Escribe Claudio Funes

Hay una auténtica campaña llevada adelante por el conjunto de las patronales para promover rebajas salariales generalizadas con la excusa de la crisis del coronavirus.  

El decreto 329, del 31 de marzo, firmado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el despido unilateral pero admite acuerdos con los sindicatos para bajar hasta 50% los salarios, como de hecho ya está ocurriendo. El artículo 3° del decreto exceptúa de la prohibición a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.  

Siguiendo esta normativa, la cartera de Trabajo autorizó a la aerolínea low cost Flybondi, en acuerdo con los propios sindicatos, a la suspensión de actividades por noventa días con una rebaja salarial de 30% y cláusulas de flexibilidad, a cambio de mantener los puestos de trabajo. Entre tanto, Latam recortó 50% los haberes de sus 2.300 empleados en la Argentina entre los meses de abril y junio. También, la cadena de pizzerías La Continental rebajó 50% del sueldo de marzo a sus trabajadores, y el millonario empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, con el argumento de que bajó la producción de la planta 50% por el aislamiento, anunció que recortará los salarios de abril.

La gran patronal aprovecha la trágica crisis del coronavirus para hacer realidad sus viejos anhelos: rebaja salarial y flexibilización laboral a cambio de no despedir. Una miserable extorsión. Para ello cuenta con la inestimable complicidad de la burocracia sindical peronista. 

Las cadenas multinacionales de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC y Mostaza, a pesar de que vienen ganando fortunas en todos los países donde operan, redujeron más de 30% de los sueldos y el presentismo a sus trabajadores. Un verdadero atropello.

Ford e Iveco suspendieron a su personal, que cobrará el 70% del salario. Lo mismo hicieron otras automotrices. Muchas continuarán en abril este esquema de suspensiones. Mientras tanto, las autopartistas negocian con la burocracia sindical un salario de “emergencia”. 

El sector comercial también aplica suspensiones. La empresa Dabra S.A., que controla marcas como Dexter, Stock Center y Netshoes, cerró sus locales y licenció a su personal con el argumento de “cuidar la salud de la empresa”, pero sus empleados percibirán durante abril el 50% de sus haberes. Mientras tanto, Garbarino y Compumundo solo pagaron un tercio de los sueldos. 

El hotel Alejandro I, de la millonaria familia Levin, abonó marzo con un 25% de quita alegando que desde “Nación no le enviaron el dinero”.  

A esto le agregamos que, según estadísticas oficiales, cuatro de cada diez trabajadores (cinco millones) desarrollan sus tareas en la informalidad y bajo regímenes laborales ilegales, por lo que los podrán seguir flexibilizando, suspendiendo o despidiendo. 

Como se puede apreciar, los “vivos” continúan lucrando. No es ninguna excusa que “este mes no facturaron” cuando en la mayoría de los casos se trata de patronales que  ya han ganado millonadas los años anteriores.  

No tenemos que permitir la reducción de los sueldos. Hay que exigirle a la burocracia sindical que abandone su actitud cómplice y salga a defender que se pague el 100% de nuestros salarios, ya bastante vapuleados por la inflación. Lo que se necesita son aumentos de acuerdo a la inflación, ninguna rebaja. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe Martín Fú

El Grupo Techint ratificó el despido de 1.450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional que el presidente Fernández había anunciado el pasado 1° de abril. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical de la Uocra y la firma de su titular, Gerardo Martínez. El Grupo Techint y el sindicato cerraron filas así para dejar afuera a casi 1.500 trabajadores, todo refrendado y homologado por el Ministerio de Trabajo. 

A días del “enojo” presidencial con Paolo Rocca, a quien tildó de “miserable”, el gobierno nacional no necesitaría más argumentos para declarar la nulidad del acta firmada entre la patronal Techint y la conducción de la Uocra y obligar a ese grupo empresario negrero a la reincorporación de los 1.450 trabajadores, exigiendo además que se les paguen sus salarios. Paolo Rocca es uno de los empresarios más ricos del país y de Latinoamérica, con una fortuna calculada en u$s 8.800 millones, aparte de las ganancias siderales que obtiene de sus empresas. 

El intento original de despidos en Techint fue repudiado y generó una rápida respuesta del gobierno de Alberto Fernández, quien avisó que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y hasta se animó a pedirle a los empresarios que ganen “un poco menos”. Es urgente arbitrar todos los medios y obligar ya a la reincorporación de los despedidos de Techint. Si así no ocurriera debe ser expropiada y estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, lo mismo hay que hacer con toda empresa que se anime a despedir o cerrar mientras dure la pandemia. 

El martes 31 de marzo, el gobierno emitió un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días. Sin duda, esta medida es un avance frente a la postura oportunista y aprovechadora de muchas patronales ante la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, la consideramos insuficiente.

