Escribe Guido Poletti

Ya es un secreto a voces. El gobierno de Alberto Fernández está reduciendo en términos reales el gasto público por debajo, no solo de 2020, sino incluso de 2019, cuando aún gobernaba el macrismo. Esta es una de las exigencias básicas del FMI para firmar el acuerdo que busca el Frente de Todos. De hecho, esa reducción del gasto, y del déficit fiscal, es mostrada orgullosamente en cuanta reunión se hace con funcionarios del organismo.

Esta es la forma concreta con que el gobierno está cumpliendo el reclamo principal del FMI apenas se iniciaron las negociaciones en septiembre del año pasado, reducir el déficit fiscal desde 8% a 4,5% tal como se votó en el presupuesto 2020.

De hecho, en los primeros cuatro meses de 2021 el gasto solo subió 14% con respecto a igual período del año pasado. Solo para compensar la inflación tenía que haberse incrementado 42 por ciento. Con respecto al gasto social, los números apenas reflejan una parte del ajuste, ya que el gasto en subsidios a empresas privatizadas siguió creciendo, lo mismo que el pago de intereses de deuda. Por lo tanto, todo el peso de la reducción real del gasto se debe al ajuste que se ha realizado sobre las jubilaciones, con incrementos bien por debajo de la inflación, y con la directa desaparición de programas para atender las consecuencias sociales de la pandemia, como el IFE y el ATP.

Esta tendencia no se modifica con los nuevos anuncios del gobierno, que contemplan la suba de los montos de la tarjeta Alimentar, en las asignaciones universales por hijo (AUH) y en los montos de los Repro, que en realidad es un subsidio a empresas, ya que abonan una parte del salario de los trabajadores de las empresas involucradas. El gobierno miente cuando dice que con todo esto se aumentará el gasto en ayuda social al Covid en 480.000, 1,3% del PBI. Incluye en ese monto partidas anteriores, e incluso los costos de compra de vacunas.

La realidad del ajuste es visible. En lo que va de 2021, los alimentos básicos subieron 20% más que los salarios del sector público y las jubilaciones, que ya venían perdiendo desaforadamente contra la inflación en períodos previos. El gobierno incluso demoró todo lo que pudo la reglamentación de la ya votada ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos (y así hacer que menos trabajadores lo paguen). Y cuando lo hizo, informó que la devolución de lo ya retenido este año será devuelto en cinco cuotas mensuales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. ¡Así el ministro Guzmán logra sumar números del ajuste a su favor y hacer méritos ante el FMI!

Hoy, en medio de la segunda ola de la pandemia, es urgente terminar con este ajuste y revertirlo. Hay que poner todos los recursos necesarios para atender la pandemia sanitaria y también la social. Hay que otorgar un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, otorgar un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite y ayuda para los pequeños comerciantes. ¡Plata para atender la pandemia, no para el FMI!

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández viene insistiendo con que el acuerdo que se está negociando con el FMI terminará siendo “progresista” y que “nos permitirá crecer y redistribuir la riqueza”.

Nada más alejado de la realidad. Ya el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que reconocer que firmar un acuerdo a veinte años, que era lo que planteaban los sectores cercanos al kirchnerismo, será imposible, porque el Fondo no habilita acuerdos a más de diez años. Por lo tanto, ya en 2025 se deberán empezar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales.

En su reciente visita a Europa, el presidente Fernández dejó trascender que el FMI sí aceptaría bajar la sobretasa de interés que pagaba la Argentina por haber pedido un préstamo de tamaño gigante en los años del macrismo. Así, dijo el gobierno la semana pasada, al menos nos ahorraríamos 960 millones de dólares.

Pero ni eso sucederá. El que se encargó de desmentirlo fue Gerry Rice, director de Comunicaciones del Fondo: “La sobretasa es una parte importante de la administración de los préstamos del organismo”. Traducido, a pagar, y hasta el último centavo.

Lo dijimos una y mil veces y lo volvemos a repetir, todo acuerdo con el FMI es más ajuste, hambre y entrega. Hay que romper ya mismo los lazos políticos y económicos con ese organismo y dejar inmediatamente de pagar la deuda externa para volcar todos esos recursos a atender las más urgentes necesidades populares.

Escribe Claudio Funes

El gobierno peronista de Alberto Fernández dispuso que no paguen impuesto al salario aquellos trabajadores que ganen hasta 150.000 pesos en bruto, sin dudas una medida que tiene que ver con el calendario electoral. Por este motivo, se les devolverán en cinco cuotas las retenciones efectuadas a partir del 1° de enero de 2021.

La disposición beneficiará, transitoriamente, a 1.267.000 trabajadores. Decimos “transitoriamente” porque, a medida que se incrementen los ingresos, muchos trabajadores comenzarán a tributar nuevamente, ya que el piso de 150.000 pesos no se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ya sabemos que la inflación siempre le gana a los aumentos salariales.

