Nov 05, 2026 Last Updated 7:29 PM, Nov 4, 2026

Escribe Hugo Iglesias

Mirgor despidió a 223 trabajadores en la planta de Einstein, otros 73 en Malvinas. La empresa de la familia Caputo en Tierra del Fuego pretende aplicar la reforma laboral destruyendo la organización sindical. Los trabajadores habían resuelto realizar asambleas de una hora por turno el jueves y viernes pasado y la patronal respondió con estos despidos. El lunes se congregaron en la planta. La UOM de Río Grande exigió la reincorporación de todos en audiencia de conciliación. El ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. La empresa se vio obligada retrotraer los despidos, pero dejó afuera a todos los delegados gremiales de las 4 fábricas. El propósito de la empresa de la familia del ministro de Economía Caputo es claro: descabezar la resistencia sindical para poder aplicar la Reforma laboral esclavista del gobierno de Milei y el FMI, que aprobó la LLA, el PRO, los radicales y los peronistas amigos del gobierno. 

Desde Izquierda Socialista Tierra del Fuego estuvimos presentes en las puertas de la fábrica, acompañando las fogatas de la resistencia de toda la planta. Hemos propuesto a la UOM y a la CGT la realización de un paro provincial para derrotar esta ofensiva. Está claro que lo que los bloques empresariales votaron en el Congreso no hay que dejarlo aplicar resistiendo en Tierra del Fuego y en todo el país con un plan de lucha nacional por la derrota de la Reforma, como la movilización derrotó la ley de extranjerización de las tierras.



Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Ante el clamor popular y una gran movilización nacional, el gobierno fue obligado a retroceder en dos de los ejes centrales de la mal llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que solo protege a las multinacionales y capitales extranjeros. Las y los senadores fueron obligados a cambiar su voto ante la fuerte protesta. Retiraron el capítulo de extranjerización de la tierra que afectaba directamente la soberanía nacional y minutos antes de la votación dieron marcha atrás con la modificación de la Ley de Manejo al Fuego que pretendía habilitar el incendio de tierras, bosques y áreas naturales con fines especulativos. Además, el gobierno retiró los cambios que proponía para la Ley del Libro y el mercado de farmacias frente a las duras críticas de esos sectores. El gobierno ultraderechista de Javier Milei está sufriendo serios traspiés que empiezan a afectar sus índices de popularidad como demuestran las encuestas.

La lluvia, el frío y la tormenta desatada desde hora temprana, no impidieron este jueves 6 una masiva concentración frente al Congreso de la Nación para gritarle a los senadores: las tierras no se venden ni se incendian, se defienden. Fue una gran manifestación convocada en el AMBA por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores de la Tierra y otras organizaciones entre las cuales se encontraba el Plenario del Sindicalismo Combativo, la izquierda y contó con una importante presencia de la juventud representada por sus centros de estudiantes. Se multiplicaron las voces para derrotar la propuesta de destrucción y entrega, sin límites, el territorio nacional a quien quisiera comprarlo. Como dijo sin el menor pudor el impresentable canciller Pablo Quirno durante una entrevista televisiva al canal A24: “Sí, es posible que un extranjero pueda comprar un pueblo o una provincia si así lo desea”.

No es lo que piensa la mayoría de la población. Desde aquella sábana con la leyenda “Las Malvinas son Argentina”, recogida y agitada por los futbolistas de la selección después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial, se encendieron las alarmas y, desde Lali Espósito, hasta Licha Martínez y Antonella Roccuzzo se fueron sumando las voces de artistas, deportistas, intelectuales, dirigentes políticos, culturales y sociales a las protestas contra este nefasto proyecto y en defensa de la soberanía de nuestro país. Por eso la Plaza de los dos Congresos y sus inmediaciones se llenaron de manifestantes y las concentraciones masivas se replicaron en las principales ciudades de todo el país. Es un reflejo del hartazgo contra la entrega y el ajuste sin fin propuesto por Milei, los gobernadores y el FMI.

En el palco levantado frente al Congreso se vivieron dos momentos. Al inicio de la tarde realizaron un acto los sectores sindicales ligados a las CTA, La Cámpora y otras organizaciones sindicales peronistas. Fue notable la ausencia de la CGT que a la mañana difundió un patético comunicado anunciando que, ante la retirada de una parte del proyecto, se iba a limitar a realizar una “presencia de carácter testimonial”, demostrando el pacto que mantiene con el gobierno ultraderechista.

Después fue el momento del Frente de Izquierda junto a organizaciones ambientalistas, sociales y de la juventud subir al escenario. Hablaron Celeste Fierro por el MST, Romina del Plá en nombre del PO y Juan Carlos “Gringo” Giordano por Izquierda Socialista, quien estuvo acompañado por la diputada bonaerense y delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer y la secretaria general de Ademys Soledad Mosquera. Giordano resaltó que la caída del capítulo de extranjerización de la tierra fue gracias a la gran movilización unitaria realizada en todo el país. Llamó a continuar la lucha hasta derrotar el conjunto de la ley y exigió a la CGT que deje de realizar declaraciones inconsecuentes y convoque un paro y plan de lucha para derrotar al gobierno. Finalizó diciendo que para defender a la patria hay que romper con el FMI, con Donald Trump y dejar de pagar la deuda externa. Finalmente cerró Myriam Bregman del PTS para luego dar lugar a un festival que fue interrumpido por la brutal represión a la manifestación en las inmediaciones del Congreso.

La lucha continúa para que caiga todo el proyecto y derrotar el plan motosierra

Si bien cayó el capítulo de la extranjerización de la tierra y el que modificaba la Ley de Manejo al Fuego, este proyecto contiene otras graves propuestas. Modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de restitución de inmuebles. Las acciones de desalojo de inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, abreviando los plazos para el desalojo a pocos días y concentrando las etapas procesales con lo cual se procederá a desalojos exprés. En medio de una situación de crisis, desempleo y familias endeudadas, los quieren desalojar en apenas diez días con la sola declaración del dueño. Lo mismo pretenden con las tierras ocupadas legítimamente por los pueblos originarios que no tienen títulos porque el estado se niega a otorgarlos. Por otro lado, dificulta la posibilidad de expropiación por parte del estado, coloca mayores exigencias para la utilidad pública, aumenta considerablemente las indemnizaciones e incorpora el pago del supuesto el lucro cesante. Los mismos que en los ‘90 entregaron las empresas estatales por dos pesos, ahora colocan fuertes trabas para tratar de impedir o dificultar la reestatización que permita recuperar el patrimonio nacional.

Esta semana quedó demostrado que el gobierno no es imbatible y se le puede torcer el brazo con lucha y organización. El lunes 3 se realizó un masivo paro docente nacional convocado por Ctera, con altísimos índices de acatamiento a pesar de las amenazas y exigencias del gobierno de respetar el 75% de presencialidad. Después, los prácticos que guían los barcos que ingresan y egresan de los puertos se negaron a realizar sus tareas en repudio a una medida de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger, finalmente, ante la negativa de los capitanes de barcos a navegar sin prácticos, el gobierno tuvo que recular, suspender el decreto y aceptar la demanda de ese sector portuario. Y este jueves, se libró una gran batalla que impidió el avance de una parte importantísima del proyecto de entrega y destrucción de la ultraderecha.

A pesar de los gases (hasta tiraron contra un niño de ocho años), los carros hidrantes y las balas de goma que provocaron una represión salvaje y de la detención indiscriminada de manifestantes, por los que exigimos su inmediata libertad, la lucha continúa. Cada senadora y senador que votó este proyecto de ley aún recortado, merecerá el repudio popular. La caída de parte del proyecto fue un gran paso logrado por el repudio de millones de argentinos. Está claro que existe un hartazgo contra este gobierno y que Milei no va más. Hace falta que la CGT se deje de declaraciones vacías, rompa el pacto con el gobierno y convoque a un paro nacional y un plan de lucha para derrotar el plan motosierra que también aplican los gobernadores. Las tierras no se venden, no se queman ni se desalojan, se defienden. Fuera el FMI de Argentina, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina.

 

 

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista (FIT-Unidad)

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con el saqueo de nuestras riquezas. Con la nueva ley de Tierras, millones de hectáreas, las más ricas del país, muchísimas en áreas de frontera, pasarán a manos de empresarios extranjeros. Tenemos que evitarlo con la movilización, sin confiar un milímetro en los senadores que, como ya han demostrado otras veces, están dispuestos a negociar la soberanía por monedas.

El gobierno de La Libertad Avanza se apresta a dar un nuevo salto en la entrega y el saqueo de nuestras riquezas. Como ya lo hizo con el RIGI y luego con la modificación de la ley de Glaciares. Se trata de dar un “vía libre” para que los capitales imperialistas puedan quedarse con todo. En este caso lo que está en cuestión es el proyecto redactado por el ministro Sturzenegger llamado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, uno de cuyos capítulos plantea la modificación de la ley de Tierras.

La actual ley de Tierras no es la mejor ni de lejos, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner y votada en 2011. De hecho, ya permitió a cuantiosos capitales extranjeros quedarse con porciones enormes de nuestro territorio. Como anécdotas conocidas tenemos los millones de hectáreas en manos de Benetton o la virtual “privatización” de Lago Escondido por parte de Joe Lewis. Yendo a números, tenemos el espectacular trabajo del observatorio de tierras (ver www.observatoriodetierras.ar ) que demuestra que el límite actual (la suma de propiedades extranjeras por provincia no debería superar el 15% de cada una) es superado escandalosamente en más de 30 departamentos: Campana, en provincia de Buenos Aires, con su puerto, tiene extranjerizado el 50,27% de su territorio; General Lamadrid, en La Rioja, cerca del Parque Nacional Talampayo, el 56,7%; Lacar, en Neuquén, sobre la frontera cordillerana, 54,17%; en Salta, tenemos los departamentos San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%); y, en la frontera con Brasil y Paraguay, en Misiones, el departamento de Iguazú, con una extranjerización de la tierra del 39,95%.

A pesar de todo esto, el gobierno va por más. Eleva el límite actual del 15 al 25% (encima lo muestra como una “concesión a las provincias, ya que el texto original no fijaba límite alguno). Pero además afirma explícitamente que esos límites figuran a nivel nacional o provincial, no municipal, que es justamente donde se están dando estas apropiaciones escandalosas. El proyecto además elimina el actual límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo de la Pampa Húmeda (la más rica del país). También elimina la actual prohibición de comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de aguas importantes (ríos o lagos, ya violado actualmente con artilugios como “abrir un camino de acceso intransitable por Joe Lewis) o que limiten con áreas de seguridad de frontera. También se elimina otro límite: que personas de una misma nacionalidad puedan poseer más del 30% del total.

Es un escándalo total, una entrega absoluta de tierras y aguas. Irónicamente el proyecto, cuyo nombre pomposo es de “inviolabilidad de propiedad”, pasa por encima de los territorios de las comunidades originarias, y destruye el acceso y propiedad de bienes comunes.

Miles de organizaciones ambientales, de pueblos originarios, sindicales, de derechos humanos se han pronunciado en contra. También lo ha hecho, unánimente, el Frente de Izquierda Unidad (cosa que no sucedido con el peronismo, donde hay gobernadores que aún “deshojan” la margarita, a la espera de unas monedas para vender sus votos). Ya se han realizado acciones en muchos lugares del país. Ese enorme y creciente repudio popular, unido al despertar del sentimiento antiimperialista que generó la bandera de “las Malvinas son argentinas” en el Mundial, ya provocó que cayera una sesión en senadores. Y que ahora el gobierno no tenga seguridad en los números para aprobarla. Pero no podemos confiar ni un milímetro en los senadores de la oposición patronal (que muchos de ellos responden directamente a sus gobernadores). Ya vimos lo que pasó hace poco con la modificación de la ley de Glaciares.

Se puede ganar y hacer retroceder al gobierno. Pero depende pura y exclusivamente de la fuerza de la movilización. Por eso este jueves tenemos que ser decenas de miles en Plaza Congreso. Y en las demás plazas del país, donde también habrá distintas acciones. La CGT, que formalmente se ha pronunciado y dice que “apoya” la movilización, tendría que garantizar que todos puedan asistir rompiendo su pacto con el gobierno y llamando a un paro general. Se lo seguiremos exigiendo hasta último momento. Pero lo central, tal como lo manifestamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es garantizar una masiva manifestación el jueves frente al Congreso. ¡Porque las Malvinas son argentinas, pero el agua y la tierra también! ¡No a la extranjerización!

 

¡Fuera el FMI!

El gobierno de Javier Milei no dejó una sin hacer. El presidente viajó a Brasil al acto de lanzamiento de su amigo ultraderechista Flávio Bolsonaro. Su discurso fue una ola de insultos contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (“zurdo corrupto”, “ladrón”) e incluso contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes (“basura calva”), que le había impedido visitar al golpista preso Jair Bolsonaro. Desde Izquierda Socialista estamos lejos de defender a Lula y su gobierno. Por el contrario, nos separan profundas diferencias por su ajuste antipopular. Pero no se nos escapa que Milei actúa como un peón de Donald Trump, buscando aportar a la construcción de una red de gobiernos de ultraderecha en la región.

Pero, sin dudas, lo más importante fue la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. Bastaron apenas dos días para que la genuflexión del gobierno batiera todos los récords. El presidente Milei hasta la llevó a una reunión de Gabinete en la que él no se sentó en la cabecera, en un auténtico símbolo de quién manda. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a regalarle una camiseta de la selección con el nombre “Kristalina” en la espalda. Ante una platea especialmente preparada, la jefa del FMI se dio el lujo de arengar y recomendarles a las y los argentinos que “se animen” a seguir adelante con el ajuste. Toda una provocación ante el hambre y la miseria que vive el pueblo trabajador.

El martes, en Vaca Muerta, quedó claro que los miles de millones de dólares que se extraerán a costa del saqueo y la destrucción ambiental no tendrán como objetivo el crecimiento, y mucho menos la redistribución hacia los sectores populares, sino cumplir con los millonarios vencimientos de la deuda externa, empezando por los que se vienen con el propio FMI. Hablando de eso, Georgieva afirmó con una sonrisa diplomática que la Argentina “no necesita nuevos préstamos en el futuro inmediato”.

El FMI presiona para que la Argentina vuelva al mercado de capitales, es decir, para que se endeude aún más con los pulpos financieros privados y profundice el ajuste. También tiene en carpeta las “reformas estructurales pendientes”, como la fiscal (quitarles más impuestos a los ricos y aumentárselos a los pobres) y la jubilatoria (aumento de la edad, privatización y eliminación de regímenes especiales, como el docente).

El año pasado, el FMI, a pedido de Trump, le financió la campaña electoral a Milei, enviándole 15 mil millones de dólares. Ahora llegó el momento de pagar esa cuenta. En lo que queda de este año habrá que abonar 2.824 millones de dólares, mientras que solo ingresarán 863 millones. El año que viene se tendrán que pagar 7.664 millones, contra un ingreso de solamente 1.725 millones. Para 2028, la cuenta se elevará a 9.462 millones, contra un ingreso de 1.725 millones. Y en 2029, el monto a pagarle al Fondo sube a 10.570 millones de dólares, contra una entrada de 861 millones. A todo esto hay que sumarle, todos los años, la deuda con los acreedores privados y otros organismos, como el Banco Mundial o el BID, con un promedio de entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales.

La “hoja de ruta” del FMI es clarísima. Nuestro pueblo trabajador tiene que estar sometido a un superajuste permanente durante décadas. Ni siquiera sumando los recursos del saqueo de Vaca Muerta y la megaminería alcanzará, por lo que habrá que aumentar el endeudamiento, lo que dará lugar a nuevos y mayores vencimientos. Y así se seguirá alimentando una bola de nieve infernal e infinita.

El peronismo apenas sacó alguna declaración de ocasión ante la visita de Kristalina Georgieva. La CGT no se pronunció y mucho menos convocó a alguna movilización. Máximo Kirchner apareció en los medios desempolvando un viejo planteo de su madre, Cristina Fernández. Sostuvo que hay que pagar toda la deuda con los acreedores privados, como si estos no fueran los mismísimos buitres y esa deuda no tuviera un origen tan ilegal como la del Fondo, y pagarle al FMI la parte “legal”.

¿Cuál sería esa parte? Un supuesto equivalente a lo autorizado según la cuota de la Argentina con el organismo, es decir, unos 20 mil millones de dólares. Con el resto propone ir a una “discusión internacional” sobre plazos, intereses y legalidades. Nada novedoso. Para los memoriosos, es exactamente lo mismo que propusieron en 2019 ante el endeudamiento de Mauricio Macri y lo que hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando, con el acuerdo de Cristina, se renegoció la deuda con los privados que hoy estamos pagando a razón de 10 mil millones de dólares por año.

Luego, cuando se discutió con el Fondo, quedó claro que no existía ningún margen para separar lo “legal” de lo “ilegal”, ni para discutir plazos o intereses. La opción era aceptar el acuerdo o romper. ¿Qué hizo el peronismo kirchnerista? Se retiró de la escena para intentar salvar su prestigio, pero ni siquiera se opuso en el Congreso. “Para no entorpecer la gobernabilidad”, dijo el propio Máximo. Así, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa terminó ajustando y hambreando al pueblo trabajador, y le abrió el camino al gobierno ultraderechista de Milei que hoy sufrimos.
Ahora vuelven con la misma receta fracasada. Cacarean contra el Fondo y la deuda, pero al mismo tiempo les dan todas las señales a los acreedores para que no tengan miedo, porque ellos van a cumplir y seguir pagando. Como ya lo había confesado Cristina cuando todavía era presidenta, “somos pagadores seriales”. Axel Kicillof, por las dudas, ya envió a su ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires a Washington para darles garantías a los pulpos financieros internacionales.

