Luego de la gran autoconvocatoria de casi 1000 dirigentes, delegados y activistas realizada en Parque Lezama el último 2 de febrero,  impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Organizaciones de Jubilados en Lucha, desde la Mesa Nacional en el AMBA convocamos a todas las organizaciones gremiales, políticas, sociales, piqueteras,  ambientales, estudiantiles, de jubilados, y todxs aquellxs que comparten el pliego resuelto que reproducimos a continuación, a una reunión organizativa de la jornada del 11/02 contra la Reforma Laboral esclavista de Milei. La reunión se realizará el lunes 9/02 en la sede de ADEMYS (Solís 823) a las 18 hs. El martes 10/2 a las 12hs en Congreso realizaremos Conferencia de Prensa anunciando nuestro accionar y las banderas con las que nos movilizamos en Congreso. Noa movilizamos el 11/2 a Congreso en Av de Mayo y Rodríquez Peña en horario previo a la convocatoria de CGT a precisar. Al mismo tiempo, delegaciones de las organizaciones se movilizarán junto al Garrahan acompañando su reclamo contra el intento de cesantías y suspensiones.

 Mientras el gobierno y las patronales avanzan sobre los puestos de trabajo con cesantías, suspensiones y persecución a quienes luchan por sus derechos laborales, la CGT acaba de resolver tan solo una movilización sin paro. Sólo las CTAs y algunos gremios realizarán paro en una jornada en las que estarán en juego todos los derechos de los trabajadores. Desde los sectores combativos y en lucha impulsamos el paro activo en todas las organizaciones del movimiento obrero. Y tenemos el desafío de movilizar con fuerza, bajo un programa propio y que contraste abiertamente con la pasividad de las centrales obreras. Así lo haremos en columna independiente a partir del documento y los puntos acordados en la Autoconvocatoria del lunes 2/2 en Parque Lezama.

Los puntos:

1) Por el triunfo de todas las luchas: Tres Arroyos, Lustramax, Dr Ahorro, línea 148, Fate, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso, IBF Córdoba, Verónica, Docentes de todo el país, Cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad, jubilados, emergencia pediátrica y reconocimiento del Sitrarepa y Trabajadoras de Casas Particulares.

2) Participar de la jornada Plurinacional en defensa de la Ley de Glaciares.

3) Paro Activo nacional y plan de lucha para derrotar la Reforma Laboral y todo el paquete represivo de Milei.

4) Exigimos e impulsamos asambleas y plenarios de delegados con mandato en todos los gremios. La burocracia sindical no tiene mandato para negociar nada sobre una reforma esclavista, que debe ser rechazada totalmente y de plano.

5) Resolvemos movilizar de manera independiente con estos objetivos, rodeando el Congreso el 11/2 o el día que se trate. Y en caso de movilización de las centrales, constituir una columna independiente con nuestras exigencias y programa.

6) El 11 o el día que se trate replicar las movilizaciones y acciones en todo el país, impulsando plenarios como este en todas las provincias.

7) Impulsar Paro y cese de actividades para movilizar el día que se trate. Reclamamos a la CGT y las CTAs Paro Nacional y Plan de Lucha hasta derrotar la reforma esclavista y todo el paquete antiobrero de Milei, los gobernadores, Trump y el FMi.

Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y las Organizaciones de Jubilados en lucha. (Amba)

Recién terminó enero. Y ya tuvimos a Milei bailando cantando y haciendo el ridículo junto a Fátima Flores en Mar del Plata en el mismo momento en que se incendia media Patagonia. Antes estuvo en Davos sirviendo de bufón a Donald Trump en la firma del “Consejo de la Paz” con el que el presidente yanqui pretende poner en valor su proyecto de transformar a Gaza en un mega-resort inmobiliario, sobre los cadáveres del genocidio del ejército sionista y el desplazamiento forzoso del resto de la población. 

