Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

Los últimos días volvió a arreciar en los medios de comunicación masiva una campaña nada novedosa. Indica que existen demasiados empleados del Estado y que el gasto que se desprende del pago de sus salarios debe ser reducido. Todo esto justificado, obviamente, por la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La Fundación Mediterránea, Carlos Melconian y varios exponentes del pensamiento económico más “ortodoxo" hicieron un tour por los medios con ideas que iban desde la reducción de puestos de trabajo (o sea despidos) hasta las rebajas salariales o el pago en cuasi moneda. Las y los estatales tenemos sobrada experiencia con estas campañas que son la antesala de ataques contra nuestros derechos laborales. Y esta ocasión no parece ser la excepción.  

Los intentos de ajuste ya están aquí y ahora. El pasado 7 de mayo la Legislatura porteña aprobó una ley de emergencia económica en el distrito con mayores recursos del país que habilita al gobierno de Rodríguez Larreta a reasignar arbitrariamente partidas presupuestarias, a congelar salarios, a una mayor flexibilización laboral y un largo etcétera. Ya varias provincias y municipios han dicho que tendrán que reducir los salarios de sus empleados porque han menguado sus ingresos.  

Debemos rechazar la posibilidad de que desde cualquier gobierno –nacional, provincial o municipal– se descargue el peso de la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores. 

¿Qué dice a todo esto el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada. De hecho, y como todo un símbolo, Rodríguez Larreta estuvo sentado a la derecha del presidente en la conferencia de prensa donde se anunció la extensión de la cuarentena solo veinticuatro horas después de aprobada la emergencia ajustadora porteña. Pero no solo eso. Con la excusa de la pandemia se suspendió sin fecha la aplicación de la cláusula de revisión que correspondía al mes de marzo de la paritaria 2019 de los estatales nacionales, que tuvimos un “aumento” de 28% frente a una inflación que superó el 53% en el mismo período. Una forma burdamente solapada de consagrar la pérdida salarial que legó el ajuste macrista.  

Es imprescindible que desde cada sector de trabajo, con las dificultades que acarrea el aislamiento social, nos organicemos para enfrentar estas situaciones que golpean fuertemente nuestros derechos. Tenemos que seguir el ejemplo de Ademys y las juntas internas combativas de ATE que, con todos los cuidados y prevenciones, estuvimos en las calles contra la ley de Larreta exigiendo a las conducciones nacionales y seccionales de ATE que rompan la inacción en la que se encuentran y que se organice en forma democrática la pelea en defensa del salario y todos nuestros derechos.  

Entrevistamos a José Guzmán, referente del barrio Picaluga, de González Catán, y a Alfredo Méndez, de Rafael Castillo, ambos de La Matanza, para que nos comenten la situación que se está viviendo en sus barrios.

Entrevista a José Guzmán

ES– José, ¿cómo es la situación que se está viviendo en Picaluga?

JG– Por mi barrio realmente falta comida. No aparecen las autoridades para dar respuesta a la necesidad de la gente. También hace falta trabajo. Esto no es un problema que empezó con el coronavirus, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es una primera necesidad, y el municipio de Espinoza tiene que resolverlo.

ES– ¿Se organizaron de alguna forma para conseguir alimentos?

JG– Sí. Varios vecinos vinieron a verme a mi casa preguntando cómo podíamos hacer para conseguir comida. Nos hemos movilizado con unos cuantos de ellos a la delegación municipal de González Catán, pero fue en vano. Nos dijeron que nos anotemos por WhatsApp para recibir un bolsón. Nosotros ya nos habíamos anotado pero no nos llamaron nunca. Al menos en mi barrio, y creo que así será en otros, los vecinos no creen en el municipio. Ellos se burlan de la situación, de cómo está la gente. Es una vergüenza.
Nos terminamos organizando entre los vecinos y con la ayuda de los compañeros.

Entrevista a Alfredo Méndez

ES– ¿Cuál es la visión de la situación que tenés de lo que pasa en tu barrio?

