Escribe Atilio Salusso
Mínimo
El salario mínimo, vital y móvil se hundió. Los actuales 372.400 pesos representan sólo un tercio comparado con el que se percibía en la crisis de 2001. Para recuperar ese nivel tendría que subir entre 1,5 a 1,8 millón de pesos mensuales. Cuando fue creado en 1964, el salario mínimo permitía comprar, como valor de referencia, 107 kilos de asado (ahora solo alcanza para 23 kilos) o afrontar el costo de 2.300 boletos de colectivo urbano (versus 310 al día de hoy). Con Milei hay miseria planificada.
Papel higiénico
La empresa Lustramax, Provincia Buenos Aires, vende descartables al por mayor para papeleras, gastronomía, restaurantes, catering. En estos días despidió a nueve trabajadores. “Te quieren pagar con papel higiénico y rollos de cocina, encima al precio que ellos quieren y en doce cuotas”, denuncian los obreros. ¡Patronal siniestra!
Pirata
El buque inglés HMS Medway navegó por aguas argentinas entre el 2 y 3 de julio pasado. Este patrullero oceánico de la marina del Reino Unido salió de las Islas Malvinas para ir a Chile, pasando por aguas argentinas frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lo hizo sin aviso previo al gobierno nacional, como disponen los protocolos. Cancillería aún no dijo nada, o nunca lo dirá. Una nueva provocación inglesa frente a un Milei que reivindica a la asesina de nuestros héroes de Malvinas, Margaret Thatcher.
Jaque MATE
El centro de estudios MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía), con sede en Rosario, reveló que en los primeros treinta meses de gobierno de Milei la pérdida de ingresos (robo salarial) alcanzó la friolera de 93,5 billones de pesos. Traducido a dólares, representan 62.000 millones de la moneda estadounidense. Ese es el volumen de dinero que se le quitó al bolsillo de las y los laburantes y por ende a los recursos de la seguridad social, obras sociales y sindicatos. Cada trabajador estatal, por ejemplo, perdió 14 millones de pesos y 2,5 los privados.
Finalmente, el supercorrupto Manuel Adorni tuvo que renunciar. De nada sirvieron los mil y un apoyos de los hermanos Javier y Karina Milei. La indignación del pueblo trabajador ante los nuevos escándalos que se conocían casi a diario fue llevando a la sensación de que ya nadie podía garantizar que todo no terminara en un escándalo mayor, con un jefe de Gabinete, por primera vez desde que se creó el cargo en 1994, echado por el Congreso. Por cierto, hubo maniobras de último momento para evitar ese papelón, al que se prestaron tanto el PRO como los radicales y los bloques de los gobernadores peronistas “dialoguistas” con el gobierno.
Fin para Adorni en el gobierno. Pero, bajo ningún punto de vista, esto puede terminar con un personaje de esa calaña yéndose tranquilamente a su casa a disfrutar lo robado. Por eso, un acto de estricta justicia es exigir que el exjefe de Gabinete vaya preso.
Ahora entra su reemplazante, Diego Santilli, un clásico político patronal, al estilo Patricia Bullrich, que empezó en el peronismo, pasó por el PRO y ahora afirma a los cuatro vientos que trabajará para “la reelección de Milei”. Un nuevo jefe de Gabinete que llega con su propio “currículum” de corrupción. Su nombre apareció en los Pandora Papers, la mayor filtración internacional sobre estructuras financieras en paraísos fiscales. A eso se sumaron publicaciones que sostienen que él y su entorno familiar estarían vinculados a catorce sociedades offshore.
También fue denunciado por hechos relacionados con contrataciones públicas, la gestión durante las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el denominado caso Niembro, un escándalo de negociados con coimas que provocaron en su momento la renuncia del periodista deportivo a la cabeza de la lista del PRO.
Santilli debutó vendiendo mentiras sobre las supuestas bondades de la política económica del gobierno, la misma que tiene sumidos en la miseria, los bajos salarios, el miedo a la desocupación y el endeudamiento extremo a millones de trabajadoras y trabajadores. Un Milei que, en el reportaje donde supuestamente busca relanzar a su gobierno, no tiene empacho en afirmar que “logramos hacer cosas que ni los militares lograron, y las hicimos en tres meses”.
La intención de Milei es que, con la designación de su reemplazante, el gobierno tome aliento para seguir redoblando el plan de entrega y saqueo. La hoja de ruta es clara. Ya lograron media sanción para el super-RIGI, que tratarán de ratificar en el Senado, a la vez que avanzan con los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca”, la de sociedades digitales, la eliminación del etiquetado frontal, la eliminación de la zona fría y los subsidios al gas en vastas zonas del país, y la modificación de la ley de salud mental. Y, por supuesto, el nombramiento de medio centenar de jueces afines. A esto hay que agregar su proyecto ultrarreaccionario de reforma política. Todos, sin excepción, temas que van contra el pueblo trabajador y profundizan el superajuste y la entrega.
Sobra bronca popular para enfrentar todo esto. Así lo demostraron la masividad de convocatorias como la Marcha Federal Universitaria que, dicho sea de paso, terminó logrando que hasta la Corte Suprema tenga que reconocer que se debe cumplir con la Ley de Financiamiento, la del aniversario de #NiUnaMenos o incluso la expresión anti-Milei en que se transformó la despedida al Indio Solari. Sin embargo, la burocracia de la CGT continúa sin romper su pacto con el gobierno, deshojando la margarita en reuniones donde “debate” si convoca o no a alguna medida. Cuando, como lo venimos diciendo repetidamente desde el sindicalismo combativo, existen miles de razones para un nuevo paro general y un plan de lucha.
El peronismo, por su parte, sigue envuelto en su interna, en la pelea por los cargos, con confusas declaraciones programáticas, buscando por un lado capitalizar la bronca contra Milei, pero a la vez no “espantar” a las grandes patronales y al imperialismo, garantizando “continuidad” en las políticas de ajuste. Y, por sobre todo, ausente en las luchas concretas contra el plan motosierra.
Por todo eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, somos claros en la tarea de la hora. Por un lado, el apoyo incondicional a todas las luchas y la más amplia unidad para enfrentar los ataques del gobierno.
Y, a la vez, seguir dando pasos para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, que sin duda ha crecido en referencia y simpatía, como lo refleja el reconocimiento a la figura de Myriam Bregman. Por eso, en estos días ya hemos empezado a trabajar en la constitución de comités unitarios junto con el Partido Obrero y sectores independientes para fortalecer al FIT Unidad y a la figura de Bregman, y por un gobierno de la izquierda y la clase trabajadora.
Al mismo tiempo, ya se realizó el primer debate del Foro entre los partidos del Frente, al que invitamos a ver en las redes sociales e interiorizarse de las discusiones en curso, así como a seguir los siguientes. Todo con el convencimiento de que, más aún en esta coyuntura, el Frente de Izquierda Unidad, al que tenemos que fortalecer y hacer crecer, es la única alternativa ante la crisis en que nos han sumido los partidos patronales.
Foto de portada Granja de Data Center: ningún puesto de trabajo y consumo exacerbado de agua, los privilegios del Super RIGI

Escribe José Castillo
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de super-RIGI, un salto aún mayor a la ley original a favor del saqueo por parte de los pulpos multinacionales. Integra un combo con otras leyes que apuntan a profundizar la entrega total de nuestros recursos.
Apenas un día después de que no se consiguiera el quórum mínimo necesario para interpelar y echar al corrupto Manuel Adorni, todos los diputados de los bloques “amigables” se sentaron para garantizarle a Javier Milei la aprobación de una nueva ley que da aún más vía libre al saqueo. Se trata del super-RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los bloques provinciales alineados con el gobierno y también de gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo.
Tendrá una vigencia de 5 años para que las empresas presenten proyectos de adhesión al esquema y el gobierno podrá prorrogarlo por un año más. El original se había sancionado como un régimen de excepción por un plazo de dos años y el gobierno ya había hecho uso de su facultad para extenderlo un año más.
Con esta nueva ley, al igual que con el RIGI anterior, los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios tendrán una duración de 30 años. Si en algún momento el Estado argentino quisiera cambiar algunas de las condiciones, las empresas con proyectos en el super-RIGI podrían activar demandas contra el país en los tribunales de Nueva York.
Los detalles de la nueva ley
Apunta a beneficiar directa y exclusivamente a grandes empresas transnacionales. El monto mínimo de las inversiones deberá ser de 1.000 millones de dólares, lo que obviamente excluye a cualquier pyme, en actividades denominadas de “frontera tecnológica”. Pero todo indica que está dirigido especialmente a la instalación de megacentros de datos, data centers, para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Los data centers son infraestructuras altamente automatizadas que demandan mucha inversión en equipamiento y consumen muchísima energía, pero generan pocos puestos de trabajo.
El super-RIGI incrementa los beneficios y privilegios para los participantes. Veamos:
Crecen las exenciones impositivas. Del impuesto a las ganancias, en el original se bajaba de 35% a 25%. En el super- se reduce más aún, a 15%.
Con las retenciones a las exportaciones, en el RIGI original se bajaban a cero desde el tercer año de inversión, pero ahora se las elimina desde el día uno.
También desaparecen los pagos por derechos de importación para todos los bienes vinculados, cuando en el RIGI original solo estaban eximidos los bienes de capital y las partes.
En el régimen general, los dividendos tributan un 7%. En el RIGI original pasaban a pagar la mitad, 3,5% a partir del séptimo año, pero ahora, con el super- RIGI, tendrán ese beneficio ya desde el cuarto año.
La amortización de inversiones se descuenta en el régimen general a lo largo de la vida útil del bien, 5 a 10 años. En el RIGI pasó a permitirse descontarlo en dos cuotas anuales. En el super-RIGI se permite descontar el 60% en el primer año. Esto reduce al mínimo la eventual ganancia contable de la empresa que se toma como base para calcular el impuesto a las ganancias.
Hay que sumarle que se pone un tope de 0,5% al impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias que adhieran. Y algo que el RIGI original no incluía: las contribuciones patronales bajan del 24 al 10% para los nuevos empleos.
