La desinversión en la obra pública coloca una señal de alerta sobre la operatividad del ferrocarril. Frente al peligro que esto representa, la Unión Ferroviaria Oeste y el cuerpo de delegados del Sarmiento lanzaron una campaña de denuncias. Por eso entrevistamos a Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de dicha seccional.

El Socialista: ¿De qué se trata la campaña que están desarrollando?
Pollo Sobrero: Estamos en una situación más crítica que cuando se produjo la masacre de Once, que nos dejó 52 muertos y decenas de heridos. Existe el peligro de que las formaciones puedan tener accidentes de varios tipos, con nuevas víctimas. Por eso, desde la seccional Oeste y el Cuerpo de Delegados del Sarmiento decidimos impulsar una campaña pública de denuncia sobre esta situación, exigiendo a las autoridades que escuchen nuestros reclamos para evitar una nueva catástrofe.

ES: ¿Ese peligro lo advierten los usuarios?
PS: La gente advierte los problemas más evidentes. Reclama, con toda razón, que viaja cada vez peor, algo que no es nuevo, pero desconoce en qué condiciones está viajando. Hay graves problemas en el material rodante. Los trenes deberían tener revisiones técnicas cada cinco años para hacer el mantenimiento y cambiar los repuestos necesarios para el buen funcionamiento, pero eso no se cumple. Hay trenes con 1,4 millón de kilómetros recorridos y no se les hicieron revisiones ni se les cambiaron los repuestos porque el gobierno no invierte el dinero necesario. Por otra parte, el estado de las vías es calamitoso y se producen una gran cantidad de descarrilamientos como los que ocurrieron en el San Martín o en el Sarmiento. Como el gobierno ultraderechista les debe 400 millones de dólares a las empresas, las obras se dejan de hacer. No es solo en el Sarmiento, es en todas las líneas de trenes y preanuncia nuevas tragedias.

ES: Sabemos que hubo reducción de personal en el ferrocarril.
PS: Totalmente. Estamos perdiendo el mayor capital que tiene la empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores. Más de 4 mil fueron despedidos o se retiraron con despidos voluntarios por los bajos salarios, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Perdimos ingenieros, técnicos y trabajadoras y trabajadores que durante años se capacitaron para el buen funcionamiento del ferrocarril. Este ajuste y la falta de inversión conforman un combo de alto riesgo. Hay una política de destrucción consciente desde el gobierno, que también se aplica en la salud y en la educación. El usuario debe comprender que los atrasos o el aumento de tiempo de los recorridos, no son responsabilidad del guarda ni del personal de boletería de la estación, sino de la empresa y el gobierno que están desmantelando un servicio esencial.

ES: ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
PS: Necesitamos que los usuarios apoyen nuestra campaña de denuncia para que no tengamos que volver a rescatar víctimas de adentro de un tren. La masacre de Once se pudo haber evitado si el gobierno peronista de la época nos hubiera escuchado. Hoy volvemos a denunciar los graves peligros que enfrentan los usuarios por la falta de mantenimiento y la reducción de personal. Será responsabilidad del gobierno de Javier Milei si se producen nuevos accidentes.

A raíz de las denuncias públicas que llevamos adelante desde el Cuerpo de Delegados del Sarmiento sobre el estado crítico de los trenes, fuimos convocados a una serie de reuniones. Nos recibirán el bloque de senadores del PJ y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El legislador porteño Leandro Santoro articulará un encuentro con sus pares, y la diputada nacional Cecilia Moreau nos propuso otro con su bloque peronista. En cada uno de estos encuentros presentaremos un informe técnico sobre vías, señalamiento, material rodante, mantenimiento, reducción de servicios, salarios y despidos. Exigimos respuestas urgentes para evitar una nueva tragedia ferroviaria.

"Ferrocarriles al borde de una tragedia"

La desinversión en la obra pública coloca una señal de alerta sobre la operatividad del ferrocarril. Frente al peligro que esto representa, la Unión Ferroviaria Oeste y el cuerpo de delegados del Sarmiento lanzaron una campaña de denuncias. Por eso entrevistamos a Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de dicha seccional.

