Escribe José Castillo

Varios países africanos han planteado la cancelación total de su deuda externa y conformado un frente de países deudores para llevar adelante este reclamo. Tres representantes de ese continente se pusieron al frente de la iniciativa, el primer ministro etíope y Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed; el jefe de Estado de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana Cyril Ramaphosa. 

Es la respuesta a ciertos planteos demagógicos de parte de funcionarios del FMI y el Banco Mundial, que hablaron de “reducir plazos y montos” a la absolutamente impagable deuda externa africana, donde cada país tiene que destinar actualmente sumas de entre el 15% y el 30% del total de sus recursos a ese fin. Frente a estos dichos, la posición de los países africanos fue clara: piden la cancelación lisa y llana de todas las deudas. 

El frente de países deudores africanos es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Más allá de cómo termine este llamamiento. Se responde así a un interrogante que nos suelen plantear muchos compañeros: ¿se puede dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI? ¿Cómo se hace para enfrentar cualquier represalia del establishment económico y político del imperialismo?

Siempre hemos respondido que hay montones de ejemplos de países que dejaron de pagar sus deudas y que cualquier “represalia” es mucho menor al costo de seguir pagando a costa del hambre del pueblo trabajador. 

Pero ha eso también le agregamos que la suspensión de los pagos de la deuda externa y la ruptura con los organismos financieros internacionales deben ir acompañados del llamado al conjunto de los restantes países víctimas de este saqueo para conformar un gran frente de países deudores, que se oponga y enfrente de conjunto a los pulpos acreedores y sus gobiernos. 

En particular, siempre sostuvimos que ese llamado era fundamental en Latinoamérica, ya que todos los países de la región sufrimos la exacción de la deuda externa. Si la dejamos de pagar y unimos todos nuestros recursos, somos invencibles frente a cualquier represalia de los pulpos acreedores. Con los alimentos de Argentina y Uruguay, los minerales de Chile y Bolivia, el petróleo de Venezuela y Ecuador, el poder industrial de Brasil, por citar solo algunos ejemplos, seríamos capaces de resistir cualquier sanción que se le ocurriera al imperialismo. Algo similar a lo que hoy están planteando los países africanos.

Alberto Fernández, que por un lado repite que “no puede pagar”, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en la negociación para “evitar caer en default”, aquí tiene la salida: dejar ya mismo de pagar toda la deuda externa y llamar a un frente de países deudores para enfrentar de conjunto a los buitres y sus gobiernos.  

Escribe Diego Martínez

La crisis social hace estragos en el conurbano bonaerense por el aumento de los contagios y el crecimiento alarmante de la pobreza causado por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que avalan el gobierno nacional,  el provincial y los municipales. De todos los distritos, La Matanza es el más castigado por esta situación.

El mayor bolsón de pobreza del país

En La Matanza viven 2.400.000 personas, 1.200.000, el 50%, son pobres. Según datos del Observatorio Social de la Universidad de La Matanza hay 122 villas y asentamientos con una gran carencia de servicios básicos. En todo el partido solo el 40% tiene cloacas, y en el tercer cordón (González Catán, Virrey del Pino) apenas el 3% de la población puede acceder a este servicio. 

Otro gran problema es el de la infraestructura. El pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento en viviendas deterioradas, entre otras razones, por la humedad que provocan las inundaciones que sufren los barrios, que además genera el caldo de cultivo para el dengue (en La Matanza hay más de mil casos) y las enfermedades respiratorias, que son un factor de riesgo para el coronavirus. Vecinos de distintos barrios están reclamando obras hídricas para detener las inundaciones pero el municipio hace oídos sordos.

Como si esto fuera poco, hay numerosos basurales a cielo abierto; el Ceamse ocupa un área en medio de una zona habitada de González Catán, lo que agrava la presencia de enfermedades respiratorias, que en algunos casos provocan la muerte. Un informe oficial en 2006 determinó que el agua de esa zona no es apta para consumo humano.

Que el municipio y los gobiernos se hagan cargo de la crisis

La situación de pobreza extrema y la desidia de la intendencia en manos del peronista Espinoza plantean una gran preocupación ante la posibilidad de que la pandemia se extienda. En pocos días La Matanza pasó a ser el distrito con más infectados del Gran Buenos Aires, duplicando la cantidad de casos en una semana. Y el sistema de salud local no está preparado. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre ocho y diez camas de hospital cada mil personas, y en el país hay 4,5, en La Matanza hay tan solo una. El gobierno nacional prometió, ante la emergencia de la pandemia, abrir dos hospitales que ya están construidos hace cinco años, pero no cuentan con equipamiento ni personal y tampoco hay anuncios al respecto.

La situación económica no es menos preocupante. Muchas fábricas cierran, despiden (como fue el caso reciente de Acindar), o pagan los salarios en cuotas. El 46% de los empleados y el 79% de los cuentapropistas de la localidad trabajan en negro (Observatorio Social Unlam). La comida no alcanza en los barrios y el municipio no da respuesta a la demanda. Aunque sí se vio cómo los punteros del PJ se llevaban grandes bolsones mientras los vecinos de los barrios populares hacían filas durante horas y algunos se iban con las manos vacías.

El peronismo gobierna La Matanza hace casi cuarenta años. Pese al discurso “nacional y popular” de Balestrini, Magario, Espinoza y compañía, durante todo este período se profundizó la pobreza. 

El municipio cuenta con 11.000 millones de pesos de fondos reservados. Los tiene que poner a disposición para solucionar la grave crisis social y sanitaria. Lo mismo tiene que hacer el gobierno nacional con los recursos destinados a la deuda externa. Además de implementar de una vez por todas un impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT Unidad.

