Escribe Ana Val, referente de Unión Trabajadores Jubilados en lucha

En medio de la cuarentena el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del lunes 20, los mayores de 70 años teníamos que pedir autorización para salir de nuestras casas, a través de un llamado telefónico al 147 porque significaba romper la cuarentena. 

Este anuncio fue repudiado por un amplio abanico de personalidades, de todo tipo, junto a sectores populares, por eso tuvieron que retroceder en su intento. Fue claramente una actitud autoritaria, un atropello a las libertades democráticas, al derecho de circular que tenemos todos los ciudadanos y fundamentalmente los adultos mayores; quienes cumplimos con la cuarentena por la pandemia del coronavirus. 

El gobierno de Larreta explica que “es para cuidarnos, porque somos un sector de alto riesgo”. Pero, al mismo tiempo, bajó a la mitad los bolsones de alimentos de los comedores escolares y de los comedores para adultos mayores y personas en situación de calle. 

Los adultos mayores no somos deficientes ni negligentes, como para que nos hagan pedir permiso para salir de nuestros hogares. El jefe de gobierno del PRO tendría que estar preocupado y actuando sobre los dos mil residentes de los geriátricos que gestiona. Donde todos los días hay un nuevo contagio, según informan los medios de comunicación. 

Por otra parte, ¿sabe Larreta que el valor de cinco de los barbijos que compró su gobierno equivalen a una jubilación  mínima? Los funcionarios que hicieron esta operación realmente escandalosa le presentaron la renuncia, pero eso no alcanza. Reclamamos plata para los comedores, para los asilos y que los funcionarios devuelvan, de su patrimonio personal, la diferencia entre el valor de un barbijo en la farmacia y los 3.000 pesos que pagaron.

Editorial

Ante la nueva prórroga de la cuarentena desde Izquierda Socialista decimos: cuarentena sí, pero el gobierno tiene que poner toda la plata que se necesita y de manera urgente para la salud y los más postergados. Cuarentena sí, pero exigimos que tiene que ser sin despidos, suspensiones, ni rebaja salarial. Lamentablemente no es lo que está ocurriendo.

Los grandes empresarios vienen presionando para flexibilizar la cuarentena reclamando que se abran más actividades a costa de la salud de los trabajadores. Por eso repudiamos que en el medio de la pandemia se ataquen derechos fundamentales de la clase obrera. Esto prueba que no todos estamos en el mismo barco, porque mientras millones cumplen el aislamiento, prestan los servicios esenciales dignamente y los profesionales y trabajadores de la salud salvan vidas a pesar de la falta de insumos, los grandes empresarios despiden, suspenden y rebajan los salarios, y los bancos, multinacionales y millonarios siguen gozando de sus abultadas ganancias capitalistas y altos patrimonios. Por eso desde el principio venimos señalando que la cuarentena es una medida importante, pero solo es la primera medida para combatir el coronavirus. Y que se necesitan medidas de fondo para fortalecer el sistema de salud y evitar profundizar una caída mayor del nivel de vida del pueblo trabajador.

El presidente Alberto Fernández, por sostener la cuarentena, cuenta con un apoyo de amplios sectores populares. Pero desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes y se quedan a mitad de camino. En especial, para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. El presidente, por ejemplo, prohibió los despidos por 60 días. Pero los despidos siguen y no se está haciendo cumplir la prohibición.

Lo que ocurre en la realidad es que el Ministerio de Trabajo convalidó los 1.450 despidos de Techint con la complicidad de la burocracia de la Uocra (“con Techint el tema está superado”, dijo el presidente); se decretó la prohibición de despidos, pero el ministerio los avala si “hay acuerdo entre partes”; se aceptaron las suspensiones con rebaja salarial en Aluar, General Motors, Ford y tantas otras multinacionales automotrices; se le permite a McDonald's, Burger King y Starbucks rebajar masivamente los salarios y el gobernador Kicillof y Berni reprimen salvajemente a los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes en lucha por sus salarios y en defensa del empleo de 250 familias. Existe un doble discurso en el gobierno, que también quedó claro cuando dijeron que se podía intervenir las clínicas privadas para combatir mejor al coronavirus y después retrocedió, a tal punto que acaba de disponer que se subsidie a esos mercaderes privados de la salud eximiéndolos de aportes patronales y otros beneficios. O dejó de hablar de quienes remarcan y aumentan los precios de manera descarada, sin que se tome sanción alguna contra ellos.