Mientras tanto, por acá, nos enteramos que el gobierno decidió resolver el tema inflacionario directamente prohibiendo que se ponga en marcha la nueva canasta del Indec, acercándose peligrosamente al falseamiento de los indicadores, al mejor estilo Guillermo Moreno de hace 20 años. 
Caputo, al mismo tiempo que sigue cumpliendo a rajatabla con el FMI (ahora pagando otros 800 millones de dólares de intereses) tiene tiempo también para nuevos exabruptos. Ahora dijo: “yo nunca compré ropa en la Argentina” y se lanzó contra la industria textil, planteando virtualmente que debería desaparecer e incluso afirmando que no le preocupaba que queden miles de trabajadoras y trabajadores en la calle.

Todo esto mientras crecen los despidos, los salarios y jubilaciones se siguen pulverizando y aumentan a niveles astronómicos las deudas impagas de sectores populares que ya no pueden recurrir ni a las tarjetas ni a los préstamos personales para zafar en el día a día.
En este aquelarre, falta mencionar que también apareció el jefe de gabinete, Manuel Adorni, para anunciar un nuevo ataque contra las y los trabajadores del Garrahan. En este caso el pedido de desafuero y despido de los principales dirigentes sindicales del Hospital.

Muchas novedades para estar en verano. Al gobierno le es indiferente el desastre climático que incendia el sur del país, pero no las leyes ambientales. Por eso va a tratar de aprobar en las sesiones extraordinarias su proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, hecho a medida de las transnacionales mineras (y con el apoyo de los gobernadores cordilleranos involucrados).

La senadora Patricia Bullrich le agrega a esto su proyecto de bajar la edad de punibilidad a los 13 años, yendo directamente contra los derechos de las niñeces y adolescencias.

Pero sin duda lo más importante, donde se juega todo el gobierno y las grandes patronales, es en tratar de aprobar este mes la ley de reforma laboral. Un proyecto integral anti-obrero, esclavista, que quita prácticamente todos los derechos conquistados por la clase trabajadora en 120 años de lucha. Ahí, sin duda, se condensa la auténtica pulseada.

Por eso resulta vergonzoso ver en qué andan tanto el peronismo como la burocracia sindical de la CGT y las CTA. El primero sigue deshojando la margarita de una elección interna que a nadie le interesa: la que definirá quién presidirá la cáscara vacía del PJ de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que detrás hay algo más importante: el liderazgo político hacia el 2027, donde tanto Kicillof como Cristina y Máximo Kirchner siguen en su ya infinita disputa por los cargos. Con respecto a la reforma laboral, el peronismo ya vio cómo a fin del año pasado se le derretían los bloques, con legisladores que, siguiendo las órdenes de sus gobernadores, se pasaban a las negociaciones con el gobierno.

La CGT por su parte, con su nueva conducción elegida a fines del año pasado, continúa en su actitud “dialoguista”, más allá de que no logra ni un gesto del gobierno. Peor aún, hasta los gobernadores de Córdoba y Santa Fe le levantaron la reunión en la que supuestamente iban “a dialogar”. Su otra iniciativa es apostar a “la justicia” para frenar algunos artículos, los más claramente anticonstitucionales, de la reforma laboral. Nada, ni de lejos, que apunte a poner en juego el poder de movilización de la clase trabajadora.

Por eso resulta tan importante la autoconvocatoria realizada en Parque Lezama por el Plenario del Sindicalismo Combativo. Más de 1.000 participantes, con una importante y representativa presencia de dirigentes sindicales opositores a la burocracia votaron como resolución principal convocar a una movilización masiva el día 11 de febrero (fecha tentativa que ha puesto el gobierno para comenzar el tratamiento de la reforma laboral) o en su defecto el día que se trate. En el caso que la CGT y las CTA decidan movilizar ese día, se decidió participar con una columna independiente del sindicalismo combativo, de forma similar a como se hizo el pasado 18 de diciembre en el acto de la CGT en Plaza de Mayo, exigiendo paro nacional y plan de lucha, otra de las principales consignas votadas en el plenario. Impulsando, además, convocatorias a marchar en todas las provincias del país, empezando por participar de los actos ya lanzados por sectores de la CGT, como la UOM, los aceiteros y el llamado Frente de Sindicatos Unidos en Córdoba y Rosario.

