Las grandes empresas se llenan los bolsillos con los jugosos subsidios que les otorga el gobierno, como reconoció la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. Al mismo tiempo rebajan los salarios, siguen las suspensiones y los despidos y continúan subiendo los precios de los productos de primera necesidad. ¿Cómo se debería responder a esto?

Escribe Adolfo Santos

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad estamos absolutamente en contra de beneficiar a las grandes empresas mientras se rebaja 25% el salario de los trabajadores. La anunciada prioridad hacia los más vulnerables no pasó de buenas intenciones. Los grandes empresarios especulan con la pandemia y presionan todos los días para recibir más fondos de parte del Estado con la excusa de que así podrán “continuar produciendo y evitar los despidos”. Increíblemente, en estas operaciones ya se han descubierto una gran cantidad de fraudes. Denuncias de abogados laboralistas dan cuenta de que las empresas informan jornadas laborales mayores para que el Estado les cubra una porción más grande de los salarios. De esta forma, el subsidio supera más del 50% de los sueldos. Incluso se utilizó este dinero para pagarle a los gerentes de grandes corporaciones. ¡Un escándalo!

El domingo 24 empapelaron la ciudad con afiches que dicen “Salarios 50% pagados por el gobierno nacional”. Es una vergüenza que, en vez de gravar a las grandes fortunas para crear un fondo de emergencia como reclamamos desde el FIT Unidad, el gobierno esté subvencionando a más de 250 empresas de primer nivel, muchas de las cuales han despedido o suspendido trabajadores durante la cuarentena, y que además poseen inmensos patrimonios. Hay que exigirles que acaten la ley que prohíbe despidos y suspensiones, que se hagan cargo con sus patrimonios, construidos con el esfuerzo de los trabajadores, que mantengan las fuentes de trabajo y que retrotraigan los precios al inicio de la cuarentena.

Es inexplicable que empresas como el Grupo Clarín, Techint –del multimillonario Paolo Rocca–, la cerealera Vicentin, acusada de estafas contra el Estado, o las multinacionales Scania o Volkswagen accedan a subsidios solo demostrando que sus ventas de abril cayeron levemente con respecto al año pasado. Así es fácil ser capitalista. Como dijo Juan Carlos Giordano, diputado electo por el FIT Unidad: “A estos ladrones de guante blanco habría que aplicarles el impuesto a la riqueza en vez de que Alberto Fernández les pague la mitad de los salarios”.

Pero esto no es más que doble discurso. Lo que sucedió en realidad es que el gobierno ha sido el garante de la rebaja salarial entre la burocracia sindical y la UIA, le sigue robando a los jubilados con el miserable reajuste de apenas 6% y continúa sin dar asistencia alimentaria y de infraestructura adecuada a las comunidades que sufren más carencias. 

Durante la cuarentena no hubo ninguna sanción para los grandes empresarios que violaron los decretos que prohíben los despidos y las suspensiones, para los grandes formadores de precios que abusaron con los aumentos de los productos de la canasta familiar, o para los que están cometiendo fraude con los subsidios otorgados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La propia diputada Vallejos, tras reconocer los enormes recursos que terminan subsidiando a las grandes empresas, propuso como “compensación” que el Estado reciba acciones y cargos en los directorios de esas empresas. Eso no es ninguna salida, ni ninguna novedad. Hoy en día ya existen más de cincuenta directores en las que el Anses, por ejemplo, tiene acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Muchos de estos directores fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, donde, con la excusa de representar “al Estado” en estas empresas privadas, se embolsan jugosas remuneraciones sin que nada de eso haya mejorado la situación de los trabajadores.

Tenemos que terminar con el doble discurso. Hay que prohibir las suspensiones y los despidos y que toda empresa que viole esta disposición o cierre sea estatizada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores. ¡Basta de rebajas salariales! Hace falta un aumento de emergencia para todos, así como un ingreso real, de al menos 30.000 pesos, para los sectores populares que hoy no lo tienen. Se deben congelar los precios de los productos de la canasta familiar y a toda empresa que viole el control de precios o acapara hay que sancionarla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento. Se trata, en definitiva, de que sean los capitalistas, las grandes fortunas, los banqueros, los que paguen la crisis, no el pueblo trabajador.  

