Escribe José Castillo

Esta semana venció una deuda con el Club de París por 2.400 millones de dólares. Al no pagarse, empezó a correr el plazo de sesenta días antes de que formalmente se decrete el “default” y se nos carguen intereses punitorios por 2.000 millones de dólares más. La “alternativa” es que se avance con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, renegociar un mayor ajuste a cambio de una pequeña prórroga en el plazo para pagar esa deuda.
La deuda externa argentina con el Club de París (apenas un pedazo, hoy menor) de toda la deuda argentina, es un ejemplo en sí mismo de lo inmoral e ilegítimo de todo este auténtico monumento al saqueo.
El Club de París es una organización informal de los países imperialistas creada para cobrar conjuntamente las deudas bilaterales a los países dependientes o semicoloniales. Son miembros los países más importantes del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

El origen de nuestra deuda con este grupo es desopilante y sería cómico si no fuera por la tragedia de que se paga con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. La mayoría de los créditos que se renegocian en el Club de París básicamente son garantías de créditos de exportación de los países centrales a sus propias empresas transnacionales en la época de la dictadura militar. O sea, préstamos de países imperialistas a sus empresas, que no se pagaron, que luego, en 1982, fueron estatizados por Domingo Cavallo y endilgados al Estado argentino.

Alemania, principal país acreedor, también lo es por préstamos otorgados, nuevamente en la época de la dictadura militar, para la compra de armamento, telecomunicaciones y energía nuclear, entre otros rubros. La deuda también incluye 900 millones de dólares a Holanda por el gasoducto a cargo de la sociedad Cogasco, un préstamo privado que se transformó en el principal beneficiario de la estatización de la deuda externa por parte de Cavallo en 1982. Hay, además, 60 millones de dólares de un crédito de España  al Banco Nacional de Desarrollo (Banade) para financiar la compra de una planta de cemento en el Noroeste argentino a una firma que quebró antes de finalizar su tarea.
Pero tal vez el hecho más escandaloso de todos sea el de la deuda de 80 millones de dólares por dos helicópteros que la Argentina le encargó en la dictadura a la empresa británica Westland, con financiamiento europeo, pero que nunca llegaron debido a la guerra de Malvinas. ¡Sin embargo, todos los gobiernos argentinos posteriores aceptaron que correspondía la deuda por los helicópteros!

Después de la dictadura, el gobierno de Alfonsín reconoció como válidas todas estas estafas en la negociación con el Club de París de 1985 y 1987. También lo hizo Menem, en tres nuevas renegociaciones, en 1989, 1991 y 1992.
En 2001, producto del Argentinazo, la deuda con el Club de París estuvo dentro de lo que se dejó de pagar. La nueva negociación la llevó adelante Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández, aceptando que la deuda se incrementara de 6.000 a 9.000 millones de dólares, una tasa de interés astronómica y el mecanismo de que, en caso de que el país nuevamente incurriera en atrasos en los pagos, se aplicarían multas que prácticamente duplican la cuota a pagar en cuestión. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos.
El Club de París es una anécdota más, tal vez la más escandalosa, de la estafa de la deuda externa argentina. Una demostración blanco sobre negro de que no tenemos salida si no repudiamos inmediatamente y dejamos de pagar de una vez por todas estas deudas ilegales, inmorales y, además, absolutamente impagables.

Escribe Guido Poletti

Mientras el gobierno del Frente de Todos mantiene como prioridad la renegociación de la deuda externa (el año pasado con los acreedores privados y ahora con el FMI), viene cumpliendo con todos y cada uno de los vencimientos que le van cayendo.
Así, al día de hoy, nuestro país ha abonado en concepto de pagos de deuda 7.100 millones de dólares. Esto incluye los 6.000 millones que se pagaron el año pasado y los 1.100 de este año por vencimientos de cuotas de intereses con el propio FMI.
Se trata de más de un billón de pesos. Con ello prácticamente se podría haber duplicado todo el dinero que se puso para atender la pandemia. ¡Ahí está la plata para atender tanto la emergencia sanitaria como la social!

