Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El acuerdo con el FMI es malo, muy malo para el pueblo trabajador. Significará un mayor ajuste ya desde este año y en los siguientes. Y se sumará un monitoreo trimestral permanente del Fondo, que exigirá el cumplimiento de las exigencias, aprobará o no cada una de las políticas económicas y amenazará constantemente con que “si no se cumple lo acordado” se cae el acuerdo.

Finalmente se terminaron los “jueguitos” retóricos donde algunos sectores del gobierno hablaban de una posible “ruptura” con el FMI. Tal como era de esperar, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI. Muy lejos, lejísimo, de cualquier idea de que fuera un plan con “inclusión social” o que “garantizara el crecimiento económico”. A pesar de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su breve mensaje, este acuerdo con el Fondo es leonino, como todos los que el organismo les ha impuesto a los diversos países a lo largo de su historia. Como cada uno de los 22 acuerdos anteriores con la Argentina. Esto se desprende tanto de la información que dio el propio ministro Martín Guzmán en su conferencia de prensa, como del comunicado de prensa dado a conocer por el propio FMI.

Los términos del ajuste

Recordemos que, tiempo atrás, desde el gobierno, y en particular desde el kirchnerismo, se hablaba de un acuerdo con el Fondo para pagar la deuda de los 45.000 millones de dólares tomados por Macri “a 20 años”, empezando recién a abonar el capital al cabo de 10 años. Eran puras fantasías. No existe tales plazos en los diversos programas del FMI.

Luego se dijo que, al menos, a la Argentina se la liberara de pagar la sobretasa de 4,5% anual en los intereses generada por la excepcionalidad en el monto del préstamo otorgado en 2018. Se decía que así, por lo menos, el país se ahorraría 1.000 millones de dólares por año de intereses. Tampoco esto llegó nunca siquiera a la mesa de negociación entre el gobierno y el Fondo.

En los últimos días trascendió que el FMI exigía un ajuste durísimo, que llevara a nuestro país a un déficit cero en 2024. Desde el gobierno se decía que eso era “inaceptable”, y que sólo se firmaría si el Fondo se avenía a que dicho déficit se alcanzara recién en 2027. Visto los datos dados a conocer, la trayectoria del ajuste (aunque el gobierno se niegue a usar esta palabra) está mucho más cerca de lo que exigía el Fondo de lo que aceptaba a priori el gobierno en sus dichos.

Según el acuerdo, habrá que llegar al déficit cero en 2025. Para ver lo durísimo que será alcanzar este valor, miremos la trayectoria de lo acordado. El gobierno argentino se compromete a alcanzar un déficit de 2,5% del PBI este año. Para entenderlo: el año pasado se terminó con un déficit de 3%, alcanzado en condiciones excepcionales (récord de exportaciones tanto por las toneladas cosechadas como por el valor de la soja y el maíz, y por lo tanto un monto excepcional de ingresos por retenciones; cobro del impuesto a las grandes fortunas “por única vez”). Es un hecho de que ese número (3% de déficit) era irrepetible para este año. Sin ajustar partidas, ya se arrancaba de una proyección de déficit de 4%. El gobierno aceptaba avanzar a un mayor ajuste, así estaba en el presupuesto y luego fue dado a conocer a los gobernadores en la reunión de enero: 3,3% del PBI). ¡Pero ahora se aviene a ajustar mucho más, hasta un 2,5%! Es imposible sin achicar partidas, con sus consecuencias sociales. El propio ministro no se atuvo a la verdad cuando dijo que este año “no subirán las tarifas” cuando el propio comunicado del Fondo dice lo contrario, al enunciar que en el acuerdo está la reducción de los subsidios a las privatizadas.

Pero lo peor es que, luego del muy fuerte ajuste que se exige para este año, luego se plantea profundizarlo en 2023, llevando el déficit fiscal a 1,9% del PBI; y después al 0,9% en 2024; para arribar al famoso “déficit cero” en 2025.

Para peor, el gobierno se compromete a alcanzar dicho sendero de ajuste con límites muy estrictos de emisión monetaria. Así se compromete a no emitir más allá de 1% del PBI este año (para comparar, la financiación del tesoro nacional con emisión de 2021 fue de 3,7% de PBI). ¿Cómo va a cubrir el resto? La exigencia del Fondo es clara: con mayor endeudamiento en pesos, para lo que requiere además una suba de la tasa de interés hasta llevarla a términos positivos (por arriba de la inflación). Con lo que se encarecerá a niveles astronómicos el crédito popular.
Nuevamente, la exigencia de achicar el financiamiento con emisión continúa y se profundiza en 2023 (apenas se permitirá un 0,6% del PBI), para llegar a directamente la prohibición de financiarse con emisión para 2024.

Como se ve, alcanzar estos resultados sólo es posible por medio de un muy fuerte y, sobre todo, persistente ajuste que empieza ya y continúa los próximos años.

El gobierno plantea que podrá llevar adelante todo esto “creciendo”. No es viable. El programa del FMI es fuertemente recesivo, dadas semejantes limitaciones fiscales (déficit a alcanzar) pero también monetarias (suba de tasa de interés y reducción de la capacidad soberana de emitir moneda).

El monitoreo permanente

El acuerdo consiste en que, ante cada vencimiento a pagar, el FMI contablemente “desembolsa” el monto, en vez de hacerlo la Argentina. O sea, no entra un centavo de plata fresca. Solo el Fondo se paga a sí mismo y le endosa una nueva deuda por ese mismo monto a nuestro país. Así se irían “pagando” los vencimientos de los 45.000 millones de dólares de capital que se adeudan hasta cumplir la totalidad del cronograma en 2024. Claro que, esos “desembolsos” y esa trayectoria estaría atada a revisiones trimestrales que haría el propio Fondo. O sea, a misiones que vendrían al país cada tres meses a inspeccionar si se está cumpliendo con el acuerdo. Por lo que, trimestralmente, estaríamos bajo la espada de Damocles de que al Fondo “no le guste” alguna medida de política económica y entonces amenace con que se cae todo el acuerdo. Así se hará durante dos años y medio, por un total de 10 revisiones (misiones) del FMI. Una virtual intervención sobre la política económica de nuestro país, ya que pasaríamos a tener un “virrey” que definiría que se puede hacer y que no.

¿Y después? El debate sobre las reformas “estructurales”

El gobierno se jacta de que el acuerdo no exige las llamadas reformas estructurales, tales como la flexibilización laboral o modificaciones en el sistema jubilatorio. Todo eso está por verse. Porque al tratarse un programa conocido como “de facilidades extendidas”, la pregunta es que pasa luego de estos dos años y medio que se acaban de anunciar. Al cabo de los cuales, la Argentina sigue debiéndole al FMI los mismos 45.000 millones de dólares que les debe hoy, y, ahora sí, debe comenzar a desembolsar el capital, a razón de casi 10.000 millones de dólares por año (entre 2026 y 2031, porque, como hemos dicho, lo máximo que se estiran los acuerdos del FMI es a 10 años). ¿Cómo se harán esos pagos? ¿Se refinanciarán? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Se seguirán pagando o también se refinancian? Todas dudas que se irán despejando en las próximas semanas, cuando se conozca la “letra chica” del acuerdo (en particular la Carta de Intención que debe firmar nuestro país). Pero, como vemos, todas dudas que ”empeoran” la situación de ajuste en curso. Y donde, una de las formas de resolverlas será que aparezcan, más o menos escondidas, las famosas demandas de “reformas estructurales”.

En síntesis, este acuerdo nos hipoteca el presente y el futuro. Y no resuelve para nada el problema ya histórico del endeudamiento externo de la Argentina, que seguirá creciendo cual bola de nieve. Y que enfrentará, ya en 2025, al final de este sendero de ajuste, la imposibilidad de cumplir con los millonarios vencimientos a los acreedores privados y junto a ello, la de las devoluciones de capital al propio FMI. Es un camino de hambre, decadencia nacional, sometimiento, semicolonización y saqueo de nuestras riquezas. Que terminará en una nueva crisis.

Por eso volvemos a insistir en lo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda: la única salida es romper con el FMI, con este siniestro acuerdo que llega después que ya le pagamos 6.500 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Al mismo tiempo hay que suspender todos los pagos en concepto de deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

El año empezó con el gobierno de Alberto Fernández preocupado como prioridad absoluta por el acuerdo con el FMI. Y termina enero de la misma manera. Culmina el mes que comenzó con los apagones de Edenor y Edesur, que en cualquier momento volverán a repetirse, ya que se trata de años sin inversiones de infraestructura. Todo esto mientras el gobierno se apresta a dar curso a los aumentos de tarifas, para así cumplir con la hoja de ruta exigida por el propio Fondo.

