Con esta exigencia marchó la oposición antiburocrática, encabezada por ATEN Capital, en la gigantesca movilización popular que recorrió las calles neuquinas.

Los partidos patronales y el aparato judicial han jugado un papel central para sostener la impunidad de los responsables políticos. El gobernador Omar Gutiérrez designó como ministro a Osvaldo Llancafilo, un hombre del ex gobernador Sobisch. Y la política de la burocracia del TEP y la Celeste conducción de Ctera, la facilitó, al desmovilizar e impulsar en la justicia la división en dos de la causa Fuentealba.

En todo el país la docencia rindió homenaje a Carlos Fuentealba, símbolo de la lucha y coherencia docente. La conducción de Ctera, una vez más, se negó a llamar a una movilización y medida de fuerza, para lograr el fin de la impunidad. ¡Compañero Carlos Fuentealba, presente!

Escribe Mariano Barba

El mundo vive, por la invasión rusa a Ucrania, un momento de importantes alzas en los precios del gas y el petróleo. Argentina tiene esos dos recursos, pero por el momento están bajo tierra y su extracción crece pero más lento que lo necesario. El gas es insuficiente para el mercado interno ante la proximidad del invierno. Y el gasoil escasea. Para terminar con estos problemas tenemos que estatizar toda la industria hidrocarburífera.

Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo en Neuquén, que según los especialistas tiene recursos de gas para 200 años y de petróleo para varias decenas, fue entregado a las multinacionales en el 2013 bajo el gobierno de Cristina, a través del acuerdo Chevron. Dicho acuerdo tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones durante treinta años y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios.

Apañadas por YPF y por los gobiernos nacional y provincial crece la voracidad de las multinacionales con el fracking, usando más de 800 camiones diarios de arenas, millones de litros de agua y más de 600 químicos para extraer el petróleo y el gas de los poros de las rocas y las arcillas. Este crecimiento es alentado por la cotización del barril, cercano a los 115 dólares, y del gas, que cotiza a 35 dólares el millón de BTU (antes de la guerra cotizaba a 8 dólares). Las multinacionales que dominan el ranking del fracking junto a YPF en Vaca Muerta quieren avanzar lo más rápido posible en la producción, porque el excedente del petróleo que no se refina en el país va a la exportación.

El objetivo del gobierno del Frente de Todos y estas multinacionales es llegar a producir en cinco años un millón de barriles diarios de petróleo, casi el doble de los 570 mil barriles actuales a nivel nacional, para exportar unos 600 mil barriles diarios. Al ritmo de crecimiento actual esa meta es posible si se logra construir el oleoducto para transportarlo. El rendimiento de cada pozo supera en un 25% al fracking de Estados Unidos. En síntesis, el fracking avanza pero limitado por la baja capacidad de transportar lo producido.



Falta gas y gasoil

La producción actual está muy lejos de esos objetivos. A tal punto que en lo referido al gas, para afrontar el invierno, habrá que importar cerca del 30 % de lo que se consumirá. La Argentina que en el 2021 importó 57 buques de gas natural licuado (GNL), este año tendrá que importar unos 50 que luego en el puerto se regasifica para enviar a los hogares y a la industria. Esos buques se pagarán a razón de unos 35 dólares el millón de BTU según lo presupuestado por Integración Energética Argentina SA (IEASA), lo que significará el pago de unos 4.000 millones de dólares extras. Para bajar un poco esta sangría de dólares el gobierno está negociando con Bolivia la importación de unos 16 millones de metros cúbicos diarios de gas, y Argentina pagaría un precio extra de 18 dólares el millón de BTU sobre una parte de ese volumen. También  aparece Israel como uno de los posibles proveedores para el país.

Como un objetivo a un año y medio, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el peronista José Ignacio De Mendiguren, afirmó que “por orden del Gobierno” se está “apurando muchísimo” el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, el cual permitirá “no solamente que se deje de importar gas sino que, además, se pase a exportarlo”. Algo parecido ocurre con el transporte del petróleo que está muy limitado por la poca capacidad de los oleoductos, lo que lleva a limitar la capacidad exportadora de la Argentina.

No solo está faltando gas sino también gasoil, indispensable en la industria y sobre todo en la siembra, cosecha y transporte de cereales y oleaginosos. Se está importando el 30 % de lo que se consume. La importación lleva a que el litro de gasoil de mayor calidad cueste 149 pesos, igual que en Estados Unidos (1,35 dólares al tipo de cambio oficial).  El gobierno está negociando con las multinacionales aumentar la producción de biodiesel para achicar las importaciones de gasoil. Algo parecido ocurre con las naftas, ya que su precio está cercano al de Estados Unidos, siendo que en nuestro país las refinerías pagan el “barril criollo” de petróleo a 57 dólares mientras en el mercado internacional está a 115. Para mantener este “barril criollo” el gobierno nacional sigue subsidiando a las empresas y exonerándolas de impuestos para garantizarles las ganancias.

Terminemos con esta fiesta de las petroleras

Las empresas petroleras están de gran fiesta con el precio mundial del petróleo, que en lo que va del 2022 ya aumentó un 42%, y el del gas que se multiplicó por cuatro. Veamos algunos ejemplos según la agencia Bloomberg LT. Chevron obtuvo una ganancia en el 2021 de 15.600 millones de dólares, y el valor de sus acciones creció el 30% en Wall Street en lo que va 2022. La empresa Vista Oil de Miguel Galuccio (que fuera presidente de YPF bajo Cristina Kirchner) obtuvo una ganancia en 2021 de 652 millones de dólares y actualmente el valor de sus acciones creció el 66%. Exxon, la otra yanqui, creció en su valor un 31% en lo que va del 2022. Por último YPF, con mayoría estatal y administrada en acuerdo con los privados, en el 2021 facturó 13.238 millones de dólares, un 41 % más que en el 2020.

Todas estas ganancias ultra-millonarias las terminamos pagando los trabajadores y sectores populares, que sufren los tarifazos en los servicios públicos, en el pan y en el resto de la canasta alimenticia, ya que los empresarios trasladan sus costos más las ganancias al precio final. Encima con el 21 % del IVA que recauda el gobierno.

En síntesis: se viene un invierno con escasez que generará dificultades para abastecerse de gas y en particular para conseguir la garrafa social para calefaccionar y cocinar en los hogares más humildes. Se sumará a la escasez del gasoil. Si queremos terminar con las exorbitantes ganancias de las multinacionales, con los faltantes de gas y con la carestía de los combustibles y servicios públicos, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos terminar con el saqueo de las riquezas del subsuelo y llamamos a re-estatizar la totalidad de YPF y de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores y respetando las comunidades originarias. La salida es entonces una YPF 100% estatal y la recreación de una gran Gas del Estado, que controle la totalidad del negocio energético.

Escribe Mariano Barba

Bajo el gobierno de Macri, se firmó una nueva “adenda Petrolera” entre el sindicato, dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del MPN,  YPF y las multinacionales. Esta impuso una verdadera flexibilización laboral, a tal punto que se perdieron varias conquistas obreras a cambio de garantizar (según ellos) miles de puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un costo humano gigantesco, ya que diez obreros perdieron la vida en los últimos años por los ritmos y condiciones de trabajo, hasta que llegó la pandemia donde mandaron a la casa a 17.000 obreros con menos de la tercera parte de sus sueldos.

En la actualidad, con la producción normalizándose y con un alto crecimiento en el último año se empezó a discutir una nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas entre el gobierno nacional, las empresas y las provincias. Por esta razón, los burócratas de los distintos sindicatos petroleros del país quieren ser parte de esa discusión y exigen al mismo tiempo la apertura de las paritarias el 5 de abril, usando como bandera los altos precios de los hidrocarburos. Para fortalecerse en el control de sus sindicatos y sentarse en la silla de las negociaciones, realizaron una multitudinaria reunión en Añelo, la ciudad corazón de Vaca Muerta. Hasta allí viajaron los secretarios generales de los Sindicatos Petroleros Privados, Jerárquicos y Químicos de todas las provincias y constituyeron, sin ningún mandato de sus bases, la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA) un bloque gremial que jugará como sindicato nacional unificado, dejando de lado la vieja Federación de Petroleros.  Nada nuevo esperamos de esta nueva unión, ya que la conforman los mismos burócratas que hasta ahora han pactado con todos los gobiernos y empresas y permitido la superexplotación del trabajador petrolero facilitando utilidades extraordinarias para las empresas multinacionales. Necesitamos también en el gremio del gas y el petróleo una nueva conducción combativa y democrática que ponga en caja a las empresas y al gobierno que abusa de la extracción de esta riqueza natural para imponer convenios de super explotacion obrera.
             
 
 

Finalmente, el pasado viernes 25 de marzo el directorio del FMI aprobó el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Paradójicamente, mientras decenas de miles llenábamos todas las plazas del país repudiando el golpe genocida, se aprobaba en Washington el pacto número 22 entre el Fondo y nuestro país. Ya en los capítulos previos de la negociación se había ido corriendo el velo del doble discurso del gobierno. Lejos, lejísimos quedó la famosa argumentación de que el FMI nos iba a aceptar un acuerdo “progresista”, y con “redistribución de la riqueza”. El acuerdo no será “a veinte años”, ni con “reducción de tasas de interés”, como se nos decía. Terminó siendo un estricto programa del Fondo: a diez años, con una montaña de vencimientos que, sumados a los que hay que pagar a los acreedores privados, llega a la imposible cifra de 210.464 millones de dólares de acá a 2034. No nos perdonaron ni un centavo de intereses.

A fines de enero, el propio ministro Martín Guzmán había explicado el ajuste que se nos exigiría con el acuerdo: bajar velozmente el déficit fiscal (léase, el gasto público), empezando este año, hasta llevarlo a cero a comienzos de 2025. A tarifazo limpio, y con jubilaciones, salarios y partidas sociales que se licuan (bajando en términos reales) producto de subir menos que la inflación. A mediados de febrero se “filtró” lo que ahora el Fondo confirma y el gobierno se la pasó negando: habrá reformas estructurales, principalmente jubilatoria, pero también algún tipo de flexibilización laboral.

El directorio del FMI (integrado por el voto decisivo de todos los países imperialistas) se dio el gusto de decir que aprobaba el acuerdo, pero que este contaba con “riesgos excepcionalmente altos”. En otras palabras, se lava las manos por si todo termina en una nueva crisis, señalando increíblemente que esto es lo más probable. En el comunicado que acompañó la aprobación se afirma textualmente que “en este contexto el recalibramiento temprano del programa, incluída la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”. ¡El programa no empezó y ya se habla de cambiar los números del ajuste exigido! Es que el propio FMI nota que, con la crisis mundial generada por la invasión de Rusia a Ucrania y la consiguiente suba de los precios de los combustibles, el tarifazo programado no alcanza, no ya para bajar los subsidios (una de las exigencias del Fondo) sino ni siquiera para evitar que no suban. ¿Cómo se resuelve esto? Muy simple: el FMI adelantó su primera visita de inspección al próximo mes de mayo, apenas en dos meses. Serán once en vez de las diez programadas para los próximos dos años y medio. Queda clara la “marca personal” que los funcionarios del FMI piensan llevar adelante para exigir que se cumplan todas y cada una de sus exigencias. Prácticamente los tendremos instalados permanentemente diciendo qué se puede y, fundamentalmente, qué no se puede hacer con nuestra economía.

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández y su sector del peronismo se despachó con una nueva jugada. No llama la atención: es parte del reacomodamiento dentro de la interna peronista del kirchnerismo que busca no quedar pegado al mayor ajuste que se viene, pero a la vez sin sacar los piés del plato del gobierno. Ahora Cristina, a través de un proyecto presentado por los senadores que le responden dentro de su bloque, propone cobrarle un impuesto (de un 20%) a aquellos que fugaron capitales en los últimos años, para, con ese dinero, pagarle al FMI. Digámoslo con todas las letras: es una maniobra para quedar bien con su base, que no tiene la más mínima posibilidad de ser implementada. ¡Hasta le pidió ayuda al embajador de Estados Unidos para que se pueda “identificar” a quiénes deben pagarlo! Sabiendo que justamente el imperialismo yanqui es uno de los principales países que se negó sistemáticamente a firmar los acuerdos de cooperación de información tributaria (que permite que, en nuestro caso, la AFIP solicite datos a entidades similares de otros países). El proyecto presentado por el kirchnerismo, ni siquiera establece que, una vez identificada la persona o empresa que fugó sus capitales, se les pueda cobrar el impuesto embargando sus bienes locales. Se acude siempre a la “buena voluntad” de los otros gobiernos, y hasta… ¡del propio FMI!, como explicó la senadora Juliana Di Tulio en C5N al señalar que “el propio Fondo será el principal interesado en cobrar y va a ayudarnos a recaudar”.

Pero vamos a suponer por un instante que este proyecto sea algo más que fuegos de artificio y efectivamente llegara a aprobarse. La idea es que el dinero recaudado se destine, no a resolver las más urgentes necesidades populares, sino a pagar deuda. O sea, al barril sin fondo de una deuda que seguirá creciendo, porque no existe ninguna posibilidad que se recaude ni de lejos la suma de vencimientos de los próximos años.

La única realidad es que el gobierno peronista del Frente de Todos se apresta a cumplir con el ajuste exigido por el FMI, y este a inspeccionar que esto se realice “en tiempo y forma”. Cristina y el kirchnerismo juegan a su propia interna, buscando no quedar pegados al ajuste, mientras no piensan mover un dedo para salir a pelear por las consecuencias concretas que este va a generar, en términos de peleas salariales, ante el congelamiento de los planes sociales o las reducciones hasta niveles de indigencia de las jubilaciones. Es que se trata del mismo kirchnerismo que votó la reforma jubilatoria de fines de 2019, o, en boca de la propia Cristina, avaló todos y cada uno de los pagos al Fondo de estos años.