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Esta semana estamos transitando los nueve días de restricciones fijadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Es más que obvio que estamos en lo peor de la pandemia, en medio de lo que se denomina la segunda ola. Todos los días escuchamos reportes de récords de contagiados, muertos y porcentajes de ocupación de terapias intensivas cercanas al colapso. La foto de la joven que terminó falleciendo en Santa Fe después de esperar horas para ser atendida acostada en el piso ganó la tapa de los diarios.

En este escenario, una enorme preocupación recorre al pueblo trabajador, ¿es esto todo lo que se puede hacer? Porque el jueves pasado el gobierno peronista de Alberto Fernández, con el apoyo de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, anunció medidas, claramente insuficientes. También prometió más vacunas, sin especificar cantidades ni fechas precisas. Más allá de que en estos días han vuelto a llegar algunas partidas, el ritmo de vacunación sigue extremadamente lento ante la velocidad de los contagios. 

Tenemos que ser claros, la verdadera solución a esto no pasa por las peleas entre las distintas multinacionales farmacéuticas y sus negociados. Ni ir a negociar con López Obrador una partida mayor de las vacunas de AstraZeneca que hoy están en México, ni pedirle más Sputnik a Putin, o Sinopharm a Xi Jinping. Mucho menos lo que plantea Juntos por el Cambio, en relación con la compra a la multinacional Pfizer como salida, denunciando corrupción kirchnerista. La salida es más directa y está mucho más cerca, en Garín, a unos pocos kilómetros de la Casa de Gobierno. Ahí se encuentran las millones de vacunas que produce Hugo Sigman, el amigo del presidente Alberto Fernández, y que las envía al exterior por su convenio con AstraZeneca. Incautándolas tendríamos de verdad vacunas para todas y todos y se podrían salvar miles de vidas.

El presidente, en vez de resolver la lentitud en la vacunación, insiste en exhortar a “cuidarse”, “quedarse en casa”, pero termina poniendo énfasis en lo que viene repitiendo hace meses, que los contagios son por los encuentros sociales o los descuidos de la gente. Lo que invisibiliza es que los contagios se producen porque millones se ven obligados a salir a trabajar, a amontonarse en medios de transporte público, porque las fábricas siguen abiertas a pedido de las grandes patronales que no quieren resignar un centavo de sus ganancias. ¡Hasta los propios empresarios han tenido que reconocer que ha aumentado muchísimo el ausentismo por los casos positivos de Covid!

La realidad, entonces, más allá de los discursos, es que nos encontramos con sistemas de salud colapsados, con vacunas que llegan a cuentagotas y con una inmensa masa popular que se ve obligada a enfrentar las restricciones sin plata, o con ingresos absolutamente insuficientes.

Muchos compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos nos plantean que el gobierno hace “lo que puede”. Pero la realidad es que su política está fracasando. No logra detener la pandemia. Y al mismo tiempo aumenta la inflación y se pulverizan los salarios y las jubilaciones, acrecentando la pobreza y la marginación social, que llegan ya a niveles históricos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que todas estas medidas son claramente insuficientes. Es más, denunciamos que para cumplir con el ajuste reclamado por el FMI son inclusive menos que las del año pasado, de hecho ni siquiera existe el IFE. Por eso planteamos la necesidad de un programa de emergencia que ataque a las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Las podemos resumir en cinco medidas para frenar la pandemia y la pobreza que van directo al corazón del problema: 

1– Hay que incautar las millones de vacunas que se están produciendo en Garín que son enviadas al exterior. ¡Ahí están las dosis que hacen falta para vacunar ya mismo a todas las personas de riesgo que faltan y para avanzar masivamente sobre el resto de la población.

2– Centralizar el sistema de salud, ya al borde del colapso. Para esto se requiere poner al servicio de la atención de la pandemia todos los recursos que hoy tiene la salud privada, unificándolos con el sistema público y el de las obras sociales para que sea realmente un servicio social y no un negociado al servicio de las ganancias de las patronales. 

3– Otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 96.800 pesos. Y que ningún jubilado gane menos del valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos.

4– Que se le dé un ingreso de emergencia a todo el que lo necesite, un IFE de 40.000 pesos, así como ayuda a los pequeños comerciantes afectados por las restricciones. 

5– Financiar todas estas medidas partiendo de la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, rompiendo todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI. A esto, agregarle un auténtico impuesto a las grandes riquezas para que sean los grandes empresarios, las multinacionales, las farmacéuticas que están amasando ganancias multimillonarias con la pandemia, las alimentarias que siguen subiendo los precios de los productos de primera necesidad y los banqueros los que paguen la actual crisis. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El gobierno peronista y los gobernadores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio se niegan a tomar las medidas drásticas que la situación exige, la centralización y ampliación de la totalidad del sistema de salud público y privado, sostenimiento económico de la población para garantizar así las medidas de aislamiento y la vacunación masiva de todas y todos. El plan original de vacunación, también, es un fracaso. Tampoco en este aspecto ni el gobierno nacional del Frente de Todos ni los distintos gobiernos provinciales adoptan las medidas que la situación impone.

El ritmo de vacunación es menor que el de Chile y Uruguay, que ya han inoculado con una dosis a 94% y 92% de su población respectivamente, y aún menor que el de Brasil, que vacunó a 37%, mientras que la Argentina sólo alcanza al 28 por ciento. Menos aún que la media sudamericana, que es 31 por ciento. La realidad es que solamente 6% de los 45 millones de habitantes completó la vacunación con la segunda dosis, unos 2,5 millones, y 22%, 8,7 millones, tiene una sola dosis aplicada. A pesar de que el gobierno pagó 54% de los 48 millones de vacunas reservadas, solo recibió un cuarto y en las próximas semanas entrarán (según dicen) y como máximo cerca de 6 millones más. Una insignificancia que no evitará que se sigan produciendo tremendos sufrimientos y, sobre todo, miles de muertes por el Covid-19.

La estafa de Sigman-Slim-AstraZeneca y la rapiña de Pfizer

Cuando en agosto de 2020 el presidente peronista Alberto Fernández dio a conocer el acuerdo tripartito para producir la vacuna Oxford, a cargo del millonario amigo del peronismo kirchnerista Hugo Sigman y el magnate mexicano Carlos Slim, anunció que antes de fin de ese año se empezaría a vacunar y que en febrero de este 2021 serían millones las dosis que se dispondrían. Sin embargo, la primera vacuna producida en la Argentina recién se aplicará en una fecha desconocida de las próximas semanas, seis meses después del primer plazo anunciado. En la planta de Garín sigue en marcha una producción que ya ha alcanzado unos 77 millones de dosis, pero la vacuna no apareció hasta ahora por los irracionales acuerdos empresariales entre México y la Argentina para su elaboración.

La acusación de exigir coimas a Pfizer que hizo Patricia Bullrich, titular de PRO, contra el ex ministro de Salud Ginés González García, obligó a la multinacional a desmentir la especie, pero reveló la verdadera raíz de la disputa de esta empresa con el gobierno. Pfizer quiere cambiar una ley a pesar de que se hizo a pedido de los monopolios y que, con el voto oficialista y opositor de Juntos por el Cambio, determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. Esta última salvedad, dicen los voceros de la empresa, es la que impide a Pfizer firmar un contrato con la Argentina. Quieren más garantías que las ya conseguidas junto a las demás multinacionales.

Debe incautarse la producción de mAbxience para terminarla en el país

La irresponsabilidad e irracionalidad del trío Sigman-Slim-AstraZeneca y la rapiña descarada de Pfizer muestran a las claras que la producción de las vacunas que el mundo necesita no puede quedar monopolizada por un puñado de monopolios capitalistas gracias a las patentes. Es necesario suspenderlas para que haya vacunas para todas y todos. El gobierno peronista de Alberto Fernández debe incautar la producción de mAbxience y envasarla en la Argentina, disponiendo de todos los laboratorios con capacidad. Esta capacidad es muy grande porque tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada, como lo certifica el contrato firmado por Richmond para envasar la vacuna Sputnik localmente. Hace falta una decisión política para hacerlo, decisión que este gobierno solo tomará si logramos imponerla con la movilización, como lo están reclamando personalidades de distintos sectores, diversas organizaciones de trabajadores, el Plenario del Sindicalismo Combativo y el FIT Unidad.