AM– Lo primero es que la comida no alcanza. Lo que debería garantizar el municipio a través de Desarrollo Social y de Espinoza es totalmente insuficiente. El problema se ha agravado con las semanas. Es terrible lo que tienen que hacer los vecinos para recibir comida. En un principio solo daban bolsones a los que ya recibían previamente algún tipo de plan. Acá en Castillo esa gente hacía colas de cinco, seis y siete horas. Después, para los que no reciben planes, se habilitó un número de WhatsApp al que tenías que llamar para que te den un turno y retirar en algún club o sociedad de fomento del barrio la comida. Lo que pasó es que a la gran mayoría de esa gente no le contestaban el mensaje, el sistema colapsó totalmente. Así te encontrabas con un montón de vecinos.

ES– ¿Qué solución buscaron los vecinos?

AM– Muchos empezaron a buscar comida deambulando por comedores de distintas organizaciones, pero en todas había una lista de espera enorme. Otros fueron a golpear las puertas de las escuelas. En algunas les dieron comida, pero en muchas ni siquiera les alcanzaba para darle a sus alumnos. Así, muchos vecinos quedaron a la deriva. Empezaron organizando ollas populares en las casas arriesgándose al contagio, dando de comer a decenas de personas.

ES– ¿Cómo analizás las respuestas que dieron Espinoza y el PJ a la situación?

AM– Desastrosa. Mientras los vecinos hacían colas larguísimas para recibir alimento y algunos no sabían si lo iban a recibir se vio, y está registrado en filmaciones, cómo punteros del peronismo en Laferrere salían con varias bolsas de comida por otra puerta. Totalmente indignante.

Es muy preocupante que en el marco de una pandemia, en la que se aconseja que te quedes en tu casa, la gente tenga que salir a buscar comida por todos lados porque el municipio no lo garantiza. A eso le tenés que sumar los despidos, las suspensiones, las rebajas de sueldos y la situación de la salud. Acá los hospitales y las salitas no dan abasto y hay muchos médicos infectados. La situación es desastrosa.

Escribe Ariel Napoli

Al momento de escribir esta nota son 519 los casos de Covid-19 confirmados en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en más de 400 del conurbano. En todo el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires ya tuvimos que lamentar treinta muertes en las zonas más vulnerables.

La villa más afectada es la 31, de CABA, donde se calcula que viven 60.000 personas. Allí en pocos días se pasó de tres casos a casi cuatrocientos. Los vecinos estuvieron una semana sin agua, lo que dificultó enormemente la higienización. Una verdadera barbaridad a la que AYSA y su titular, Malena Galmarini, (esposa de Sergio Massa) dieron una respuesta absolutamente tardía.

La necesidad hace que los vecinos salgan a vender objetos personales en los pasillos de los barrios, a intercambiarlos mediante trueques o, simplemente, a deambular en búsqueda de comida. Los que tienen la suerte de conservar su trabajo lo hacen en lugares donde las patronales no aseguran las condiciones de seguridad adecuadas y por eso trasladan el virus a los barrios, diseminándose rápidamente debido al estado de hacinamiento en el que viven. 

La situación de pobreza, a la que el gobierno nacional sigue sin dar respuesta (el IFE de 10.000 pesos es totalmente insuficiente, muchos no lo cobraron y otros tantos fueron rechazados) y las condiciones de hacinamiento generan una combinación explosiva que  provoca que el virus se propague en los barrios más vulnerables con una velocidad alarmante. Es hora de que el gobierno nacional, Larreta en CABA, y Kicillof en Buenos Aires tomen cartas en el asunto. En el caso de CABA, se deben usar los hoteles donde estuvieron internados los repatriados para aislar de forma real a los infectados de los barrios populares. Hay que garantizar los elementos de limpieza necesarios y el suministro de agua en todos los barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Para combatir en serio la pobreza el gobierno nacional debe asegurar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos que se cobre por persona y no por grupo familiar y que se pague mensualmente. Para llevar adelante estas medidas se debe tomar una decisión política, tocar los intereses de las grandes empresas que operan en el país en lugar de seguir beneficiándolas. Se necesita un fondo de emergencia de inmediato, en base a impuestos especiales a las grandes empresas, multinacionales y el no pago de la deuda externa para combatir la crisis del coronavirus. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sectores populares. 

