Escribe José Castillo

El gobierno de Fernández presenta la renegociación actualmente en curso con los pulpos acreedores como la que, si resulta exitosa, resuelve “definitivamente” el problema de la deuda externa argentina. Lamentablemente, esto no es así. 

La propuesta de renegociación presentada la semana pasada por el ministro Guzmán es solo por la porción de deuda en dólares bajo legislación extranjera, que suma un total de 66.238 millones de dólares. Esto es el 20% de toda la deuda del Estado nacional. Y si agregamos a ello las deudas de las provincias y la del Banco Central de la República Argentina, menos de 15 por ciento.

Veamos. Culminado este proceso de “renegociación” (y cualquiera sea el resultado que se obtenga), inmediatamente nuestro país tendrá que hacer frente a otros 49.000 millones de dólares que, entre capital e intereses, supuestamente le “debemos” al FMI. Se trata del famoso préstamo tomado por Macri y que, como ya está archidemostrado, se utilizó en su totalidad para que la fuga de divisas al exterior. Como ya “avisó” el propio Fondo, esa deuda no admite ningún tipo de quita. 

Pero no es esta la única deuda con organismos internacionales, también le debemos 7.400 millones de dólares al Banco Mundial, 12.506 millones al BID y 3.547 a la Corporación Andina de Fomento. Y, por si todo esto fuera poco, tenemos una cuota pendiente de una vieja deuda generada directamente en la época de la dictadura con el Club de París por 2.100 millones de dólares (que, dicho sea de paso, es fruto de una renegociación realizada en 2012 por el entonces ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof).

Pero ahí apenas si llegamos a la mitad de nuestro endeudamiento. Tenemos todavía que sumar 182.044 millones de dólares en bonos (algunos en dólares y otros en pesos), bajo “legislación local”. La mayoría de ellos en manos de los mismos buitres extranjeros que los que están bajo legislación extranjera. Una parte importante ha sido “reperfilada” hasta fin de año, pero a partir de diciembre empiezan a caer sus vencimientos.

Y a todo esto hay que sumarle la deuda del Banco Central, que asciende a 1.3 billones de pesos en Leliq, de vencimiento de cortísimo plazo (20.000 millones de dólares). Y, como ya mencionamos, tenemos también que sumar lo que se llama la deuda “sub-soberana”, que es la que tienen las provincias, por más de 20.000 millones de dólares. Si a todo esto le agregamos otros pagos ya comprometidos, pero que por cuestiones contables no figuran aún en el stock informado por el gobierno (como los cupones PBI, que la Argentina se compromete a seguir abonando cada vez que el país crezca más de 3,25% hasta acumular pagos por 16.000 millones de dólares aún pendientes) y los juicios con sentencia ante el Ciadi (que ningún gobierno ha denunciado, y por lo tanto se van acumulando como deuda), terminamos debiendo más de 400.000 millones de dólares. ¡Total y absolutamente impagable desde cualquier punto de vista que se lo mire!

La negociación en curso, entonces, no resuelve en absoluto siquiera los problemas de corto plazo de nuestro país. Hay que dejar de pagar toda la deuda y volcar cada uno de esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares que la pandemia del coronavirus ha puesto más que nunca sobre la mesa. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El coronavirus está generando una enorme crisis social y económica en todo el mundo. Muchos hablan de las graves consecuencias que vendrán “cuando se supere el coronavirus”. Es cierto. Pero ahora lo más importante es ver las angustias sociales que está trayendo hoy para millones. Y cómo las resolvemos ahora, no cuando “pase el pico”.

Hace falta muchísimo más dinero del que el gobierno está invirtiendo. Millones pasan hambre y no pueden salir a buscar changas. Los empresarios suspenden o despiden y rebajan más los ya magros salarios y hay millones que no están cobrando nada. La comida que se reparte a los sectores más empobrecidos es poca y no alcanza a todos los que la necesitan. Los subsidios anunciados, además de insuficientes, no han llegado todavía a millones. Los jubilados sufren aún más la enorme crisis que venían acarreando por los ajustes gubernamentales. ¡Es urgente resolver esta situación!