El Socialista: ¿De qué se trata la campaña que están desarrollando?
Pollo Sobrero: Estamos en una situación más crítica que cuando se produjo la masacre de Once, que nos dejó 52 muertos y decenas de heridos. Existe el peligro de que las formaciones puedan tener accidentes de varios tipos, con nuevas víctimas. Por eso, desde la seccional Oeste y el Cuerpo de Delegados del Sarmiento decidimos impulsar una campaña pública de denuncia sobre esta situación, exigiendo a las autoridades que escuchen nuestros reclamos para evitar una nueva catástrofe.

ES: ¿Ese peligro lo advierten los usuarios?
PS: La gente advierte los problemas más evidentes. Reclama, con toda razón, que viaja cada vez peor, algo que no es nuevo, pero desconoce en qué condiciones está viajando. Hay graves problemas en el material rodante. Los trenes deberían tener revisiones técnicas cada cinco años para hacer el mantenimiento y cambiar los repuestos necesarios para el buen funcionamiento, pero eso no se cumple. Hay trenes con 1,4 millón de kilómetros recorridos y no se les hicieron revisiones ni se les cambiaron los repuestos porque el gobierno no invierte el dinero necesario. Por otra parte, el estado de las vías es calamitoso y se producen una gran cantidad de descarrilamientos como los que ocurrieron en el San Martín o en el Sarmiento. Como el gobierno ultraderechista les debe 400 millones de dólares a las empresas, las obras se dejan de hacer. No es solo en el Sarmiento, es en todas las líneas de trenes y preanuncia nuevas tragedias.

ES: Sabemos que hubo reducción de personal en el ferrocarril.
PS: Totalmente. Estamos perdiendo el mayor capital que tiene la empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores. Más de 4 mil fueron despedidos o se retiraron con despidos voluntarios por los bajos salarios, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Perdimos ingenieros, técnicos y trabajadoras y trabajadores que durante años se capacitaron para el buen funcionamiento del ferrocarril. Este ajuste y la falta de inversión conforman un combo de alto riesgo. Hay una política de destrucción consciente desde el gobierno, que también se aplica en la salud y en la educación. El usuario debe comprender que los atrasos o el aumento de tiempo de los recorridos, no son responsabilidad del guarda ni del personal de boletería de la estación, sino de la empresa y el gobierno que están desmantelando un servicio esencial.

ES: ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
PS: Necesitamos que los usuarios apoyen nuestra campaña de denuncia para que no tengamos que volver a rescatar víctimas de adentro de un tren. La masacre de Once se pudo haber evitado si el gobierno peronista de la época nos hubiera escuchado. Hoy volvemos a denunciar los graves peligros que enfrentan los usuarios por la falta de mantenimiento y la reducción de personal. Será responsabilidad del gobierno de Javier Milei si se producen nuevos accidentes.

Leé también la nota de la diputada Mónica Schlotthauer y el ferrocarril

Como parte de esta campaña, la diputada bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad e integrante del Cuerpo de Delegados del ferrocarril Sarmiento denunció que la falta de fondos para el mantenimiento de los trenes significa un riesgo para la seguridad de los usuarios.
Entrevistada por Radio 750, dijo: “El Gobierno no está enviando la plata necesaria para los recambios de partes necesarias para la vida útil de las unidades. La lógica que se sigue es igual que con los autos: cada determinado kilometraje, hay elementos que se deben revisar y cambiar para evitar accidentes. Al no garantizar este mantenimiento, la empresa deja sin servicio a las unidades o recurre a lo que llamamos la ‘canibalización’, es decir, desarma algunas unidades para mantener otras. Entonces, si no reparás las unidades y tenés problemas en las vías, el resultado es el aumento de los descarrilamientos. Una cosa es un descarrilo con carga, que es grave porque tiene costos para el Estado, pero el problema es que transportamos gente”, advirtió.

Además, denunció la situación de las y los trabajadores que sufren bajísimos salarios. “La gente se va y se va mano de obra muy calificada que podría resolver estas situaciones críticas”, afirmó.

