Escribe Pili Barbás

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña se dedica a estigmatizar a los jóvenes de los barrios populares para esconder su responsabilidad en la gigantesca deserción escolar durante la pandemia, producto de las nefastas políticas educativas en CABA y de la falta de recursos.

La semana pasada fueron noticia los nefastos dichos de la Ministra de Educación porteña Soledad Acuña, que en conferencia de prensa afirmó: “Hoy, 2022, después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos, esos chicos ya están perdidos, seguramente, en el pasillo de una villa, ya cayeron en actividades de narcotráfico”.

Lo que no dice la ministra en sus declaraciones es que fue ella quién no destinó presupuesto para que les pibis tuvieran en CABA conectividad para acceder a la educación en la pandemia, con la complicidad de Larreta. Les mismes que impulsaron, el año pasado, el regreso a la presencialidad en las escuelas, sin destinar ni un peso para que estén en condiciones sanitarias para cursar, ni para garantizar los derechos laborales de les docentes.Tanto el gobierno nacional de Alberto Fernandez como Larreta en la Ciudad son responsables directos del abandono en el que cayó la educación pública en estos dos años de pandemia, y de los seis millones de jóvenes que tuvieron que abandonar su cursada. Porque el gobierno priorizó juntar dólares para pagar la deuda externa, antes que garantizar los recursos para educación.

Los dichos de la ministra buscan desligarse de cualquier responsabilidad de garantizar algún tipo de vinculación con les estudiantes que no pudieron acceder a la educación en la pandemia. Y están enmarcados en un plan sistemático de ataque a la educación pública impulsado por Juntos por el Cambio. Esto se ve reflejado en varios proyectos, como la Secundaria del Futuro, que busca que les pibis en su último año trabajen de forma gratuita para empresas. O en el avance de la Unicaba en la ciudad.

Pero los dichos de Acuña no solo dejan en claro su poco interés por la educación de les pibis, sino también su estigmatización de la juventud de los barrios populares. Muy en sintonía con las declaraciones de Vidal en campaña electoral del 2021, que había dicho que el problema no es quien fuma un porro en Palermo, si no quien consume en las villas.

En el discurso que pregonan desde el macrismo de Juntos se desentienden de la responsabilidad, de que gobiernan esta ciudad hace quince años y son parte del entramado político que mantiene a las redes de narcotráfico en los barrios populares, con la complicidad de la policía. Y también son quienes, con el gobierno nacional en el congreso, no aprueban la legalización de la marihuana, con lo que siguen manteniendo los negociados del narcotráfico y criminalizando sobre todo a la juventud de los barrios populares.
Son elles mismes quienes no destinan ni un peso para garantizar soluciones de fondo para la juventud.

Les pibis no están perdides, necesitan que se deje de destinar millones de dólares al pago de la deuda, y que esa plata vaya para educación, vivienda, salud y trabajo digno para todes nosotres. Desde la Juventud de Izquierda Socialista seguiremos luchando y organizándonos para que exista futuro para la juventud.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández ha anunciado la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para el mes de febrero. Recordemos que en dichas sesiones sólo se pueden tratar los temas propuestos por el propio Poder Ejecutivo. De ahí que repasar su listado resulte ilustrativo de las prioridades políticas del gobierno del Frente de Todos.

La gran mayoría de ellas tienen un objetivo claro: promover las ganancias de las grandes multinacionales, ofreciéndoles todo tipo de privilegios, exenciones impositivas y permisos para saquear nuestros recursos naturales. Así, tenemos la creación del régimen de fomento al desarrollo agroindustrial (a medida de los monopolios del agronegocio), de hidrocarburos (al servicio de las multinacionales del gas y petróleo), el proyecto de inversiones para la industria automotriz y electro-movilidad (para las multinacionales del automóvil) y Compre Nacional (donde tercian las grandes firmas proveedoras del estado).

También debemos mencionar lo que “no está” en esta convocatoria a extraordinarias. Lo principal y que entonces significa su pérdida de estado parlamentario es la ley de humedales. Recordemos que el propio Frente de Todos la utilizó en la reciente campaña legislativa. Sin embargo, como ya veníamos denunciando desde Ambiente en Lucha y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, prevaleció el lobby de los grandes intereses del agro-negocio.

El gobierno de Alberto Fernández, con todas estas leyes, busca aumentar los negocios de las multinacionales y en particular las exportaciones, para así obtener algunos dólares de más para poder pagar los vencimientos de deuda externa. De esto se trata la repetida frase de “necesitamos crecer para poder pagar (la deuda)”. “Crecer”, como vemos, es ofrecer nuestros recursos para que se los lleven, saqueando y contaminando, superexplotando a los trabajadores, como ya sucede en Vaca Muerta o en los proyectos megamineros en curso. Y todo al servicio de, al final, poder cumplir con los vencimientos de deuda externa.         

Escribe Claudio Funes

Barrios enteros de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense vivieron el drama de los cortes de energía eléctrica en los peores días de calor. Miles pasaron sus fiestas de fin de año sin electricidad y se dieron casos con vecinos a los que no se les devolvió el suministro eléctrico durante más de cinco días. Un escándalo más, repetido todos los años, de la desidia y el saqueo de Edenor y Edesur.


Llegó el verano y con él la falta de luz. Desde el 29 de diciembre y hasta el 4 de enero más de 190 mil usuarios fueron afectados por cortes de energía en el AMBA. Pero las cosas siempre pueden empeorar, más si hablamos de Edenor y Edesur: el 11 de enero un corte masivo dejó sin servicio eléctrico a más de 700 mil usuarios. Los vecinos, furiosos, recuerdan que es algo repetido cada verano.

Recordemos que el gobierno de Macri aplicó aumentos de 3.500 a 5.500% “dolarizando las tarifas”, mientras aseguraba que ese dinero iría a inversiones para acabar con los cortes de luz. Algo que, por supuesto, nunca sucedió.

El gobierno del Frente de Todos no solo no retrotrajo esos escandalosos tarifazos sino que en los dos últimos años los subsidios energéticos llegaron a los 11.000 millones de dólares. O sea, que Alberto Fernández los duplicó.

Ahora, mientras negocia con el FMI, otorgará a las privatizadas un aumento de tarifas de hasta el 20%, pero seguirá sin solucionar los problemas de fondo. Este nuevo golpe al bolsillo popular es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, por eso decimos: “No al Fondo” y “No al pago de la deuda externa”, como lo reclamamos en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo el 11 de diciembre.

Desde las privatizaciones con el peronismo menemista, todos los gobiernos han mantenido ese saqueo. Entre 2002 y 2020 los subsidios a la energía sumaron 143.000 millones de dólares. (Infobae, 10/10/2021). Una suma que supera en más de tres veces la deuda que el gobierno está negociando con el FMI.

Con temperaturas notablemente más bajas, el pasado jueves 20 de enero más de 104 mil usuarios todavía permanecían sin energía eléctrica. En CABA, los barrios más afectados fueron Caballito, Parque Chacabuco, Villa Devoto y Almagro. En tanto, en el Conurbano Bonaerense entre los municipios castigados estaban Almirante Browm, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Vicente y Quilmes. (Página 12, 21/01/2022).

¿Por qué sucede esto?

El objetivo de estas empresas es maximizar sus ganancias sin importarles cumplir con el rol social de servicio público, ser eficientes para el pueblo trabajador y sectores populares. Así, perpetúan el pésimo mantenimiento y las casi nulas nuevas inversiones, de esta manera lo único que garantizan son los cortes. Por otro lado, reclaman permanentemente aumentos de tarifas o subsidios, con el amparo de todos los partidos patronales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad reclamamos soluciones inmediatas para que vuelva la luz a los barrios. Se deben aplicar todas las soluciones técnicas necesarias, como generadores y reparaciones inmediatas junto con las indemnizaciones correspondientes a los damnificados por la pérdida de alimentos y electrodomésticos.

A la par de estas exigencias, para evitar los próximos apagones decimos que hay que terminar con el negociado de los servicios privatizados. Las multas a estas empresas, que nunca se pagan, son solamente una distracción. Hay que terminar con esta estafa y re estatizarlas, conformando una única empresa estatal eléctrica bajo gestión de sus trabajadores y las organizaciones de usuarios. Así se pondrá como prioridad el objetivo de satisfacer las urgentes necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Para que las tarifas sean accesibles y se realicen las obras necesarias en todo el sistema eléctrico y, en particular, en la distribución.
 