El presidente también dijo en estos días “prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos coronavirus”. Esta frase empalma con la gran mayoría de la población que prioriza la salud y por eso cumplen la cuarentena. Pero al dar por seguro que va a haber más pobres está develando lo que venimos diciendo desde la izquierda: que no está dispuesto a imponer una política para evitar más pobreza y combatir a fondo los males sociales. Lo que hay que combatir son los dos males: el virus y la pobreza. Y si hay más pobres es porque se permite que miles pierdan su empleo, se les rebajen los salarios o se suspenda personal. Y porque las medidas del gobierno son completamente insuficientes y no alcanzan. Por ejemplo, se les han otorgado 10.000 pesos (300 pesos por día) a quienes hacen changas, cuando lo que necesita una familia tipo son 45.000 pesos mensuales para no caer en la pobreza. Se han anotado más de once millones de personas para cobrar esa suma, pero más de tres millones de solicitudes fueron rechazadas. Otro tanto pasa con los 5.000 pesos mensuales para los trabajadores de la salud, que aún no se implementaron. Ni qué hablar de que no se hagan más testeos para hacer frente en mejores condiciones a la pandemia.

La clase trabajadora y los demás sectores populares deben exigir al gobierno que tome medidas de fondo para combatir de verdad a la mayor crisis del coronavirus, poniendo todos los fondos suficientes. Por eso son tan valiosos los reclamos y las protestas que se llevan adelante contra los despidos, las rebajas salariales o por mejores condiciones de seguridad, como lo están haciendo los ferroviarios del Sarmiento, los docentes de Tierra del Fuego, los trabajadores de los hospitales, del frigorífico Penta, los choferes de varias provincias a quienes no se les respetan sus derechos, las trabajadoras y trabajadores de Acumar que limpian el Riachuelo, entre tantos reclamos a los que la dirigencia sindical le da la espalda porque sigue como sombra al cuerpo a las grandes patronales y directivas del gobierno.  Este es el camino para defender los derechos de las y los trabajadores.

Para las necesidades del sistema sanitario y afrontar la crisis social es necesario un inmediato Fondo de Emergencia. ¿De dónde hay que sacar la plata? Izquierda Socialista dice que hay que imponer un impuesto especial del 10% a los 50 millonarios más ricos del país, a los 20 grupos económicos que más facturaron y así, junto al no pago de la deuda externa, estarían los fondos para llevarlo a cabo. Esto permitiría como mínimo duplicar los 10.000 millones de dólares que el gobierno anunció al comienzo de la pandemia. Rechazamos por lo tanto que el gobierno en plena pandemia se disponga a hacer una oferta de pago a los bonistas por 70.000 millones de dólares para los próximos años y a sellar un nuevo acuerdo con el FMI.

El Fondo de Emergencia hay que aplicarlo ya. Hace falta decisión política. Se conoce el nombre de los millonarios y las ganancias y facturaciones de sus empresas. Son los que se enriquecieron en todos estos años con todos los gobiernos. Los Techint, laboratorios Roemmers, Pérez Companc, Banco Macro, Santander, Patagonia, HSBC, Edenor, Edesur, Pampa Energía, Arcor, Ford, Toyota, Volkswagen, FIAT, Renault, Wal Mart, Coto, Carrefour, Benetton, los grandes pooles de siembra y los terratenientes, entre una larga lista. 

