Escribe Joel Rojo

En medio de una crisis económica agravada por el coronavirus, y con una deuda que sobrepasa los 160.000 millones de pesos, de la cual el 95% es en dólares, el gobierno de Córdoba pretende hacerle pagar las consecuencias al pueblo trabajador. Así lo expresó su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al declarar: “No sabemos si podremos pagar en tiempo y forma los sueldos y las jubilaciones de abril”. 

En el marco de los roces que tiene con el gobierno nacional, Schiaretti resolvió emitir un título de cancelación de deuda para los proveedores por 9.000 millones de pesos. En los hechos, una emisión de moneda encubierta. Esto lo utiliza también como chantaje al gobierno nacional para que pague los 16.000 millones de pesos de deuda atrasada por el déficit de la caja de jubilaciones y le envíe un plus de ayuda por la caída de 24% de la coparticipación y de la recaudación provincial, que ya venía cayendo desde hace varios meses y que ahora se agudizó con la pandemia. 

El Ejecutivo nacional ya resolvió destinar 120.000 millones de pesos a repartir entre todas las provincias a lo largo del año, tratando de evitar que aparezcan los bonos provinciales, con los que amenazó Schiaretti si seguía cayendo la recaudación. Los cordobeses que ya supimos cobrar sueldos en Cecor y Lecor conocemos los problemas y las pérdidas que traen estas cuasimonedas. 

Pero el gobernador también advirtió que si esa “asistencia” no alcanza, va a rebajar los sueldos de los empleados del Estado y postergar el pago de las jubilaciones.

Cualquiera de estas medidas perjudican a los trabajadores. Pero la rebaja salarial sería un golpe brutal a los sueldos que, por la continua claudicación de la burocracia sindical, están por debajo de la indigencia (becarios, pasantes y monotributistas) y de la canasta familiar (la mayoría de los empleados públicos, enfermeras y docentes). Esto también afectará a los municipios que dependen de la coparticipación provincial

Todos estos trabajadores y trabajadoras se deben organizar para luchar contra este ajuste en medio de la cuarentena, dejando de dar clases por deudas salariales, como lo están haciendo las docentes municipales de Córdoba capital y los choferes de Aoita. La consigna debe ser: ningún recorte a los trabajadores del Estado ni postergación al pago de los jubilados. No a los bonos basura. ¡Aumento de emergencia ya!

El peronismo es responsable de esta situación porque gobierna la provincia desde hace veinte años, con la complicidad del radicalismo y toda la burocracia sindical. ¡Es mentira que no hay plata! Ante la crisis, hay que terminar con todas las exenciones impositivas a las grandes empresas, dejar de pagar la deuda externa provincial y crear un fondo de emergencia, imponiendo un impuesto extra a las grandes empresas, clínicas privadas, bancos, latifundios y exportadoras. Y también a las grandes fortunas, como los Urquía, los Nores Martínez, los Allende y tantos otros. ¡La crisis deben pagarla los capitalistas. No los trabajadores! 

Escribe Adolfo Santos

Alberto Fernández ha dicho en una entrevista reciente que “hace falta plata para la emergencia; que alguien me diga de dónde la sacamos”. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad tenemos una respuesta contundente: hace falta imponer un impuesto especial del 10% a los 50 principales multimillonarios de la Argentina y del 10% de las ganancias de los 20 más grandes grupos económicos.

Con esa plata se puede duplicar todo lo que puso el gobierno hasta ahora: se puede conseguir nada más ni nada menos que otros 10.000 millones de dólares. Todo este dinero podría resolver las más urgentes carencias que reclama la pandemia. Así, con apenas 250 millones de dólares se podrían contratar los 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires. A ellos podríamos sumarle comprar 25.000 respiradores artificiales, ocho millones de barbijos especiales y todos los insumos para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, incluyendo la instalación completa de nuevos hospitales y unidades de terapia intensiva. También se podrían mejorar sustancialmente los salarios de los trabajadores de la salud y triplicar los subsidios de 10.000 pesos otorgados a los trabajadores autónomos o desempleados, así como distribuir alimentos suficientes para que nadie pase necesidades y se sienta presionado a romper la cuarentena.

Hay sectores del propio gobierno que están proponiendo proyectos de impuestos a las grandes fortunas y ganancias de empresas. Uno de ellos, elaborado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, propone aplicar un impuesto de entre 1,25% y 1,75% a los cincuenta mayores patrimonios. Eso significaría alrededor de 1.000 millones de dólares. Otro, propuesto por una consultora que dirige la diputada Fernanda Vallejos, plantea que podría elevar esa recaudación a 3.800 millones de dólares.

