Escuelas cerradas, docentes trabajando, familias preocupadas 

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Con la cuarentena las escuelas se cerraron... pero los docentes seguimos enseñando. Quienes no tienen chicos en edad escolar poco conocen de la trama que estamos viviendo docentes, alumnos y familias en cuarentena. El gobierno, a través del ministro Trotta y los secretarios de Educación, como Soledad Acuña de CABA, dicen que “rápidamente se resolvió el problema de la educación en cuarentena a través de la educación virtual” y que “se demostró que haber capacitado a docentes y montado plataformas virtuales antes” es lo que lo permitió. ¿Cuál es la realidad?

Con la cuarentena los docentes rápidamente organizamos los llamados “planes de contingencia” donde preparamos materiales y textos en papel para que los alumnos puedan ir leyendo y estudiando en sus casas. Pero el gobierno largó una plataforma digital donde docentes debemos presentar nuestros trabajos educativos y los chicos, en sus casas, hacerlos. Además se abrió un sistema de clases virtuales y consultas por mail a los docentes. El gobierno anunció también un sistema de clases por televisión, aunque hasta hoy no funcionó. Este sistema es absolutamente insuficiente, flexibilizador y discriminatorio. Muchos chicos en edad escolar tienen celular, pero solo el 50% tiene internet en su casa, solo el 40% tiene computadora. Y millones viven hacinados. De esta manera quedan fuera de la “educación virtual” los chicos más pobres, extendiendo más la brecha social y la discriminación educativa.

Los docentes debemos subir a las plataformas contenidos educativos (muchos desconocen cómo hacerlo), sufriendo también la insuficiencia de infraestructura virtual, los cortes y floja señal o la falta de wifi en casa, trabajar conviviendo con nuestra familia y debiendo responder a las preguntas de los alumnos o sus familiares a cualquier hora del día. Las madres y padres se quejan porque llega a sus hijos muchísimo material virtual que no entienden y no saben cómo ayudarles.

Por más que la tecnología debe ser utilizada para mejorar la educación, es impensable la educación sin docentes y alumnos interactuando en el aula. Para aprovechar la virtualidad, el gobierno debe garantizar ahora infraestructura para todos, docentes y alumnos, repartir notebooks, garantizar internet, elementos de formación tecnológica. El gobierno hace declaraciones aprovechando esta tremenda crisis sanitaria buscando instalar la virtualidad educativa como sistema permanente. Eso es parte del proyecto de reducir el presupuesto educativo, privatizar más la educación, despedir docentes y reemplazarlos por “plataformas virtuales” con “coordinadores” o “facilitadores” superexplotados. Ya en varias provincias hay “secundarias a distancia” y otras plataformas.

Hoy, en medio de la pandemia, hay que apoyarse en la virtualidad y sus ventajas como una emergencia, respetando el trabajo docente. Pero hay que reclamar también que el gobierno garantice que lleguen los trabajos hechos en papel por los docentes a todas las familias que no tienen acceso a la red.

Escribe Mariano Barba

Al igual que en el país y en el mundo, en Neuquén se están tomando medidas políticas, sanitarias y económicas. Aquí se toman desde el Comité de Emergencia que constituyó el gobierno. Desde el FIT Unidad, nuestros dos diputados provinciales y dos concejalas salieron al cruce de las medidas anunciadas por el gobierno por considerarlas totalmente insuficientes. En los barrios crece la queja por la parálisis de las changas y la falta de alimentos. Ni hablar de los artículos de higiene y prevención. En ese sentido Angélica Lagunas, desde su lugar de concejala, se puso a la cabeza de presentarle al Comité de Emergencia los listados diarios que preparan las docentes desde sus casas con las familias que requieren ayuda alimentaria.

También lo que se sufre en la provincia es el control de la policía, prefectura y gendarmería sobre todo aquel que transita. A tal punto que este lunes fueron detenidos y golpeados varios militantes del Polo Obrero en la ciudad de Zapala por reclamar que se entreguen los módulos de alimento anunciados por el gobierno, entre ellos al Secretario Adjunto de Aten Zapala que acompañó la protesta.

El gobierno, para legalizar su accionar, convocó a sesión extraordinaria en la legislatura y en el concejo deliberante de la capital. En ambas instancias el FIT Unidad denunció que el objetivo central del ejecutivo provincial y del municipal -ambos del MPN- no era presentar un verdadero plan de emergencia sino  hacer votar la autorización para un gran endeudamiento, que llegará a los 140 millones de dólares y con las manos libres para gastarlos a piacere. Con algunos retoques, el Frente de Todos y el Pro, aprobaron el proyecto del oficialismo.

Ante esta maniobra, Angélica Lagunas, nuestra concejala, presentó, junto a Natalia Hormazábal, un proyecto acordado en el FIT Unidad exigiendo medidas concretas y de fondo, como lo son:

- Constituir un fondo de emergencia proveniente de “adelantos de la coparticipación nacional, y de un impuesto extraordinario a la empresas radicada en el parque industrial, que son en su mayoría multinacionales de servicios petroleros,  además de a las cadenas de grandes hoteles y grandes superficies comerciales”.

-  Establecer “un régimen especial para los trabajadores de la salud con todo el equipamiento adecuado para su cuidado para que puedan atender sin contagiarse; y otorgándole un incremento salarial de 30.000 pesos” y no los 5.000 miserables otorgados hasta ahora.