Escribe Adolfo Santos

La repudiable actitud de la poderosa Techint, suspendiendo el contrato laboral de 1.450 trabajadores, provocó una reacción de repudio generalizada a la que Alberto Fernández se vio obligado a responder. Pero en su respuesta, el presidente, se equivoca al pedirle a Paolo Rocca a quien llamó de “hermano”, que “debemos recuperar la ética de la solidaridad”. Ni Techint, ni las grandes empresas responden a la “ética de la solidaridad”, sino a la multiplicación de sus ganancias, por eso son capaces de despedir trabajadores en medio de una tragedia, por eso es necesario frenarlos.

En ese sentido entendemos que el DNU es insuficiente. Porque deja sin respuesta a los miles de trabajadores que fueron suspendidos y despedidos en los días previas a su promulgación. Pero además, porque deja abierta la posibilidad de que, “si hay acuerdo entre las partes”, se puedan efectivizar despidos. Esa puerta, en una negociación entre una gran empresa y un trabajador desprotegido, es un gravísimo error.

El DNU es “por 60 días”. Debería ser por tiempo indeterminado, ya que además de no saber hasta cuando habrá de extenderse la pandemia, no sabemos cuáles serán las secuelas que dejará. Los grandes empresarios, como estamos viendo en los Estados Unidos o en Brasil, quieren que la crisis la paguen los trabajadores y producen despidos. Para eso debemos prepararnos.

En ese sentido, desde Izquierda Socialista venimos proponiendo una serie de medidas para proteger a la familia trabajadora, que será la más afectada por esta crisis. Además de la prohibición de despidos y suspensiones, exigimos que no haya ningún tipo de rebaja salarial ni de precarización laboral. Que se implemente un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias, así como el no pago de la deuda externa para crear un fondo de emergencia con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Y junto a la prohibición de despidos y suspensiones, disponer que toda gran empresa que no tenga condiciones de garantizar el empleo, sea estatizada bajo control de sus trabajadores.

Escribe Claudio Funes

General Motors, la transnacional automotriz yanqui con sede central en Detroit (Estados Unidos) y con decenas de miles de trabajadores en el mundo, implementó también en la Argentina su estrategia global. 

Amparándose en la crisis provocada por el coronavirus y en la posibilidad de los despidos, negoció con la burocracia del Smata reducciones de jornadas laborales y suspensiones para empleados administrativos con una quita de 12,5% para los que realizan trabajo a distancia.  

General Motors acordó con el burócrata Ricardo Pignanelli la suspensión de los empleados bajo contrato colectivo de trabajo, pagando el 70% del salario neto, medida que está en vigor desde el 1° hasta el 30 de abril. Cabe recordar que General Motors de General Alvear, Santa Fe, no estuvo activa durante todo febrero y por esto pagó salarios reducidos a todos sus trabajadores. 

Como vemos, el decreto que prohíbe suspensiones y despidos es fácilmente burlado por esta maniobra con la excusa de un “acuerdo entre patronal y sindicato”. 

Escribe Claudio Funes

Ciertos sectores de la sociedad reclaman con razón que los políticos se bajen sus altos ingresos para que ese dinero vaya a fortalecer la lucha contra la pandemia. Es notorio el contraste entre la vida de un político y un trabajador, más si este se encuentra desocupado o suspendido como consecuencia de la actual crisis. 

Que los políticos no deben ganar esas sumas siempre ha sido denunciado por la izquierda revolucionaria. Nuestros diputados y legisladores siempre han propuesto que un político gane lo mismo que un trabajador. Aunque nunca haya sido votado, igual siempre se han apegado a ese principio. Cobran el salario de un trabajador, el resto lo aportan a las luchas obreras y populares y a fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como ocurre con Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Ahora, para reubicarse, distintos políticos patronales han decidido bajarse una parte de sus abultados sueldos. Sergio Massa anunció un recorte de 40% en la dieta de los diputados. En Santa Fe, los diputados y senadores provinciales donarán 50% de su dieta a “instituciones de bien común del sistema sanitario de cada departamento”. Intendentes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, han hecho lo mismo para decir que “aportan con su sacrificio” al esfuerzo colectivo para combatir la crisis. Lo que nadie dice es que la izquierda siempre propuso que todo diputado, senador, juez y funcionarios ejecutivos deben ganar como un trabajador. Y que, como eso nunca se aprueba, es solo la izquierda quien lo cumple.

No debemos olvidar un antecedente. En 2017, en pleno ajuste macrista, estos “sacrificados hombres y mujeres” de PRO-UCR-ARI (Cambiemos), del Frente para la Victoria de entonces (con Héctor Recalde como presidente de bloque) y del Movimiento Evita, entre otros, solicitaron un aumento en sus dietas porque decían que no podían vivir con 150.000 pesos mensuales. El único bloque que denunció eso y rechazó el aumento fue el del FIT, entre ellos nuestro diputado Juan Carlos Giordano.

Hoy esos mismos diputados y senadores que posan de solidarios son los que aprobaron la ley de emergencia que les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados en diciembre de 2019 y aprobaron la ley de renegociación de la deuda externa en enero de 2020. Por eso denunciamos su demagogia y marketing político. Para combatir la pandemia no alcanza con estos “gestos”, sino implementar un impuesto a los de arriba y dejar de pagar la deuda, algo que estos políticos tradicionales no hacen.