Pero la respuesta del gobierno es que hay que “administrar la cuarentena”. Es decir, reabrir amplios sectores de la economía para que las grandes patronales no pierdan parte de las enormes ganancias que vinieron amasando en estos años bajo el argumento de que así la gente puede conseguir unos pesos. Por eso es que Fernández dice que “prefiere que haya un 10% más de pobres a que haya miles de muertos”. El problema es que con esta política no solo habrá bastante más de un 10% de pobres, sino que con la “cuarentena administrada” se corre el riesgo de miles de contagios nuevos.

Nosotros proponemos lo opuesto, que no haya miles de contagios y muertes y que la crisis la paguen los grandes empresarios, las multinacionales y los banqueros, y que no se pague un peso de deuda externa.

Por eso, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que imponer ya un impuesto especial de 10% a los cincuenta principales multimillonarios de la Argentina y de 10% de las ganancias a los veinte grupos económicos más grandes. A esto hay que sumarle lo que se obtendría de dejar de pagar inmediatamente la deuda externa. Nosotros proponemos que todo ese dinero se destine a un fondo de emergencia. Con eso duplicaremos lo que el gobierno destinó a esta crisis. Somos concretos, con apenas 250 millones de dólares se podrían contratar 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires. Comprar 25.000 respiradores, ocho millones de barbijos especiales y los insumos para los hospitales, incluyendo la instalación completa de nuevos hospitales y unidades de terapia intensiva. Se podrían mejorar los salarios de los trabajadores de la salud , triplicar los subsidios de 10.000 pesos y distribuir alimentos para que nadie pase necesidades.

El gobierno, desde hace un par de semanas, viene anunciando la presentación de un proyecto de impuesto a las grandes riquezas. Primero lo denominaron “Impuesto Patria”, patrocinado por Máximo Kirchner. Luego pasaron a “conciliar” distintas iniciativas, coordinados por Carlos Heller. Se habla de un impuesto de 2% a 3% a quienes tengan un patrimonio mayor a 3 millones de dólares. Con eso calculan recaudar unos 3.000 millones de dólares. 

Nosotros consideramos que hace falta más. Pero nos preocupan las dilaciones. El proyecto da vueltas pero no avanza. Ahora el gobierno le está “solicitando a la Corte Suprema” un permiso para que sesionen Diputados y Senado de manera virtual. ¡A este ritmo van a tratar ese impuesto cuando sea muy tarde!

Exigimos que el gobierno imponga ya mismo un impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, ya que el propio Alberto Fernández dice que hoy es impagable, que se suspenda inmediatamente todo pago de deuda externa. Así la crisis no la seguiríamos pagando los trabajadores y el pueblo, se mantendrían los puestos de trabajo, no habría rebaja salarial y tendríamos los fondos para enfrentar las necesidades sanitarias. Esa es la manera de encarar hoy la crisis del coronavirus.

Escribe Adolfo Santos

En esta cuarentena la inflación se ha convertido en un nuevo enemigo a ser enfrentado. Con salarios prácticamente congelados, familias enteras recibiendo un salario mínimo y otras dependiendo de ayudas del gobierno que muchas veces ni llegan, el aumento de precios de los productos básicos se hace insoportable.

En marzo la inflación fue de 3,3%, llegando a 7,8% en el trimestre y acumulando 48,8% con respecto a marzo del año pasado. Son datos oficiales, aunque todos sabemos, cuando llegamos a las góndolas, que la realidad es mucho más grave. En los dos primeros meses del año el gobierno hacía alarde de que la inflación venía “a la baja” (frente a los números astronómicos del año anterior con el gobierno de Macri). Igualmente, los artículos de primera necesidad, aun en ese entonces, siguieron subiendo. Pero ahora el incremento se aceleró con todo, hay analistas que ya anuncian un índice cercano a 60% para este año. Una verdadera bomba de relojería.

¿Por qué se desboca la inflación justo en medio de la cuarentena? Más allá de explicaciones técnicas de los economistas del establishment (todas ellas falsas, ya que aluden a la relación entre la emisión monetaria con “la oferta y la demanda”), la explicación es mucho más terrenal: los grandes grupos monopólicos de la alimentación (Arcor, Molinos, empresas lácteas como Danone o La Serenísima), de productos de limpieza o tocador (Procter&Gamble, Unilever), de agua y bebidas (Coca, Pepsi) junto con las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Día, La Anónima) aumentan abusivamente y a su voluntad los precios. Hasta ahora el gobierno no ha actuado con el rigor necesario para proteger a los consumidores y castigar a los inescrupulosos.

Es inadmisible que en medio de esta grave crisis los empresarios se aprovechen para aumentar sus ganancias. El gobierno debe de inmediato castigar con la ley de Abastecimiento ejemplarmente a los que no respetan los precios máximos establecidos y divulgando sus nombres para que todos sepan quiénes realmente provocan la inflación. Hay que establecer mecanismos de fuertes multas, clausuras y confiscar las mercaderías de los que violen los precios máximos establecidos, distribuyendo esos productos de forma gratuita a los sectores más necesitados. 

Escribe José Castillo

Los bancos privados que operan en el país vienen siendo los privilegiados de siempre. “Se la llevan en pala”, llegó a decir la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una frase célebre. Es que ganan siempre, haya o no crisis, la economía crezca o se hunda. El año pasado, por citar solo un ejemplo, las ganancias de los bancos en conjunto se duplicaron con respecto al año anterior mientras la economía se hundía, crecían la pobreza, los despidos y la inflación. Así, el banco Galicia reportaba ganancias por 42.515 millones de pesos, Macro 40.800, Patagonia 18.211 y Supervielle 4.261 millones. Y hasta acá estamos hablando de los bancos con dueños argentinos, Eduardo Escasany (Galicia), Jorge Brito (Macro), Julio Patricio Supervielle (Supervielle), Stuart Milne y González Moreno (Patagonia, aunque cedieron parte de la propiedad al Banco do Brasil). A ellos hay que sumarle los bancos extranjeros que operan (y esquilman) al pueblo trabajador argentino: los españoles Santander y BBVA-Francés, el chino ICBC, el británico-chino HSBC y el norteamericano Citibank (que si bien vendió su banca minorista al Santander sigue operando para empresas), que no informan sus superganancias en nuestro país.

Todos ellos cometen los mil y un abusos. Cobran tasas abusivas por financiar las tarjetas de crédito (con un costo financiero total que llega a 120%), le descuentan los cheques o le cobran por descubierto al trabajador independiente, al remisero o al quiosquero con tasas también astronómicas. Y siguen sin otorgar los créditos a los que, supuestamente según el gobierno, están obligados. La excusa es pedirle al pequeño ahorrista los mil y un requisitos hasta hacerle imposible el acceso a ese beneficio. Los miles de millones de pesos que el Banco Central les “liberó” en medio de la pandemia a los bancos para que los utilicen en esos préstamos, o bien se los están otorgando con exclusividad a su clientela de grandes empresas, o bien directamente los están utilizando ellos mismos para operaciones de compra de dólares en los mercados exclusivos (los llamados MEP o contado con liqui), provocando en estas últimas semanas que el valor de la divisa pase los 100 pesos.

Y como se visualizó en las semanas anteriores, la inmensa mayoría de los bancos privados, entre ellos todos los extranjeros, se niegan absolutamente a cumplir rol social alguno con algo tan básico como pagar jubilaciones o asignaciones universales. Los bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) terminan siendo los que las pagan en todas sus sucursales, los que están presentes en barrios o pueblos donde muchas veces son la única ventanilla para cobrar algo o el único cajero automático y los únicos que cumplen en otorgar los créditos que tanto se anuncian rimbombantemente.