- Prohibición de despidos y suspensiones en todas las empresas radicadas en la provincia.

- Abastecimiento de agua potable y raciones alimenticia para los sectores desprotegidos de los barrios y para las recientes tomas de tierras que suman miles de familias.

-Poner bajo administración estatal todos los recursos de la sanidad privada para integrarlos a la red sanitaria de la ciudad y la provincia.

Escribe: Adolfo “Fito” Columbich, dirigente de Izquierda Socialista Rosario

En estos días cumplimos con nuestra tarea social, igual que los últimos 19 años. Un reparto de mercadería que recibimos de los gobiernos de Javkin(Frente Progresista) y Perotti(Peronismo), para un grupo de 200 familias, distribuidas en barrios de diversas zonas (oeste, noroeste, suroeste, VGG). En esta ocasión atravesados por la pandemia y la cuarentena. Lo que nos obligó a tomar medidas extras de precaución para poder reorganizar la distribución.

Los ingresos de compañeros/as, que ya eran totalmente insuficientes e informales -más allá de la AUH-, se esfumaron. Se terminaron las changas, las obras, la recolección de residuos (aunque varios se arriesgan igual por las necesidades urgentes). Ya no hay cómo “ganarse el mango”. Las compañeras que hacen limpieza de casas perdieron su trabajo, y muchas perdieron las esperanzas de recuperarlo. Así de complejo es el capitalismo en el que vivimos.

Por supuesto se superponen las preocupaciones, todos/as nos cuidamos como podemos del virus. La mayoría tenemos espacios reducidos y una familia numerosa, y recibimos las acusaciones injusta y estigmatizantes de “romper la cuarentena” por salir a la puerta a respirar o distraer a nuestros hijos. Pero tenemos claro que debemos cuidarnos más que cualquiera, porque sabemos cómo funciona la salud pública, dada la continua quita de recursos y privatización que sufre. Sumemos a esto que las condiciones sanitarias de muchas de nuestras viviendas, están lejos de contar con las condiciones sanitarias adecuadas.

Como si no sobraran preocupaciones, están las fuerzas de seguridad persiguiendo a compañeros y compañeras. El comentario de muchas compañeras que se repite es: “Los hombres no salen, sino los levantan”. Compañeros que vendían verduras han perdido su mercadería porque “no están autorizados”. Tuvieron que dejar pudrirla ya que conocemos casos que han secuestrado la mercadería y los encarcelaron 2 días. Incluso tenemos conocidos presos por salir a trabajar. ¿Con que derecho sumar el terror de circular para sobrevivir? Una vez más el Estado al servicio de los empresarios persiguiendo al pueblo pobre.

Los funcionarios de los gobiernos de Fernandez, Perotti o Javkin no paran de repetir que reforzaron las partidas de comedores escolares y sociales en los medios. ¡Mentira! Nos cansamos de reclamar que nos convoquen para que escuchen nuestras demandas para sobrevivir ante esta crisis.
Dejamos bien claro que los $10 mil para trabajadores informales, luego de un mes de dejar de trabajar para una familia es totalmente insuficiente, y nos condena a la miseria.  Los funcionarios de los gobiernos se llenan la boca diciendo que “existen comedores”. ¿Tienen dimensión de la calidad y cantidad de recursos con los que cuentan?

No vemos a los distintos gobiernos controlando los aumentos descontrolados de alimentos y productos de limpieza. Estamos muy preocupados por nuestra alimentación, cada día de peor calidad nutricional (en los bolsones no hay verduras, carnes, frutas).   No somos números, y el gobierno sólo quiere vernos “en casa” pero no garantiza nuestros derechos.

Tenemos derecho a un ingreso digno, poder alimentar a nuestros hijos/as con orgullo sin tener que mendigar un plato de comida, reclamamos $30 mil pesos para trabajadores informales o desocupados. En base a suspender los pagos de la deuda externa y fuertes impuestos a los grandes exportadores que siguen facturando sin ser actividades esenciales.

Con los jubilados… ¡Nooo!

Escribe: Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo por Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda UNIDAD

Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó bajo el lema #ConLosJubiladosNo u #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández que venía ascendiendo en la aceptación popular con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.

Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena a través de un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.

Después de 20 días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto a otros beneficiarios de planes sociales (Embarazadas de la Asignación por Hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor -incluso muchos obligados a acampar la noche anterior- para ganarse un lugar y poder cobrar, es directamente triste y lamentable.

Ahora se tiran la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ocurrió en el verano con 40 grados de calor para cobrar los bonos de diciembre y se vio la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.

Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a que puedan pagarles a los jubilados más allá que tengan o no cuenta en el mismo? “No todas las entidades financieras están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice.

Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortuna, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se la vienen llevando sus ganancias “en pala”.

Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. 2 millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. 3 millones cobran la mínima de $15.892 pesos mientras la canasta de un jubilado está en $40.000. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes culpa de los recortes de todos los gobiernos.

Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con el cambio en la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández quien les recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin de año por el Congreso. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa.

Este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó 250 millones de dólares por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.

Basta de que sean víctimas nuestros jubilados. Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas. Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria.

Aumento de emergencia en base al no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un “Fondo Económico de Emergencia” para combatir de verdad la crisis del coronavirus, porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.

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