Escribe Claudio Funes

Ante los primeros días de la ola de calor, a Edenor y a Edesur les saltó la térmica. ¿Quiénes son los dueños de estas  empresas que brindan un pésimo servicio en el AMBA?

Uno de los dueños de la distribuidora Edenor es el ex diputado menemista José Luis Manzano, que vive en Suiza con su familia desde hace un tiempo y no tiene problemas cuando se corta la luz en el AMBA. Es el mismo que en los ´90 declaró: “yo robo para la corona”.
Otro es Mauricio Filiberti, apodado “el rey del cloro”, propietario de uno de los yates más impresionantes del mundo, Attila, de 64 metros de eslora y un valor cercano a los 3 millones de dólares, que el dueño de Transclor S.A. tiene anclado en el Mediterráneo. Es socio de Nicolás Caputo, amigo de Macri, y de Alejandro Mac Farlane, de Gas Camuzzi, con quienes tiene tres aviones de la empresa Patagonia Jet.

El tercero es Daniel Vila, el empresario dueño del grupo de medios América, quien el año pasado ya adelantaba a La Nación que el acuerdo con el FMI traería aumentos de tarifas (“Daniel Vila dijo que ‘seguramente’ subirán las tarifas de energía eléctrica” 27 de junio de 2021).
Entre los tres manejan el 51% del paquete accionario de Edenor que le compraron a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, en diciembre de 2020. Las sociedades compradoras son Energía del Cono Sur e Integra Capital, todas controladas por los Manzano, Filiberti y Vila.
La otra distribuidora, Edesur, es propiedad de ENEL (Ente nazionale per l´energía elettrica) una compañía multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables. Sus propietarios son, entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. ENEL está presente en treinta países y distribuye electricidad a través de una red global de más de 2,2 millones de kilómetros. Lleva energía a más de 70 millones de usuarios, con ganancias anuales por más de 2.600 millones de Euros.

ENEL se mantiene a la cabeza de Edesur desde que licitaron la red en los ´90, y también tiene activos en generación termoeléctrica con las centrales Costanera y Dock Sud; generación hidroeléctrica con El Chocón y transporte con Yacylec.  Por más que lloren, ningún capitalista trabaja a pérdida.

Un servicio público indispensable como es la provisión de energía eléctrica hoy es un negocio en manos de capitalistas insaciables. Ellos son los dueños de la luz.                                                                                  

Sigue la tercera ola del Covid-19 en el país con récord de contagios diarios que superaron los 100.000 casos, en pleno verano y con temperaturas extremas. Ante esta situación el gobierno del Frente de Todos se reunió con multinacionales y grandes patronales, tales como la agro tóxica Syngenta, Toyota y Unilever, para llevarles tranquilidad y dar señales al FMI en la aplicación del ajuste.

Frente a la preocupación de los empresarios por el nivel de ausentismo, que en algunas industrias alcanza el 20%, producto del tsunami de contagios de las últimas semanas, la ministra de Salud Vizzotti aseguró que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y acordaron una “mesa de trabajo con la CGT”. Es decir, ignorar las medidas de seguridad contra la pandemia.

Hicieron su parte los burócratas sindicales Daer, Caló y Andrés Rodríguez, quienes participaron también en la reunión, para mostrar unidad en “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. O sea, desarmar los protocolos laborales que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las ganancias patronales.

De encuentros como este surgieron los distintos anuncios del gobierno sobre los cambios en los protocolos nacionales y los que intentan imponer en cada lugar de trabajo las patronales, en detrimento de la salud. Entre otras cosas: no permiten faltar por contacto estrecho ni para testearse por tener síntomas; si se falta, se descuenta el día y el presentismo.

Enfrentando esta situación, los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que tomar medidas para defender los protocolos de los guardas que la gerencia peronista de la estatal Trenes Argentinos quería ignorar.

A todo esto hay que recordar que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales peronistas, radicales, y de Cambiemos, incluída CABA, vienen de recortar el presupuesto en salud. Aducen, de hecho, “el fin de la pandemia”, como lo indicaba el proyecto del presupuesto bonaerense enviado por el gobernador Kicillof.

