Escribe Adolfo Santos

El transporte público de pasajeros es uno de los sectores sociales más expuestos al contagio del coronavirus, tanto para los usuarios como para sus trabajadores. Sin embargo, las autoridades del gobierno y las patronales, junto a la burocracia sindical, intentan permanentemente romper la cuarentena ahora “administrada”, según el gobierno, con el propósito de que se vaya masivamente a trabajar. Sin considerar quiénes son los que realmente pueden garantizar los servicios esenciales y sin tener en cuenta todos los cuidados y prevenciones que este riesgo significa.

En el ferrocarril Sarmiento, por ejemplo, solo después de muchas denuncias y peleas dadas por los delegados sobre la falta de materiales para higiene, desinfección y protección del trabajador y que haya guardias mínimas que se necesitan para hacer funcionar el servicio sin romper la cuarentena, comenzaron a entregar los equipamientos necesarios, a higienizar las estaciones y formaciones y a autorizar a cumplir con la cuarentena a los mayores de 60 años y a quienes padecen enfermedades y situaciones contempladas en el decreto de aislamiento. Además se hicieron las distintas guardias que se requieren en cada uno de los servicios. Es un avance en la pelea que se sigue dando cotidianamente para que la patronal no viole lo acordado.

Estos logros que se vienen conquistando son fruto de la pelea del combativo cuerpo de delegados junto a los ferroviarios. Sin embargo, Trenes Argentinos, con su presidente, Martín Marinucci, a la cabeza, intentó flexibilizar a los ferroviarios y colocar la culpa de los problemas que ofrece el servicio en la conducción de los delegados. La semana pasada, frente a la bronca e indignación que generaron las fotos que divulgaron los representantes sindicales, donde se ve cómo viajaban los trabajadores hacinados y sin respetar el protocolo de distanciamiento en el ferrocarril, Marinucci declaró que era culpa de “los sindicalistas conducidos por Sobrero, que ponen palos en la rueda”. Para demostrar la responsabilidad de Sobrero en la reducción de los servicios, Marinucci declaró en todos los medios que el dirigente del Sarmiento “no aceptaba aumentar la jornada de trabajo de los guardas a ocho horas como ya lo había acordado con Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria”, desnudando la nueva entrega de la Verde.

“Los trabajadores estamos dispuestos a hacer funcionar el servicio, es lo que venimos haciendo responsablemente, lo que no aceptamos es una flexibilización laboral encubierta aprovechando la cuarentena”, respondió inmediatamente Sobrero, desenmascarando la maniobra de la patronal con la burocracia. Mientras Sasia y la Verde aceptaban esa propuesta vergonzosa, la conducción Bordo del Sarmiento llamó a rechazar esa negociación mediante una votación en urna. El resultado: 100 de los 130 guardas presentes dijeron ¡no! a la flexibilización acordada entre la patronal y la burocracia. Ante la firmeza de los trabajadores, la patronal tuvo que retroceder y la burocracia, ante la indignación de su propia base, ahora tendrá que dar explicaciones sobre ese nefasto acuerdo.

El sindicalismo combativo no acepta flexibilizar derechos en nombre de la emergencia. Ni rebajas salariales, ni suspensiones, ni despidos, ni aumento de la carga de trabajo para garantizar las ganancias de la patronal, como estamos viendo en la Uocra, en petroleros, en el Smata, en la UOM y ahora pretenden hacerlo en ferroviarios. Para tener trenes funcionando de acuerdo con el protocolo, el gobierno también debe resolver los problemas económicos de los trabajadores que necesitan todos los días llevar el sustento a sus casas y todavía no han recibido ayuda. Así se conseguiría reducir el número de pasajeros. Además, Marinucci y los distintos estamentos de la empresa deberían poner en práctica las propuestas de los delegados combativos para que circulen más trenes en vez de intentar romper la cuarentena flexibilizando a los ferroviarios.