Diputados del gobierno encabezados por Máximo Kirchner siguen diciendo que están estudiando una ley para implementar un impuesto a la riqueza que permitiría, según las versiones, recaudar entre 1.000 a 3000 millones de dólares. Dicen que sería por única vez y que eso no va a impedir que “los millonarios dejen de serlo”, según el redactor de la ley, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller.

Más allá de cómo termine quedando el proyecto del gobierno decimos que debe pasar del discurso a los hechos e imponer ese impuesto ya mismo. Por su parte, los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda Unidad, han presentado su propio proyecto de ley para gravar considerablemente las grandes fortunas.    

Conclusión: mientras le damos todo nuestro apoyo a los reclamos obreros y populares, llamamos a los trabajadores y demás sectores sociales a exigir al gobierno una cuarentena con fondos para salud y sin despidos, rebaja salarial y sin hambre. Y a que se tomen medidas de fondo como lo es la implementación ya mismo de un urgente fondo de emergencia, para combatir de verdad la mayor crisis del coronavirus.

Economistas del establishment y grandes empresarios vienen insistiendo en que el estado debe “intervenir” cada vez más en la economía a su favor, pagando salarios, no cobrándoles impuestos ni cargas patronales y brindándoles todo tipo de subsidios.

Escribe José Castillo

Normalmente, las grandes patronales suelen presentarse como “a favor” de la iniciativa privada y en contra de cualquier intervención del estado en la economía. Sus economistas y periodistas amigos insisten hasta el cansancio: el estado sería “ineficiente”, “traba la inversión privada”, las empresas públicas deben privatizarse, los precios no tienen que controlarse y un largo etcétera. Todo, según su discurso, debe dejarse librado al “libre juego del mercado”.

En realidad, esto nunca es así. Sabemos bien que, cuando les conviene, reclaman subsidios, como lo hacen las empresas de servicios públicos privatizados, piden que el estado les garantice un precio para el barril del petróleo cuando este baja más allá del precio que les conviene o directamente “viven” de los contratos de la obra pública. Los bancos hacen sus máximas ganancias comprandoles letras al Banco Central. Sin mencionar cuando el “estado” que hacen intervenir a su favor es el propio ministerio de Trabajo fallando a favor de las patronales en los conflictos obreros o, directamente, el propio aparato represivo reprimiendo las luchas.

Pero estos empresarios hasta ayer “liberales”, hoy aparecen pidiendo la ayuda del estado. Así escuchamos a economistas como Gabriel Rubinstein afirmando sin ruborizarse que “el Estado debería pagar los sueldos de las empresas privadas”. Insiste en que esto ni siquiera debe ser tomado como un préstamo: “las empresas no tienen que salir de esto endeudadas”. Agrega que tampoco debería cobrarles impuestos. Posiciones similares también se le escucharon a otro economista liberal: Carlos Melconian.

No son opiniones aisladas. Es por lo que las patronales vienen haciendo lobby. Y, digámoslo con todas las letras, una buena parte ya lo consiguieron: el gobierno de Fernández ya está pagando una parte importantísima de los sueldos privados de marzo y a casi todas las empresas se las ha exceptuado de abonar los aportes patronales (con el consiguiente desfinanciamiento de las cajas jubilatorias). Ahora van por más, diciendo que “no van a poder pagar los sueldos de abril”.

Como contrapartida, estos mismos economistas se oponen “horrorizados” a que se le ponga un impuesto a las mayores fortunas o ganancias empresarias: “se trabaría la inversión futura”, dicen descaradamente. Están en contra que se ponga un límite a su “libertad de suspender y despedir”. De la misma manera que advierten que se debe seguir pagando la deuda externa y se oponen, o directamente violan, los controles de precios.

