Escribe Adolfo Santos

El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei implica un brutal retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores. En las últimas semanas se abrió un fuerte debate en torno al artículo 44, aprobado por mayoría en el Senado, que reducía el salario entre un 50 y un 75% durante las licencias por enfermedad. La indignación fue inmediata y varios legisladores llegaron a admitir públicamente que habían votado el texto sin siquiera haberlo leído.

Frente a la reacción social y ante el riesgo de que el proyecto quedara trabado en Diputados, el gobierno decidió retirar ese artículo durante el tratamiento en esa cámara. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás con el espíritu general de la reforma, mantuvo intacto el núcleo de las modificaciones regresivas. La ministra Patricia Bullrich llegó a admitir que la eliminación del artículo 44 permitió destrabar otros puntos centrales del proyecto, dejando en evidencia que el objetivo no es crear empleo ni modernizar el trabajo, sino avanzar en una quita sistemática de derechos para beneficiar a las grandes patronales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el abaratamiento de los despidos.

El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte equivalente al 3% del salario, que se deposita en una cuenta individual administrada por entidades financieras. Ese porcentaje se saca de las contribuciones patronales que hoy van al Anses, lo que implica un desfinanciamiento directo del sistema previsional. De este modo, el costo del despido se vuelve previsible y sensiblemente menor para el empleador. Además, en el cálculo indemnizatorio dejan de computarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros haberes, reproduciendo un esquema que remite a la experiencia de las AFJP.

La reforma también profundiza la precarización laboral.

Se establece un sistema de banco de horas que desregula la jornada de trabajo, habilitando extensiones de hasta 12 horas sin pago de extras, bajo la promesa de compensación futura. Las vacaciones, a su vez, podrán ser fraccionadas a criterio del empleador, dificultando el descanso real y la organización de la vida cotidiana.

Otro punto clave es el ataque a la negociación colectiva.

Se promueve la negociación por empresa en detrimento de los convenios por rama y se habilita la caída de cláusulas si no hay acuerdo en paritarias. Al mismo tiempo, se reduce del 6 al 5% el aporte patronal a las obras sociales, agravando la crisis de un sistema ya golpeado.
La reforma también ataca las organizaciones sindicales.

Limita las asambleas en los lugares de trabajo y restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar guardias mínimas que vacían de contenido ese derecho constitucional.

La conducción de la CGT vuelve a quedar expuesta. Tras meses de negociaciones y participación en el Concejo de Mayo, solo bajo presión desde abajo convocó al paro del 19 de febrero. No alcanza. Hace falta continuidad y un plan de lucha nacional para enfrentar la reforma esclavista, luchar por salarios, contra los despidos y en defensa de las y los trabajadores de FATE. 

Escribe Agustín Blanco

Una reunión abierta, convocada de urgencia por el Plenario del Sindicalismo Combativo, se realizó en la puerta de la planta de FATE para apoyar la lucha emblemática de las y los trabajadores del neumático contra el cierre dispuesto por la patronal de Javier Madanes Quintanilla y organizar las acciones de los próximos días. La convocatoria reunió a más de 500 trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas, junto a organizaciones sindicales, estudiantiles, piqueteras, de derechos humanos y la izquierda. Más de 60 intervenciones tomaron la palabra en una jornada que se extendió hasta entrada la noche.

El plenario fue abierto por Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, quien explicó la gravedad de la situación generada a partir del anuncio intempestivo del cierre de la fábrica y los 920 despidos. Lo siguió Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste: “El cierre de FATE es parte de un plan que destruye la industria y empuja a miles a la desocupación; por eso nuestra lucha no termina hasta lograr la reincorporación de cada despedido y frenar esta política de ajuste”.

A lo largo de las intervenciones se expresó de manera unánime el apoyo irrestricto a la lucha de las y los trabajadores de FATE, que desde hace días resisten desde los techos y el interior de la planta en una histórica permanencia. Tomaron la palabra, entre otros, Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys; Mónica Schlotthauer, diputada provincial por Izquierda Socialista en el FIT Unidad; Ana Valverde, de Utjel; y Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía. Todos ellos son parte de la importante delegación de A Luchar y de Izquierda Socialista. 

También dieron el presente trabajadores del Hospital Garrahan, ILVA, Lustramax, Dr. Ahorro, Secco, Georgalos y el conjunto de los partidos de izquierda.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de redoblar los esfuerzos para rodear el conflicto con la más amplia solidaridad y fortalecer la pelea general de la clase trabajadora contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con la complicidad de los partidos patronales y el silencio de la burocracia sindical de la CGT.

El plenario resolvió una serie de acciones concretas. Entre ellas, apoyar el abrazo al Hospital Garrahan que se realizará el próximo jueves a las 13, en rechazo a las cesantías, suspensiones y la persecución impulsada por la gestión mileísta en el hospital contra las conducciones sindicales combativas y el activismo que vienen de lograr un gran triunfo en su lucha salarial en 2025. Ese mismo día, a las 17, se llevará adelante un acto en la puerta de la planta de FATE, como parte de una jornada nacional de visibilización del conflicto.

Asimismo, se resolvió movilizar el viernes al Congreso a las 12, en el momento en que se trate la reforma laboral, donde se desarrollará una radio abierta con el eje central puesto en la exigencia a la CGT de un plan de lucha para enfrentar la reforma, por aumento de salarios, contra los despidos y por la solidaridad con la lucha de FATE.

El encuentro culminó en un fuerte clima de unidad y lucha. Se destacó la necesidad de profundizar la coordinación a través del Plenario del Sindicalismo Combativo, como herramienta para exigir a la CGT y las CTA un paro general de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste impulsado por el gobierno, los gobernadores y el FMI.

“Mientras festejan en el Congreso, despiden y reprimen en las fábricas”

Una de las intervenciones destacadas fue la de Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista FIT Unidad y delegada ferroviaria: “Si la patronal cierra y el Estado reprime, la respuesta es una sola: prohibición de despidos, paro general y la fábrica produciendo. Que lo sepan todos, si cierran FATE avanzan con la reforma, vamos a responder con organización, paro general y la fábrica en manos de sus trabajadores”.

Escribe José Castillo

FATE anunció su cierre definitivo y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Frente a este golpe, hay que luchar por la reapertura de la planta o su estatización bajo control obrero.

El miércoles 18 de febrero la patronal de FATE cerró la fábrica y dejó sin empleo a sus 920 trabajadores. Si se suman las firmas proveedoras, muchas de las cuales tienen como único cliente a la empresa de neumáticos, el total de puestos de trabajo afectados asciende a 2.500.

La patronal, haciendo gala de un salvajismo extremo, comunicó el cierre mediante un simple aviso la misma mañana en que debía reincorporarse el grueso del personal tras sus vacaciones. Al mismo tiempo, anunció que utilizará una parte de los terrenos de la planta para otro negocio del Grupo Madanes: la instalación de una central energética para abastecer a Edenor y Edesur.

Frente a la conciliación obligatoria decretada tanto por el Ministerio de Capital Humano de la Nación como por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la patronal de FATE primero no se presentó y luego lo hizo “acatando” formalmente la medida, que exige retrotraer el conflicto y, por lo tanto, reabrir la planta. Inicialmente alegó que no podía cumplirla porque la fábrica estaba tomada. Luego admitió la verdad: no piensa, bajo ninguna condición, volver a ponerla en funcionamiento y afirmó que la decisión de cierre “es definitiva”.

La pelea Milei-Madanes: los trabajadores como pato de la boda

Los dueños de la empresa, como tantas otras patronales orientadas al mercado interno, se han visto afectados por la entrada indiscriminada de cubiertas importadas, especialmente desde China. El gobierno de Milei, coherente con su política antiindustrial, redujo en enero de 2025 los aranceles a la importación de neumáticos del 35% al 16% y flexibilizó al máximo los trámites para importar cubiertas, eliminando el certificado de homologación de autopartes. En 2025 la importación de cubiertas para autos livianos creció un 42% y la de vehículos pesados, un 38%.

A esto se suma el aumento de la importación de automóviles, que creció un 97,6% en 2025. Muchos de esos vehículos ingresan ya con sus propias cubiertas, reduciendo aún más el mercado interno. Como consecuencia de esta apertura, hoy el 85% de las cubiertas que se venden en el país son importadas, una situación que afecta no solo a FATE, sino también a la producción local de Bridgestone y Pirelli, las otras dos empresas del sector.

La patronal, perteneciente al Grupo Madanes y con enormes ganancias en otras empresas del holding como Aluar y Futaleufú, siguió el camino de sus colegas capitalistas: apoya la reforma laboral y el ajuste antiobrero de Milei, mientras se queja puntualmente de aquellas medidas que afectan sus ganancias.

El carácter profundamente antiobrero de los dueños queda aún más claro en otro argumento que utilizan para justificar el cierre: la supuesta “intransigencia” de la conducción combativa del sindicato. Es evidente que a Madanes le resultaría más cómodo negociar con burócratas traidores como los que dirigen la mayoría de los gremios. Sin embargo, aun con una conducción sindical combativa, en el último año redujo casi un 50% la plantilla y mantiene salarios miserables, que promedian entre un millón y un millón y medio de pesos, con catorce meses sin otorgar aumentos.

Como ocurrió hace algunos meses con el contrapunto entre Paolo Rocca y Milei, a quien el presidente llamó “Don Chatarrín”, ahora los roces se dan con Javier Madanes Quintanilla. Pero tanto Milei como el dueño de FATE y Aluar coinciden en lo esencial que los platos rotos los paguen las y los trabajadores.

¡Ni un despido! ¡La más amplia solidaridad y unidad de acción!

La planta continúa tomada. Se realizó un emotivo y masivo recital de solidaridad, y los vecinos del barrio se acercaron a colaborar. Este cierre generó una profunda preocupación y una fuerte repercusión en todo el movimiento obrero. Es necesario transformar esa bronca en solidaridad activa con la pelea y en una exigencia clara que no se pierda ni un solo puesto de trabajo.

Desde Izquierda Socialista/FIT en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo llamamos a brindar todo el apoyo incondicional a las y los trabajadores. Hay que rodear esta lucha de la más amplia solidaridad y convocar, en unidad de acción, a una masiva demostración de apoyo.

Decimos con toda claridad: ¡No al cierre! Si Madanes no quiere reabrir la planta, hay que estatizarla. Presentaremos, a través de nuestra diputada provincial Mónica Schlotthauer, un proyecto para su provincialización bajo gestión de sus propios trabajadores. La lucha de esta fábrica es parte de la pelea general contra la motosierra de Milei y el FMI y contra la reforma laboral esclavista. Por eso exigimos a la CGT un nuevo paro general de 36 horas y un verdadero plan de lucha.

Escribe José Castillo

Fate es propiedad del Grupo Madanes, actualmente bajo la conducción de su tercera generación. Javier Madanes Quintanilla, uno de los multimillonarios argentinos, llegó a figurar en la revista Forbes con una fortuna personal estimada en 1.500 millones de dólares, ocupando en 2024 el puesto número 12 entre las personas más ricas de la Argentina.

La familia Madanes construyó su fortuna a lo largo de más de 80 años, sobre la base de la explotación de sus trabajadoras y trabajadores y de privilegios otorgados por distintos gobiernos.

Son los dueños de Aluar, empresa a la que accedieron luego de un oscuro proceso de adjudicación, apoyados en sus vínculos con el dictador Alejandro Agustín Lanusse en 1972 y con José Ber Gelbard, entonces dirigente de la CGE y luego ministro de Economía de los gobiernos de Cámpora y Perón. De ese modo se consolidaron como “los dueños del aluminio” en Argentina. Al mismo tiempo, a través de acuerdos con empresas transnacionales automotrices, realizaron grandes negocios con Fate, la empresa de neumáticos. El Grupo Madanes también es propietario de la central hidroeléctrica de Futaleufú, que abastece de energía eléctrica a su planta de aluminio.

Como tantos otros grandes grupos económicos, los Madanes también se beneficiaron durante la dictadura genocida iniciada en 1976. Formaron parte del grupo de empresarios que transfirieron su deuda externa al Estado en la conocida estatización impulsada por Domingo Cavallo en 1982. Según la investigación de Alejandro Olmos, que dio lugar al fallo del juez Ballesteros, el Grupo Madanes se benefició con la estatización de una deuda de 80 millones de dólares, que a valores actuales equivale a unos 300 millones.

Este empresario ha mostrado reiteradamente su perfil antiobrero. En su trayectoria figuran los procesos de flexibilización laboral aplicados en todas sus empresas en 1991, acompañados de despidos masivos. También el acuerdo que llevó adelante con las otras empresas del sector del neumático (Pirelli y Bridgestone) para congelar salarios y disciplinar a las y los trabajadores mediante despidos.

Escribe Guido Poletti

Son datos oficiales: durante el gobierno de Milei ya cerraron 21 mil empresas y se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo en blanco. Los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo afirman, sin ningún pudor, que si bien se perdieron algunos empleos “se crearon otros tantos”. Una afirmación falsa. Los propios datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mide el número de trabajadores que realizan aportes al sistema jubilatorio, indican que hay 192.400 trabajadoras y trabajadores menos registrados. Si a esto se suma la caída del empleo público (en la administración central, los organismos descentralizados y las empresas públicas) y lo ocurrido en las provincias, la cifra total supera los 300 mil puestos de trabajo perdidos.

Fate no es un caso aislado. Corre un serio peligro de cierre la Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, una de las empresas avícolas más grandes del país. También está el caso de SKF, en Tortuguitas, con décadas de trayectoria en la producción de rulemanes, que emplea a 150 operarios y ya anunció que relocalizará su planta en Brasil.

Whirlpool pasó de inaugurar una planta de lavarropas en Fátima en 2022 a cerrarla en noviembre de 2025. No fue por problemas tecnológicos ni de obsolescencia: allí se producía el lavarropas de carga frontal más moderno del mundo. La empresa decidió importar desde Brasil y despidió a la totalidad de sus trabajadoras y trabajadores.

Frente a esta verdadera tierra arrasada, que lejos de revertirse tiende a profundizarse, decimos con claridad: hay que defender los puestos de trabajo. Es urgente un plan de emergencia que prohíba las suspensiones y los despidos y que plantee la estatización de toda fábrica que cierre, para que continúe produciendo bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores. Al mismo tiempo, es necesario dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para financiar así un gran plan de obras públicas que genere miles de puestos de trabajo genuinos.