Escribe Ana Val

El gobierno de Alberto Fernández ratificó nuevamente que la suba de las jubilaciones será otorgada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Así será hasta fin de año, mientras se determina una fórmula de actualización “razonable”.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Allí Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes con el agregado de un 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56 por ciento, sin distinción de rangos, que hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. 

De esta forma, lo que terminó sucediendo es que los que menos ganaban (16.195 pesos) cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra terminaron cobrando mucho menos. En síntesis, comenzaba el achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados con esta medida. 

Alberto Fernández  justificó la medida diciendo: “La fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. Lejos quedaron sus promesas  de “cuidar a los abuelos” y “poner plata en el bolsillo de la gente”. Todo lo contrario, este año el gobierno, a través de este decreto, nos robó, una vez más, 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Cuando se trata de incrementos para los jubilados lo razonable difiere de la razón que aplica para dar, sin titubeos, toneladas de dinero a los verdaderos “planeros”: grandes empresarios y multinacionales. 

El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, manifestó al respecto: “De confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Felipe Cavallo, ratificado por los organismos multilaterales de crédito y la anterior administración: reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejará de ser un sujeto de derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”. 

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) repudiamos que el aumento nos lo den por decreto. Exigimos el 82% móvil correspondiente a la categoría en la que nos desempeñamos al momento del retiro y que ningún haber esté por debajo del valor de la canasta del jubilado. 

Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Facebook: Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Escribe Ambiente en Lucha – Juventud de Izquierda Socialista

Pese a que millones de personas se encuentran cumpliendo la cuarentena, cada vez son más las denuncias y los permisos que el gobierno de Alberto Fernández concede a las grandes multinacionales extractivistas. A partir del decreto 450/2020, impulsado por Cabandié y el lobby minero, se habilitan las actividades vinculadas con la producción, distribución, comercialización forestal y minera, dando lugar a que la actividad de las megamineras contaminantes y el agronegocio continúe. Como ya dijimos, este gobierno de doble discurso llegó para profundizar los proyectos extractivistas que contaminan el ambiente, como la megaminería, el fracking, la deforestación, el monocultivo y el uso de agrotóxicos.

Durante la cuarentena han aumentado las denuncias de deforestación sufridas en el Norte de nuestro país. Los gobernadores Insfran, Zamora y Capitanich son los responsables de este avance en la deforestación en plena cuarentena, donde ya se perdieron más de 9.000 hectáreas, un poco más de 200 hectáreas por día. Esto va de la mano con los permisos que el gobierno concede para el uso de agrotóxicos. El avance de la frontera del agronegocio sigue arrasando los bosques autóctonos de nuestro país. ¿Cuál es el negocio? Imponer el monocultivo para que los grandes terratenientes y latifundistas ganen millones a costa de la destrucción ambiental.

El retorno de la minería es otro privilegio que le otorga el gobierno a las megamineras contaminantes en medio de las luchas contra la actividad, como la triunfante rebelión mendocina en defensa del agua y el ambiente o la que, a pesar de la cuarentena, llevaron adelante en Esquel contra el peronista de confianza y amigo del presidente, Arcioni, gobernador de Chubut, que no solo avanza con la megaminería, sino que además precariza, despide y adeuda salarios a cientos de trabajadoras y trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, impulsó la quita de aranceles a las importaciones de insumos para la fabricación de agrotóxicos. El mismo Felipe Solá que fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos Menem y abrió las puertas a multinacionales como Monsanto para impulsar el agronegocio en el país. Esta reducción de aranceles sirvió de modelo para que la imiten otros países que integran el Mercosur, demostrando la política a favor de los agronegocios en el resto de los países del cono Sur.

Crece en todo el mundo un movimiento ambientalista que lucha directamente contra los intereses de los grandes capitalistas que intentan avanzar sobre los recursos, esto se ve en las masivas huelgas mundiales por el clima. Desde Izquierda Socialista creemos que hay que seguir luchando para poner fin a la megaminería a cielo abierto, a la tala indiscriminada y por la prohibición de los agrotóxicos. ¡Fuera Monsanto y Barrick! En defensa de los pueblos fumigados. Nos unimos en la lucha por un ambiente sano y por una producción racional al servicio de las necesidades populares.