“Se decretó una emergencia ferroviaria y la plata que se prometió no llegó donde debía llegar. Mientras tanto, sabemos que se están investigando sobreprecios en el ferrocarril San Martín. No nos sorprende, tratándose de un gobierno totalmente corrupto. Una corrupción que, en este caso, se puede cobrar vidas por no garantizar la seguridad de los usuarios”, agregó.

* Como diputada nacional, presentó un proyecto de ley de reestatización del conjunto del sistema ferroviario bajo control de las y los ferroviarios y organizaciones de usuarios. 

Ver proyecto aquí

Escribe José Castillo

Flybondi nació en 2016 durante el gobierno de Macri, cuando se vendía que la “modernización” aerocomercial vendría de la mano de las low cost. Durante varios años fue, junto con Jet Smart, quien intentó competir contra Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa de bandera. Su propietario actual es COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado con base en Estados Unidos, liderado por el argentino Leonardo Scatturice.

El discurso de que “lo privado funciona mejor que lo público” tuvo un claro y rotundo mentís. Flybondi se fue convirtiendo en un paradigma de ineficiencia: jamás llegaba a horario, miles de vuelos cancelados, hasta hacer popular el dicho: “si no querés llegar nunca, sacá un pasaje por Flybondi”. En los últimos meses, funcionaba con un solo avión, dejando un tendal de pasajeros varados.

Por si todo esto fuera poco, ofreció un plan de retiros voluntarios a sus trabajadoras y trabajadores, y quienes lo aceptaron nunca cobraron. Ahora llegó el final anunciado: con su último avión roto, terminó cancelando la totalidad de sus vuelos. Hay cientos de pasajes vendidos que nadie sabe quién va a pagar. Del mismo modo, todo el personal de la empresa no sabe qué pasará con sus salarios.

Así termina otra aventura “privada”. ¿Cómo justificará Milei este desfalco?
    

Escriben Rodolfo Sánchez - Armando Aligia - Hugo Soul, científicos Izquierda Socialista FIT-Unidad

A media mañana del martes 30 de junio, 62 trabajadores y trabajadoras contratados en la Comisión de Energía Atómica empezaron a recibir las notificaciones del cese del contrato a partir de la fecha. Las autoridades del sector nuclear venían renovando los 350 contratos en la Institución en forma trimestral desde el 31/12/25. Paralelamente mientras mantenían con incertidumbre a las y los precarizados, nombraban a libertarios con contratos anuales y categorías muy superiores a la de técnicos y profesionales ya en planta desde hace años. Entre los nuevos nombrados hay abogados, gente muy joven, solo título secundario y una mujer que presentaban en su CV instructora de yoga como experiencia previa. Nadie con experiencia en el sector nuclear, lo que resulta paradojico recordando las palabras, cuando asumió, del Secretario de Asuntos Nucleares, Ramos Nápoli, que decía que venía a poner orden en la CNEA que era “un aguantadero de la política”. 

Las 62 familias que dejaron sin trabajo es una parte más del ajuste y motosierra del gobierno de Javier Milei, que en el caso de la CNEA se suma el desmantelamiento de proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM, y que gran parte del desarrollo alcanzado y los recursos humanos están siendo transferidos a una empresa privada estadounidense. Una pérdida terrible y entrega del patrimonio del pueblo trabajador argentino.

Durante la jornada de hoy los trabajadores salieron indignados a manifestarse en las puertas de las sedes de la CNEA. En SEDE Central, los trabajadores y trabajadoras se fueron concentrando en el 2do piso donde está la oficina del Ing. Porro, presidente de CNEA, y luego entraron personal de Gendarmería con cascos, chalecos y escudos para contener la bronca de los manifestantes y que el presidente de CNEA pueda huir por una puerta trasera. En Constituyentes, Ezeiza y en Bariloche, varios cientos de trabajadores se manifestaron en solidaridad con los despidos. En Bariloche, los manifestantes cortaron la Av. Bustillo en forma intermitente.

Para el 1 de julio se convoca en las puertas de las diferentes Sedes para luchar por la defensa de la CNEA, por la reincorporación inmediata de los despedidos, contra el vaciamiento y contra la entrega.