Frente a esta realidad, el FIT Unidad se reafirma como el sector que, desde el primer día, dijo que había que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, que presentó un proyecto en el Congreso al respecto, que se movilizó no una, sino cuatro veces, coordinado un movimiento amplio y multitudinario contra el pacto con el Fondo. Y que, como estuvo siempre, va a estar en todas las luchas que se den de ahora en adelante, cuando el gobierno pretenda llevar a cabo el ajuste exigido por el Fondo.

Escribe Mariano Barba

Varios analistas económicos patronales anticipan que la inflación de marzo rondará un 6 % en el índice general de precios  porque estamos llegando a fin de mes sin que los precios se calmen. Mientras tanto el gobierno, que declaró la “guerra a la inflación”, culpa a los empresarios y supermercadistas de los incrementos, pero sigue sin sancionarlos.

La harina, que es un insumo masivo presente en varios productos alimenticios, ha subido su precio en un 40 % en las últimas semanas con el argumento de que la cotización internacional del trigo se disparó por la invasión rusa a Ucrania. El kilo de pan supera los 300 pesos. La leche larga vida subió de 91 a 116 pesos, un 27% en veinte días. Y así otros productos básicos de la canasta familiar como las verduras y el arroz que en los últimos días vuelan. Siempre encuentran una razón para justificar que el costo de vida sube. Es la lógica de la actual política económica del gobierno.

El gobierno del Frente de Todos que posa como un guerrero antiinflacionario ahora pide a los grandes empresarios que retrotraigan los precios a los existentes el 10 de marzo. Por esta razón, aprovechó este martes 29 una reunión en el Centro Cultural Kirchner adonde asistieron los principales dirigentes empresariales, sindicales y sociales en el marco del Consejo Económico y Social (CES). El propio Alberto Fernández les planteó a estos capitostes que hay que preparar “un acuerdo voluntario en base al diálogo nacional bajo la idea de terapia de grupo”. Es otra de las tantas poses antiinflacionarias del gobierno donde “dialogará” sin tomar ninguna medida de fondo para frenar la inflación. Es más, todos ellos apoyaban efusivamente el acuerdo con el Fondo y sostienen la actual política  económica. Al mismo tiempo el ministro Guzmán está fogoneando un  acuerdo en el Congreso Nacional consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino para facilitar las inversiones de los pulpos cerealeros y exportadores agropecuarios; los mismos que suben los precios a su antojo. O sea que de la “guerra” sólo existirán buenos modales y algunos tirones de orejas. Así es mentira que se combate la inflación.
 
Es posible combatir la inflación

El presidente Fernández, luego de la votación en el congreso del acuerdo con el FMI, anunció la “guerra a la inflación”. Es como si el gato, un día antes, le avisa al ratón que saldrá a cazarlo. Los empresarios subieron los precios, hicieron el colchón y esperan el tirón de orejas.

El kirchnerista Roberto Feletti, Secretario de Comercio Interior, es quien posa de más “combativo” denunciando a las grandes empresas y cadenas de supermercados por los aumentos de los últimos días. Pero, en concreto ¿Qué está haciendo Feletti para bajar los precios? Ladra pero no muerde.  Este lunes por la tarde mantuvo una reunión con directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo buscando fijar el compromiso de retrotraer el precio de 1.700 productos al 10 de marzo y “garantizar abastecimiento”, y al finalizar declaró (elDiarioAR 28/03/22) que “consiguió el compromiso de revisar en los próximos días entre todos los participantes cada caso puntual, considerar las excepciones y los casos en los que exista alguna justificación razonable”.  O sea sólo se fijarán “precios cuidados” para algunos productos que enseguida se terminan y desaparecen de las góndolas.

No existirá tal “guerra contra la inflación” porque la inflación es la gran herramienta que usa el gobierno para que avance el ajuste pactado con el FMI, caiga el valor de los salarios de trabajadores y jubilados, y se licuen los planes sociales que reciben los desocupados.

Para terminar con la inflación y sus efectos devastadores en la economía familiar desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos medidas de fondo, propias de un plan económico alternativo, obrero y popular: aumento salarial de emergencia para activos y jubilados y que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar; eliminación del IVA a los productos de mayor consumo familiar; control de precios máximos con la aplicación de la Ley de Abastecimiento a todo empresario que no lo respete; basta de tarifazos acordado con el FMI para los servicios públicos y reestatización de esas empresas, empezando por el petróleo y el gas que son la fuente de energía cuyos precios volaron en el mundo.

Terminar con el aumento en las materias primas básicas como harinas, maíz, aceites, carnes, desacoplándolos de los precios internacionales vía el control del comercio exterior y nacionalizando la banca para evitar la bicicleta financiera de los grandes exportadores y financistas.