Escribe José Castillo
Si bien ya se sabía que una parte importante del ajuste iba a ser garantizado por medio de tarifazos a los servicios públicos privatizados (en particular en luz y gas), no se conocían los detalles. El gobierno venía insistiendo que se trataba de aumentos que no superarían el 20% anual (de hecho ya se había aplicado ese incremento en el primer bimestre). A lo sumo se llegó a anunciar una segmentación que sólo iba a afectar a sectores de altos ingresos.
En el memorándum con el FMI todo eso se derrumba. Ahí se afirma expresamente que habrá aumentos para todos y en porcentajes mayores a los que se planteaba previamente.
Habrá segmentación, pero todos terminarán pagando por encima del famoso 20%. A los sectores para los que se afirma “garantizar la tarifa social”, el aumento será del 23%. A un indeterminado sector intermedio se le aplicará una suba del 43% y al sector “alto” la tarifa plena, que no queda claro cuanto será, pero muchos afirman que orillará el 150%. En los dos primeros casos se justifica el incremento colocándolos como porcentajes del CVS (Coeficiente de Variación Salarial), señalando que este dio 53% el año pasado. La realidad es que muchísimos trabajadores (la mayoría de los precarizados y monotributistas) tuvieron aumentos muy por debajo de ese monto. Y, por supuesto, se anuncian nuevos aumentos para los años venideros.
Pero eso no es lo peor. Como todo el acuerdo con el FMI, los números podrán ser reajustados si “cambian las condiciones internacionales” (cosa más que probable con la actual invasión rusa a Ucrania). Así un incremento en el precio internacional del gas o del petróleo en cualquier momento puede dar lugar a que el FMI, en una revisión trimestral, exija mayores tarifazos.
