciones, “quitas”, capitalizaciones y múltiples mecanismos donde los intereses se sumaban, se tomaban nuevos préstamos para pagar los anteriores y así la deuda crecía como una bola de nieve hacia el infinito. Hoy, medio siglo más adelante, debemos más de 500 mil millones de dólares.

La deuda externa fue una estafa en toda la línea. Inmoral, porque la pagó y sigue pagando con hambre, pobreza, miseria y saqueo el conjunto del pueblo trabajador para el enriquecimiento de unos pocos buitres. Ilegítima, porque nació de una dictadura genocida. Ilegal, porque muchos de los fondos originales ni siquiera se pudo probar que existieron como un crédito normal o nunca llegaron al país. Y fraudulenta, como lo demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000, después de una investigación exhaustiva de Alejandro Olmos (padre). Ese fallo, que declaró culpable a Martínez de Hoz y otros personeros de la dictadura, no tuvo efecto penal alguno porque la causa “había prescripto”. En cuanto a la recomendación, que figura en el propio fallo, de enviar sus resultados al Congreso Nacional, terminó cajoneada y allí duerme desde entonces.

No hay salida para el pueblo trabajador ni posibilidad de desarrollo para nuestro país si no se comienza por dejar de pagar esa deuda, herencia infame de la dictadura. A 50 años de la dictadura genocida, debemos recordar más que nunca que el origen de esta estafa (esa sangría que nos sigue hundiendo) estuvo en las políticas de la dictadura genocida, apoyada por el imperialismo, el FMI y las grandes patronales nacionales y extranjeras.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.

Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.

Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.

El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.

Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.

Escribe Adolfo Santos

La complicidad del gobierno con los dueños de FATE quedó clara en la represión desatada el miércoles 4 contra quienes acompañaban la audiencia frente a la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem al 600. Con la justificación de supuestos “incidentes y enfrentamientos”, que nadie vio, la Policía de la Ciudad, apoyada por fuerzas federales, reprimió a trabajadores de FATE, dirigentes y activistas sindicales, sociales y políticos presentes en el lugar.

Fue una señal de apoyo del gobierno a la decisión de los dueños de FATE de cerrar la planta. Con equipos de combate y escudos, arremetieron golpeando con bastones y disparando gas pimienta y balas de goma contra una manifestación pacífica. Luego persiguieron a los manifestantes por varias cuadras, circulando con motos en contramano por la avenida Córdoba e incluso ingresando por la peatonal Florida, causando pánico entre transeúntes.

La persecución continuó por la Plaza San Martín hasta la Plaza Británica, mientras seguían disparando gas pimienta. Buscan disuadir a quienes resisten las medidas económicas del gobierno incluidas en el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Sin embargo, el gas no logra impedir que amplios sectores continúen desafiando al gobierno con movilizaciones, protestas e incluso con un paro general masivo, como ocurrió el 19F.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En la apertura de sesiones Javier Milei evitó responder por la inflación, el ajuste y la recesión, y eligió profundizar su ofensiva contra las y los trabajadores. Entre promesas de más motosierra, el gobierno redobla un rumbo que favorece a Trump, al FMI y a los grandes grupos económicos.

Se supone que en el discurso de inicio de sesiones un presidente debería hablar de los problemas centrales del país y dar explicaciones sobre sus propuestas para encararlos. Debería referirse por ejemplo a la inflación, que según sus afirmaciones previas ya tendría que haber desaparecido; a la economía que aseguró que crecería como ‘pedo de buzo’; o al ajuste que prometió con el eufemismo de que ‘pagaría la casta’ y no el pueblo trabajador. Nada de eso ocurrió. En cambio, actuó de manera desaforada y posó como jefe de una patota, Milei dio un discurso que incluyó 36 insultos directos a la oposición, muchos de ellos incluso guionados en el propio texto que leyó.

Un gigantesco operativo de seguridad cortó el tránsito en todo el centro porteño, desde la Casa Rosada hasta el Congreso, sin que hubiera una sola persona en la plaza para apoyar al gobierno. Tanto fue así que al retirarse, Milei se bajó del auto “a saludar” pero como no había nadie terminó estrechando la mano de un granadero a caballo. También quedó expuesto ante las cámaras el escándalo de una vicepresidenta desplazando, con el clásico “hombro pegado al cuerpo”, a Karina Milei, al mejor estilo de defensor marcando en el área. Y mirando luego su celular mientras hablaba Milei.

Los palcos estaban ocupados, por supuesto, por aplaudidores oficialistas que coreaban consignas bajo la conducción del llamado “Gordo Dan”, quien se dedicó especialmente a hostigar a las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad cuando denunciaban a Milei por tantas falacias y mentiras.

¿Dijo algo sustantivo el presidente? Sí, prometió más motosierra. “Vamos a presentar 90 iniciativas”, anunció el ultraderechista. Ratificó su ofensiva contra la educación pública y confirmó el alineamiento incondicional con Donald Trump, mientras era aplaudido con entusiasmo por los embajadores de Estados Unidos e Israel, ubicados en un lugar privilegiado del hemiciclo, incluso más destacado que el de varios ministros.

Sostuvo, increíblemente, que no había aumentado la desocupación sino “la gente que busca trabajo”. ¿Y cómo se llama a quien busca trabajo y no lo consigue, sino desocupado? Volvió a defender la apertura económica y llegó a presentar como algo positivo el cierre de empresas. Lo dijo con todas las letras: “Cuando uno abre la economía, permite el ingreso de bienes de mejor calidad y menor precio”. Sin controles, eso significa ingreso de productos de dudosa calidad e incluso peligrosos. Agregó que si una empresa local no puede competir, “quiebra y despide gente”, con una frialdad que estremece. Luego aseguró que el consumidor ahorrará dinero comprando importados y lo destinará a otros bienes, generando empleo en sectores “más productivos” que pagarían mejores salarios. Una teoría de manual libertario que choca brutalmente con la realidad de despidos masivos y salarios y jubilaciones en abrupta caída.

Milei también reafirmó el saqueo de los recursos naturales y la destrucción ambiental, señalando que el futuro está “en la cordillera”, es decir, en la megaminería contaminante, como si de allí fueran a surgir los empleos que reemplazarán al industricidio que está provocando.

Un presidente desbocado, con gestos y expresiones de tono fascistoide, mintiendo sobre una supuesta “recuperación económica” y delineando una política que profundiza la guerra social contra el pueblo trabajador y los sectores populares. No es que el brutal ajuste haya terminado, todo indica que apenas comienza una nueva fase. Incluso llegó a hablar de la “superioridad moral” que pregonan sus políticas ultraderechistas, aliadas a Trump y al genocida del pueblo palestino Netanyahu que están bombardeando Irán.

La conclusión es clara: habrá que seguir luchando y organizándose frente a las consecuencias de la motosierra del gobierno y el FMI. Es imprescindible rodear de solidaridad todas las luchas en curso, como hoy la de las y los trabajadores de FATE, y exigir a la CGT que rompa su vergonzosa tregua con el gobierno y convoque a un plan de lucha.

La salida no es más ajuste ni más sometimiento, tampoco la variante del peronismo que ya gobernó y administró el mismo esquema de endeudamiento y dependencia. La salida es un plan económico alternativo, obrero y popular: como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y destinar esos recursos a un plan de emergencia que garantice presupuesto para salud, vivienda y educación, creación de empleo genuino y salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar.

Solo así podrá ponerse la economía al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, y no de las ganancias de los grandes grupos empresarios y del imperialismo. El 24 de marzo a 50 años del golpe genocida será la nueva instancia que tiene el pueblo trabajador y la juventud para ganar las calles siendo cientos de miles contra el facho de Milei y el FMI.

Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El cierre de FATE, dejando en la calle a 920 trabajadoras y trabajadores de forma directa, más 2500 pertenecientes a empresas proveedoras y relacionadas comercialmente, es producto de la voracidad patronal y de las políticas nefastas del plan motosierra implementado por el gobierno de Javier Milei. Fue una medida unilateral que causó conmoción no solo entre las y los trabajadores de la empresa, sino que tiene una gran repercusión política y social.

Sin mediar debate, el Grupo Madanes Quintanilla (dueño de FATE, Aluar, la central hidroeléctrica Futaleufú y parques eólicos, entre otras), decidió cerrar porque la fábrica, después de 85 años, ya no le da las ganancias que pretenden. “Pasen a cobrar las indemnizaciones”, comunicó descaradamente a sus trabajadores, que durante décadas de sacrificio dejaron su vida, su salud y sus huellas marcadas en el caucho que le permitió exorbitantes ganancias a la familia Quintanilla.

Lejos de exigirles a los dueños que preserven las fuentes de trabajo para evitar el desempleo en tantas familias, el gobierno contribuyó a este desenlace al reducir los aranceles de importación del 35% al 16%, abriendo de forma indiscriminada las importaciones de neumáticos, fundamentalmente de China. Pero además festejó el cierre en nombre de una política que está provocando un verdadero industricidio que acrecienta dramáticamente un ejército de desocupados.

Fortalecer la lucha de FATE

Correctamente, frente al cierre, los dirigentes del Sindicato SUTNA se instalaron en la planta, medida a la que, pacíficamente, se fueron sumando las y los trabajadores a medida que fueron llegando y tomando conocimiento de los hechos. Exigen la reapertura de la empresa y la vuelta al trabajo. Ante la negativa de la empresa a negociar, que a través de las enormes ganancias obtenidas por su holding podría buscar soluciones alternativas, la ocupación continúa.

Desde un primer momento, nuestro partido, Izquierda Socialista/FIT Unidad, estuvo presente junto a nuestra organización de juventud, Juventud Izquierda Socialista (JIS), y llevando la solidaridad a través de delegaciones de activistas y dirigentes sindicales de nuestra corriente sindical A Luchar. Fuimos y seguiremos siendo parte de las actividades unitarias que democráticamente decidan las y los compañeros de FATE para fortalecer su lucha.

En estas dos semanas, en que el cierre continúa conmoviendo amplios sectores, se han desarrollado actos, movilizaciones, cortes en la Panamericana y un gran festival de solidaridad el domingo 22. El día 23 hubo una reunión junto al Ministerio de Trabajo sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, por lo que se fijó una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo.

El 4/3 vamos con FATE a la Secretaría de Trabajo

A raíz de esta nueva convocatoria, se está organizando una gran actividad el miércoles a las 11 frente a la Secretaría de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 650, CABA. Bajo la consigna: “Basta de despidos, ningún cierre de fábrica. Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. No al cierre de FATE”, se convoca a manifestarse unidos junto a las y los trabajadores de FATE. Producto del impacto negativo que ha provocado la medida de la empresa, al llamado, encabezado por el SUTNA, se ha visto obligado a sumarse el Consejo Directivo de la CGT y adhieren la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, así como organizaciones sociales, sindicales y de jubiladas y jubilados.

Desde Izquierda Socialista nos sumamos a esta movilización unitaria, empeñando nuestro esfuerzo para evitar el cierre de la fábrica. Estaremos con nuestros dirigentes sindicales, políticos y de la juventud: Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste; Mónica Schlotthauer, diputada provincial de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y delegada ferroviaria; Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys; Pablo Almeida delegado general de ATE Ministerio de Economía; Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y Mercedes Trimarchi, diputadas y diputado electos de nuestro partido; Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista, entre otras y otros, y nuestra militancia. Juntos vamos a exigir al megamillonario Grupo Madanes Quintanilla mantener abierta la empresa FATE y la preservación de todos los puestos de trabajo.