Escribe Ariel Napoli

El coronavirus se propaga en las villas de la Ciudad de Buenos Aires a pasos agigantados. En poco más de una semana se pasó de registrar los primeros casos aislados a la cifra de 249 personas infectadas. En la Villa 31 tuvimos que lamentar seis víctimas fatales, al momento de escribir esta nota. La diseminación del virus en estos barrios es muy preocupante debido al alto grado de hacinamiento en el que viven los habitantes y a la falta de servicios públicos. Mientras el Gobierno de la Ciudad llama a los vecinos a lavarse las manos, en muchos de estos lugares no tienen acceso a agua potable.  

Muchos trabajan en forma precarizada y están desocupados en este momento, motivo por el cual recorren las villas buscando la manera de lograr algún ingreso para llevar a su familia. De esa forma se propaga aún más el contagio. Lo mismo sucede en los comedores, con interminables listas de espera, donde los sectores populares se agolpan para obtener un plato de comida. 

Esta situación es reflejo de la política de los distintos gobiernos nacionales, peronistas y radicales, y de la actual gestión de PRO en la Ciudad. Mientras la población en la capital se mantiene en una cantidad estable, el número de habitantes de las villas no para de crecer, hoy viven 300.000 personas. Larreta debe impulsar un plan de urbanización y para mitigar la crisis actual se impone aumentar el ingreso familiar de emergencia a 30.000 pesos y destinar el dinero necesario a salud, comida y elementos de higiene para los barrios. La plata debe salir del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas de la Ciudad. 

Escribe Martín Fú

El 27 de abril, y luego de dos años de juicio, un grupo de genocidas fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos en Mar del Plata y municipios aledaños. La megacausa, conocida como “Subzona 15”, tuvo a 272 víctimas de las cuales quince fueron compañeros del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST, predecesora de Izquierda Socialista), que fue brutalmente perseguido y golpeado, primero por la Triple A, y luego por la dictadura. En el juicio se unificaron las causas “Base Naval”, “Cueva 2”, “Base 5” y “Subzona”, algunas ya habían tenido un primer tramo con varias condenas a perpetua.

Norma Huder, Elena Ferreiro, José Martínez, Patricia Gaitán, Eduardo Statti, David Ostroweki, Néstor Confalonieri, Guillermo Berdini, Adrian López, Rodolfo González, Angel Prado, Gabriel Della Valle, Ernesto Prandina, Gladys Garmendia, Julio Deserio son los nombres de los militantes del PST, algunos secuestrados y asesinados, y otros que sufrieron la detención y tortura en manos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Bonaerense. Son algunas de las víctimas por las que los represores fueron condenados en este juicio. Tres médicos que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Naval también recibieron condena. Luego de más de trescientos testimonios, veintiocho imputados recibieron la pena de prisión perpetua, otros siete fueron condenados entre siete y veinticinco años de prisión y cinco resultaron absueltos. Se comprobaron y condenaron por primera vez delitos contra la integridad sexual dentro de un centro clandestino, categorizados como delitos de lesa humanidad.

Es un fallo histórico en una ciudad como Mar del Plata, que tuvo a grupos de derecha del peronismo y militares genocidas actuando violentamente contra agrupamientos sindicales antiburocráticos y de base, así como contra la militancia de la izquierda revolucionaria. Esto lo inició la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y luego continuaron los grupos de tareas durante la dictadura. El PST y sus militantes fueron blanco de un sistemático y organizado plan de persecución y exterminio que tuvo a la Armada como su principal ejecutor. El trabajo partidario y su extensión entre estudiantes, portuarios y obreros del pescado, entre otras estructuras, puso al partido como “objetivo” central de los grupos de tareas. Se sabe que muchos de nuestros compañeros fueron torturados y asesinados en el centro de detención y exterminio que funcionó en la Base Naval. Así lo confirman los testimonios de los pocos sobrevivientes, como algunos de nuestros compañeros que tuvieron como destino final ese nefasto lugar.

El fallo es una reivindicación de la lucha por la memoria y justicia para todos los que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, a pesar de los interminables intentos de los gobiernos de turno de buscar la reconciliación con nuestros asesinos, de permutar las penas, de otorgar prisiones domiciliarias, o como recientemente dijo el presidente Alberto Fernández, de que los crímenes fueron “inconductas”. Como parte de nuestra pelea, las condenas de Mar del Plata marcan nuevamente el rumbo que tenemos que seguir, reivindicando al PST y a sus compañeros caídos en la pelea por derrotar al capitalismo e instaurar el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Tarea pendiente, que con Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de las y los Trabajadores-Cuarta Internacional, seguimos dando.

¡Compañeros del PST asesinados y desaparecidos, presentes!

Fueron 30.000, fue un genocidio.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del Poder Judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado, que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevila, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. También fue enviado a su casa Lucio César Nast, alias Ronco, ex policía condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de inteligencia de la ex jefatura de la policía de Rosario. Asimismo, se han conocido casos de violadores que fueron beneficiados con la domiciliaria sin considerar los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación, que ya tiene como antecedente el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la Justicia que, como todos sabemos, funciona con estrechos lazos con cada gobierno de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento en rechazo a las domiciliarias, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el Tigre Acosta.

A través de las redes sociales, haciendo uso de noticias falsas y con la ayuda de medios de comunicación afines, la oposición patronal buscó volcar la indignación por la liberación de violadores y genocidas contra los legítimos reclamos por las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Incluso han obtenido el martes 5 de mayo un fallo de la Justicia bonaerense en ese sentido.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se deben garantizar las condiciones de higiene y salubridad que hoy en día no existen, realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo a los homicidas, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad.