Escriben Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

La semana pasada hubo una seguidilla de contagios de Covid 19 en instituciones en las que trabajadores de la salud fueron involuntarios vectores. Estas situaciones trajeron a la luz la práctica habitual del pluriempleo debido a los bajos salarios en el sector salud. Un médico cordobés, que atendía afiliados de Pami en su consultorio privado, era médico del geriátrico de la localidad y atendía también en un dispensario de la zona, era portador asintomático y, sin saberlo, al parecer contagió a sus pacientes. Según el intendente de la localidad hay 31 casos positivos de coronavirus, cifra cuestionada, por otra parte.

El profesional describe las condiciones en que funcionaba el geriátrico, que son generales en los establecimientos para personas mayores. "En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y el personal se secaba las manos en los ambos o en una toalla comunitaria porque sólo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos". Culmina su relato refiriendo que, en el hospital de Unquillo, al que concurrió cuando se sintió mal, tuvo que insistirle mucho al colega que lo atendió para lograr que le hiciera un hisopado de fauces.

Equipamiento de protección incompleto y salarios irrisorios

Esta situación de incumplimientos de elementales normas de bioseguridad, que pone en peligro la salud de los trabajadores del sector y los usuarios del sistema, no es privativa de los geriátricos, sino que se extiende en distintos grados a todo el sistema de salud, público y privado. Los centros de salud en Capital y provincia de Buenos Aires, los sanatorios privados y los hospitales públicos no ponen a disposición de sus trabajadores de salud de la totalidad del equipamiento de protección personal. El sistema de salud ya estaba sumido en una crisis estructural muchos años antes que se desatara la pandemia: faltaban insumos de todo tipo como así también se iba reponiendo con cuentagotas el personal faltante.

El otro gran problema del sistema de salud es el recurso humano. Los salarios han sido prácticamente congelados, con aumentos irrisorios en las recientes paritarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se queja porque no consigue llenar los escasos puestos que se ofrecen de médicos de terapia intensiva, y así en otras profesiones y especialidades. Es que gran parte de las nuevas vacantes ofrecidas son contratos temporarios sin perspectiva cierta de titularidad y con sueldos ínfimos, algo que no resulta atractivo para nadie.

Instituto Malbrán: ¿joya de la corona u orejón del tarro?

El admirable y abnegado trabajo que desempeña el equipo de virología del Instituto Malbrán habla muy bien de los trabajadores que lo integran, pero muy mal de las autoridades. De los once virólogos y virólogas -la mayoría son mujeres-, ocho tienen designaciones precarias, no son de la planta permanente. Los salarios de todos los trabajadores del Instituto han perdido en los últimos cuatro años el 65% de su poder adquisitivo. Cien puestos permanecen vacantes y los insumos y reactivos escasean o han dejado de comprarse directamente. “Estamos tan mal como un hospital donde uno ve al personal y se pregunta ¿Cómo hace para trabajar así?” sintetiza un trabajador.

La descentralización del testeo viral marcha a paso muy lento. Por ejemplo, el Hospital Paroissien de La Matanza designado como referente en ese municipio de dos millones de habitantes hace casi un mes, tiene ya su personal instruido, pero no aparece la tecnología necesaria para empezar a trabajar.

Se necesitan salarios dignos y medidas enérgicas para proteger al personal de salud y la población

En primer lugar, se debe pagar un salario digno a los trabajadores de salud que no puede ser menor para la categoría más baja que el valor de la canasta familiar del Indec. Se debe titularizar a todos los precarios y mediante un decreto presidencial inscribir la infección por Covid 19 como enfermedad profesional. En segundo lugar, se debe licenciar a los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y portadores de patologías de riesgo para que no concurran a los establecimientos.  En todos los centros se deben constituir comités de crisis con intervención de los trabajadores para manejar la situación.

El personal de salud no solo está en una situación vulnerable, sino que puede ser vector de contagio, por eso debe ser especialmente protegido. Los empleadores deben cumplir escrupulosamente todas las normas de bioseguridad. El personal debe tener las batas, delantales hemo repelentes, protectores faciales, barbijos, antiparras y guantes en calidad y, además, en cantidad suficiente para poder cambiarse como manda el protocolo. El presupuesto para hacer frente a estas necesidades debe provenir de un fondo especial como se indica en otras partes de este ejemplar.

Todos los trabajadores expuestos a la circulación de personas deben se testeados. No solo los de salud, sino también trabajadores del transporte, delivery, cajeros y otros.

