La concentración en el sector de alimentos en nuestro país es enorme. Por eso, esas empresas aumentan precios a voluntad y violan las regulaciones, e incluso los acuerdos de precios firmados por ellas mismas.

Las dos empresas más grandes del sector amasan superganancias. Así, Arcor ganó el año pasado 19.918 millones de pesos (triplicando su ganancia de 5.441 millones de 2020). Molinos Río de la Plata, otra empresa monopólica líder en alimentos, ganó en 2021 2.829 millones.  

En medio de las medidas de la supuesta “guerra contra la inflación”, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se reunió con las cámaras patronales que agrupan a las empresas del sector, básicamente la Copal, juntamente con los grandes empresarios de la comercialización: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), donde confluyen Coto, Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y La Anónima.

Pero la concentración se da en todos los rubros que componen la canasta de alimentos. Así tenemos:

• Lácteos
La Serenísima (Mastellone-Arcor), Sancor (Adecoagro) y Dadone, concentran el 75% del negocio

• Bebidas sin alcohol
Coca Cola, ADA y Pepsico controlan el 85%

• Productos congelados
BRF, Swift y Molinos tienen el 60%

• Aceites
Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza suman el 90%

Escribe José Castillo

El negocio agroexportador argentino está extremadamente concentrado, monopolizado y extranjerizado.

Esto se da en el complejo sojero, donde claramente prevalecen transnacionales como Cofco (china), ADM, Cargill y Bunge (yanquis), Dreyfus (francesa), Glencore (anglo-suiza) junto grandes empresas locales como Aceitera General Deheza.
Lo mismo se repite con el trigo. Si bien hay 37.425 productores, el 10% más grande concentra el 43,4% del total del área sembrada y sólo diez empresas suman el 94,9% de las exportaciones de trigo. Básicamente son las mismas que en la soja: ADM (18,2%), Cofco (17,6%), Cargill (15,5%), Bunge (12,7%) y Dreyfus (10,8%).

Estas son las empresas que en apenas dos semanas, desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, con la suba de los precios internacionales de los granos, se hicieron de ganancias por 2.000 millones de dólares extras.
Si ahora vamos al negocio molinero (de dónde se obtiene la harina) vemos que acá también se da una altísima concentración monopólica.En la molinería también hay concentración: 4,7% de los molinos, con una producción superior a las 100.000 toneladas, nuclea el 50,4%. La principal empresa es Molinos Cañuelas con más del 23%. Le sigue en tamaño Molinos Río de la Plata y Morixe.

Si seguimos hacia abajo en la cadena de producción, tenemos la fabricación de pastas secas. De 47 empresas, cinco acaparan el 76,5% de la producción. Molinos Río de la Plata sola se queda con el 44,5% del total.
El único sector no concentrado es el de las panaderías. Existen entre 15.000 y 20.000 pequeños comercios que producen y comercializan pan, facturas y tortas. El costo de la harina, producto de los abusos de todo el resto de la cadena, viene creciendo cada vez más y así encareciendo el pan, que ya llega a 320 pesos el kilo.

El aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, del 31 al 33% es apenas una vuelta al mismo valor que tenía durante el macrismo, ya que había sido el Frente de Todos, en un intento de congraciarse con las empresas del sector, quien el año pasado había reducido la alícuota. A la vez su recaudación (se calcula entre 350 y 400 millones de dólares) se usará para subsidiar al sector molinero, como vimos también altamente monopolizado. Se trata de un “pase de manos” entre distintas patronales, una tan especuladora como la otra.

A pesar de los amagues de defender “la mesa de los argentinos”, se viene repitiendo un patrón común desde el conflicto de 2020 con Vicentín. El gobierno del Frente de Todos habla contra los monopolios agroexportadores, amenaza con medidas, habla de subas de retenciones (como a principios de 2021), y luego, a la menor queja de los agrupamientos patronales del sector, retrocede o toma medidas mínimas, como las actuales, que no mueven el amperímetro.

Defender de verdad el bolsillo de las y los trabajadores requiere de medidas de fondo, ir de verdad contra estos monopolios, recortarle sus superganancias y quitarles el lugar de chantaje que hoy tienen, terminando con el monopolio de hecho que tienen sobre el sector externo de la economía, reemplazándolo por otro, al servicio del pueblo trabajador: la nacionalización del comercio exterior.

Verduras           32%
Frutas              10,4%
Aceite               8%
Lácteos            10%
Golosinas          15%
Galletitas          20%
Arroz               22%
Bebidas cola       9%
Fideos secos     9,2%

Aumento salarial de emergencia. Que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos. Reapertura de todas las paritarias, sin techo y con paritarios elegidos en asambleas. Aumento de emergencia de todas las jubilaciones, para que la mínima alcance la canasta de la Tercera Edad (75.000 pesos). Aplicación inmediata del 82% móvil.

Indexación de salarios y jubilaciones, de acuerdo al incremento del costo de vida.

Eliminación del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario (descuentos por impuesto a las “ganancias” a las y los trabajadores).

Fijación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Control estricto de dichos precios, con aplicación inmediata y ejecutiva de la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar e incluso expropiar a quien viole dichos precios, realice acaparamiento, mercado negro o cualquier otra actividad especulativa. Aplicación de las sanciones tanto a las empresas monopólicas productoras de esos bienes como a las grandes cadenas de hiper y supermercados que avalen aumentos de precios no autorizados.

Suspensión inmediata de todos los tarifazos de servicios públicos privatizados comprometidos con el FMI. La salida no pasa ni por los tarifazos ni por seguir subsidiando a esas empresas, sino por la reestatización de las mismas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, para brindar servicios de calidad, con tarifas sociales para quién la necesite.

Ante los aumentos internacionales y la volatilidad de las cotizaciones del petróleo y el gas, tenemos que recuperar nuestra soberanía en esos recursos estratégicos y acabar con el saqueo. Hay que reestatizar todo el complejo petrolero, conformando una YPF 100% estatal que monopolice todo el negocio del sector, desde la exploración, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización en estaciones de servicio, donde se venda el combustible a precios relacionados con los costos locales y no con los valores de la especulación internacional.
Hay que reestatizar todo el negocio gasífero, volviendo a una Gas del Estado que tome todas las etapas (exploración, extracción, transporte -construcción de gasoductos- y distribución domiciliaria) gestionada por sus propios trabajadores y usuarios.

Terminar con los aumentos de las materias primas de los alimentos con la excusa de la suba de precios internacionales (harina, maíz, aceites). Para realmente “desacoplar” los precios de los alimentos vendidos en el país de sus cotizaciones internacionales hay que terminar con los negocios de los grandes monopolios exportadores, nacionalizando el comercio exterior y recreando las juntas de granos y carnes que fijen precios sostén para el pequeño productor y máximos para los grupos exportadores.

Basta de especulación con el dólar y la bicicleta financiera, que finalmente se termina trasladando a los precios. Hay que nacionalizar la banca, para que el ahorro de los trabajadores retorne en créditos para la vivienda y el consumo popular.

El 4,7% de inflación revelado por el Indec para el mes de febrero es otro mazazo contra el pueblo trabajador. La nueva suba es una de las más altas de los últimos años, siendo Argentina el país con mayor inflación después de Venezuela y Sudán. Las alzas fuertes se dieron en verduras, frutas, leche, huevos, pan y carne, todos artículos de consumo popular que cada vez son más prohibitivos para millones. El impacto en el rubro Alimentos y Bebidas, como siempre, fue peor, llegando al 7,5%. Este índice marca la verdadera inflación, ya que es allí donde más destinan sus ingresos la gran mayoría de los sectores populares. Con este número de febrero, la inflación interanual (la de los últimos doce meses) ascendió al 52,3% y las proyecciones privadas para 2022 calculan que rondará entre el 55 y el 60% anual, cuando en la ley que acaba de votar el Congreso al servicio del FMI marca una previsión entre el 37 y 48%. Se trata de una mentira total para encubrir los males sociales, diciendo que con el acuerdo con el FMI vamos a estar mejor. Como dijo un trabajador frente a la placa televisiva mostrando el porcentaje inflacionario: “¿Cómo? ¿No nos decían que con el FMI se iban a acabar los problemas?”.
 
Esto no es nada. Marzo podría repetir y hasta superar el índice de febrero, por el aumento de los combustibles con su incidencia directa e indirecta sobre el costo de la mayoría de los bienes, el incremento del pan y de la carne, de las cuotas de los colegios privados y una larga gama de servicios. La suba de las naftas decretadas por el directorio de YPF (empresa con un 51% de acciones estatales) pone de relieve que es el gobierno el que fogonea la inflación. Este aumento  luego fue seguido por Shell y el resto de las multinacionales del sector. Y todavía falta: se viene el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas y luz) pactado con el FMI en un promedio del 60%, donde todo volverá a subir. Un círculo vicioso que el propio gobierno alimenta.
 
A todo esto, Alberto Fernández, después de haber visitado a Putin días previos a que desatara la invasión criminal a Ucrania, ahora dice que “la guerra” fogonea la suba de los precios y que este viernes “arranca otra guerra, la guerra contra la inflación”. Ya el presidente comienza con una mentira. Dice que el tema “deuda” ya estaría arreglado con el FMI, cuando la realidad es que recién se acaba de reconocer la estafa de Macri y lo que se vendrá son vencimientos siderales en los próximos años. La frase “ahora se dará pelea contra la inflación” intenta desligar al Fondo Monetario de todo esto, cuando ya se sabe que el pacto traerá más ajuste y saqueo y una nueva devaluación.

¿Qué es “la guerra contra la inflación” a la que se refiere Alberto Fernández ¿Acaso el gobierno va a anunciar la anulación del IVA de la canasta familiar? ¿Va a decretar precios máximos bajo apercibimiento de severos castigos a las alimenticias y monopolios que remarcan y remarcan mientras hay una crítica situación social? ¿Va a obligar a poner esos productos a precios accesibles bajo pena de incautar sus bienes e intervenir la producción para obligar a que no desabastezcan? Todas estas medidas están previstas en la Ley de Abastecimiento, que el gobierno nunca aplicó. ¿No sería el momento en esta situación excepcional de que se nacionalice el comercio exterior para evitar que se sigan yendo los alimentos básicos? ¿No es hora de que se obligue a los agroexportadores a dejar de hacer negocios en dólares con nuestra comida, mientras la carne, la leche y el pan se alejan cada vez más de las mesas populares? ¿Va a anunciar el presidente este viernes un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales para que nadie gane menos que la canasta familiar y así cubrir de inmediato esta nueva suba inflacionaria que sigue hundiendo a millones en la pobreza? Nada de esto ocurrirá.

Con el incremento del 12,8% de los alimentos en el primer bimestre la canasta de indigencia del Indec para una familia tipo llegó a 36.000 pesos y la canasta de pobreza a más de 80.000, sin tomar en cuenta el alquiler. Es por eso que la pobreza crece, ya no solo entre los más humildes sino también entre los trabajadores, incluso los registrados. Ni que hablar de las y los trabajadores no registrados con ingresos muy bajos (que suman más de cinco millones), de las jubiladas y jubilados que perciben el haber mínimo o menos (entre 26.000 y 32.630 pesos) -otros cinco millones- y los más de uno punto dos millones de planes de empleo que perciben la mitad del salario mínimo.

Este miércoles se reúne el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El Gobierno había programado un aumento del 40% sobre un salario mínimo que en seis años ya acumula una pérdida superior al 30%. Es el mismo porcentaje del 40% que ya fijó el ministro de Trabajo como techo para las paritarias de este año, encima otorgado en comodísimas cuotas.

Con este aumento inflacionario de febrero la canasta familiar para una familia tipo supera ampliamente los 128.000 pesos, según la cifra calculada por las y los trabajadores de ATE Indec. Está claro entonces: con Alberto Fernández y el peronismo del Frente de Todos siguen ganando los grandes empresarios y el FMI a costa del pueblo trabajador.

¿Alguien escuchó a los dirigentes burocráticos de la CGT o de la CTA levantar la voz? Claro que no. Son los que vienen sacando comunicados de apoyo al acuerdo con el FMI y tienen los dedos manchados de tinta firmando paritarias a la baja. Esto así no puede seguir. Hace falta un aumento inmediato de salarios y jubilaciones indexado periódica y automáticamente de acuerdo a la inflación real. Llamamos a los trabajadores a exigir a sus conducciones gremiales que convoquen asambleas y plenarios de delegados para delinear un plan de acción con el objetivo de imponer un aumento de emergencia. La CGT y las CTA tienen que romper el pacto con el gobierno y llamar a medidas de lucha. Los paros en el inicio de clases de los docentes en varias provincias, entre otros reclamos, demuestran que hay un malestar social que va a seguir creciendo.

¡Basta de inflación! Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. No al techo salarial. No al tarifazo del gobierno y el FMI. Esa es la necesidad inmediata hoy, mientras seguimos llamando a las y los trabajadores, a la juventud, al movimiento de mujeres, de las disidencias, a los luchadores en defensa del ambiente y demás sectores populares a seguir enfrentando las consecuencias del pacto sellado con el FMI por parte del gobierno y de Juntos por el Cambio, que traerá más ajuste, endeudamiento, saqueo y dependencia. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos comprometemos, junto al sindicalismo combativo, a seguir denunciando este atropello, en el Congreso, en los lugares de trabajo, estudio y en las calles, junto a decenas de organizaciones, como lo haremos de nuevo este jueves frente al Senado y en la próxima marcha ante un nuevo aniversario del 24 de marzo.