
Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
Ha sido tan masivo el repudio al fallo de la Corte que habilitó la extranjerización sin límites de la tierra que obligó a que se vuelva a reunir hoy viernes 9, emitiendo otro, de emergencia, “técnico”, para tratar de encarrilar las consecuencias que generó: un masivo rechazo de millones y la amenaza de que pueda caer el DNU 70/2023, algo que la Corte y el gobierno quieren evitar con esta nueva decisión.
Es inusual para que falle la Corte, y con la convocatoria de dos conjueces, el nuevo pronunciamiento que suspende interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 que avalaba la venta de tierras, hasta que la Justicia Federal de Bariloche, donde se inició el reclamo de la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, decida si es pertinente otorgar la medida cautelar que reclama.
Es decir, la Corte sacó de la galera una medida efímera para salir del atolladero, sin que tenga ninguna garantía. Por ejemplo, el juez Leandro Constella a cargo del tribunal barilochense, puede rechazar la cautelar planteada, igual que hizo la Corte con el Centro de excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim), y volver a foja cero, cuando la marcha del 6 de agosto había enterrado esa medida entreguista.
La Corte dijo que el nuevo planteo sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental” ameritaba un replanteo para “evitar daños irreparables”. ¿Pero no generaba también daños irreparables el fallo anterior al permitir que capitales extranjeros se queden con millones de hectáreas? Esto muestra la desfachatez de estos jueces que van reacomodando sus argumentos de acuerdo a las circunstancias.
La pregunta es: ¿por qué no declaran la inconstitucionalidad del violatorio DNU 70/2023? No lo hacen porque son funcionales al gobierno de turno y a las multinacionales extractivistas, y si hicieran lo contrario sería solo porque se los impone la movilización popular.
Si bien hubo un voto dividido (a favor lo hicieron Rosatti y Lorenzetti más los dos conjueces, y en contra Rosenkrantz) hay que recordar que los tres cortesanos se habían unido en el anterior, al rechazar por “falta de legitimidad” al Centro de excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim) porque según ellos no tenía “un interés particular demostrable para activar el reclamo de soberanía” … ¡a quienes dieron la vida por Malvinas!
El juez Rosenkrantz votó en disidencia diciendo que no correspondía dictar ninguna medida cautelar porque “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares”. Este canalla dice que es una “coartada”, no un daño efectivo, la megaminería avasallando territorios y pueblos originarios, el saqueo del petróleo, el gas, el litio, o la entrega de los glaciares.
El nuevo fallo demuestra, por un lado, que no hay nada seguro, y que para enterrar la extranjerización de las tierras hay que anular el DNU 70/2023, tema que se va a tratar en la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para el próximo jueves 15 de octubre, día que se hará la Quinta Marcha Federal Universitaria.
Solo la lucha y la movilización masiva lo podrá garantizar. Lo mismo para que salga algo favorable para las personas con discapacidad y las familias endeudadas, en una sesión que al día de hoy no está garantizado el quórum culpa de diputadas y diputados patronales que están negociando con el gobierno.
La CGT dijo que marchará el 15, pero se niega a convocar a un nuevo paro general y a un plan de lucha para derrotar estas medidas y todo el plan motosierra de Milei. El 15 seamos miles en las calles, frente al Congreso y en todo el país.