Solo el Frente de Izquierda Unidad tiene un planteo claro y transparente. No hay salida para las y los trabajadores y demás sectores populares si no dejamos de pagar esta deuda externa ilegal, ilegítima, inmoral, fraudulenta y usuraria, cuyo origen está en los días más oscuros de la dictadura genocida. Cualquier independencia económica es utópica si no rompemos con el FMI y todas sus políticas de sometimiento.

Por eso fuimos la única fuerza política que, sin fisuras, repudió la visita de Kristalina Georgieva y se movilizó unitariamente a Plaza de Mayo. También lo hicimos en Neuquén ante la visita de la titular del FMI a Vaca Muerta.

Desde Izquierda Socialista llamamos a seguir fortaleciendo unitariamente al Frente de Izquierda Unidad, la única alternativa que sostiene estos planteos, para avanzar desde allí con un programa de emergencia obrero y popular que resuelva las necesidades populares más urgentes.

La próxima cita de honor será el 6 de agosto, cuando debemos ser decenas de miles movilizados en el Congreso y en todo el país contra la extranjerización que se quiere imponer mediante la modificación de la Ley de Tierras. Hoy, cuando ha vuelto a renacer con fuerza la consigna “Las Malvinas son argentinas”, pelear contra la motosierra de Milei es también hacerlo contra las “otras Malvinas”, saqueadas al servicio de las patronales y el imperialismo por este gobierno entreguista y antiobrero.

Imagen de portada: Fuente: www.observatoriodetierras.ar


El gobierno de Javier Milei busca eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Pretende profundizar un proceso de saqueo que ya avanzó durante distintos gobiernos. Hoy, alrededor de 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, una superficie similar a la de Inglaterra.

Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de esas tierras. También aparecen empresas de Chile, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, junto con sociedades radicadas en paraísos fiscales. Esos capitales se instalan en territorios estratégicos, ricos en agua dulce, minerales, hidrocarburos, bosques, glaciares o vías navegables.

El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras muestra esta situación. En amarillo aparecen los departamentos o localidades donde la propiedad extranjera supera el límite del 15 por ciento fijado por la Ley de Tierras Rurales. En rojo se señalan los territorios ubicados en zonas de frontera que también exceden ese porcentaje. La distribución permite observar que la extranjerización se concentra especialmente sobre la Cordillera, el norte fronterizo, la Patagonia y la cuenca del río Paraná.

Hay 36 departamentos que ya superan el límite legal. En Lácar, Neuquén, y en Molinos y San Carlos, Salta, la extranjerización supera el 50 por ciento. En General Lamadrid, La Rioja, alcanza el 57 por ciento. En Tinogasta, Catamarca, llega al 27 por ciento, mientras que en Iglesia, San Juan, alcanza el 25 por ciento. Son territorios atravesados por proyectos mineros, reservas de agua y ambientes glaciares o periglaciares.

En Misiones, la multinacional chilena Arauco posee más de 230 mil hectáreas, avanza con el monocultivo de pinos y controla parte de importantes cuencas hidrográficas. En Chubut, Benetton concentra unas 900 mil hectáreas en una región marcada por conflictos con comunidades mapuches. Cerca del Paraná, empresas extranjeras controlan tierras, puertos y nodos logísticos fundamentales para el modelo agroexportador.

El próximo 6 de agosto está prevista una nueva convocatoria en el Senado para tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. Frente a este nuevo intento de saqueo, se están organizando acciones en distintos puntos del país. En el AMBA, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores de la Tierra y otras organizaciones llaman a concentrar frente al Congreso Nacional a partir de la 12. Exigimos a la CGT y las CTA que llamen a un paro general y movilización ese día, para poder garantizar una presencia multitudinaria.

Milei quiere convertir el territorio argentino en una plataforma para las multinacionales, mientras entrega la minería, el agua, los bosques y las vías navegables. Desde Izquierda Socialista planteamos defender la soberanía nacional, impedir nuevas ventas, y expropiar sin indemnización a los grandes latifundios extranjeros y avanzar en una reforma agraria que entregue la tierra a quienes la trabajan. Los recursos naturales deben quedar bajo propiedad estatal y su utilización debe surgir de las decisiones de las y los trabajadores y las comunidades involucradas, al servicio de las necesidades populares.

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