Escriben Reynaldo Saccone (ex presidente de Cicop) y Mónica Méndez (secretaria de Organización de Cicop)

Los gobiernos y las patronales de los sanatorios no dudan en aprovecharse de los nobles sentimientos solidarios y humanitarios de los trabajadores de la salud. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires contesta con un llamado a la “mística” a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo. El diario La Nación publica declaraciones de un enfermero dispuesto a hacer todas las horas extras que se le requieran y que, orgullosamente, revela que “hay personal que viene a trabajar con diabetes o enfisema”. 

Los trabajadores de la salud, por su parte, no paran de inundar las redes sociales con denuncias sobre la insuficiencia de los medios de protección que les proporcionan sus empleadores. Reclaman, sin éxito, licencia para las embarazadas, los mayores de 60 años y quienes tienen una patología de riesgo, que son obligados a concurrir a los establecimientos a pesar del peligro que corren. 

Es que la “mística” del ministro Gollán no confiere inmunidad. Durante la semana pasada se contagiaron dos médicas del hospital de San Isidro, una del hospital Diego Thompson, de San Martín, otra en el hospital de Moreno, y más recientemente un residente de anestesia de guardia en el hospital de Adrogué.  

Mientras que La Nación, maliciosamente, publicaba declaraciones de un enfermero del Hospital Italiano que decía que le daba “más miedo enfermarme afuera que dentro del hospital”, la jueza Rosalía Romero hacía lugar a un amparo presentado por trabajadores del mismo establecimiento donde se habían infectado diez de sus compañeros y emplazaba a los empleadores a proveer elementos de protección personal para desempeñar sus tareas. La magistrada hizo lo mismo con el Gobierno de la Ciudad en relación con los hospitales Moyano y Tornú. 

Completando este cuadro de desprotección, la infección por Covid-19 no es catalogada como enfermedad profesional. Sus casos quedan a consideración del Consejo Médico de la Superintendencia de las ART. Cicop reclama un DNU del Poder Ejecutivo que la incluya en el registro de enfermedades profesionales. 

El otro gran problema de los recursos humanos es su escasez. Tanto el Gobierno de la Ciudad, como el de la provincia de Buenos Aires, han recurrido a la demencial convocatoria a profesionales jubilados. Se ilusionan con que ellos acepten correr el riesgo de perder la vida, dada su edad, por sumar un sueldo a su jubilación. Habiendo centenares y centenares de profesionales egresados de excelentes residencias, tanto médicas como de enfermería y otras profesiones, recurren a los jubilados por un solo motivo: no pagar salarios que harían atractivo a los jóvenes trabajar en el sistema público. 

Un ejemplo es la discusión salarial de los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires. La oferta del gobierno, rechazada in limine por la Cicop, es de 42.214 pesos mensuales al profesional ingresante, cuando la canasta familiar determinada por el personal del Indec ronda los 60.000 pesos. Esa es la causa de la escasez de médicos de terapia intensiva en los servicios públicos. 

El argumento es que no hay presupuesto. Efectivamente, con este presupuesto no se puede. Por eso reclamamos que debe triplicarse. Actualmente el gasto público en salud de todo el país asciende a 2,65% del PBI. Nuestro planteo es que debe llevarse, como mínimo, a 8% del PBI. 

Pero no basta tener los fondos. Es necesario que los trabajadores intervengan en su asignación y monitoreen su distribución. Pero también en determinar las necesidades de recursos tanto humanos como materiales y en su distribución. Por eso planteamos que en cada establecimiento deben constituirse comités de crisis con participación de los trabajadores. Eso ya se hizo en la provincia de Buenos Aires durante la gran crisis de 2000/2001, en la epidemia de H1N1, y se está instalando en la actual pandemia. Hoy la actividad de los comités existentes está centrada en la adaptación de los establecimientos y la protección de la salud de todos los integrantes del equipo de salud y el reclamo continuo de recursos humanos e insumos. Deben extenderse a todos los hospitales para así, cuidados y responsables los trabajadores, seguirán poniendo sus esfuerzos sin correr riesgos de vida temerarios.

ES– ¿Cómo ves la situación de la salud en la provincia? 