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional ha prorrogado por quinta vez la cuarentena iniciada el 20 de marzo, esta etapa será hasta el 7 de junio. La hace porque los casos de Covid-19 se multiplicaron en las últimas semanas a un ritmo vertiginoso y aumentan los riesgos de contagios. No es una novedad, el “pico de la pandemia” es esperado por los expertos para el mes de junio.

Hoy vemos como los contagios crecen exponencialmente en los barrios más vulnerables. Primero fueron las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Padre Mugica, ex villa 31 de Retiro, villa 1-11-14). Ahora apareció un brote masivo en Villa Azul (zona sur del conurbano bonaerense), con serio riesgo de extenderse sobre la vecina y mucho más grande Villa Itatí. Quedó a la vista la falta de atención sanitaria, de los más elementales recursos de infraestructura (agua potable, cloacas, baños en las viviendas) y del acceso a comida y elementos de limpieza e higiene para los habitantes de estos barrios. Que se suma al hacinamiento y al drama que viven los que tenían necesariamente que salir a trabajar de cualquier modo, para conseguir unos pocos pesos en la máxima precariedad. Los gobiernos de Kicillof y Larreta, y, por sobre todo el gobierno peronista nacional de los Fernández, son los responsables de esta realidad. A la que en el caso de la Villa Azul se le ha respondido peligrosamente actuando con el aparato represivo, creando un “ghetto” de pobres, e incluso estigmatizando y “culpando” a los vecinos.

La conjunción de pobreza y virus parece ser un cóctel explosivo que pinta la situación social, donde el ajuste y la crisis económica heredada y reciente revelan la radiografía de la realidad, lo que tienen que soportar los sectores más desprotegidos y postergados. En Villa Azul, donde se ha dado una explosión de contagios, la principal decisión del gobernador Kicillof fue “aislarla”. ¿Pero cómo se puede controlar  una pandemia en barrios donde miles no tienen acceso al agua y pasan hambre? En el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires, donde los contagios crecen, los vecinos tienen que salir a la periferia a buscar agua porque hace años los gobiernos de Larreta y el nacional le vienen negando una infraestructura de agua corriente que pueda satisfacer las necesidades de los cuarenta mil habitantes, mientras garantizan el agua para la terminal de micros, su lavadero o McDonald’s.

A todo esto tenemos que sumarle que a medida que se van incrementando los casos, la cuarentena se flexibiliza y más trabajadores tienen que volver a sus puestos a pesar de tener rondando el virus en sus barrios y el peligro de contagio en el transporte público o en los propios lugares de trabajo. Esta es la consecuencia de la presión de las patronales y de las “autorizaciones” para funcionar que se lanzan desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Se vienen las semanas más duras, con aumento de los contagios. Es más necesario que nunca defender la cuarentena. No podemos permitir que se sigan abriendo actividades, priorizando las ganancias de las patronales por sobre la salud de los trabajadores. Mucho menos que se continúe con los despidos, las suspensiones y las reducciones salariales, avaladas por el pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno. 

Pero para que podamos cumplir con el aislamiento, hay que resolver el drama económico que acecha a las familias trabajadoras. El 80% de ellas están endeudadas. En los barrios populares faltan comida y elementos de limpieza e higiene básicos. Los  precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Y todo esto mientras los contagios entre los trabajadores de la salud van en aumento y muestran cómo este sector, esencial, no tiene las garantías mínimas cubiertas ni los recursos necesarios. Las promesas de bonos tampoco se han concretado. Las ayudas económicas para los trabajadores con menores ingresos, monotributistas o sectores populares son escasas. Los 10.000 pesos que otorga el gobierno ni siquiera han llegado a todos y son absolutamente insuficientes. Los jubilados han sido “ajustados” una vez más.

Estamos en una emergencia. Tenemos que garantizar la cuarentena, mucho más en las próximas semanas. Que efectivamente se prohíba todo despido o suspensión. El gobierno nacional tiene que responder a todos los requerimientos para que se pueda sostener el aislamiento social.  Es necesario plata para todos los recursos necesarios del sistema de salud: más respiradores, más camas, más elementos básicos de higiene, más puestos para trabajadores de la salud con salarios dignos. Pero también para resolver la emergencia social: hay que asegurar comida para los barrios populares y un ingreso mínimo para todos los que lo necesiten, que no puede bajar de 30.000 pesos. Para llevar todo esto adelante volvemos a insistir en la necesidad urgente de crear un fondo de emergencia, financiado con un impuesto especial a las grandes fortunas y las riquezas de las mayores empresas del país y con el no del pago de la deuda externa. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Banco Central acaba de hacer una investigación sobre la deuda contraída por el gobierno de Macri. El informe de la entidad, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, además de señalar que 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos, devela que esa plata entró para ser fugada posteriormente, por la friolera de 86.000 millones de dólares. La investigación detalla que en el 1% de las empresas y el 1% de las personas que compraron divisas se concentra el 67% de la fuga. La plata no entró entonces en beneficio del pueblo trabajador -como siempre denunciamos desde la izquierda-, sino que fue para financiar la bicicleta financiera.

En vez de usar este informe oficial para cuestionar los pagos, se lo utiliza para hacer campaña contra el gobierno anterior en un claro doble discurso. Porque, precisamente, con el aval de Macri y Cambiemos se votó en el Congreso la renegociación con una clara oposición, como corresponde, del Frente de Izquierda. ¿Si esa plata fue para financiar la fuga de capitales por qué la tiene que pagar el pueblo trabajador?

A todo esto, en el Congreso se reunió la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa. ¿Para qué? ¿Para aconsejar el no pago? Claro que no. El peronismo la usa para hablar del endeudamiento de Macri, de que supuestamente habría “dos modelos económicos” en pugna, el de “la derecha neoliberal y el nacional y popular actual” y un largo bla blá. Un fuego de artificio mientras los usureros siguen cobrando.

Por otro lado, sectores del peronismo kirchnerista en este 25 de mayo hicieron referencia al informe del Banco Central. Un periodista defensor del gobierno escribió: “Hoy cualquiera sabe que esos fondos se los fumaron, fugaron, afanaron o como quiera decirse”, lo cual es cierto, pero a renglón seguido afirma: “Desde esa certeza se avanzó en la negociación de la deuda con la bendición del mismísimo FMI, que hace meses era el diablo reencarnado” (Mempo Giardinelli, Página12, 25/5). Para este opinólogo las deudas que “se afanaron” se pagan, dándole incluso un cariz “bondadoso” al Fondo Monetario. Justifica así el pago porque lo habría contraído el gobierno de Macri, como si no quedara otro camino, cuando hay una teoría mundial que se denomina “Deuda odiosa”, que sostiene que, más allá de que la haya contraído un gobierno constitucional, se puede desconocer si no fue en beneficio del pueblo trabajador, como es el caso.

Mario Wainfeld, periodista de Página12, también reivindicó los 25 de mayo históricos en los que actuó el peronismo. En 1973 (Cámpora), 2003 (asunción de Néstor Kirchner), 2010 (año del Bicentenario) y 2020 (con Alberto Fernández). Pero el peronismo del ’73, con el lema “Liberación o dependencia”, terminó imponiendo el Rodrigazo (un mazazo al bolsillo popular) generando la primera huelga general contra un gobierno del PJ. Cuando ganó el kirchnerismo se empezó a pagar una deuda usurera que cuestionó el Argentinazo, y en sus doce años de gobierno se pagó dólar sobre dólar. Y ahora en 2020, con Alberto Fernández, no hay ninguna epopeya liberadora, ya que el mismo 25 de mayo el gobierno mejoró la oferta de pago a los bonistas.

Lo cierto de todo esto es que el gobierno nacional del Frente de Todos está encarando la renegociación de una deuda cuyo dinero fue para la fuga de capitales. Dice que si la Argentina estira los plazos y se hace una quita habrá un “modelo sostenible y sustentable” en los próximos años, algo completamente mentiroso. Porque la realidad de la Argentina y el mundo indican que ningún país salió adelante pagando sus deudas usureras de la mano del FMI.