La devolución en cinco cuotas es otra muestra más de que al gobierno “nacional y popular” no le importan los trabajadores en absoluto. Cinco meses para restituir los que nos quitaron es un robo al robo, pues las sumas no serán actualizadas por inflación. Un simple ejemplo, 1.000 pesos en enero hoy son algo más de 800 pesos. Y así seguiremos perdiendo hasta cobrar la última cuota.

Esta política hacia los trabajadores contrasta notablemente con el tratamiento benigno que el gobierno le está dando al impuesto a las ganancias de las empresas.

La reforma de Ganancias para sociedades incorpora una escala de alícuotas variable según el excedente de utilidades de las sociedades: 25% de alícuota hasta 5 millones de pesos, 30% hasta 20 millones, y la alícuota máxima, 35%, para ganancias superiores a 50 millones de pesos. “Esos 50 millones establecidos como tope de esa escala reemplazaron a los 20 millones que figuraban en el texto original para que más empresas se vean beneficiadas por una menor alícuota”, expresó Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.  

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que, a partir del nuevo esquema propuesto, solamente 10% de las empresas pagarán la alícuota mayor de 35%, ¡la misma que pagaba en enero un trabajador que ganaba 86.043,52 pesos en adelante!

Con el pretexto de beneficiar a la pequeña y mediana empresa agitan la medida como progresista, cuando sabemos que muchas de ellas pertenecen a multinacionales.

El gobierno de Alberto Fernández sigue considerando al salario como ganancia, igual que Macri, por lo tanto la medida que toma es insuficiente ya que quedan por fuera del “beneficio” 800.000 trabajadores que continuarán pagando.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo, seguimos reclamando que el salario no es ganancia, por ello ningún trabajador lo debe pagar.

Escribe Adolfo Santos

Van creciendo los reclamos por salarios y vacunas. A pesar de la continuidad del pacto de la burocracia sindical con el gobierno para dejar pasar el ajuste y de los aprietes de las patronales. 

Los choferes autoconvocados han realizado numerosas movilizaciones. La semana pasada cortaron la Avenida General Paz a la altura de Liniers, reivindicando un reajuste salarial, un plan de vacunación por ser considerados trabajadores esenciales y respeto del cupo femenino. “Nos duele mucho ver como perdemos compañeros todos los días por la falta de vacuna. Nos sentimos desamparados por el gremio que tampoco hace nada por nuestros salarios siendo que venimos con un atraso de dos años”, declaró uno de los choferes movilizados.

El cuerpo de delegados del Sarmiento también viene realizando una serie de protestas por la falta de vacunación. Están programando, aún sin fecha por las restricciones de la cuarentena, una paralización parcial para realizar un acto para honrar a los compañeros fallecidos durante la pandemia y para rechazar la política de Trenes Argentinos junto con el gobierno de reintegrar trabajadores mayores de 60 años y de riesgo, sin las dos vacunas aplicadas. Consecuentes con esto, reclaman la inmediata vacunación de todos los y las trabajadoras ferroviarias y del conjunto de los trabajadores que diariamente se ven obligados a viajar hacinados.

Estos son apenas ejemplos de una situación de disconformidad popular creciente con el gobierno, que ha demostrado el fracaso de sus políticas para combatir la pandemia sin agravar la situación del pueblo trabajador. La cuarentena, más floja o más estricta, no acaba con la pandemia si no existe un plan de vacunación masiva. Por eso los reclamos se multiplican entre los trabajadores. Faltan vacunas, pero también faltan recursos para la salud pública o para la educación, a la que se le impone la virtualidad sin los recursos necesarios para que docentes y alumnos puedan cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje. Las miserables jubilaciones, engrosan los índices de pobreza y la retirada del IFE en esta situación es un escándalo.

Queda claro que la preocupación del gobierno no es con los graves problemas sociales y si con la negociación de la deuda externa con los usureros internacionales, como demuestra el reciente viaje de Alberto Fernández a Europa en medio de uno de los picos más altos de la pandemia. Cuenta como gran aliado con la complicidad de la burocracia sindical. Los dirigentes de la CGT vienen actuando como verdaderos funcionarios del gobierno. Apoyaron las negociaciones con el FMI, se unieron a la UIA para retirar derechos laborales, negocian paritarias a la baja, aceptan un salario mínimo y una jubilación de hambre y no han promovido ninguna movilización en defensa de los trabajadores.

A pesar de eso, hay luchas y protestas. Si no consiguen avanzar más es por el aislamiento y la traición de la burocracia sindical. Sin embargo, cuando superan las direcciones traidoras y son rodeadas de solidaridad, como aconteció con los trabajadores de la salud de Neuquén, queda demostrado que es posible triunfar. Apoyar las luchas en curso y rodearlas de solidaridad es una tarea de primer orden. Es lo que viene haciendo el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Al calor de esas luchas, se impone fortalecer una nueva dirección clasista, democrática y de lucha. El PSC, es la mejor herramienta para construir esa alternativa.