CL– La situación de la salud en la provincia es una improvisación, una gran puesta en escena del gobierno de Manzur y su ministra de Salud, Roxana Chahla, no proveen de insumos de protección personal a los trabajadores en contacto con pacientes infectados ni entregan más respiradores y equipos, pero se la pasan sacándose fotos con “nuevas áreas para la atención del Covid-19”, como la del Hospital Avellaneda, que es una burla, viendo las fotos uno se da cuenta que ese sector jamás podrá funcionar como sala de coronavirus. No quieren invertir y descargan sobre los trabajadores de la salud la responsabilidad de enfrentar la pandemia. Convocaron a voluntarios sin formación ni insumos, una locura. 

Nosotros estamos teniendo asambleas en varios hospitales con dos reclamos centrales: insumos de protección personal y licencias para los y las compañeras con patologías preexistentes. Se consiguieron algunos traslados, pero dentro del hospital (de la atención del paciente ¡al lavadero! ¡otra locura!). Hay un proceso de autoconvocatoria de enfermería y otros sectores (camilleros, instrumentistas, administrativos). En cuanto a insumos, los dan con cuentagotas y no son los que corresponden. ¡Una vergüenza! 

El gobierno de Manzur responde con amenazas, aprietes y traslados. El personal de salud no solo arriesga su vida, sino también la de su familia y su comunidad.

ES– ¿Qué rol están cumpliendo los gremios? 

CL– Ramírez, de ATSA; Sánchez, de ATE, y otros sindicatos menores guardan silencio, y guardar silencio en esta situación es complicidad. Apelan a la moral y el sacrificio del trabajador de la salud, generar una mística, un gesto heroico, que es criminal, dejando a la deriva a los compañeros. Nosotros con SITE (Sindicato Tucumano de Enfermería) participamos y motorizamos las asambleas, pero el proceso de autoconvocatoria es más amplio y excede las estructuras sindicales. Los compañeros y compañeras tomaron conciencia de que esta pandemia afecta en mayor grado (15%) a los que trabajan en salud.

ES– ¿Cómo está tu situación? 

CL– Han vuelto a trasladarme, más lejos y aislado ahora. Creen que si me corren de participar de las asambleas no van a tener lugar. No quieren ocuparse realmente de la salud de la población, empezando por los que garantizan que esta atención llegue a todos y todas. Más allá de mi situación, seguimos peleando en defensa de la salud pública.

En octubre de 2019 la diputada Mónica Schlotthauer, Izquierda Socialista en el FIT Unidad, realizó una audiencia pública junto a trabajadores de la salud para presentar un proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional Único de Salud en el Congreso de la Nación. Cuyos artículos principales y atinentes a la situación actual reflejamos a continuación:

Art. 1. Creación del Sistema Nacional Único de Salud.

Art.3. Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población.

Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establecerá la gratuidad absoluta de todas las prestaciones quedando abolidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de “recupero” y copago. Se instaurará el boleto sanitario gratuito para ir y volver del establecimiento. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.

Art. 7. Medicamentos gratuitos para toda la población.

La provisión de medicamentos será de carácter gratuito y universal y quedará a cargo del Estado nacional. A tal efecto se implementará la producción estatal de medicamentos a partir de instalaciones ya existentes en el ámbito público. Toda industria farmacéutica que cese en su producción será estatizada e inmediatamente integrada al sistema de producción pública de medicamentos.

Art. 7. De la política de contratación de los trabajadores de la salud.

[…] Quedan abolidas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional.

Art.13. Ley Nacional de Salud

A partir de la sanción de la presente Ley, en un plazo de 180 días se realizará un Congreso Nacional de Salud integrado por trabajadores de salud y la comunidad que elaborará un proyecto de Ley Nacional de Salud que prevea la incorporación del sector privado (sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento y la industria farmacéutica) y las Obras Sociales sindicales y el PAMI al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos. 

Versión completa en www.izquierdasocialista.org.ar

Escribe Diego Martínez

En la Argentina viven, según datos de diciembre de 2019, 16 millones de personas en situación de pobreza y 3,6 millones de personas en situación de indigencia, es decir que no llegan a garantizar la comida y los elementos mínimos de subsistencia (datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA).  

Esta situación se agravó desde la aparición del coronavirus. A la ya tumultuosa cifra de ocho millones de argentinos que se alimentaban diariamente en comedores barriales, se sumaron tres millones más que requieren de atención alimentaria. Se trata de cuentapropistas y trabajadores en negro que no cuentan con ningún ingreso, y al ver paralizadas sus actividades necesitan ser asistidos.