Al mismo tiempo, “Ómicron está por todas partes” se suele escuchar en los barrios. La realidad es que los casos se multiplican, crecen las colas kilométricas para hisoparse, los trabajadores de la salud están colapsados y lamentablemente las muertes vuelven a alcanzar los valores de varios meses atrás. Frente a esto, el gobierno de Alberto Fernández sólo se preocupa de responder a las demandas de las grandes patronales. En síntesis, “todos a trabajar”, no importa que se trate de contagiados recientes o contactos estrechos. Una salvajada, donde con el único objetivo de garantizar las ganancias a las empresas, se expone a millones al contagio.

Otro hecho, no por repetido menos dramático, fue que continuó y se incrementó la inflación. Ya terminó el 2021 por arriba de 50%, ahora es muy probable en enero un valor cercano al 4%, con especial énfasis en el aumento de los alimentos, en particular los frescos. También subieron los alquileres y las prepagas. Y se vienen, como ya dijimos, los tarifazos del gas y la electricidad. La contrapartida de todo es la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Frente a esta realidad, la burocracia sindical hace silencio: así como no movió un dedo frente a la flexibilización de los protocolos del Covid-19, tampoco lo hace para reclamar aumentos de emergencia o la reapertura inmediata de todas las paritarias.

Mientras estos son los problemas que enfrenta el pueblo trabajador, los dirigentes de los partidos patronales, tanto peronistas como macristas de  Juntos, siguen muy lejos de estas preocupaciones. Si en diciembre la anécdota eran los diputados y senadores que se iban al exterior apenas asumidos, el escándalo de enero fueron las vacaciones en playas mexicanas de la titular del PAMI Luana Volnovich y de su pareja, Martín Rodríguez, segundo a cargo del organismo. Hecho repudiable, más aún tratándose de la funcionaria responsable de un organismo del que dependen millones de jubilados que cobran pensiones por debajo de la línea de indigencia.

Las prioridades políticas del gobierno de Alberto Fernández, como decíamos al comienzo, siguen pasando por lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández, en su reciente carta, lo reconoció blanco sobre negro: en 2021 se dedicaron más dólares a pagarle al Fondo que todo lo que se puso para atender la pandemia. Ahora, mientras el FMI continúa exigiendo más y más ajustes, el gobierno se apresta a pagar 1.100 millones de dólares, sacándolos de las casi inexistentes reservas del Banco Central.

Esto también se evidencia en su política de saqueo ambiental. Con tal de conseguir un dólar más para cumplir con los acreedores, el gobierno está dispuesto a todo: al fracking, a la megaminería a cielo abierto, a la destrucción de glaciares y fuentes de agua, y ahora también a la entrega y contaminación del propio Mar Argentino. Pero se está enfrentando a una resistencia creciente, como en el Atlanticazo, continuidad en este enero de la rebelión popular de fines del año pasado en Chubut que obligó a dar marcha atrás con los proyectos megamineros.

Todos estos temas integran la realidad de este enero “caliente”. Por eso cada día la bronca popular va creciendo y acumulándose. Es fundamental que debatamos en cada lugar para ver cómo la transformamos en organización para salir a pelear, al mismo tiempo que discutimos sobre la necesidad de una nueva alternativa política para el pueblo trabajador.

Es que mientras el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos (y también la ultraderecha “libertaria” de Milei y Espert) juegan a denunciarse unos a otros, acuerdan en lo esencial: en que se deben flexibilizar los protocolos de la pandemia para bajar al mínimo el “ausentismo”, tal como reclaman las patronales, aunque eso aumente los contagios. En que hay que avanzar con los tarifazos de los servicios públicos. En que la variable de ajuste son los salarios y las jubilaciones. Y, por sobre todo, en que hay que firmar el acuerdo con el FMI, aunque ello signifique más ajuste y saqueo.