Por eso, en esta emergencia, los bancos privados (nacionales y extranjeros) deben estar, sin duda, entre aquellas empresas que deben pagar un impuesto especial de 10% de sus ganancias (por sobre lo que tributan habitualmente).

Porque esta coyuntura pone una vez más a la vista los privilegios que vienen gozando desde la época de la dictadura militar. Vergonzosamente, la actividad sigue regida por la Ley de Entidades Financieras dictada por Martínez de Hoz y Videla en 1977, no derogada por ninguno de los gobiernos posteriores. Terminar con esta legislación, nacionalizando la banca, es lo que desde siempre venimos proponiendo desde la izquierda, para que así el conjunto del ahorro popular pueda volcarse a resolver las más urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. 

Escribe Diego Martínez

La pobreza sigue creciendo en el país a un ritmo alarmante. No se trata de un fenómeno nuevo. Durante 2019 se sumaron 2,2 millones de pobres (datos Indec). El crecimiento se siguió manifestando durante el primer trimestre de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia. Es la expresión de las políticas de ajuste, los pagos al FMI y los beneficios a las grandes empresas que vienen aplicando los sucesivos gobiernos en detrimento del bienestar de los trabajadores y los sectores populares.

Nuevos pobres

Los datos oficiales de diciembre de 2019 dicen que en la Argentina hay 35,5% de pobreza, pero ese dato quedó totalmente desactualizado. Desde que se desató la crisis del coronavirus se calcula que entre 4 y 5 millones de trabajadores que están en negro o haciendo changas dejaron de percibir ingresos (datos Clarín, 19/4/2020). Muchos se encuentran en situación de pobreza y varios en situación de indigencia. Por primera vez en su vida piden la ayuda del Estado para poder subsistir. Además, muchas de las personas que venían recibiendo planes sociales complementaban sus ingresos con changas o algún emprendimiento familiar, que ahora no pueden realizar. Los “viejos” pobres están a su vez más empobrecidos. Para paliar esta situación el gobierno dispuso de un bono de 10.000 pesos a cobrar por única vez que resulta totalmente insuficiente para una familia y que muchos cobrarán recién después del 5 de mayo. De los 12 millones que se inscribieron para recibir el ingreso familiar de emergencia (IFE), 4 millones fueron rechazados, la gran mayoría de ellos por problemas burocráticos, quedando totalmente a la deriva. Aunque es un monto insuficiente, nosotros reclamamos que sea de 30.000 pesos, hay que otorgárselo a todo aquel que lo necesite.

Comida para todos y todas

La situación en los barrios es alarmante. El principal drama es la falta de comida. La asistencia alimentaria que dan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios es totalmente insuficiente. En los municipios ya no responden a nuevas solicitudes de comida, las organizaciones sociales denuncian que reciben menos alimentos que los que les corresponden, las escuelas reciben bolsones en una cantidad mucho menor que su matrícula y en varias provincias no se deposita el dinero correspondiente en la tarjeta alimentaria. Los que tienen la suerte de recibir un bolsón obtienen muy pocos artículos que a los dos o tres días se acaban. Frente a esta situación muchos vecinos en los barrios deciden solidariamente dar de comer en sus casas, poniéndose en riesgo de contagio al hacerlo sin los elementos y las condiciones de protección correspondientes. Lamentable. Es el gobierno nacional el que tiene que asegurar la comida para todos los que la necesiten. 

Para garantizar la comida en todos los barrios del país y un verdadero ingreso familiar de emergencia que se cobre mensualmente, que lo cobre cada miembro del matrimonio, y no solo uno de ellos, y que alcance la suma de 30.000 pesos, es necesario implementar un fondo de emergencia de forma inmediata. Hay que utilizar los 4.500 millones de dólares que están predestinados al pago de deuda externa a estos fines, así  como también aplicar un impuesto a los grandes empresarios y a las multinacionales, como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad ¡Que la crisis la paguen los ricos, las grandes empresas y los bancos, no los trabajadores y el pueblo!