La comida no alcanza

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo en relación con la crisis de la comida que “la Argentina tiene una gran red social que está conteniendo la situación” (radio AM 750, 28/3). Los hechos demuestran lo contrario. 

En los barrios del Gran Buenos Aires los vecinos hacen colas de hasta seis horas para recibir los bolsones de alimentos que se distribuyen a través de los municipios después de haber tramitado turnos por whatsapp o por teléfono que los habilitan para recibir la mercadería. Pero, una vez que se inicia la distribución, la cantidad de comida de la que se dispone es insuficiente. Muchos vuelven a sus casas con las manos vacías. En los últimos días las líneas telefónicas de atención al vecino estaban colapsadas y los mensajes ya no eran respondidos. Como si esto fuera poco, en las redes se viralizaron videos en los que se observa cómo, mientras los vecinos hacen larguísimas colas para recibir bolsones que sirven para alimentarse apenas un par de días, los punteros del PJ se llevan grandes cantidades de comida para repartir por su cuenta de forma clientelar, e incluso para su consumo personal. 

El alimento que se reparte en establecimientos escolares tampoco alcanza. En muchos casos la cantidad de bolsas es inferior a la matrícula. Debido a la desorganización, las escuelas se encuentran totalmente colapsadas en los días de entrega de mercadería y se generan grandes concentraciones de personas que ponen en riesgo la salud de todos. 

Las raciones que reparte el ejército son absolutamente insuficientes. Hasta el momento solo lo hacen en Quilmes y La Matanza, donde entregan comida a 24.000 personas en un distrito donde residen un millón de pobres. El drama de la falta de alimento se repite a lo largo y a lo ancho del país.

¡Comida para todos y todas! ¡Que el gobierno se haga cargo!

En un país que produce alimentos para 400 millones de personas es vergonzoso que estemos viviendo esta situación. Si algo desnudó la crisis del coronavirus son las consecuencias sociales del modelo de entrega, saqueo y beneficio de las grandes patronales que impusieron todos los gobiernos (peronistas, radicales o de PRO) a costa del hambre del pueblo trabajador argentino. 

El ministro Arroyo dijo estar confiado en que la Argentina tiene una “gran red social de iglesias y organizaciones barriales que van a contener la situación social” (Télam, 28/3). Pero es el gobierno de Alberto Fernández el que tiene que hacerse cargo de garantizar la comida de los once millones de argentinos que la necesitan. Para ello se impone adoptar de forma inmediata medidas como la triplicación del ingreso familiar de emergencia, el aumento de los subsidios sociales y la creación de un fondo de emergencia basado en fuertes impuestos a los bancos, multinacionales y grandes empresarios, y en la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno había “calculado” que serían 3,6 millones los que se inscribirían para recibir el monto de emergencia de 10.000 pesos para aquellos que no tienen ingreso alguno o revisten en las categorías más bajas del monotributo. La realidad le explotó en la cara, más de once millones de personas se apresuraron, casi desesperadamente, haciendo colapsar varias veces la página de internet para recibir ese monto que, como cualquiera puede darse cuenta, es absolutamente insuficiente. Y se supone que es “uno por núcleo familiar”. Esto ya obligó al propio gobierno a reconocer hasta el momento a 6 millones de personas como las habilitadas a cobrar los 10.000 pesos.

Nadie debería sorprenderse. Casi en el mismo momento se conoció la última medición de pobreza del Indec. Ahí se verificó que, a fines de 2019, se registraba un 35,5% de pobreza, lo que numéricamente significaba 16,4 millones de pobres. De ellos, 8% son directamente indigentes (3,7 millones). El más doloroso es el caso de los niños y niñas de hasta 14 años, donde el índice de pobreza llegó a 52,3%, ¡más de la mitad de nuestros chicos son pobres! 

Todos estos números sin duda están empeorando en medio de la pandemia. Por eso no resulta sorprendente que se anoten millones para tratar de conseguir un peso más ante la imposibilidad de acceder a comprar los alimentos y medicamentos más básicos.  

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad reclamamos, ante este drama, un ingreso de 30.000 pesos para todos los que lo necesitan. El dinero para financiarlo existe, debe salir de un fondo de emergencia compuesto por un impuesto a las grandes empresas y riquezas y por lo que se ahorre con el cese inmediato del pago de la deuda externa.