Además de todos estos privilegios impositivos están los cambiarios. Se elimina la obligación de liquidar las divisas de exportaciones, permitiendo no ingresar un 20% el primer año, 40% el segundo y 100% en el tercero. En el RIGI original era más lento: 100% recién en el cuarto año.
Por el lado de los ingresos de capital y deuda externa, en el RIGI debían liquidarse los dólares recibidos en el mercado oficial. En el super-RIGI no es obligatorio hacerlo, o sea que la inversión puede operar en el suelo argentino sin volcar prácticamente un solo dólar dentro de nuestra economía.
Vía libre para el saqueo y la destrucción ambiental
Se trata, corregido y aumentado, de un proyecto a la medida para saquear nuestros recursos y reventar el medio ambiente, sin crear empleo y con la garantía de la impunidad para fugar todas las ganancias obtenidas. Hay que oponerse, desde ya, y denunciar su aprobación. Luego vendrá la hora de pelear contra su implementación en concreto en las comunidades donde se intentará aplicarlo.
Y también quedará la exigencia programática de plantear su derogación, como parte del paquete de medidas de cualquier proyecto alternativo, obrero y popular. A eso nos comprometemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo
“Despejado” el tema Manuel Adorni, el gobierno se propone volver a poner en marcha el Senado. El primer proyecto en danza es la nueva ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Se trata de algo verdaderamente escandaloso. Detrás de un supuesto derecho “absoluto” a la propiedad, se le quita el acceso a vivienda o tierras a comunidades originarias o personas con carencias habitacionales.
Pero lo más importante, y este es el verdadero objetivo del apuro por sacar esta ley, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es que detrás del eufemismo “inviolabilidad de la propiedad privada” se oculta la liberación de todos los límites que se han impuesto a la tenencia de tierras por parte de extranjeros y a su uso.
Veamos con cuidado. La legislación actualmente vigente prohíbe que los extranjeros adquieran tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua ubicados en zonas de seguridad de frontera. A partir de ahora, si se aprueba la nueva ley, los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, incluso en zonas estratégicas.
También cambia la actual restricción a comercializar las tierras afectadas por incendios, que hasta ahora no podían cambiar su uso, ya que hacerlo incentivaría los incendios intencionales. Ahora, con la nueva ley, sí se podrá, por ejemplo, incendiar un campo, destruir un bosque y luego proceder a plantar soja o iniciar ahí un proyecto extractivo. Un auténtico ecocidio.
Reforma a la ley de sociedades
Por si todo esto fuera poco, también está dando vueltas y buscando aprobación legislativa el proyecto que busca permitir la creación de sociedades automatizadas, íntegramente sin humanos, e incluso las “sociedades descentralizadas autónomas operativas”, conocidas como DAO, basadas en el blockchain. O sea, sin ningún responsable visible que se haga cargo de ninguna denuncia, desfalco o violación a la ley.
El combo de super- RIGI, proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y reforma de la ley de sociedades, junto con otras leyes ya votadas hace poco, como la reforma a la ley de glaciares, tiene un objetivo más que claro: fomentar la extranjerización y la entrega, transformando a todo nuestro país en un gigantesco “territorio de sacrificio” al servicio de las superganancias de los pulpos imperialistas.
Escribe Guido Poletti
La Cámara de Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares en concepto de pagos atrasados de deuda externa a un conjunto de fondos buitres, Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP.
Se trata de un monto pendiente de pago desde 2001. Fue parte de lo que en ese momento, producto del Argentinazo, se decidió dejar de pagar, impuesto por la movilización popular. Recordemos que, en ese momento, fue justamente ese no pago el que permitió financiar 2 millones de los llamados entonces “planes jefas y jefes de hogar”.
La cesación de pagos de esa parte de la deuda externa permitió a la Argentina una relativa recuperación económica en los primeros años del siglo. Justamente, los problemas reaparecieron cuando el gobierno kirchnerista de entonces, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, realizó los canjes de deuda de 2005 y 2010, y a partir de ahí se retomaron los pagos.
Hubo un sector de bonistas que no aceptó los canjes y prefirió iniciar litigios judiciales. Eran los famosos “fondos buitres”, especuladores financieros especializados en comprar por monedas bonos defaulteados y luego, con espalda para esperar, aspiraban a cobrar el 100% del valor nominal.
Nunca hubieran cobrado si no fuera por el cipayismo de los distintos gobiernos argentinos. Al comienzo del macrismo, una mayoría de los fondos buitres cobró la deuda reclamada. Quedaba un grupo que exigía aún más, sumando intereses acumulados y punitorios.
Ahora, el gobierno de Javier Milei, con la complicidad del PRO, radicales, el bloque de Miguel Ángel Pichetto de Provincias Unidas, otros partidos provinciales y gobernadores peronistas “dialoguistas”, acepta un “acuerdo” leonino, totalmente favorable a los buitres, y procede a pagarles.
Se cierra así un nuevo capítulo de este auténtico saqueo a nuestro país, la corrupción más grande que existe, que lleva ya más de medio siglo. Lo repetimos una y mil veces: esto se repetirá hasta el infinito mientras no dejemos de pagar esta deuda ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta.