Escribe Luis Covas

El tema “cuarentena sí, o cuarentena no” se está discutiendo desde el primer día que se aplicó en la Argentina y en el mundo. Hay muchas trabajadoras, trabajadores, amas de casa o jóvenes que la cuestionan o tienen dudas de seguir manteniéndola por diversas razones: cansancio, hastío, o por la necesidad de salir a hacer una changa o conseguir unos pesos para subsistir. Más viendo que, en el caso de la Argentina, aún no hay un contagio masivo o muertes como en Italia, España o los Estados Unidos.

Suma a la confusión que algunos sectores de la izquierda la cuestionan argumentando que es una medida de tipo “medieval” y que coarta libertades individuales y de la clase obrera. O que las cuarentenas son maniobras de los gobiernos para parar las protestas y las manifestaciones.

Rechazar la cuarentena por esos argumentos es equivocado. La realidad ha demostrado que es una necesidad para combatir el contagio masivo. Y así lo recomiendan la mayor parte de los especialistas médicos del mundo.

Desde ya que los gobiernos capitalistas usan la pandemia del coronavirus para frenar las movilizaciones, incentivar la presencia policial represiva y de fuerzas militares, cuestión que rechazamos y que también rechazaremos después de la pandemia.

Pero desde la izquierda no podemos minimizar que enfrentamos una pandemia mundial que no ha terminado, que se desconoce su alcance y para la que no existe aún una vacuna. Es una acción para frenar el contagio. En donde no se aplicó en forma inmediata, por responsabilidad de los gobiernos, como en Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, el contagio creció exponencialmente. El negacionismo de Trump y la política anti cuarentena para que la economía “no se hunda”, defendiendo a las multinacionales, hizo que en los Estados Unidos, al momento de escribir esta nota, ya se sobrepasó un millón de casos positivos por Covid-19 y más de 57.000 fallecimientos, encabezando la lista mundial por contagios y muertes.

También lo demuestra la experiencia, por ejemplo, de Suecia y Noruega. “Hasta el 12 de marzo ambos países tenían un número parecido de casos confirmados (672 y 794 respectivamente) y una sola muerte en Noruega. Al otro día, Noruega tomó la decisión de aislar su población mientras Suecia no lo hizo: a partir de ese momento la cantidad de casos en Suecia duplica la de Noruega y la de muertes es siete veces mayor, 1.099 contra 150” (Clarín, 19/4/20).

El hecho de que en la Argentina haya pocos casos (207 muertes) tiene que ver con que se hizo cuarentena anticipada. Lo opuesto sucede en Brasil, que lleva registradas más de 5.000 muertes.

Pero la cuarentena es la primera medida, no la única, para evitar la propagación del contagio y proteger la vida de millones. Además se necesita que el gobierno vuelque plata para que se implementen los tests masivos, fortalecer el servicio de salud, el salario y la comida.

Por eso las cosas no son como las pinta el gobierno de Alberto Fernández. La Argentina y el mundo encaran esta pandemia en medio de la destrucción de los sistemas de salud pública estatales, con altos grados de desigualdad, hacinamiento y de gobiernos patronales que favorecen a los empresarios, a los banqueros y al pago de una deuda externa fraudulenta.

Por eso no hay una verdadera cuarentena pese al enorme sacrificio que hacen millones con su encierro. Hay dos cuarentenas. Una, la de los grandes patrones, de los poderosos que disponen de riqueza y comodidades, y otra, la cuarentena del pueblo trabajador, la de los de abajo, la de los que no les alcanza el sueldo, se lo rebajan, o directamente no lo tienen porque los despidieron o viven de changas. La de los que en las barriadas populares viven hacinados, no tienen cloacas ni agua segura para lavarse las manos.

El presidente llama a la “responsabilidad individual” o a una necesaria “flexibilización” de la cuarentena para que haya “esparcimiento familiar”. Cuando en realidad la cuarentena está ya “flexibilizada” hace rato por responsabilidad del gobierno y de los empresarios, cuando centenares de miles están obligados a salir a trabajar, en cuestiones no esenciales, presionados por las patronales y porque necesitan dinero para sostener a su familia. También están obligados a romper la cuarentena los trabajadores que tienen que salir a reclamar por despidos, por rebaja salarial o porque no les dan elementos de seguridad para evitar el contagio del Covid-19. Como el caso de los obreros del frigorífico Penta, que fueron despedidos mientras el gobierno peronista de Kicillof avalaba a la patronal y reprimía a los trabajadores. A ellos se suman las justas protestas de trabajadoras y trabajadores de la salud y de otros sectores de todo el país. Desde Izquierda Socialista apoyamos esas luchas. Ante estos atropellos la clase trabajadora no puede disciplinarse a la cuarentena, tiene el derecho de salir a la calle a reclamar. Repudiamos toda represión o cuestionamiento legal que el gobierno y la Justicia patronal quieran hacer esgrimiendo el argumento de la cuarentena. Cuando son el gobierno nacional y los gobernadores peronistas o de la oposición los que no garantizan la salud, el salario, el trabajo y la comida. De esa forma se lucha también por una verdadera cuarentena para evitar el avance del coronavirus. Más cuando los especialistas dicen que todavía no llegó el pico de la pandemia, que podría ocurrir entre mayo y junio, favorecida por la llegada de las bajas temperaturas. Por eso nos oponemos a “flexibilizar” o tender a levantar la cuarentena por la presión de las grandes patronales, frente a lo cual el gobierno nacional cede porque gobiernan para ellos, con la complicidad de la burocracia sindical. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad seguimos llamando a luchar por un fondo de emergencia sobre la base de altos impuestos a los grandes grupos empresarios, a la banca y dejando de pagar la deuda para que haya una cuarentena con plata para salud, sin despidos ni rebaja salarial y con comida.

Escribe Claudio Funes

El escándalo por la compra de 1.600 barbijos por parte del Gobierno de PRO de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta, con sobreprecios a la empresa Green Salud, creada en octubre de 2019 y sin antecedentes en el rubro, acaba de dar un giro inesperado. Los barbijos están vencidos desde mayo de 2016, confirmó su fabricante, la multinacional 3M.

El escándalo arrancó por el sobreprecio. La firma Green Salud, del abogado Ignacio Sáenz Valiente, le vendió a la Ciudad 1.600 barbijos de la marca 3M a 3.000 pesos la unidad, precio muy por encima del valor de mercado. De hecho, una prepaga compró en los últimos días un modelo similar de la misma marca y pagó menos de 1.000 pesos.

La firma propiedad de Sáenz Valiente no solo aprovechó la pandemia para especular con el precio, sino que ofreció un insumo vencido. Criminal, un atentado a la salud pública.

¿Quién es Sáenz Valiente? Aparte de abogado y propietario del estudio jurídico homónimo, es director del Grupo Cablevisión y Telecom. Su nombre figura en muchos de los fideicomisos del Grupo Clarín.

Es dueño de varias empresas, en una de ellas figura como socio de Rodrigo Miguel, hermano de Felipe, jefe de gabinete del gobierno de Rodríguez Larreta.

Esto no es todo, en abril de 2019, en uno de los salones de su estudio se realizó el festejo más íntimo de la boda civil de la media hermana por parte de madre de Horacio Rodríguez Larreta. Exigimos castigo para los funcionarios corruptos y para el empresario.

Nuevamente llevamos adelante el pasado viernes 24 el segundo encuentro virtual de los trabajadores de la salud de Izquierda Socialista, con el aporte de muchas compañeras y compañeros independientes llegando a cincuenta participantes.

Contamos con representantes del interior del país, de Córdoba, Tucumán, Misiones y de quienes trabajamos en el ámbito metropolitano de Capital y Gran Buenos Aires. 

Lo primero a destacar es el espíritu de camaradería que recorrió toda la charla y el acuerdo por seguir sumando e intentar coordinar acciones y espacios para impulsar los reclamos por insumos, las condiciones de bioseguridad laborales y la urgente incorporación del personal necesario para poder dar adecuada respuesta frente al pico de la pandemia del Covid-19 previsto para fines de mayo o principios de junio.

También surgió con fuerza el repudio a la campaña que viene desarrollándose desde los distintos gobiernos provinciales y el nacional, volcando la responsabilidad del contagio en el ámbito hospitalario en los profesionales de la salud, por supuestamente no respetar protocolos y el incorrecto uso del material de aislamiento, cuando lo que ocurre es la falta de elementos en cantidad y calidad adecuadas.

En realidad han de ser esta nueva etapa llamada “cuarentena administrada” y las próximas programadas cada vez más laxas, las que generan las condiciones para la circulación del virus en la misma medida en que se permite e impulsa el aumento de la circulación de las personas para asegurar las ganancias a los grupos económicos.

Precisamente, con el ánimo de salirle al cruce a esa campaña de desprestigio, se acordó unificar la acción propuesta para el martes 28 en los accesos a los hospitales y sanatorios públicos y privados para visibilizar las pésimas condiciones en que debemos trabajar, exponiéndonos permanentemente al contagio del coronavirus.

Fueron muchas las instituciones públicas y privadas donde, a pesar de las fuertes lluvias, presentaron el pasado martes a las 11 las imágenes de trabajadoras y trabajadores reclamando por nuestros derechos, como en los hospitales Piñero, Penna, Garrahan, Italiano, Durand, Tornú, solo por mencionar algunos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

El segundo conversatorio finalizó con un nuevo compromiso común de seguir trabajando por una mayor y mejor coordinación en el camino de la pelea por una salud pública gratuita, universal y de excelencia, donde nosotros, quienes trabajamos en ella, seamos también parte a la hora de definir las políticas integrales.

Corresponsal

Escribe Claudio Funes

Ya hacía varias semanas que las patronales venían planteando que se rebajaran los salarios. De hecho, lo venían realizando en muchos sectores. Ahora han logrado lo que querían con la vergonzosa colaboración de la burocracia sindical traidora y el aval del gobierno.

Así lo establece el “Acta tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid-19” firmada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja por la UIA y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Detrás de este rimbombante título hay una sola realidad: la pérdida para millones de trabajadores del 25% de su salario.

En concreto, se plantea que todo trabajador que esté cumpliendo la cuarentena sea encuadrado como “suspendido” durante sesenta días a partir del 1° de abril, recibiendo apenas el 75% del salario neto que le hubiera correspondido. Increíblemente, el acuerdo ni siquiera prohíbe reducciones mayores, sino que dice que, si así las hubiere deberán ser “sometidas a la autoridad de aplicación a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”. Lo traducimos: sucederá que, con acuerdo de la burocracia sindical traidora y la patronal se presentarán justificaciones para reducciones mayores, que obviamente la “autoridad de aplicación”, léase el Ministerio de Trabajo, terminará avalando.

Encima, este acuerdo ni siquiera retrotrae las innumerables situaciones de reducciones salariales y abusos cometidos previamente por las patronales (repetimos, con la complicidad de la burocracia). Así se establece que “no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión”. Así quedan bendecidas las reducciones salariales previas (y mayores) de los petroleros privados, la UOM, las terminales automotrices, o las empresas de comida rápida. Se trata nada más ni nada menos que de 231.483 suspensiones y rebajas salariales en lo que va de la cuarentena, con los metalúrgicos a la cabeza con 126.000 casos, seguidos por los petroleros con otros 64.500. Si se agrega el resto de los sectores, ya eran 300.000 los trabajadores a los que se les habían recortado los salarios antes del acta acuerdo.

En síntesis, este acta acuerdo cumple la función de plantear una reducción generalizada de 25% de los salarios para todos los trabajadores en cuarentena, que se suma a todos los otros “acuerdos” previos de reducción salarial y suspensiones.

El acta dice expresamente que viene a complementar el DNU 376/20, que ya era un gigantesco subsidio a las patronales, por el que se establecía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Estado se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores del sector privado a través de la Anses (nuevamente a costa de vaciar las cajas jubilatorias).

En concreto, con la excusa de la pandemia las patronales primero logran que el gobierno les subsidie el 50% de los salarios. Ahora a eso le agregan la rebaja salarial de 25 por ciento.