Como dijimos el 1º de mayo en el acto del Frente de Izquierda Unidad: repudiamos que en medio de la pandemia el gobierno esté empeñado en seguir pagando una deuda usurera. Y si se hace referencia al 25 de Mayo y a los héroes patrios es necesario recordar que el camino que emprendieron es el opuesto al del gobierno peronista actual. Por eso ratificamos nuestro llamado a luchar por dejar de pagar y romper con el FMI mediante una pelea continental con un frente de países deudores latinoamericanos para dar pasos en el camino de lograr la segunda y definitiva independencia, terminando con la pandemia de la deuda externa y liberando a nuestros pueblos de las cadenas de sometimiento con el FMI, el Banco Mundial y el imperialismo.

Escribe Ana Val, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Nuevamente por decreto, el gobierno dispuso un aumento de 6,12% para todos los jubilados que regirá a partir de junio. Esta vez se utilizó una metodología diferente de la de marzo.

De esta manera, la jubilación mínima de 15.892 pesos sube a 16.864 pesos. Un aumento de 972 pesos mensuales, equivalente a 32,40 pesos diarios. Ni medio kilo de pan. Una afrenta a los jubilados, un haber de indigencia en medio de una pandemia que hace estragos entre los adultos mayores.

Luego del anuncio efectuado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, la titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta, apeló al doble discurso para justificar el miserable aumento: “Ningún jubilado va a poder comprar menos de lo que compraba antes”. Una aseveración cargada de cinismo. Está claro que en este caso no se trata de porcentajes que igualen o superen la inflación, sino de la magnitud del monto. La canasta de un jubilado supera los 45.000 pesos y la nueva jubilación mínima no llega a cubrir el 38 por ciento. Pretenden hacer pasar una nueva estafa como un gran beneficio para los jubilados. 

Este nuevo aumento, decidido en forma discrecional, hace que todos nuestros haberes queden por debajo de lo que habría resultado de la aplicación del 10,9% que establece la suspendida ley de movilidad de Macri. De esta forma, el gobierno consolida el ataque a los jubilados. En junio todos los jubilados perdemos, incluso los que ganan la mínima.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes, con el agregado de 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56%, sin distinción de rangos, que  hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. Así logró que los que menos ganaban cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra cobrasen menos. Comenzaba así el achatamiento de la pirámide de nuestros haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados.

Voceros del peronismo kirchnerista defendieron aquel zarpazo diciendo: “La concepción política e ideológica es transparente, disminuir la brecha de haberes para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, a través del pago de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral”. Una aseveración intencionalmente errónea.

La razón fue otra. Según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gobierno nacional logró un ahorro cercano a los 34.000 millones de pesos entre enero y agosto gracias a la suspensión de la Ley de Movilidad. No era equidad, era ajuste.

Lo cierto es que la movilidad jubilatoria siempre llega con atraso, primero viene la inflación, luego el aumento a los jubilados. Al 10% perdido en lo que va del gobierno de Alberto Fernández hay que sumarle la merma de 24% durante el gobierno de Macri. Las jubilaciones acumulan un retraso de 34 por ciento. Es el ahorro fiscal de los gobiernos patronales para estar en sintonía con las exigencias del FMI. 

Es por esto que Alberto Fernández fue mutando su discurso. De decir durante la campaña electoral “con los jubilados no se jode” y “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, a “la fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. 

Así llegamos a este presente sin Leliq para los jubilados y con aumentos por decreto. Esta situación continuará, según el gobierno, hasta que se pueda encontrar, por fin, una fórmula de movilidad “razonable”.  

La rigurosidad de Fernández siempre está presente para establecer los aumentos de las jubilaciones, pero  ausente para tomar la decisión de financiar, con  fondos de la Anses, la mitad de los salarios de Techint, del multimillonario Paolo Rocca; del ingenio Ledesma, de la genocida familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen o Mercedes-Benz; del Grupo Clarín, que reparte ganancias por 800 millones de pesos, y hasta de la cerealera Vicentín, que estafó al mismísimo Estado. Esto para él es “razonable”.

Para el gobierno también es “razonable” desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino con la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales, ya magras desde los tiempos de Domingo Cavallo y tocadas también por Macri. Todo para los grandes capitalistas, migajas para los jubilados. Esta  parece ser su consigna en medio de la pandemia.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en lucha (Utjel) rechazamos la política previsional del gobierno y exigimos plata para las jubilaciones, no para los capitalistas y las multinacionales, que se restituyan las contribuciones patronales, por el 82% móvil sobre el mejor salario y una jubilación mínima de 45.000 pesos. Por una Anses dirigida y controlada por los trabajadores y los jubilados.

Escribe Joel Rojo

Desde 1991 a los jubilados provinciales la ley 8.024 les garantiza el 82% sobre el importe bruto del mejor sueldo al llegar a su jubilación y se ajusta de acuerdo a los aumentos recibidos por los activos.

Schiaretti, en 2008, la rebajó con la ley 9.504. El 82% ya no sería sobre el importe bruto del mejor sueldo al momento de jubilarse, sino sobre el promedio bruto de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses.

De la Sota, en 2012, con la ley 10.078 impuso otro golpe. Los jubilados cobraban sus aumentos seis meses después de haber sido otorgados a los activos. 

En 2015, otra vez Schiaretti, sancionó la ley 10.333 cambiando el modo de cálculo, ya no era más el 82% sobre el bruto sino sobre el de bolsillo, o sea el 82% pasaba a ser el 73% del promedio bruto actualizado de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses. No solo era una gran rebaja, sino que avanzaba en el camino de la “armonización” de la jubilación provincial con la nacional, siguiendo los pasos de Alberto Fernández, que no bien asumió les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados nacionales.

A todo esto hay que agregar que, hasta hace muy poco, todos los activos desde 1991 aportaban entre 16% y 18% a la caja provincial, en lugar del 11% que se aporta a la Anses, con el argumento que es para dar sustentabilidad al 82% móvil y asegurarlo. 

La baja creciente de aportes por la caída salarial, el achicamiento de las contribuciones patronales, el pago en negro a trabajadores estatales y el desvío de fondos para otros fines explican el “rojo” de la Caja de Jubilaciones, que hoy ronda los 35.500 millones de pesos.

Es ahora o nunca

Esa fue la orden del gobernador peronista Schiaretti que, entre gallos y medianoche, como lo había hecho en 2012 De la Sota, convocó de apuro a la Legislatura y, con cuarenta y seis brazos enyesados, entre ellos todos los “progres” del peronismo kirchnerista, en una sesión virtual que solo duró dos horas les robó 7.500 millones de pesos anuales a los jubilados provinciales para disminuir en 30% el déficit de la Caja.

¿Cuáles son los cambios más importantes? 

Habrá un nuevo cálculo del haber inicial previsional. No será más sobre el promedio de los últimos cuatro años sino sobre los últimos diez.

Rebaja en las pensiones. Antes eran el 75% de la jubilación, hoy se reducen a 70% y dejan de gozar del 100% durante el primer año, como era en el pasado.

Difieren el pago de los aumentos a las jubilaciones. Se cobrarán dos meses después de que se le otorguen a los activos. 

No solo fue totalmente antidemocrática la forma en que se consumó este nuevo robo, sino que ante una posible movilización montó un cerco a la Legislatura con las fuerzas represivas.

Pero si pudo hacerlo sin ningún tipo de resistencia –salvo la oposición del conjunto de la izquierda–, fue por la responsabilidad central de la burocracia sindical, que llamó a una conferencia de prensa intrascendente y donde lamentó que la cuarentena no les permitía hacer nada. Al día siguiente quinientos choferes de la UTA marchaban a la municipalidad reclamando el pago de sus salarios y el 25 de mayo una caravana inmensa de autos de los trabajadores de la salud salió a defender a dos médicos imputados de un geriátrico de Saldán. Estos hechos muestran que se puede luchar, por eso desde dónde y cómo podamos, hay que organizar la resistencia y exigir a los dirigentes de los sindicatos y a las centrales sindicales provinciales que se convoque a una medida de lucha provincial contra este robo de las jubilaciones.