En los últimos meses de 2021 despidieron al personal de salud que habían contratado para atender la emergencia de la pandemia. Ahora, no alcanzan los recursos humanos ni los insumos para testear a los cientos de miles que lo necesitan diariamente, ni para vacunar masivamente. Así se saturó el sistema sanitario.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad sostenemos que para combatir la pandemia, hacen falta medidas de fondo: completar la vacunación, producir tests y testear masiva y gratuitamente; garantizar el aislamiento preventivo; no modificar los protocolos; restituir y agregar de manera urgente a miles de trabajadores de salud con sueldos dignos y centralizar en un único sistema de salud estatal. Para mayor detalle ver la nota de nuestro compañero Reynaldo Saccone, “El gobierno defiende las ganancias de los empresarios a costa de la salud”

Fernández y el gastado doble discurso peronista contra el FMI

Sigue la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, los cortes de luz y aumenta la pobreza, mientras el gobierno prioriza el acuerdo con el FMI. En diciembre Fernández pagó al Fondo Monetario ¡1.900 millones de dólares! y en enero a los bonistas ¡700 millones de dólares! y nos dice que no habrá “ajuste” y que “lo que intenta hacer el Fondo Monetario, una vez más, es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo”.

Pero más allá de las declaraciones grandilocuentes el objetivo del gobierno es hacer “buena letra” para llegar a un acuerdo con el FMI y garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Por eso hace meses que negocia con el Fondo la profundización del ajuste y el saqueo.

Ahora hablan de una inflación del 33% para el 2022, que ni ellos se creen. Mientras todos los analistas la prevén cercana o superior al 50% como ya tuvimos en 2021. Encima se vienen tarifazos de servicios públicos, como el 20% de aumento en electricidad y nuevos aumentos de combustibles que seguirán golpeando los bolsillos populares.

También utilizan el doble discurso con el ambiente, mientras impulsan el saqueo de nuestros recursos naturales como la extracción de petróleo “off shore” con la multinacional noruega Equinor y Shell. Una medida que fue repudiada por movilizaciones multitudinarias en la zona costera. El ejemplo es Chubut, donde la rebelión popular frenó una vez más el plan de megaminería. Entre tanto, en once provincias existen incendios masivos de bosques y el gobierno no garantiza la mínima inversión para ayudar a frenarlos. Ver la nota "Del 'Chubutazo' al 'Atlanticazo', contra la destrucción ambiental y el saqueo".

Los macristas de Juntos, por su parte, inmersos en una crisis por quien encabezará en 2023, posan diferenciándose del oficialismo. Pero ya gobernaron y lo hicieron al servicio de las multinacionales, con tarifazos del 3.400%, miles de despidos, inflación y recortes. Van apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario y su proyecto es claramente anti popular.

Hay que enfrentar el plan de ajuste que exige el FMI

El gobierno peronista se reúne con los grandes empresarios, banqueros, con dirigentes del Frente de Todos, burócratas sindicales, con la oposición patronal de Juntos por el Cambio (radicales, Larreta) para mostrarle al Fondo que, más allá de las disputas entre y dentro de cada coalición patronal, hay unidad para aplicar el plan de ajuste y atacar los salarios.

Los trabajadores y sectores populares tenemos que denunciar y enfrentar estas políticas. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad levantamos un programa alternativo, al servicio de los trabajadores y sectores populares. Con medidas como la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa por ilegítima y fraudulenta. Para que ese dinero vaya a salud, educación, vivienda y un aumento inmediato de salarios y jubilaciones, indexado de acuerdo a la inflación. Y para implementar un plan de obras públicas que garantice millones de puestos de trabajo.

En ese sentido creemos que el camino para enfrentar los planes de ajuste y saqueo es el que marcó la rebelión popular en Chubut. Impulsamos desde cada sector de trabajo, asambleas, reuniones de activistas y todo tipo de organización para pelear por protocolos de bioseguridad al servicio de la salud, contra la flexibilidad laboral y por la defensa del salario de las y los trabajadores. Así como participamos e impulsamos todas las luchas contra el saqueo y en defensa del ambiente.

Al mismo tiempo seguiremos desarrollando una gran campaña contra el acuerdo con el FMI dando continuidad a la multitudinaria movilización del pasado 11 de diciembre, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad junto a más de cien organizaciones políticas, sociales, juveniles, ambientalistas, de derechos humanos, de jubilados y del sindicalismo combativo.