En la vereda de enfrente nos encontramos aquellos que planteamos exactamente lo opuesto, la necesidad de pelear por un programa de emergencia que priorice resolver las más urgentes necesidades del pueblo trabajador generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Eso es lo que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que es necesario otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Que hay que tomar medidas urgentes frente a la tercera ola del Covid-19, que pasa por cumplir con todos los protocolos sanitarios de aislamiento (y no lo que le convenga a las patronales), con la aceleración de la vacunación, con más testeos, y que para eso hacen falta más recursos, más trabajadores de la salud, con salarios y condiciones de trabajo dignas. Y que, ante la necesidad de aislamiento, hay que otorgar un IFE de emergencia a todo el que lo necesite.

También somos los que decimos que nos oponemos a los tarifazos, y los que planteamos que la salida ante los cortes de luz y la baja calidad de los servicios pasa por la reestatización de las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, como hemos propuesto recientemente en el proyecto presentado por nuestra diputada Graciela Calderón en la legislatura bonaerense.

Y, por sobre todo, somos los que afirmamos que cualquier programa alternativo debe proponer terminar con el saqueo y la semicolonización de la ilegal, inmoral e impagable deuda externa. Para eso es necesario avanzar en la conformación de un gran movimiento que luche por suspender inmediatamente sus pagos y romper con el Fondo Monetario Internacional, el paso fundamental para empezar a poner nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades de trabajo, salario, salud, educación y vivienda.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En lo que va del año se ha intensificado la ofensiva del gobierno, las multinacionales y las grandes patronales para la “vuelta a la normalidad”, con la complicidad de la burocracia sindical. En los hechos significa obligar a los trabajadores a abandonar los protocolos que los protegen del contagio, para volver a los ritmos de trabajo anteriores a la pandemia a costa de la salud. También se achican los fondos estatales destinados a combatir la pandemia. Para que los trabajadores lo acepten, el gobierno peronista intenta crear la ilusión de normalidad. Es por eso que a toda hora la televisión exhibe escenas de aglomeración de personas felices en las playas y lugares de veraneo, recitales y otros espectáculos, imágenes todas ellas sugerentes de que “lo peor ya pasó” y que la variante Ómicron “es una gripecita” en el más puro estilo Bolsonaro.

La realidad es otra. En la Argentina hay siete millones de personas sin vacunar, las cuales tienen seis veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que incluso las lleve a la muerte. Mientras el número de infectados llega a más de cien mil, los registros de la última semana muestran más de 40% de internados en terapia intensiva y más de cien fallecidos por día, desmintiendo trágicamente las patrañas que intentan instalar tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

Como venimos diciendo, el gobierno del Frente de Todos ha abandonado la lucha contra la pandemia. Está empezando a ejecutar, aunque sin reconocerlo, la descabellada política de considerar al Covid-19 como una enfermedad permanente, una endemia, para así quitarle los fondos necesarios para enfrentarla. Por eso han dejado trabajadores de salud en la calle, como en la ciudad de Buenos Aires, y han eliminado del presupuesto de la provincia de Buenos Aires las partidas destinadas a combatir la pandemia. Junto a esto han modificado los protocolos. Como ejemplo, hay una resolución del ministerio de Trabajo de la Nación que establece que los trabajadores que tienen contacto estrecho con infectados, pero están vacunados y sin síntomas, “pueden” volver al trabajo. Para justificar, la ministra de Salud Vizzotti ha dicho que el “ausentismo de trabajadores esenciales causa grandes problemas”

En realidad, esta última disposición es una de las medidas que, además de perjudicar al trabajador, más ayudan a la transmisión ilimitada del virus. Los guardas de tren en el Ferrocarril Roca que tienen su familia infectada deben concurrir a trabajar por no tener síntomas. Los médicos con antígeno negativo deben trabajar contagiando a sus compañeros hasta que un posterior hisopado confirma su infección. Las empresas pueden ahora exigir la concurrencia y descontarle los días a quien no lo haga. En este mismo sentido van las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak: “[…] empieza a perder sentido contar los casos diarios […]” lo que implica dar piedra libre a la difusión de la pandemia.

Para justificar las inasistencias tanto el gobierno como la patronal exigen los testeos, pero han optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dando un ultimátum: o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Todos son tests que podrían ser producidos en el país, en laboratorios estatales, y ser entregados gratuitamente a la población. Si se dejan de contar los casos como sugiere Kreplak y se habilita la provisión privada de tests, se corre el riesgo de perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

La “vuelta a la normalidad”, tal como la pretende el gobierno del Frente de Todos y las patronales, es a costa de la salud de los trabajadores. Ha sido gestada en reuniones tripartitas entre gobierno, empresarios y burócratas sindicales, como hemos denunciado sobre la realizada el 5 de enero en el ministerio de Economía. Sólo con la lucha y empezar a organizarnos podremos parar esta ofensiva para defender nuestra salud y terminar con la pandemia imponiendo las medidas que desarrollamos en la nota “Las propuestas de Izquierda Socialista”.

Desde comienzos de la pandemia, hace casi dos años, hemos venido planteando que, a los efectos de enfrentarla y derrotarla, es necesario centralizar todos los recursos públicos y privados para lograr una respuesta unificada y coordinada. Solo de esta manera se garantizaría que la atención fuera igual para todas y todos en la totalidad del país.

Pero nada de eso ocurrió. El sistema privado siguió sus propios criterios fundados en el lucro y no en las necesidades epidemiológicas. El sistema de salud estatal se fragmentó. Salvo algunas directivas centralizadas en los primeros meses, cada provincia encaró a su manera la lucha contra la pandemia respondiendo a las presiones empresariales locales y a las urgencias electorales, dejando de lado, como en el sistema privado, las reales necesidades epidemiológicas.

Insistimos en que hay que tomar medidas urgentes y centralizadas por el estado, porque la pandemia no terminó y sigue planteada la necesidad de acabar con ella. En primer lugar, es necesario completar la vacunación de toda la población, con todas las dosis y refuerzos requeridos. Habrá que desarrollar también una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación para esclarecer a quienes aún desconfían. Además, no se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Hay que proceder a vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios.

En segundo lugar, se tienen que realizar testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus. Hay que licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores en negro y otros.

En tercer lugar, se debe restaurar el sistema de salud completando los planteles, que ya estaban diezmados al comienzo de la pandemia y retomar a todo el personal despedido para poder encarar la doble tarea de combatir la pandemia y continuar con la atención habitual con sueldos dignos y estabilidad laboral.

En cuarto lugar, hay que nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir las vacunas y los tests, dado que, en el país, existe la capacidad para hacerlo. Éstos se deben proporcionar gratuitamente a toda la población como así también los reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir ahorrando para aumentar las reservas para pagar la deuda externa, como exige el FMI, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.
 

Escribe Martín Fú

El presidente ha estado aislado en Olivos por ser contacto estrecho con una trabajadora de la residencia presidencial y de varios funcionarios que han dado positivo de Covid-19.

Como lo ha definido el diario Cronista fechado el 19 de enero, “Por precaución, aún sin presentar síntomas, Fernández extrema sus cuidados y se realizará un PCR”. El 4 de enero pasado, el gobierno había publicado en el Boletín Oficial una resolución en donde rezaba: “los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de Covid-19 que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta”.

Alberto hace uso de sus privilegios y se aísla, a diferencia de miles de trabajadores que en una situación similar (que se repite día a día) están obligados a ir a trabajar igual. Basta con ver la cantidad de trabajadores de la salud, que siendo contacto estrecho son obligados a trabajar igual. O las patronales industriales y de servicios, para dar unos ejemplos, que intiman a sus empleados con sanciones y descuentos si no se presentan a tomar servicio. Algunas líneas ferroviarias llegan al 75% de su personal contagiado de Covid-19 o siendo contacto estrecho. El “quédate en casa” que tanto usó el gobierno parece ser solo para el presidente, algunos funcionarios y las patronales que gozan de buena salud y atención médica urgente.

El caso del personal de la salud es emblemático: en casi dos años de pandemia donde lo sanitario fue protagonista y demandó esfuerzos enormes de sus trabajadores bajo condiciones muchas veces precarias, sobreexplotados y sin licencias y vacaciones, mientras el presidente de aísla plácidamente en la residencia y bajo cuidados médicos personalizados, a quienes siguen maximizando sus esfuerzos sin descanso y reconocimiento desde la primera línea de batalla contra la pandemia, se les niega el aislamiento preventivo, no sólo poniendo en riesgo su salud, sino la de compañeros de trabajo y público concurrente a los centros de salud públicos y privados.