Nos oponemos a que quieran descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Repudiamos a los dirigentes sindicales burocráticos que llegan a acuerdos con la patronal para reducir salarios y derechos y que no consultan a las bases. Vamos a continuar luchando y sumando para el campo del sindicalismo combativo a los nuevos dirigentes que surgen de esas luchas. Necesitamos construir un sindicalismo combativo, democrático, que actúe de forma independiente frente al gobierno y a los patrones. Durante la cuarentena, y pasada la pandemia, los problemas se habrán multiplicado. Por eso más que nunca necesitamos una nueva dirección que esté a la altura de las necesidades de los trabajadores.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó la semana pasada su propuesta de renegociación de la deuda externa para los bonos en dólares y euros bajo legislación extranjera. Antes de la explicación técnica del ministro Guzmán hubo una serie de afirmaciones políticas del presidente, que habló flanqueado por su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. 

Alberto Fernández enfatizó que “no se puede pagar en este momento”. Esto, sin duda, ha sido visto por muchos con simpatía y esperanza. Lo observamos charlando con compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares. Y es lógico que lo sea, efectivamente, y lo venimos diciendo desde hace muchísimo, la deuda es impagable, y hoy, donde necesitamos hasta el último centavo para salvar vidas ante la pandemia del coronavirus, destinar ese dinero a los pulpos acreedores es un auténtico crimen. 

Los economistas y periodistas oficialistas han insistido en que la propuesta presentada por el gobierno es “durísima” ante los acreedores y que está planteada en términos de “tómelo o déjelo”, por lo que no habrá ningún retroceso.

Lamentablemente no es así. Veámoslo detenidamente: se plantea una reducción del capital de la deuda a renegociar de 5,4% (3.600 millones de dólares). Apenas una semana antes, los trascendidos eran que la quita de capital no iba a ser menor a 15%, pero a último momento se la redujo a fines de dar una señal “negociadora” a los acreedores. 

La quita de intereses sí es importante (62%), aunque partiendo de tasas de interés astronómicas, las más altas del mundo. La propuesta planea canjearlas por otras que, en promedio, serán de 2,33% anuales en dólares. Seguirán siendo altísimas, ya que las tasas internacionales mundiales están casi todas entre 0% y 0,5 por ciento.

El gobierno propone un período de gracia (tiempo durante el cual no se paga nada) de tres años (2020, 2021 y 2022). En todos los discursos previos se hablaba de “cuatro años”, y ahora aparecen tres. Nuevamente, como guiño a la negociación con los acreedores. 

Muchas preguntas quedan sin responder. ¿Durante los tres años que no se paga nada se acumulan los intereses y entonces eso multiplica la deuda? ¿Habrá, además, algún cupón o pago extra, como deslizó algún funcionario del gobierno, que se pagará cada vez que el país crezca (parecido al actual “cupón PBI”)? ¿Se realizará algún pago en efectivo inicial para “endulzar”, como se dice, a los acreedores? Y, sobre todo, ¿el gobierno está dispuesto a “mejorarles” la oferta a los pulpos pagándole más de intereses o de capital, o acortando los plazos?

Se trata, en definitiva, de la pregunta de si esta es, de verdad, la propuesta “última del gobierno” o apenas un primer planteo para luego ceder en las negociaciones, como todo parece indicar.

“Gobierno presentó oferta. Bonistas la rechazan. Empieza el póker mentiroso”

Así tituló Ámbito Financiero el 21/4. El editorialista, Carlos Burgueño, agregó: “El primer mentiroso son los bonistas, que aseguran que de ninguna manera aceptarán la oferta. El segundo es el propio gobierno, que afirma que la propuesta es inmejorable”. 

Es que, apenas se dio a conocer la propuesta, sucedieron dos cosas contradictorias: por un lado, los grandes pulpos que concentran a la mayor parte de los bonos (Greylock Capital, Blackrock, Fidelity, Ashmore, Pimco, Alliance Bernstein)  rechazaron de plano la oferta. Pero al mismo tiempo, el riesgo país (que marca la probabilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos) bajó de 4.000 a 3.400 puntos y los precios de los bonos, que estaban por el piso, subieron 10 por ciento. Esto último expresa lo que dijeron muchos consultores del establishment, la propuesta del gobierno fue más “suave” de lo que se esperaba. Y hay muchísimos “guiños” por debajo de la mesa de que se puede “mejorar” mucho más. O sea, que los pulpos acreedores, si aprietan, tienen reales condiciones de terminar cobrando más y antes. Por eso se habla de una partida de póker: el gobierno “se hace el duro” pero está dispuesto a ceder; los pulpos acreedores “se hacen los enojados” porque saben que así van a obtener más.

Como sea, lo que sí es un hecho es que este “canje” de bonos será con una quita mucho menor que la que hicieron Kirchner y Lavagna en 2005. Recordemos que, en ese momento, se nos vendió que el problema de la deuda “ya estaba resuelto” y que “nos habíamos desendeudado”, lo que luego se probó rotundamente falso.

 ¿Se soluciona con esto el problema de la deuda?

No sabemos cómo va a terminar este capítulo de la deuda. El gobierno se vio obligado a ir a esta renegociación porque, efectivamente, no tiene el dinero para cumplir con todos los vencimientos. Pero su política no es romper y no pagar, sino todo lo contrario. Advertimos entonces que, más allá de los discursos, está dispuesto a seguir cediendo frente a los acreedores. Y cada cosa que se cede son millones de dólares menos para resolver la urgencia de la pandemia y las necesidades populares. 

Aclaramos también que con esto ni siquiera se despeja el total de los vencimientos de deuda de corto plazo. Todavía quedará pendiente la negociación con el FMI por los 49.000 millones de dólares que se le deben. Y un sinfín de vencimientos de otros bonos, con legislación local, o de las provincias, que no entraron en esta negociación.

Entendemos que haya muchísimos compañeros que recibieron con expectativa lo que dijo el presidente Fernández. Coincidimos en que vean con buenos ojos el planteo de que la plata ante la emergencia debe ir para salud o resolver la crisis social, y no para los pulpos acreedores. Pero, lamentablemente, tenemos que advertir que estamos ante un nuevo proceso de “renegociación” de los muchos que ya vimos en años anteriores. Y que, al final, lo que termina pasando es que la deuda externa sigue creciendo y cada vez terminamos pagando más. 

Por eso tenemos que insistir en lo que siempre sostuvimos desde la izquierda: no hay salida sin declarar el no pago de la deuda. Estamos ante una oportunidad inmejorable para, debido a la emergencia, dejar efectivamente de pagarle, tanto a los pulpos acreedores privados como también al FMI, que vendrá por “sus” 49.000 millones de dólares. La deuda es no solo ilegal, sino inmensamente inmoral, más aún en estos tiempos de pandemia. 

Escribe José Castillo

El gobierno de Fernández presenta la renegociación actualmente en curso con los pulpos acreedores como la que, si resulta exitosa, resuelve “definitivamente” el problema de la deuda externa argentina. Lamentablemente, esto no es así. 

La propuesta de renegociación presentada la semana pasada por el ministro Guzmán es solo por la porción de deuda en dólares bajo legislación extranjera, que suma un total de 66.238 millones de dólares. Esto es el 20% de toda la deuda del Estado nacional. Y si agregamos a ello las deudas de las provincias y la del Banco Central de la República Argentina, menos de 15 por ciento.

Veamos. Culminado este proceso de “renegociación” (y cualquiera sea el resultado que se obtenga), inmediatamente nuestro país tendrá que hacer frente a otros 49.000 millones de dólares que, entre capital e intereses, supuestamente le “debemos” al FMI. Se trata del famoso préstamo tomado por Macri y que, como ya está archidemostrado, se utilizó en su totalidad para que la fuga de divisas al exterior. Como ya “avisó” el propio Fondo, esa deuda no admite ningún tipo de quita. 