El 2026 recién comienza. El llamado es, como siempre, apoyar todas las luchas y tratar de coordinarlas para que triunfen. Sabemos que para lograrlo esta tarea está indefectiblemente unida a la de postular una nueva dirección sindical para la clase trabajadora, democrática y combativa. El plenario de Parque Lezama y sus conclusiones buscan dar pasos en ese sentido.

Pero también sabemos que hay otra necesidad a resolver, tan importante como la primera: postular una alternativa política para la clase trabajadora, la juventud, el movimiento de mujeres y disidencias y el conjunto de los sectores populares. Es lo que venimos haciendo y debemos fortalecer, con el Frente de Izquierda Unidad. A esas tareas te convocamos desde Izquierda Socialista.

Escribe Guido Poletti

Se trata de una auténtica seguidilla de provocaciones patronales, con provocaciones, despidos e incluso negativas a cumplir con intimaciones judiciales. 

Envalentonados con lo que esperan será un vía libre para hacer cualquier cosa y quitarle todo derecho al movimiento obrero, estamos frente a un auténtico laboratorio de ataques contra nuestra clase.

En Lustramax la empresa continúa sin respetar los derechos laborales. Sigue sin retrotraer los despidos ilegales. Y los trabajadores denuncian que la patronal ni siquiera se comprometió a pagar el salario en tiempo y forma. Los trabajadores de la línea 148, por su parte, se encuentran en retención de tareas tras no recibir el pago de viáticos y aguinaldo. Nuevamente, la patronal de la Línea 148 (El Nuevo Halcón SA) ha roto los compromisos asumidos. Tras haber alcanzado un acuerdo en los primeros días de enero, luego de una dura retención de tareas que duró 18 días, la empresa volvió a incumplir el cronograma de pagos de viáticos y el aguinaldo en cuotas. En Mercado Libre, Marcos Galperín acaba de echar a 300 trabajadores, avisando descaradamente que le conviene reemplazarlos por inteligencia artificial. Hay otros 300 trabajadores despedidos por el cierre de la Cerámica Ilva. En Secco, tras ocho meses de conflicto, hace una semana los trabajadores le lograron torcer el brazo a la patronal y reincorporar 11 compañeros. Son apenas algunos ejemplo de lo que viene pasando en las últimas semanas.

El corolario es clarísimo: la reforma laboral no creará más puestos de trabajo, ni formalizará a los que hoy están precarizados. Por el contrario, las patronales están esperando su aprobación para lanzarse sobre los derechos de la clase trabajadora, echar más barato o gratis o cambiar las condiciones de trabajo llevándolas al extremo de la esclavitud. Debemos debatir esto con todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo, saldar las dudas pendientes, dar a conocer lo que se viene. Porque es fundamental que todos y todas estemos en la calle oponiéndonos el día que se trate, como acaba de votar el plenario del sindicalismo combativo.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional (electa) – Izquierda Socialista/FIT Unidad

En sesiones extraordinarias, el oficialismo vuelve a instalar una agenda punitivista que criminaliza a las infancias y adolescencias. Organismos de derechos advierten que la medida no reduce el delito y profundiza la exclusión social.

Otra vez el gobierno ultraderechista pone en agenda la baja de la edad de punibilidad. En el marco de las sesiones extraordinarias, Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich impulsan una nueva Ley Penal Juvenil que pretende llevarla de 16 a 13 años, algo que no recomienda ningún organismo de derechos de las niñeces y adolescencias. Bajo el discurso de la “seguridad”, vuelve una receta conocida: más mano dura y criminalización de los pibes y pibas, sin dar respuesta al grave problema de la inseguridad, que crece al calor de la motosierra.

La discusión no es nueva. Desde 2024 el oficialismo instaló una cruzada mediática que presenta la baja de la edad de punibilidad como una solución mágica frente al delito. En 2025 el gobierno lo puso en debate en la Cámara de Diputados, pero no logró avanzar. Hoy vuelve a escena de la mano de Bullrich, junto con la reforma laboral esclavista. Pero lejos de atacar las causas estructurales de la inseguridad, la propuesta profundiza la criminalización de la pobreza y pone en la mira a los pibes y pibas de los barrios populares, que no son responsables de la inseguridad, sino sus víctimas.
Se trata de una estrategia punitivista de alto impacto mediático, que cumple un doble objetivo político: disciplinar a los sectores populares y desviar la atención de la crisis social, el ajuste y los recortes que golpean a millones.

Los datos son contundentes y desmontan el relato oficial. En Argentina, solo el 0,45% de los jóvenes de entre 12 y 17 años participa en algún delito. En la provincia de Buenos Aires, el delito juvenil representa entre el 2,25% y el 3,6% del total de las causas penales. De alrededor de 1.020.000 investigaciones penales que se inician por año, apenas unas 20 mil corresponden al fuero penal juvenil, es decir, el 2,5% del total de causas con autor conocido. La enorme mayoría de esos hechos son delitos contra la propiedad, con una incidencia muy baja en delitos contra las personas y sin evidencia alguna de aumento en la participación de menores de 16 años.

Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en bajar la edad de punibilidad? Porque es más fácil castigar a los pibes pobres mientras dejan correr al gran delito organizado: el narcotráfico, los desarmaderos y las redes de trata, que no podrían funcionar sin complicidades policiales, judiciales y políticas. Infancias y adolescencias aparecen como el eslabón más débil.

Mientras tanto, el verdadero drama social sigue intacto: más de un millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar. El mismo gobierno que habla de “mano dura” recorta becas Progresar, desfinancia la educación pública, la salud, el deporte y las políticas de niñez y juventud. Para quienes quedan fuera de esos derechos, la respuesta es la represión y la cárcel.

Nuestros pibes no son peligrosos: están en peligro. Los delitos juveniles, en su gran mayoría, están organizados por adultos. Una parte importante está asociada al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por bandas narcos amparadas por la policía. Estas poderosas redes criminales cuentan, además, con protección judicial.

Contra la recomendación de todos los organismos de las niñeces

Las experiencias internacionales también son claras. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito: lo aumenta. En Ecuador, donde la edad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

En Argentina, el régimen penal juvenil vigente, heredado de la dictadura pero con modificaciones posteriores, fija la edad de punibilidad en 16 años. La propuesta de Milei es más regresiva que la normativa de 1980: la propia dictadura genocida, ya en su crisis final, elevó la edad de 14 a 16 años en 1983. Hoy, en nombre de la “libertad”, se pretende retroceder aún más.

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, un juez puede establecer la internación de menores de 16 años en institutos, aun cuando no hayan sido condenados. Estos espacios funcionan, en muchos casos, como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y sectores populares, las respuestas represivas y la mano dura solo significan más criminalización y no resuelven, sino que empeoran el problema. Lo que se necesita es terminar con las mafias que organizan el delito al amparo del poder político, judicial y policial. Y también terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, garantizando presupuesto para políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia.

Escribe José Castillo

El Grupo Techint quedó afuera de una licitación para proveer los caños de los 500 kilómetros del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. 

El negocio fue adjudicado a la empresa india Welspun. Esto desató un conflicto en el que Javier Milei llamó “don Chatarrín” a Paolo Rocca y le deseó “la quiebra” a la empresa.

En estos días asistimos a una escalada verbal del Presidente contra el empresario. El ministro Federico Sturzenegger apoyó sus dichos. Todo sigue el libreto principal del gobierno: no importa que nuestro país pierda capacidad de producción de acero, ni que se destruyan miles de puestos de trabajo. Para La Libertad Avanza (LLA), toda la industria es un gran “error histórico”. El país debe transformarse en una factoría para el saqueo de sus recursos naturales por parte de las multinacionales.

El gobierno ultraderechista lo dice con todas las letras. Que en una obra central para el negocio de Vaca Muerta, como este gasoducto, el ganador sea una empresa de la India que proveerá caños chinos es un ejemplo de lo que ya habilitó el RIGI: una puerta abierta a los pulpos transnacionales, que ni siquiera tienen que considerar proveedores locales para sus insumos.

