Escribe José Castillo

Finalmente, después de varias puestas en escena, la oposición patronal de Juntos por el Cambio informó que votará a favor el acuerdo con el FMI. Para nosotros no es ninguna sorpresa; es más, venimos denunciando desde la pasada campaña electoral que esto iba a terminar así.

Varios diputados de Juntos por el Cambio sostienen que “quieren ver la letra chica”. Pero ante el anuncio de que solo se votará por sí o por no, es un hecho que todo ese sector se pronunciará a favor. Todos los economistas de Juntos por el Cambio, entre ellos los mismos que fueron ministros de Macri y negociaron el acuerdo con el Fondo son los que más insisten en la “responsabilidad de votar a favor”.

El voto positivo de Juntos por el Cambio incluso le permitirá al gobierno que el sector kirchnerista de Máximo y sus aliados (Itaí Hagman de Patria Grande o los dos diputados del PCR) se lave la cara, absteniéndose o jugando a alguna maniobra parlamentaria similar, por supuesto, como han afirmado, “sin poner palos en la rueda”.

En síntesis, veremos en escena votando unido al “partido único de la deuda”. Del otro lado, oponiéndose, una vez más quedará el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

El diputado libertario y ultraderechista Javier Milei anunció que votará en contra el acuerdo con el FMI. No lo hace con ningún argumento progresista. Al contrario. Se queja de que el pacto con el Fondo no ajusta lo suficiente.

Trata de confundir diciendo que lo que él exige es que se ajuste “la casta política”, pero una recorrida por todas sus propuestas demuestran que lo que busca es que se achiquen hasta su virtual desaparición todos los fondos destinados al pueblo trabajador. Está en contra de la educación estatal, de la salud pública, de las jubilaciones, por citar sólo algunos ejemplos. Sabiendo que el acuerdo terminará aprobándose, Milei aprovechará para hacer su show. Pero no hay que confundirse: su voto en contra estará en las antípodas del Frente de Izquierda Unidad, el único sector que plantea que la plata de la deuda vaya a resolver las más urgentes necesidades populares.  

El Indec difundió que la inflación de enero fue del 3,9% y la suba de los alimentos fue aún mayor, cerca del 5%. Esto traerá más desigualdad social e indigencia. Encima la proyectada para 2022 es entre el 50 y 55%, mientras el ministro de Trabajo Claudio Moroni ya fijó un techo salarial del 40%. Los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo con el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El casi 4% de inflación en enero fue brutal. Subió todo: alimentos (80% los huevos), ropa, alquileres, peajes, telefonía, entre un largo etcétera. Y la inflación de febrero podría superar ese porcentaje por la suba de los combustibles del 9%, prepagas, el 25% del pan y los aumentos en los útiles escolares de un ochenta por ciento promedio, entre otros rubros. Como si fuera poco, ahora vienen los tarifazos acordados con el FMI. Y ya el gobierno anunció el congelamiento de los planes sociales.

Este aumento en los precios de enero traerá más pobreza e indigencia. Es evidente que los empresarios siguen aumentando con total descaro y también el gobierno del Frente de Todos, con las subas en las naftas de YPF, la autorización de la suba en las prepagas y los precios cuidados. Por eso, cuando los economistas pro patronales hablan de que la inflación es por “factores climáticos o estacionales, monetarios o por falta de confianza en los mercados”, es para esconder que los monopolios formadores de precios son los responsables de las subas y el gobierno su cómplice.

Se acaba de anunciar la medición de la canasta de pobreza para una familia tipo, alcanzando los 78.624 pesos, y la de indigencia a 34.334 pesos (esta última es lo mínimo para no morir, para sobrevivir, subsistir). Pero el tema es que millones no alcanzan esos montos, aunque sean exiguos. Por ejemplo, el 1,2 millón de planes sociales están en 16.000 pesos, la mitad de una canasta de indigencia. Con el aumento del 12% en marzo, la jubilación mínima se irá a 32.630,40 pesos, menos que la canasta de indigencia. Lo mismo pasa con el salario mínimo vital y móvil, que quedó por debajo de este valor. Por eso creció la indigencia, en el país de “la carne y el trigo”.

La verdadera referencia es la canasta familiar para una familia tipo que publican todos los meses las y los trabajadores de ATE Indec. La última medición da que la misma alcanza los 128.832 pesos. ¿Qué familia trabajadora, de jubiladas y jubilados o de un barrio popular percibe eso? La ultra minoría.