Si hay escasez de elementos para dar cumplimiento a estas normas de seguridad, el Estado debe nacionalizar bajo control de sus trabajadores y reconvertir, los sectores industriales que permitan garantizarlo. Sólo tomando estas medidas se podrá terminar rápidamente con la pandemia y así ahorrar más sufrimientos y muertes al pueblo

Escribe Cristian Ariel Luna, secretario general SITE (sindicato tucumano de enfermeros)

El escándalo de los elementos de protección personal donados por cuarentena solidaria a un sanatorio para protección del personal de salud tuvo una amplia difusión en la prensa local y nacional. Inclusive Alejandro Fantino lo comentó, indignado, en su programa televisivo. Las disculpas del vicegobernador dan más vergüenza aún, al igual que la actitud de Sebastián Eduardo Duhalde, director del sanatorio que recibió la donación y que, graciosamente, los “prestó” a los legisladores tucumanos. Uno de ellos, el doctor Deiana, es su patrón en el centro de salud de la mutualidad provincial, ¿coincidencia? .

Este hecho muestra al desnudo la inmoralidad de políticos patronales que se apropian de los bienes comunes. Tienen tan naturalizado este principio que ni cuestionaron que les dieran esas mascarillas hospitalarias que, todos sabemos, son para el personal de salud que pone en riesgo la vida propia para salvar la de otros.  

Los trabajadores de los hospitales están reclamando esos mismos insumos, que el gobierno provincial no provee en la cantidad y calidad necesaria ¡y que son donaciones! Estos legisladores ¡son una vergüenza! y el gobierno tiene comprar los elementos de seguridad necesarios para todos los médicos, enfermeros y el resto de los trabajadores que los necesitan y no los tienen. 

Escribe Fito Columbich

En estos días los discursos de funcionarios de Desarrollo Social de la Nación, las provincias y los municipios se refieren a grandes partidas de alimentos que refuerzan las viandas que habitualmente se entregan. En la mayoría de los casos son insuficientes, y en otros son mentiras. Una verdadera vergüenza. 

Con nuestro trabajo barrial, que ya lleva veinte años entregando mercadería a 220 familias, estamos viendo casos de extrema urgencia. No recibimos ningún refuerzo, vemos familias enteras desesperadas. Estamos muy preocupados por nuestra alimentación, cada día de peor calidad nutricional, en los bolsones no hay verduras, carnes ni frutas. 

Los ingresos de compañeros y compañeras, que ya eran totalmente insuficientes, se esfumaron. Se terminaron las changas, las obras o las ferias del trueque. Ya no hay cómo “ganarse el mango”. Las compañeras que hacen limpieza de casas perdieron su trabajo y muchas incluso las esperanzas de recuperarlo. Así de dramática es la situación que estamos viviendo. 

Por supuesto, se superponen las preocupaciones: todos y todas nos cuidamos como podemos del virus. La mayoría tenemos una familia numerosa en espacios reducidos con fallas sanitarias estructurales y recibimos las acusaciones injustas y estigmatizantes de “romper la cuarentena” por salir a garantizar los mínimos derechos. 

Como si no sobraran preocupaciones, las fuerzas de seguridad están persiguiendo a compañeros y compañeras. El comentario que se repite es que “los hombres no salen, si no los levantan”. Tenemos conocidos presos por ir a trabajar. 

¿Con qué derecho sumar el terror a circular para sobrevivir? El gobernador Perotti anunció estar orgulloso por la cantidad de detenciones que hay en la provincia por violar la cuarentena: 13.000, un promedio de 550 por día. Si sos pobre vas a la cárcel. Una vez más vemos al Estado al servicio de los empresarios persiguiendo al pueblo pobre. Mientras tanto, los narcos y sus búnkeres siguen abiertos con total aval de las fuerzas represivas. 

El presidente nos pide quedarnos en casa otros quince días, y sabemos que serán aún más, ya que el pico se espera para mayo. Dejamos bien en claro que los 10.000 pesos para trabajadores informales, luego de un mes de dejar de trabajar para una familia, son totalmente insuficientes y nos condenan a la miseria. Además, ya quedó en evidencia que serán millones los que esperaban tapar agujeros o pagar deudas y no cobrarán el IFE porque el sistema nunca actualizó cambios de domicilio, divorcios y otros problemas que traban los trámites. 

¿Cuánto más pretenden de los más vulnerables? Mientras estamos en una provincia que tiene a los puertos trabajando normalmente, con miles de trabajadores expuestos al virus por tareas no esenciales, millones de dólares se facturan en la exportación. Las dieciocho empresas más importantes facturan en Santa Fe 700.000 millones de pesos, tres veces más que el presupuesto provincial. Como la mayoría son exportadoras no pagan ingresos brutos. Así se gestan las tremendas desigualdades en nuestra provincia. 

No somos números, y el gobierno solo quiere vernos “en casa” pero no garantiza nuestros derechos. Tenemos derecho a un ingreso digno, a poder alimentar a nuestros hijos e hijas con orgullo sin tener que mendigar un plato de comida. Por eso reclamamos 40.000 pesos para trabajadores informales o desocupados. 

Para esto es necesario suspender los pagos de la deuda externa y aplicar fuertes impuestos a los grandes exportadores que siguen facturando por una actividad que no es esencial. 

Escribe Francisco Moreira

La cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus cambió la vida de toda la población. Sin embargo, existen enormes diferencias en cómo la viven los sectores populares y los empresarios. La falta de respuestas del gobierno y su complicidad con las patronales profundizan las críticas condiciones de vida de los trabajadores y los obliga a exponerse al contagio.

La pandemia irrumpió en medio de la crisis de los sectores populares. Para muchas familias el “quedate en casa” es imposible de cumplir en estas condiciones y son obligadas a romper la cuarentena. El año 2019 terminó con 16 millones pobres. Por eso en los barrios las colas a la intemperie para acceder a un bolsón de comida son de varias horas. En las villas viven cuatro millones de personas en condiciones de “hacinamiento crítico”, donde el 93,5% no tiene acceso a la red de agua corriente. Los trabajadores y sus familias son golpeados por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Miles son empujados a seguir haciendo changas para sobrevivir o, quienes tienen empleos en negro, siguen siendo obligados a ir a trabajar, aun en actividades no esenciales. Son ellos quienes sufren los abusos policiales.

El contraste con la vida que llevan los empresarios durante la cuarentena es brutal e indignante. La cómoda vida en barrios privados no les ha impedido romper la cuarentena a gusto. Por ejemplo, Gustavo Nardelli, dueño de la agroexportadora Vicentín, fue encontrado junto a su esposa paseando en su yate de lujo por el río Paraná. Vicentín, en quiebra, adeuda, entre otros, al Banco Nación 300 millones de dólares. Otro caso es el del empresario de medios Marcelo Tinelli, quien no se privó de viajar a Esquel con su familia y utilizar un avión sanitario para abastecerse. El caso del empresario gastronómico rosarino Daniel Dutra es grotesco, violó la cuarentena quince veces y sigue en libertad.      

El gobierno, con su doble discurso, viene avalando despidos, suspensiones y rebajas salariales, profundizando la crisis de las familias trabajadoras, presionadas para romper la cuarentena. El “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos no alcanza. Tampoco los bolsones de comida y todas las medidas necesarias para resolver todas las necesidades del pueblo trabajador. Por eso desde Izquierda Socialista exigimos una cuarentena sin despidos, suspensiones ni rebaja salarial. Reclamamos la triplicación del ingreso familiar de emergencia y un urgente plan de obras públicas. Para ello hay que crear un fondo de emergencia sobre la base de dejar de pagar la deuda externa y cobrar un impuesto de 10% a las grandes fortunas y a la facturación de las grandes empresas.

Escribe Fernanda Giriborne Stanley

Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con mayores dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. La situación económica se ha ido agravando y en los barrios crece la incertidumbre, el hambre se hace sentir. A la situación general se suman los efectos de las inundaciones, que ha dejado a miles de evacuados y autoevacuados la semana pasada, y a la epidemia de dengue, que tiene cerca de 900 casos.

En el plano sanitario, el estructural desfinanciamiento de la salud es brutal. Desde mucho antes de la pandemia, los trabajadores del sector denunciaban el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de salud pública, la falta de recursos humanos, sobre todo en las especialidades, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral. Sin embargo ,el gobernador radical Gerardo Morales, ha decidido suplir la imposibilidad de dar una respuesta sanitaria con encierro y represión.

Ha sido el primer gobernador en declarar la suspensión de las clases, y el aislamiento, incluso antes que el gobierno nacional. Pero junto con esto, el gobierno provincial ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar. La provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en las plazas para aquellos que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de un sistema de vallado desmontable para detener personas y dejarlas en un espacio público a la vista de todos, en una superficie donde no es posible mantener el distanciamiento social, ni lavarse las manos, sin agua potable o baño. Gerardo Morales también es conocido por su fuerte operativo fiscal de cobro de multas, sobre todo la que pena las salidas sin autorización o la falta de barbijo que se ha vuelto obligatoria. También como forma de “ahorro” ha rebajado el sueldo de los docentes, a quienes no se abonará el ítem “frente a alumnos” y se les reconocerá solo el 10% del presentismo.

Con el discurso de cuidar a los jujeños no ha evitado tampoco razzias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y la expulsión de personas de la provincia. La deportación de 80 extranjeros que se encontraban ya con la cuarentena cumplida le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo, cuando trabajadores y estudiantes quieren regresar, se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar el traslado, hotel (para la cuarentena), comida en los hoteles e incluso ahora se solicita que paguen su propio test. La realidad de los trabajadores “golondrina” jujeños se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa que han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría, con todo incluido. En las últimas apariciones, el gobernador ha propuesto que quienes den positivo al test se mantendrán en sus casas que serán fajadas para que todos los vecinos conozcan la situación y funcionen como control social.

En nuestra provincia la pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales en la que vivimos los jujeños. En este sentido es urgente que en nuestra provincia cesen las medidas represivas y estigmatizantes, para que a los problemas sanitarios se presenten respuestas en el plano de la salud, comenzando por el aumento del presupuesto.