Milei y Techint: unidos contra la clase trabajadora en la reforma laboral y el saqueo

Paolo Rocca buscó poner paños fríos y evitó responder el exabrupto presidencial. El ministro Luis Caputo salió a decir que ya habrá “nuevas oportunidades” para Techint, refiriéndose incluso a la próxima licitación de la construcción del gasoducto, más allá de que ya se hayan adjudicado los caños. El mensaje de fondo del gobierno es que Techint deje de apostar al acero en la Argentina y se especialice en gas y petróleo a través de Tecpetrol.

Sería incorrecto pensar que Techint se pasó a la “oposición”. El gobierno libertario tiene un número importante de funcionarios provenientes del holding de Rocca en puestos clave. Entre ellos se cuentan el presidente de YPF, Horacio Marín, el vicepresidente de Infraestructura Gustavo Gallino, los gerentes financiero y de Exploración y Producción Federico Barroetaveña y Matías Farina, el subsecretario de Hidrocarburos Luis Ridder y el director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos Horacio Amartino. Y lo más importante: el secretario de Trabajo Julio Cordero, uno de los escribas de la reforma laboral esclavista que el gobierno se juega a aprobar este mes. Fue Rocca quien direccionó a la Unión Industrial Argentina (UIA), central empresaria que controla, hacia un apoyo casi acrítico al gobierno de Milei, a pesar de los desplantes reiterados del presidente a todo lo que “oliera” a industria.

Por eso no hay que confundirse. Techint fue oficialista de todos los gobiernos cuando le convino para sus negocios y para afianzar privilegios. A la vez, como holding, también tuvo roces puntuales con varios de ellos.

En este caso, además, el conflicto roza una pelea interpatronal. El consorcio dueño del gasoducto a construir, Southern Energy, está integrado centralmente por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía e YPF. PAE es propiedad de Carlos Bulgheroni, gran competidor de Techint en el negocio del gas y el petróleo. Además, está vinculado, a través de su esposa, al oscuro mundo de Karina Milei.

¿Paolo Rocca defiende los puestos de trabajo y la industria nacional?

Es absolutamente hipócrita la actuación teatral de Techint mostrando “preocupación” por los puestos de trabajo. El holding siempre se destacó por su política antiobrera, tanto en sus propias empresas como en su rol de conducción del empresariado.

En Ternium-Siderar, la planta de San Nicolás que produce chapas de acero para caños de gasoducto, hubo una huelga de 14 días en septiembre de 2025 por salarios, que estaban entre 700 y 800 mil pesos, y contra las paupérrimas condiciones de vestuarios y comedores. La respuesta patronal fueron 200 despidos.

En Siderca, donde los salarios oscilan entre 1 millón y 1.200.000 pesos, en el segundo semestre del año pasado hubo 300 despidos con la excusa de “baja de productividad”. Además, desde hace años la patronal utiliza contratos temporales renovados mes a mes o cada tres meses, sometiendo a las y los trabajadores a una precarización permanente.

En SIAT, donde la empresa afirmó que había tomado a 400 trabajadores para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en realidad se trató de personal reasignado desde otras plantas. Para peor, una vez terminada la obra, todos fueron despedidos.

Como vemos, no hay ningún actor progresista en este conflicto interpatronal. Milei y Sturzenegger avanzan con su cruzada antiindustrial y entreguista. Bulgheroni, a río revuelto, busca descontar distancia entre su grupo y Techint. Y Rocca, viejo zorro, llama a “desescalar” mientras cuida sus otros negocios: Tecpetrol en Vaca Muerta, las licitaciones que se vienen, incluida la propia construcción del gasoducto. Al mismo tiempo, es vanguardia en promover la aprobación de la reforma laboral esclavista.

El desarrollo de la industria en nuestro país, incluida la estratégica producción de acero en todas sus formas, y las grandes obras públicas deben ser un pilar de cualquier proyecto alternativo. Pero eso solo podrá ser llevado adelante por un gobierno de las y los trabajadores, en el marco de una planificación económica que priorice resolver las grandes necesidades populares y no las superganancias empresarias.