Pero no es esta la única deuda con organismos internacionales, también le debemos 7.400 millones de dólares al Banco Mundial, 12.506 millones al BID y 3.547 a la Corporación Andina de Fomento. Y, por si todo esto fuera poco, tenemos una cuota pendiente de una vieja deuda generada directamente en la época de la dictadura con el Club de París por 2.100 millones de dólares (que, dicho sea de paso, es fruto de una renegociación realizada en 2012 por el entonces ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof).

Pero ahí apenas si llegamos a la mitad de nuestro endeudamiento. Tenemos todavía que sumar 182.044 millones de dólares en bonos (algunos en dólares y otros en pesos), bajo “legislación local”. La mayoría de ellos en manos de los mismos buitres extranjeros que los que están bajo legislación extranjera. Una parte importante ha sido “reperfilada” hasta fin de año, pero a partir de diciembre empiezan a caer sus vencimientos.

Y a todo esto hay que sumarle la deuda del Banco Central, que asciende a 1.3 billones de pesos en Leliq, de vencimiento de cortísimo plazo (20.000 millones de dólares). Y, como ya mencionamos, tenemos también que sumar lo que se llama la deuda “sub-soberana”, que es la que tienen las provincias, por más de 20.000 millones de dólares. Si a todo esto le agregamos otros pagos ya comprometidos, pero que por cuestiones contables no figuran aún en el stock informado por el gobierno (como los cupones PBI, que la Argentina se compromete a seguir abonando cada vez que el país crezca más de 3,25% hasta acumular pagos por 16.000 millones de dólares aún pendientes) y los juicios con sentencia ante el Ciadi (que ningún gobierno ha denunciado, y por lo tanto se van acumulando como deuda), terminamos debiendo más de 400.000 millones de dólares. ¡Total y absolutamente impagable desde cualquier punto de vista que se lo mire!

La negociación en curso, entonces, no resuelve en absoluto siquiera los problemas de corto plazo de nuestro país. Hay que dejar de pagar toda la deuda y volcar cada uno de esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares que la pandemia del coronavirus ha puesto más que nunca sobre la mesa. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El coronavirus está generando una enorme crisis social y económica en todo el mundo. Muchos hablan de las graves consecuencias que vendrán “cuando se supere el coronavirus”. Es cierto. Pero ahora lo más importante es ver las angustias sociales que está trayendo hoy para millones. Y cómo las resolvemos ahora, no cuando “pase el pico”.

Hace falta muchísimo más dinero del que el gobierno está invirtiendo. Millones pasan hambre y no pueden salir a buscar changas. Los empresarios suspenden o despiden y rebajan más los ya magros salarios y hay millones que no están cobrando nada. La comida que se reparte a los sectores más empobrecidos es poca y no alcanza a todos los que la necesitan. Los subsidios anunciados, además de insuficientes, no han llegado todavía a millones. Los jubilados sufren aún más la enorme crisis que venían acarreando por los ajustes gubernamentales. ¡Es urgente resolver esta situación!

Pero la respuesta del gobierno es que hay que “administrar la cuarentena”. Es decir, reabrir amplios sectores de la economía para que las grandes patronales no pierdan parte de las enormes ganancias que vinieron amasando en estos años bajo el argumento de que así la gente puede conseguir unos pesos. Por eso es que Fernández dice que “prefiere que haya un 10% más de pobres a que haya miles de muertos”. El problema es que con esta política no solo habrá bastante más de un 10% de pobres, sino que con la “cuarentena administrada” se corre el riesgo de miles de contagios nuevos.

Nosotros proponemos lo opuesto, que no haya miles de contagios y muertes y que la crisis la paguen los grandes empresarios, las multinacionales y los banqueros, y que no se pague un peso de deuda externa.