Este reparto de cientos de miles de millones de pesos irá a parar, en su gran mayoría, a las grandes multinacionales negreras: automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen y otras; a petroleras como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, pertenecientes al grupo de las once empresas que en los últimos tres años facturó $2,5 billones en Vaca Muerta mientras recibía millonarios subsidios del Estado.

La excusa de todo esto es que así se “preservarán las fuentes de trabajo”. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que existe un DNU previo que “prohíbe” despidos y suspensiones (lo mismo que ahora se promueve), este decreto se transformó en un papel sin contenido, como lo demuestran todos los casos ya denunciados en las semanas previas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el sindicalismo combativo denunciamos el papel traidor de la burocracia sindical y seguimos planteando ¡no a ningún tipo de rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Liliana Olivero, legisladora provincial (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Es responsable -con la complicidad de los radicales y la burocracia sindical- de una deuda externa de 166.000 millones de pesos (de los cuales el 95% está en dólares) y de una grave crisis económica, ahora agravada por el coronavirus. Por eso emitió 9.000 millones de pesos en bonos para pagar a proveedores, mientras amenaza con lanzar una cuasimoneda provincial, rebajar el salario de los estatales y postergar el pago de jubilaciones. 

En medio de la cuarentena suspendió, sin pago, a 27.000 trabajadores de planes de empleo y capacitación como PPP, PIP y otros. Compañeras y compañeros que hace años cumplen tareas junto a los de planta permanente pero con sueldos de 5.000 a 9.600 pesos por mes. ¡La mitad de la canasta de indigencia!

Ahora Schiaretti rebaja 45% su sueldo y el de la planta política del Ejecutivo y lo imitan los demás poderes. Estamos de acuerdo que todos ellos ganen menos. Cuando en 2002 obtuvimos nuestra banca presenté un proyecto de ley (que fue rechazado por las otras bancadas patronales) para que legisladores y funcionarios políticos ganáramos igual que una maestra con veinte años de antigüedad. Desde entonces, únicamente nuestros legisladores lo cumplen. Por eso denunciamos que lo de Schiaretti es solo un acto demagógico y tramposo, porque igual ganarán mucho más que el monto que propusimos y solo regirá por el tiempo que dure la cuarentena en lugar de ser permanente. Con el peligro que permitirá justificar el diferimiento del pago de jubilaciones provinciales y la rebaja salarial de estatales y docentes. Algo inaceptable. 

Además, ante semejante crisis esta resolución es insuficiente. Mientras el gobierno cede a la presión de las grandes y medianas empresas para volver a trabajar, todos vemos que hoy la mejor protección es la cuarentena. Por lo tanto, miles de trabajadoras y trabajadores, desocupados, los que viven de changas, los suspendidos de los planes de empleo y los de otras actividades no esenciales deben recibir ya una ayuda de emergencia para poder subsistir. Caso contrario, para poder comer se verán obligados a romper la cuarentena aumentando el riesgo de contagio y de perder sus vidas. Asistir a estos trabajadores, además de equipar a los hospitales y a todo su personal, requiere de miles de millones de pesos que se deben obtener a partir  de dejar de pagar la millonaria deuda externa provincial, eliminar toda exención impositiva a las grandes empresas y crear un fondo de emergencia con un impuesto a las mismas,  los bancos y latifundios. Y también a las grandes fortunas, como Roggio, Urquía, Allende y otros millonarios provinciales. 

Sin estas medidas de fondo, lo de Schiaretti es puro verso. Es para no tocar a los usureros ni a los ricos. Ellos obtuvieron estos últimos años fabulosas ganancias que jamás compartieron con sus trabajadores. En cambio, ahora sí quieren compartirles las pérdidas, por eso se niegan a pagar el 100% del salario que es una ínfima parte de lo que embolsaron. Y con la complicidad de la burocracia sindical peronista y el aval del Ministerio de Trabajo siguen despidiendo, suspendiendo y rebajando salarios. Debemos organizarnos para luchar, como se viene haciendo a nivel mundial, y también aquí, en empresas y gremios. Esta crisis la deben pagar los capitalistas, no los trabajadores.