En todos los casos plantean cobrar mucho menos que lo que proponemos nosotros. Nosotros decimos que es insuficiente. Pero, más allá de la cifra, le exigimos al gobierno que lo ponga en práctica ya mismo. Hace falta más plata en forma urgente. No se puede esperar. Y esta sólo puede salir de impuestos de este tipo y de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. Porque esta crisis tiene que pagarla los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Adolfo Santos

La revista Forbes publica todos los años el ranking de los multimillonarios del mundo. En la tabla de posiciones argentina, los cinco primeros megamillonarios suman ellos solos una fortuna de 12.100 millones de dólares.

La lista está encabezada por Paolo Rocca, con una fortuna personal de 3.300 millones de dólares. Rocca es dueño del Grupo Techint, que con sus empresas Tenaris, Ternium y Tecpetrol es el principal holding de la industria argentina. Semanas pasadas, ya en medio de la pandemia, despidió con la complicidad con la nefasta burocracia sindical de la Uocra a 1.450 obreros de la construcción.

El segundo es Alejandro Bulgheroni, dueño de 2.700 millones de dólares, con inversiones en hidrocarburos y en el agronegocio. Su empresa insignia es Panamerican Energy, que, en asociación con multinacionales británicas y chinas, está a la cabeza del saqueo de nuestro gas y petróleo.

Le sigue, en el tercer lugar Marcos Galperin, amigo de Macri y dueño de Mercado Libre con 2.400 millones de dólares. Es el que, aun en medio de la crisis de 2019, más acrecentó su fortuna y quién se la pasa haciendo gala de la necesidad de avanzar en una super-flexibilización laboral.

Cuarto está Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares. En medio de la crisis sanitaria, es escandaloso que una de las mayores fortunas argentinas esté en manos de alguien que lucra con la industria de la salud.

Finalmente, el quinto es Gregorio Pérez Companc, con 1.700 millones de dólares, el actual dueño de Molinos Río de la Plata, uno de los monopolios alimenticios más importantes de la Argentina.

Acá, en estos cinco nombres, está una parte importante de la plata que debe financiar un fondo de emergencia para atender la pandemia. Es urgente imponerles un fuerte impuesto que permite que al menos el 10% de esa riqueza acumulada pase a resolver las urgentes necesidades planteadas al pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Los bancos privados que actúan en nuestro país, nacionales y extranjeros, son el prototipo de los capitalistas chupasangre que “se la llevan en pala”. No importa que la economía de conjunto crezca o esté en recesión. No importa que haya inflación, devaluaciones, que crezca el desempleo o la pobreza. Los bancos siempre ganan. Más aún: son los que más ganan. El año pasado, sin más, sus ganancias superaron los 300.000 millones de dólares. 

La contrapartida son los abusos sobre los trabajadores y demás sectores populares. Mientras todos los trabajadores en blanco somos “cautivos” de algún banco en el que nos acreditan el sueldo, este nos cobra intereses abusivos por tarjetas de crédito, préstamos, comisiones y “servicios” (la inmensa mayoría invisibles). 

En estos días nos ofrecen “correr” los vencimientos de las tarjetas de crédito (que gran parte del pueblo trabajador tuvo que “reventar” para comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos) a cambio de pagar un interés superior al 40%: ¡el más alto del mundo! Mientras tanto, a los que viven de changas, tienen un quiosco o un remis les niegan un préstamo mínimo para seguir tirando, les rechazan cheques o les cobran intereses astronómicos por descubierto. 

La semana pasada vimos las largas y criminales colas de los jubilados. Obviamente, el responsable es el gobierno. Pero sus cómplices son los bancos privados que, en su inmensa mayoría, hace años que se vienen negando a pagar jubilaciones y AUH, ya que eso “no les da ganancias”. 

Los bancos siguen ganando durante la pandemia, ya que la mayoría de su trabajo es online. Ahora, que es más necesario que nunca la implementación de un fondo de emergencia para afrontar la pandemia, los bancos como tales, con sus ganancias, y los banqueros con sus fortunas individuales, deben estar entre los primeros que paguen un impuesto especial para financiar ese fondo.  

Escribe Martín Fú

Javier Madanes Quintanilla es uno de los empresarios más ricos del país por lo cual figura en la revista Forbes. Dueño de un conglomerado de empresas de las que se destacan Aluar (aluminio y derivados) y Fate (neumáticos) entre otras, Madanes Quintanilla salió rápidamente a aclarar que “el capital productivo”, como se define él con sus empresas, no tiene que ser tocado o alcanzado por ningún impuesto especial, ya que eso afectaría la “inversión”. Aluar, para tomar como ejemplo, es una de las empresas que mejor cotizan en bolsa. El consorcio de empresas de la familia Madanes y su desarrollo están indisolublemente ligado a todas las dictaduras militares desde Ongania en adelante y hasta el gobierno de Perón, cuyo ministro de Economía Ber Gelbard, fue socio en Aluar en los ´70. Madanes quiere que la crisis la paguen los trabajadores