Escribe Guido Poletti
Ya es un secreto a voces. El gobierno de Alberto Fernández está reduciendo en términos reales el gasto público por debajo, no solo de 2020, sino incluso de 2019, cuando aún gobernaba el macrismo. Esta es una de las exigencias básicas del FMI para firmar el acuerdo que busca el Frente de Todos. De hecho, esa reducción del gasto, y del déficit fiscal, es mostrada orgullosamente en cuanta reunión se hace con funcionarios del organismo.
Esta es la forma concreta con que el gobierno está cumpliendo el reclamo principal del FMI apenas se iniciaron las negociaciones en septiembre del año pasado, reducir el déficit fiscal desde 8% a 4,5% tal como se votó en el presupuesto 2020.
De hecho, en los primeros cuatro meses de 2021 el gasto solo subió 14% con respecto a igual período del año pasado. Solo para compensar la inflación tenía que haberse incrementado 42 por ciento. Con respecto al gasto social, los números apenas reflejan una parte del ajuste, ya que el gasto en subsidios a empresas privatizadas siguió creciendo, lo mismo que el pago de intereses de deuda. Por lo tanto, todo el peso de la reducción real del gasto se debe al ajuste que se ha realizado sobre las jubilaciones, con incrementos bien por debajo de la inflación, y con la directa desaparición de programas para atender las consecuencias sociales de la pandemia, como el IFE y el ATP.
Esta tendencia no se modifica con los nuevos anuncios del gobierno, que contemplan la suba de los montos de la tarjeta Alimentar, en las asignaciones universales por hijo (AUH) y en los montos de los Repro, que en realidad es un subsidio a empresas, ya que abonan una parte del salario de los trabajadores de las empresas involucradas. El gobierno miente cuando dice que con todo esto se aumentará el gasto en ayuda social al Covid en 480.000, 1,3% del PBI. Incluye en ese monto partidas anteriores, e incluso los costos de compra de vacunas.
La realidad del ajuste es visible. En lo que va de 2021, los alimentos básicos subieron 20% más que los salarios del sector público y las jubilaciones, que ya venían perdiendo desaforadamente contra la inflación en períodos previos. El gobierno incluso demoró todo lo que pudo la reglamentación de la ya votada ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos (y así hacer que menos trabajadores lo paguen). Y cuando lo hizo, informó que la devolución de lo ya retenido este año será devuelto en cinco cuotas mensuales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. ¡Así el ministro Guzmán logra sumar números del ajuste a su favor y hacer méritos ante el FMI!
Hoy, en medio de la segunda ola de la pandemia, es urgente terminar con este ajuste y revertirlo. Hay que poner todos los recursos necesarios para atender la pandemia sanitaria y también la social. Hay que otorgar un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, otorgar un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite y ayuda para los pequeños comerciantes. ¡Plata para atender la pandemia, no para el FMI!