Escribe José Castillo

El gobierno cerró por treinta días las exportaciones de carne con el objetivo de bajar los precios en el mercado local. Las patronales del campo y de los monopolios frigoríficos respondieron con un lockout, suspendiendo la venta.

Los precios están por las nubes, entre ellos, sin duda, los de los cortes populares. Por eso crece la bronca al ver que los salarios y las jubilaciones ya no alcanzan para nada.

El gobierno de Alberto Fernández viene probando diversos globos de ensayo para tratar de maquillar las subas astronómicas de la carne. Hace un par de meses  inventó un acuerdo con las cadenas de supermercados para ofrecer cortes populares a bajos precios. Fue una burla, los consumidores llenaron las redes sociales de fotos que mostraban las bandejitas con pedazos de grasa que se ofrecían como asado.

Hace dos semanas se anunció el programa de “precios populares”. Los grandes frigoríficos se comprometían a aportar 6.000 toneladas de carne, para once cortes, con el asado a 399 pesos y el vacío a 420.

Pero los precios siguieron subiendo astronómicamente. Esto llevó a que el gobierno anunciara el cierre de exportaciones de carne por treinta días. Al gobierno la inflación se le ha ido totalmente de las manos e intenta desesperadamente frenarla sin tocar los intereses de los sectores concentrados.

Una cadena monopólica corrupta

El precio al que llegan el asado, la carne picada y los otros cortes populares a la góndola contiene en su interior todos los abusos y maniobras de una cadena de empresarios abusivos y corruptos.

Comencemos por los productores del campo, expresados en la Mesa de Enlace y, en particular, por Confederaciones Rurales Argentinas, la principal motorizadora del lockout. Ellos son los grandes responsables de que en nuestro país hoy haya menos vacas que hace treinta años. Nombres tradicionales como Duhau, Larreta-Anchorena, Leloir, De Apellaniz, Gómez Álzaga, Blaquier, Bunge y Born, Perez Companc, Bemberg y Werthein están entre los 1.250 hacendados que concentran 40% del total del stock ganadero.

Luego, hay otro agujero negro, el Mercado de Liniers, que concentra casi 20% del total del ganado a faenar. Ahí se ponen de acuerdo los consignatarios –muchos de ellos también propietarios de ganado– con los frigoríficos, reteniendo o ingresando animales en Liniers para especular con su precio.

Después están los grandes frigoríficos. Son pocos, varios extranjeros (la mayoría hoy de propiedad brasileña), como Margrif o Swift, pero con presencia de patronales locales famosas por los abusos contra sus trabajadores, tal el caso de Beltrán, Coto, Gorina, Mattievich, Penta y Rioplatense. Los más importantes están agrupados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Y, por último, las cadenas de supermercados. Obviamente, hay empresarios como Coto que tienen campos con animales, frigoríficos y supermercados aprovechándose de las ganancias que les dejan todos los eslabones de esta cadena.

A esto tenemos que sumarle que, en los últimos dos años, creció exponencialmente la exportación, en particular con destino a China. Esto aportó también a la suba de los precios, ya que cada vez más toneladas tienen ese destino, en vez del mercado interno. De hecho, en 2020 se exportaron 900.000 toneladas, 80% a China, por 3.000 millones de dólares.

Pero esto no es todo. Se han descubierto maniobras de  todo tipo. Los exportadores crean empresas fantasmas con domicilio en Uruguay. Venden, subfacturando, a esas empresas, a 3.300 dólares la tonelada, para que sean las que exporten a China, al valor real de 4.400 dólares la tonelada. De esta forma se estafa por dos vías, se fugan los dólares de la diferencia y a la vez se dejan de pagar los impuestos correspondientes.

¿Cuál es la salida?

El gobierno de Alberto Fernández actúa con los monopolios de la carne de la misma forma con que lo viene haciendo con el resto del sector agroexportador, amaga para negociar. El cierre de las exportaciones de carne tiene como único objetivo que las empresas del sector aumenten de 6.000 a 13.000 las toneladas de carne destinadas a ser vendidas a “precios populares”.

Sea cual fuere la resolución particular de este conflicto, nada se solucionará de fondo. Seguirán los abusos y la carne continuará siendo un producto de lujo. 

La salida pasa por la colocación de precios máximos a los frigoríficos y los minoristas para todos los cortes (incluyendo los que se destinan a la exportación) y la eliminación del IVA, junto con un real control, con aplicación de la Ley de Abastecimiento a quien viole los precios máximos. A esto se le debe sumar la reestatización del Mercado de Liniers y la eliminación del sistema de los consignatarios, siendo el Estado quien fije el precio del kilo vivo y sea el intermediario entre productores y consumidores.

Es fundamental además la nacionalización del comercio exterior, para que solo se autorice la exportación una vez cubierto el consumo interno, y que las divisas obtenidas retornen para atender las necesidades populares. Y, para resolver estructuralmente el tema, a todo ello le debemos sumar una reforma agraria, con expropiación a los grandes terratenientes y una planificación racional y democrática de nuestro stock ganadero.