Por eso, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que imponer ya un impuesto especial de 10% a los cincuenta principales multimillonarios de la Argentina y de 10% de las ganancias a los veinte grupos económicos más grandes. A esto hay que sumarle lo que se obtendría de dejar de pagar inmediatamente la deuda externa. Nosotros proponemos que todo ese dinero se destine a un fondo de emergencia. Con eso duplicaremos lo que el gobierno destinó a esta crisis. Somos concretos, con apenas 250 millones de dólares se podrían contratar 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires. Comprar 25.000 respiradores, ocho millones de barbijos especiales y los insumos para los hospitales, incluyendo la instalación completa de nuevos hospitales y unidades de terapia intensiva. Se podrían mejorar los salarios de los trabajadores de la salud , triplicar los subsidios de 10.000 pesos y distribuir alimentos para que nadie pase necesidades.

El gobierno, desde hace un par de semanas, viene anunciando la presentación de un proyecto de impuesto a las grandes riquezas. Primero lo denominaron “Impuesto Patria”, patrocinado por Máximo Kirchner. Luego pasaron a “conciliar” distintas iniciativas, coordinados por Carlos Heller. Se habla de un impuesto de 2% a 3% a quienes tengan un patrimonio mayor a 3 millones de dólares. Con eso calculan recaudar unos 3.000 millones de dólares. 

Nosotros consideramos que hace falta más. Pero nos preocupan las dilaciones. El proyecto da vueltas pero no avanza. Ahora el gobierno le está “solicitando a la Corte Suprema” un permiso para que sesionen Diputados y Senado de manera virtual. ¡A este ritmo van a tratar ese impuesto cuando sea muy tarde!

Exigimos que el gobierno imponga ya mismo un impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, ya que el propio Alberto Fernández dice que hoy es impagable, que se suspenda inmediatamente todo pago de deuda externa. Así la crisis no la seguiríamos pagando los trabajadores y el pueblo, se mantendrían los puestos de trabajo, no habría rebaja salarial y tendríamos los fondos para enfrentar las necesidades sanitarias. Esa es la manera de encarar hoy la crisis del coronavirus.

Escribe Adolfo Santos

En esta cuarentena la inflación se ha convertido en un nuevo enemigo a ser enfrentado. Con salarios prácticamente congelados, familias enteras recibiendo un salario mínimo y otras dependiendo de ayudas del gobierno que muchas veces ni llegan, el aumento de precios de los productos básicos se hace insoportable.

En marzo la inflación fue de 3,3%, llegando a 7,8% en el trimestre y acumulando 48,8% con respecto a marzo del año pasado. Son datos oficiales, aunque todos sabemos, cuando llegamos a las góndolas, que la realidad es mucho más grave. En los dos primeros meses del año el gobierno hacía alarde de que la inflación venía “a la baja” (frente a los números astronómicos del año anterior con el gobierno de Macri). Igualmente, los artículos de primera necesidad, aun en ese entonces, siguieron subiendo. Pero ahora el incremento se aceleró con todo, hay analistas que ya anuncian un índice cercano a 60% para este año. Una verdadera bomba de relojería.

¿Por qué se desboca la inflación justo en medio de la cuarentena? Más allá de explicaciones técnicas de los economistas del establishment (todas ellas falsas, ya que aluden a la relación entre la emisión monetaria con “la oferta y la demanda”), la explicación es mucho más terrenal: los grandes grupos monopólicos de la alimentación (Arcor, Molinos, empresas lácteas como Danone o La Serenísima), de productos de limpieza o tocador (Procter&Gamble, Unilever), de agua y bebidas (Coca, Pepsi) junto con las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Día, La Anónima) aumentan abusivamente y a su voluntad los precios. Hasta ahora el gobierno no ha actuado con el rigor necesario para proteger a los consumidores y castigar a los inescrupulosos.

Es inadmisible que en medio de esta grave crisis los empresarios se aprovechen para aumentar sus ganancias. El gobierno debe de inmediato castigar con la ley de Abastecimiento ejemplarmente a los que no respetan los precios máximos establecidos y divulgando sus nombres para que todos sepan quiénes realmente provocan la inflación. Hay que establecer mecanismos de fuertes multas, clausuras y confiscar las mercaderías de los que violen los precios máximos establecidos, distribuyendo esos productos de forma gratuita a los sectores más necesitados.