Repasemos, para las patronales y sus amigos, si el gobierno interviene a favor de los empresarios está bien; si lo hace defendiendo a los trabajadores, a los consumidores o a cualquier sector popular, es “trabar el libre juego del mercado”. Quieren toda la plata del estado a su disposición para garantizar la continuidad de sus ganancias. Para nosotros, los socialistas, es exactamente al revés: le exigimos y tratamos de arrancarle a los gobiernos, y en última instancia a un estado “diseñado” para estar al servicio de los patrones, todo lo que podamos para el pueblo trabajador. Por eso exigimos, sí, que el estado “intervenga”: dejando de pagar la deuda externa, cobrándole un impuesto a las grandes fortunas personales y a las ganancias de las grandes empresas y poniendo toda esta plata en un fondo de emergencia para resolver las necesidades más urgentes de la pandemia.

Escribe José Castillo

El mismo Gabriel Rubinstein, uno de los principales economistas consultor de grandes empresas, que ha pedido que sea el estado quien directamente pague los sueldos, ha lanzado otra “propuesta”: una baja generalizada de salarios del 30%. Nuevamente, no es una idea aislada “que se le ocurrió a él”. Toda la patronal viene presionando en este sentido, con la excusa de que “su facturación ha caído a cero”, obviando todo lo que ganaron en los meses pasados.

No se trata solo de una propuesta a futuro. Llueven las denuncias de muchas empresas que ya, de hecho, están bajando los sueldos. Algunas pagando en cuotas, abonando ahora el 50% o incluso menos y diciendo que el resto los trabajadores lo cobrarán “en los meses siguientes”. Otras directamente aprovechándose de ítems de los recibos de sueldo, no pagando presentismo, comisiones u otros rubros. Y algunas, muchas de las más grandes como las automotrices, recurriendo al método de las suspensiones, y así pagando los salarios con descuentos de entre el 30 y el 50%. En este último caso, dado que teóricamente las suspensiones están prohibidas, recurriendo al artilugio legal del “acuerdo entre empresa y sindicato”.

Es que las burocracias sindicales son los grandes cómplices de todo esto. Ellos son los que apelan a la “comprensión” frente a las patronales, incitando a los trabajadores a “aceptar” esta realidad. La burocracia sindical se sienta junto a las patronales y al gobierno a garantizar tanto la vuelta al trabajo, como la posibilidad de suspensiones y la legalidad de las bajas salariales.

¡No tenemos que aceptar ninguna rebaja salarial! Nuestros salarios ya están bastante por el piso luego de todo lo que perdimos con la inflación el año pasado. Más aún: estos meses los precios siguieron subiendo y nuestros sueldos continuaron pulverizándose. Exigimos que se nos pague como corresponda, el 100% y en las fechas correspondientes. 

Escribe José Castillo

La planta de Aluar de Puerto Madryn ha suspendido a gran parte de sus trabajadores, con pagos del 50% del salario. Acindar también tiene un cronograma de suspensiones en su planta de La Tablada. En Tierra del Fuego, hay una auténtica ofensiva patronal, encabezada por los cientos de despidos en Mirgor. En Catamarca 100 trabajadores de la empresa Mogetta, contratista de la multinacional Livent, que explota litio en Antofagasta fueron despedidos por Whatsapp, sumando ya 500 desde que empezó la cuarentena. A todo esto, hay que sumarle las suspensiones masivas en todas las plantas automotrices del país.

En otros casos, como Dánica, sólo la lucha de los trabajadores obligó a la empresa a dar marcha atrás con los despidos. En el frigorífico Penta sigue la lucha, con la patronal continuando con sus ataques, ahora presionando a delegados.

Lo concreto es que, tomando los propios datos oficiales, en lo que va de la cuarentena se iniciaron unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el ministerio de Trabajo y se recibieron 500 denuncias de empresas que inclumplieron con el pago total de haberes o avanzaron con despidos.

Los despidos y suspensiones están prohibidos por decreto de necesidad y urgencia. No debemos aceptar ninguna “excepción”. Todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados y los que están suspendidos tienen que cobrar el 100% de sus salarios. Y toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis, debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.