El gobierno miente con las cifras. Dijo que en 2021 la inflación iba a ser del 29% y llegó al 51%. Ahora dice que será del 33% y los cálculos proyectados darían una cifra similar a la del año pasado. El ministro de Trabajo Moroni habló de un techo salarial en las paritarias del 40%, cuando sabe que la inflación será mayor. Esa diferencia entre la inflación real y las menores subas de salarios y jubilaciones ¿adónde va? A los bolsillos de los grandes empresarios y del gobierno. Al firmar las patronales con la burocracia sindical de turno aumentos a la baja, se quedan con la diferencia aumentando sus suculentas ganancias. Y el gobierno, al dar aumentos a la baja en estatales, salud, docentes y jubilaciones, aplica un ajuste para cumplir con el FMI.

Por todo esto es un verso decir que los salarios le ganaron a la inflación el año pasado. Mentira total. Se dieron aumentos en cuotas (cuando los precios aumentan todos los días) y sin recuperar lo perdido año atrás. Los salarios perdieron el 20% promedio con Macri y en los dos años de Alberto y Cristina otro 10%. Si no se recuperan esos porcentajes y se fija un salario de acuerdo a la inflación real indexado automáticamente y periódicamente, no hay recomposición posible.
Se necesita un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar. Lo mismo para los planes sociales, teniendo que llegar por lo menos a superar la canasta de pobreza. Llamamos a los trabajadores a exigir un plan de lucha a sus conducciones gremiales y a repudiar el pacto con el FMI que traerá más hambre y pobreza.

Escribe José Castillo

El gobierno del Frente de Todos ha dicho sin ponerse colorado, en la voz del secretario de Comercio Roberto Feletti, que están “perdiendo la pelea contra la inflación”. Una buena pregunta es porqué. La respuesta es simple: porque nunca la iniciaron.

Seamos claros. Los precios suben porque en casi todos los rubros de consumo popular (tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador), hay una, dos o a lo sumo tres empresas monopólicas u oligopólicas que fijan precios y buscan garantizar con subas abusivas sus super-ganancias. A esto tenemos que sumarle que muchos de los productos estratégicos que se consumen en nuestro país (como los alimentos) son los mismos que se exportan. Y las patronales del sector tratan de hacer que su ganancia en dólares por exportación se repita en los precios del mercado interno. Los suben cada vez que se incrementa el dólar o crece la cotización internacional de dichos productos.

Ni los precios congelados del último trimestre del año pasado, ni los precios cuidados relanzados este año han servido para nada. No porque no sirvan los controles, como dicen los economistas del establishment. Al contrario, lo que sucede es que esos “controles” fracasan porque nadie controla nada, ni, mucho menos, sanciona a quiénes violan las disposiciones o los acuerdos.

Lo mismo sucede con las cadenas monopólicas que comparten exportaciones y ventas al mercado interno. Y que hacen y deshacen a voluntad.

Hay sectores del gobierno que siguen, mientras tanto, lanzando fuegos artificiales. Rafael Krejzer, director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social y dirigente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), planteó la creación de una “empresa alimentaria nacional”. En vez de ir contra las grandes empresas monopólicas y las cadenas de hipermercados, lanzan cortinas de humo que no resuelven ningún problema. A esa empresa no hace falta “crearla”: bastaría con expropiar a los grandes pulpos alimenticios, cosa que no figura ni en los sueños más lejanos del gobierno de Fernández. La “empresa alimentaria nacional” corre el mismo destino que lo que decía en 2020, cuando se hablaba de expropiar a Vicentín para garantizar la “mesa de los argentinos”. Ahí está el resultado: Vicentín sigue vivito y coleando, sin pagar su deuda con el estado y negociando su venta a otros pulpos transnacionales. Y la mesa de los argentinos cada vez es más difícil de llenar.

No hay misterios: para terminar con los abusos de las empresas monopólicas de los productos de la canasta familiar basta con fijar precios máximos de verdad para cada artículo de ese rubro. Y controlarlo sancionando a los infractores, aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores, ya se trate de empresas productoras o grandes cadenas de hipermercados (el otro canal por donde se abusa subiendo astronómicamente los precios). Y con respecto a los monopolios agroexportadores, terminar con sus maniobras (acaparamiento, subfacturación, negarse a liquidar los dólares y fugarlos al extranjero) requiere de la nacionalización del comercio exterior, creando un ente estatal especializado, como era el IAPI en las décadas del ‘40 y ‘50.

Claro que la lucha contra la inflación no debe esconder otra cosa: la urgente y necesaria recomposición de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales, pulverizados en estos últimos cuatro años. Por eso es necesario un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que la canasta familiar. Y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin ningún tipo de techo.

La Junta Interna de ATE Indec calcula, mes a mes, el salario de bolsillo necesario para que un hogar, constituido por una pareja de 35 años con dos menores, logre satisfacer las necesidades básicas.

En enero de 2022, este valor es de $128.832. Incluye $43.452, para adquirir la Canasta Alimentaria Mínima y $85.380 para el resto de bienes y servicios básicos.

Se trata de una canasta mínima, para llegar a fin de mes. Considerando que “ningún trabajador debería ganar menos que este valor”.