Editorial

Sigue aumentando el número de contagiados por el coronavirus. No es ninguna sorpresa, todos los especialistas ya habían anticipado que el pico se espera para principios de junio. Sin embargo, es justamente en este momento cuando vemos una gran flexibilización en la Capital y el conurbano bonaerense. Negocios abiertos, fábricas que retoman la producción, más gente transitando por las calles (casi como en días normales) y un incremento cada vez mayor en la cantidad de pasajeros en el transporte público, sobre todo en los que van y vienen del Gran Buenos Aires. Ante el evidente riesgo de un descontrol y el aumento de casos en barrios populares y asentamientos precarios, los gobiernos de Larreta, en la Ciudad, y de Kicillof, en la provincia, se echan la culpa mutuamente. Sin embargo, la verdad es que ambos son responsables, junto con el gobierno nacional. Larreta y Kicillof han flexibilizado miles de actividades ante la presión patronal y en ambos distritos hay millones que viven hacinados sin las más mínimas condiciones de higiene. Los que se contagian, enferman y mueren son los más pobres. Como muestra de la responsabilidad compartida, tenemos la tragedia del fallecimiento por coronavirus de Ramona Medina, vocera de la Garganta Poderosa, en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31), que hace apenas unos días denunciaba y reclamaba desesperadamente por la falta de agua en el barrio. Durante semanas, tanto Larreta como el gobierno nacional, responsable de la empresa estatal Aysa, presidida por Malena Galmarini, se la pasaron tirándose la pelota acerca de a quién le correspondía la responsabilidad, hablando de “un caño maestro” que, casualmente, aunque era el mismo, nunca afectó a la zona acomodada de Retiro y Recoleta, mientras el agua no volvía a la villa y crecían los contagios.

El gobierno de los Fernández sigue sacando decretos que ya se transforman en un doble discurso en sí mismos, se prohibieron las suspensiones y despidos, pero continúan, con el aval del propio Ministerio de Trabajo. Se congelaron los precios de 3.200 artículos y luego se prorrogó esa medida, pero basta ir a cualquier supermercado para ver que siguen subiendo. De hecho, la canasta familiar calculada por los trabajadores de ATE-Indec ya requiere 67.371,60 pesos y sigue en alza.  El gobierno publicó un informe del Banco Central donde se demuestra que de los 86.000 millones de dólares fugados durante la era Macri, el 1% de las empresas involucradas se llevaron 41.124 millones y, si lo medimos por personas, las diez más importantes fugaron 7.945 millones de dólares, revelando a las claras cómo un reducidísimo núcleo de millonarios y grandes empresas fueron los responsables. El propio Alberto Fernández había insistido hace pocos meses en denunciar que el total del endeudamiento se utilizó para la fuga de capitales. Sin embargo, y a pesar de estos datos contundentes, hoy se sigue con la renegociación de la deuda, con un gobierno que ya no solo reconoce y se jacta de que la propuesta enviada a los bonistas fue favorable para ellos, sino que se muestra dispuesto a “flexibilizarla” aún más, a pedido de los propios pulpos acreedores.

Al mismo tiempo, y a pesar de que el gobierno y el Frente de Todos vienen hablando hace más de un mes de implementar un impuesto a la riqueza, el proyecto parlamentario ni siquiera está redactado. Y encima los diputados del peronismo y de Cambiemos votan unidos el rechazo al tratamiento del único existente, del Frente de Izquierda Unidad.

Esta semana se dio a conocer el nuevo “aumento” por decreto a los jubilados. Un miserable 6,12 por ciento. Todos, absolutamente todos los jubilados, incluidos los de la mínima, cobrarán menos que lo que les hubiera correspondido si no se hubiera derogado en diciembre la movilidad jubilatoria. Ya ni siquiera se trata, como pasó en marzo pasado, que perdieron todos excepto los de la mínima. Ahora incluso aquellos que hoy cobran 15.891 pesos recibirán menos. Lo denunciamos en diciembre, en marzo lo sufrieron todos los que vieron cómo se achataba la pirámide (los de jubilaciones superiores a 20.000 pesos), pero ahora ya los ajustados son el ciento por ciento de los jubilados. Sin vueltas, su plata va para los usureros de la deuda externa.

En síntesis, los empresarios usan la pandemia para despedir y rebajar salarios, presionan para que se abra todo mientras crecen los contagios entre el pueblo trabajador. Porque lo que sigue funcionando a pleno es el pacto del gobierno con la UIA y la CGT. El “gran acuerdo” para bajar el 25% de los sueldos, dejar correr las suspensiones y los despidos, seguir pagando la deuda y cajonear, hasta hacerlo desaparecer, cualquier proyecto de impuesto a la riqueza o a las grandes empresas. Al mismo tiempo que las patronales se siguen llevando millonadas en concepto de subsidios, y hasta el extremo de que la propia diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos reconoció públicamente que el gobierno está ayudando incluso a las más grandes empresas. Solo se le ocurrió pedir que le den algunas acciones al Estado. Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este pacto, al mismo tiempo que insistimos en exigir la conformación de un fondo de emergencia para atender las necesidades sanitarias y sociales de la pandemia, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias empresarias y con la suspensión inmediata del pago de la deuda externa.

Es importante destacar que, en el marco de la cuarentena, siguen las luchas de los trabajadores. Los mineros de Andacollo continúan marchando kilómetros y cortando rutas. Siguen la pelea los obreros de Penta, los repartidores, los de Mondelez y las compañeras y compañeros de La Nirva, que han obtenido un triunfo parcial. En Fate se logró evitar el intento patronal de reducción salarial. Los trabajadores de la salud continúan  denunciando las condiciones en que enfrentan la primera línea de la pandemia. Por todo eso, hoy es más importante que nunca, ante la traición de la burocracia, dar la pelea por otros dirigentes. Para apostar a esa perspectiva, apoyando y fortaleciendo a las nuevas direcciones, es que el sindicalismo combativo está convocando a un plenario virtual el próximo 27. Como se anunció en la radio abierta que se realizó en las puertas del Ministerio de Trabajo, los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna, Ademys, los Suteba combativos, la Cicop, entre otros, están llamando a participar a todas las comisiones internas, cuerpos de delegados, listas opositoras y activistas para discutir cómo, al mismo tiempo que bancamos la cuarentena frente a empresarios a los que solo les importan sus ganancias, apoyamos todas las luchas. Y también discutir cómo coordinarlas y fortalecer al activismo, y a la vez postular la nueva dirección que, hoy más que nunca, necesita la clase trabajadora. Desde Izquierda Socialista salimos con todo a apoyar y decir presente en esta nueva iniciativa del sindicalismo combativo.

Escribe Diego Martínez

Finalmente, sesionó el Congreso Nacional. No se trató el proyecto de impuesto a la riqueza que viene anunciando el gobierno y se rechazó el tratamiento del proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad sobre el mismo tema. Seguimos luchando para que esta crisis la paguen los patrones, no los trabajadores.

El cuento de la buena pipa

Hace un mes y medio que el gobierno viene dando vueltas con el asunto del impuesto a los ricos. Fernández primero argumentó que tenía que “coordinar” y “unificar” diferentes propuestas de legisladores oficialistas. Después dijo que no se podía hacer por decreto y que tenía que tratarse en el Congreso. Desde ese momento empezó una larga novela entre el gobierno y la oposición de Cambiemos acerca de cómo sesionar en el marco de la cuarentena. Finalmente se pusieron de acuerdo. El miércoles pasado sesionó la Cámara de Diputados de modo virtual, pero el dichoso proyecto del peronismo no se trató. Ni siquiera ha sido presentado en el Parlamento. Es decir, formalmente todavía no existe.

El que sí fue presentado para ser tratado sobre tablas en la sesión fue el del Frente de Izquierda Unidad, firmado por Romina del Plá y Nicolás del Caño. Es el único proyecto existente sobre el impuesto a la riqueza que propone sacarle 20.000 millones de dólares a las grandes fortunas del país. Mucho más que los 3.000 o  4.000 millones de recaudación del que supuestamente hablaría el proyecto del peronismo. A la hora que los diputados tenían que votar el orden del día, había que decidir si este proyecto se incorporaba o no al temario, y el Frente de Todos, en acuerdo con Juntos por el Cambio, votaron en contra de que se discuta. Una verdadera vergüenza que muestra el doble discurso del gobierno. 

El oficialismo actuó de forma muy rápida, sin esperar el funcionamiento de ningún Congreso, para pactar un ajuste sobre el salario de los trabajadores en cuarentena con las patronales, la oposición y la burocracia sindical y subsidiar a las patronales. Pero es extremadamente “lento” para sancionar un proyecto de ley que permita rápidamente recaudar fondos para dar mayor asistencia social a los sectores populares y fortalecer el sistema de salud para enfrentar la pandemia.

¿Por qué no se vota el impuesto a las grandes fortunas?

Distintas son las razones que se esgrimen acerca de por qué este proyecto está “cajoneado”.

Desde el gobierno sostienen que solo quieren tratar temas en los que hubiera “consenso generalizado con la oposición”. Coinciden por la vía de los hechos con Cambiemos en evitar la confrontación con empresarios como Galperín, Roemmers, Brito, o Paolo Rocca, que no solo se vienen enriqueciendo enormemente con fabulosas ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores de sus empresas, sino que “gambetean” el pago de cualquier tipo de impuestos, haciendo todo tipo de maniobras para transferir sus ganancias a paraísos fiscales. Ese es el caso de Techint, que tiene su sede legal en Luxemburgo. 

Son estas mismas empresas las que argumentan que si se agrega este impuesto a otros que ya pagan habría una situación de “confiscación general” hacia ellos. Una verdadera burla en un país como la Argentina, en donde la mayor recaudación viene del IVA, que lo aporta mayormente el pueblo trabajador al pagar un 21% por cada producto que compra.  

La dilación en la presentación del proyecto no solo tiene que ver con el rechazo del sector mayoritario de Cambiemos y la oposición del empresariado, sino con lo que hizo y hace el propio gobierno, que cede cada vez más a las presiones de las grandes patronales y multinacionales. Según distintas versiones, y en varios medios, dicen que “tampoco en el Congreso la postura es unánime en favor de este gravamen dentro del oficialismo. Allí se escudan en que no han recibido una orden para empujar el tema por parte del Poder Ejecutivo, más allá de las palabras de Alberto Fernández en las que dijo que apoyaba la idea” (Infobae, 1°/5/2020).

El presidente viene bajando aceleradamente el tono de sus declaraciones, o mejor dicho va quedando más en claro su doble discurso. Así como hizo con otros temas (pasó de hablar de “nacionalización del sistema de salud” a la mera “coordinación entre el sector privado y el público”, o dijo que iba a perseguir a los “vivos” que aumentan los precios y no toma ninguna medida para sancionar a quienes violan los precios máximos) lo mismo viene sucediendo con el impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las empresas. Pasó de decir “que es la hora de que las empresas ganen menos” y anunciar el citado impuesto, a hablar de un “aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia”. Este “aporte” podría incluso llegar a ser un “préstamo” porque, según señalan algunas fuentes provenientes del empresariado, aceptaría esta medida a cambio de que se cobre “a cuenta” del futuro impuesto a las ganancias.

¡Basta de dilaciones! ¡Que se imponga ya el impuesto a las grandes fortunas!

La situación que vive el país es alarmante. No se puede seguir esperando para tomar medidas urgentes que permitan solucionar la crisis social y fortalecer el sistema de salud. Según distintas encuestas, entre 75% y 80% de la población apoya el impuesto a las grandes riquezas. El gobierno podría aprovechar el gran respaldo popular que tiene esta medida para aplicarla de manera inmediata. Pero prefiere seguir beneficiando a las grandes patronales que se aprovechan de la crisis de la pandemia para continuar sacando su tajada. Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen los trabajadores sino los que más tienen, los grandes grupos económicos que se vienen beneficiando con las políticas del peronismo, la UCR y PRO en los últimos años. Continuamos exigiendo un fondo de emergencia basado en el no pago de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas.

Escribe Adolfo Santos

El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no deja de sorprender. Preguntado sobre la gran diferencia de muertos entre su país y la Argentina, respondió: “Hablemos de Suecia, que no cerró la economía. Ustedes hablan del lado ideológico, ustedes hablan de un país que camina hacia el socialismo, que es la Argentina”.

No es la primera vez que el reaccionario Bolsonaro, defensor de regímenes dictatoriales y de la tortura, trata de confrontar con Alberto Fernández para reafirmarse en su base conservadora. En febrero dijo: “En Argentina duplicaron el valor de la multa de indemnización con el nuevo gobierno socialista que asumió”. Todo el mundo sabe que este siniestro personaje es una máquina de propagar mentiras. Es un mecanismo consciente. Deforma lo que no encaja en sus posturas autoritarias y fascistoides para darle un nuevo significado que pretende convertir en verdad. Un método peligroso que muchas veces genera confusión, en este caso, sobre lo que es realmente el peronismo.

El peronismo fue un movimiento nacionalista burgués con gran apoyo de las masas populares, que logró penetrar hondo en la clase trabajadora a partir de una serie de concesiones muy importantes otorgadas en la posguerra, durante sus dos primeros gobiernos, de 1946 a 1955. Fueron años de bonanza económica y Perón se apoyó en el movimiento obrero para resistir la entrada del imperialismo norteamericano frente al debilitamiento del imperialismo inglés. Para eso otorgó derechos laborales y sociales como ningún otro gobierno anterior o posterior. Esa es  la causa por la que, hasta hoy, los trabajadores identifican al peronismo (y en particular al de ese período) como la fuerza política que más los benefició.

Sin embargo, con el paso del tiempo y las sucesivas crisis económicas, poco fue quedando de ese movimiento nacionalista burgués que tenía roces con el imperialismo yanqui y otorgaba concesiones a los trabajadores. Cada vez más se fueron pareciendo a los gobiernos de otros partidos. Esto sucedió incluso con el tercer gobierno del propio Perón en 1973. De ahí que, para mantener su base, hayan tenido que recurrir permanentemente al doble discurso, decir una cosa y hacer otra. Hablar de los pobres, de los trabajadores, de los descamisados y al mismo tiempo aplicar políticas que benefician a los grandes intereses económicos. No es casual que, a pesar del enorme caudal de votos que todavía conserva, el peronismo ha ido perdiendo prestigio y se ha enfrentado al rechazo de sus políticas tanto en las calles como en las urnas.

El peronismo no es de izquierda ni va al socialismo

Nadie mejor que el propio Alberto Fernández para definir su gestión: “No somos socialistas, somos peronistas. Somos pragmáticos…”, declaró ante una platea formada por operadores de un banco internacional. El 12 de abril de este año reafirmó ante el diario Perfil: “Muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión. Lo que estamos discutiendo es cómo debe ser el capitalismo, … lo que llegó a su fin es lo que llamo el capitalismo especulativo y financiero…”. Ya cuando Ángela Merkel le había preguntado si el peronismo era de izquierda, su respuesta fue: “El peronismo es quien mejor administró el Estado y quien otorgó derechos a los trabajadores”. Está claro, son quienes mejor administran el Estado capitalista. Son definiciones coherentes con la historia de ese partido. A lo sumo emplea el doble discurso para separarse de lo que califica de “capitalismo especulativo y financiero”, como si fuera posible un capitalismo más humano.

En realidad, el propio general Perón ya había sido categórico en un famoso discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio en agosto de 1944: “Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor,  más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado… el capital, que, con el trabajo, forma un verdadero cuerpo humano, (deben) trabajar en armonía para evitar la destrucción del propio cuerpo”. Una verdadera alegoría a la conciliación de clases, algo que siempre defendieron las corrientes peronistas. Un concepto opuesto a lo que significa el socialismo.

Si algo ha caracterizado al peronismo es ser un verdadero muro de contención para evitar el socialismo. Es lo que hizo en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Las concesiones que el peronismo otorgó a la clase trabajadora no fueron en detrimento del capitalismo. Las hizo asociado al control ejercido por la burocracia sindical, a la que creó y fortaleció para usarla como herramienta de contención en los momentos de lucha y de procesos que amenazaban desbordar los límites del capitalismo. Así, el propio Perón, que había sido derrocado por un golpe gorila, clerical, pro-yanqui y pro-patronal, fue llamado por los empresarios, los militares y el imperialismo para frenar el ascenso del cordobazo de 1969. Por eso fue rescatado en 1973 y Perón volvió, no para  para restaurar la justicia social del período 1945-55, sino para actuar con mano dura contra las luchas sociales y el crecimiento de la izquierda.

Con Menem, en los ’90, el peronismo mostró su verdadero rostro capitalista. Fue uno de los períodos de mayor entrega y saqueo por parte del imperialismo y de las grandes corporaciones. De la mano de Domingo Cavallo, el caudillo riojano demostró cuánto podía el peronismo ser parte del proyecto capitalista imperialista mundial. Y no estuvo solo. Alberto Fernández y el matrimonio Kirchner compartieron ese proceso. Tampoco los doce años de gobierno peronista kirchnerista, a pesar del doble discurso “nacional y popular”, absolutamente necesario después de las movilizaciones del argentinazo, cambiaron la estructura económica del país. La Argentina continuó siendo tan capitalista como siempre. Y en ese período, el gobierno, como la propia Cristina Kirchner definió, fue un pagador serial de la fraudulenta deuda externa.

No es diferente el actual gobierno. Lejos de “avanzar al socialismo”, como sostiene Bolsonaro, Alberto Fernández ha beneficiado más a los sectores empresariales que a la población trabajadora. En medio de las necesidades que exige la pandemia para cuidar la vida, ha avalado la rebaja salarial de 25% pactada entre la UIA y la burocracia sindical, mientras se niega a sacarles un solo peso a los grandes capitalistas. El proyecto de gravar las grandes fortunas está engavetado ante la presión de las patronales. La burguesía argentina puede dormir tranquila. A pesar del doble discurso que dice que van a privilegiar a los más vulnerables, el rumbo de este gobierno es el de continuar cuidando los intereses capitalistas.    

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Medios de comunicación, burócratas sindicales ligados al gobierno (CGT/CTA) y voceros de las patronales acusan a la izquierda de “romper la cuarentena”. El diario La Nación, por ejemplo, tituló este martes “La izquierda rompe la cuarentena con una protesta y amenaza con más conflictos”, poniendo la foto del Pollo Sobrero. Se refería a la radio abierta que hizo el sindicalismo combativo frente al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, los autollamados “dirigentes progres” (burocracia sindical kirchnerista de la UTE -docentes  de Ctera en CABA-, ATE Capital y el Sindicato del Subte -Agtsyp-) no participaron de la movilización que llevó adelante Ademys contra la ley de ajuste de Larreta frente a la Legislatura porteña el pasado 7 de mayo, acusando “la irresponsabilidad” de la izquierda y del sindicalismo combativo. Se la pasaron años hablando contra Macri y cuando había que repudiar la ley Larreta-Macri se borraron. Y para agregar otro dato de color (además de los Daer, Gerardo Martínez, Cavalieri, Pignanelli o Caló, que siempre despotrican contra los que luchan), el secretario general de los docentes neuquinos (ATEN) y dirigente peronista de la burocracia Celeste nacional, Marcelo Guagliardo, tuiteó ante una marcha opositora: “Convocan a marchar rompiendo un aislamiento preventivo y obligatorio que ha demostrado salvar miles de vidas”, culpando al Frente de Izquierda. Guagliardo, cuando estaba Macri, decía que no se podía luchar porque la gente había votado a la derecha. 

Estos burócratas enarbolan un mentiroso discurso “sanitarista” y de defensa de “la salud” para intentar encubrir sus capitulaciones y complicidades con los gobiernos y las patronales. Siguiendo con este razonamiento, podemos decirles que precisamente el sindicalismo combativo y la izquierda fuimos quienes encabezamos y apoyamos en todos estos años los reclamos de los trabajadores y profesionales de la salud, no los burócratas traidores. 

Las patronales son las que exigen flexibilizar la cuarentena para aumentar sus ganancias y usar la pandemia para atacar al pueblo trabajador. Es lo que hizo Techint despidiendo a 1.450 trabajadores en la Argentina y encabezando la campaña en el norte de Italia diciendo “Italia no se detiene”, obligando a sus obreros a trabajar sin seguridad e higiene. El mismo Techint a quien el gobierno premia pagándole el 50% de los salarios, una multinacional que tiene enormes ganancias en decenas de países, y su dueño, Paolo Rocca, es el principal millonario argentino con una fortuna sideral. Otro tanto podemos decir de la patronal Mondelez, que a pesar de fabricar productos no esenciales, como son las golosinas, obligó a sus trabajadores a continuar trabajando en plena pandemia y una vez logrado el stock procedió a suspenderlos con rebaja salarial con el aval de Rodolfo Daer, el secretario general del Sindicato de la Alimentación, quien se limitó a decir “el capitalismo es así”. En Penta, por ejemplo, el gobierno llegó a reprimir salvajemente a los trabajadores porque “violaban la cuarentena” por pedir salario y sus puestos de trabajo.

Los trabajadores y la izquierda no rompemos la cuarentena, lo mismo hacen millones de trabajadores. Lo que sí exigimos es que no haya dos cuarentenas, una para los de arriba, con constantes privilegios, y otra que sufre el pueblo trabajador. Y señalamos claramente que quienes la rompen son las patronales explotadoras que empujan a sus trabajadores a movilizarse ante sus constantes ataques antiobreros, el gobierno (que empujó a millones de jubiladas y jubilados al borde de una tragedia para cobrar sus magras jubilaciones) y la burocracia sindical, que como correa de transmisión de las patronales en el movimiento obrero justifica las rebajas salariales diciendo que de esa forma “evitan” los despidos. 

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los reclamos durante la cuarentena son absolutamente legítimos y necesarios, por eso vamos a continuar apoyándolos e impulsándolos con todos los recaudos sanitarios del caso, como se viene haciendo. La clase trabajadora ha demostrado su suficiente dignidad moral para hacerlo, como lo ha demostrado en todos estos meses ante una repudiable clase capitalista parasitaria y explotadora que ha hecho lo opuesto. 

Fue necesaria la lucha de los ferroviarios del Sarmiento para hacer retroceder a la empresa puesta por el gobierno, que los quería hacer trabajar sin higiene y seguridad. O la movilización de los trabajadores de Fate al Ministerio de Trabajo para lograr derrotar a su patronal multimillonaria de Madanes Quintanilla obligando al pago del 100% de sus salarios.

La mayoría de la población prioriza la salud y si es obligada a romper la cuarentena es culpa de que no se atienden sus urgentes necesidades, ante un gobierno que prioriza pagar la deuda externa y al día de hoy se niega a imponer un impuesto a la riqueza capitalista lo que permitiría otorgar un ingreso en medio de la pandemia como propone el Frente de Izquierda de $30.000 como mínimo para todo aquel que lo necesite.

Todos los gobiernos usan la pandemia para frenar las movilizaciones y acentuar la presencia policial represiva de la mano de las patronales y la burocracia sindical. Es lo que hay que seguir desenmascarando, rechazando sus falsas campañas y calumnias contra los que luchan y la izquierda.

Escribe José Castillo

Esta semana sigue el partido de póker de la renegociación de la deuda. “Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, dicen tanto los funcionarios del Ministerio de Economía como los voceros de los bonistas. Más allá de cómo termine esta anécdota de la renegociación, que tiene un final pautado para este viernes 22, pero, como ya se anticipa, “podría alargarse un poco más de mutuo acuerdo”, algunas cuestiones vienen quedando claras. Son las que queremos destacar.

Primero y principal, ya nadie esconde quiénes son los famosos “bonistas”. Acá no hay ningún jubilado ni pequeño ahorrista. Se trata de lo peor del establishment financiero internacional, los buitres de los buitres, los especuladores que sobrevuelan el mundo haciendo ganancias parasitarias colosales. Tienen nombre y apellido, e incluso se han agrupado en “clubes de acreedores” para así presionar y sacar mejor tajada. Así, los pesos pesados BlackRock y Fidelity encabezan el autodenominado Grupo Argentina Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders Group), junto con otros buitres menores como Ashmore y T. Bowe Price. Los sigue el Comité de Acreedores de la Argentina (Bondholders Group) coordinado por otro gigante, Greylock Capital, al que se sumaron Gramercy y Fintech, dos “viejos conocidos”, que fueron los grandes ganadores de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010, y ahora vienen por más. Y, por si todo esto fuera poco, queda un tercer club de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group), donde están agrupados otros fondos de inversión que también participaron en los canjes 2005-2010, como Monarch, HBK Capital, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Por fuera de estos “comités” o “clubes” de acreedores, también están al acecho otros grandes tenedores de deuda argentina, Pimco y Templeton.

¿En qué consiste la actual “negociación?

La sintetizamos: el gobierno argentino lanzó una oferta muy buena y amigable para estos pulpos acreedores (confesada así por los propios funcionarios), casi nada de quita de capital, intereses muy por encima de los que hoy se pagan en el mundo y un “período de gracia” (tiempo que transcurre hasta que se hacen los primeros pagos) de tres años. Todo muy lejos del discurso inicial de Alberto Fernández de “no podemos pagar con el hambre del pueblo”. Los buitres acreedores, por su parte, negocian fuerte y presionan porque no quieren ninguna quita de capital, más intereses y que se empiece a pagar antes de los tres años, más algún “premio extra”, como el que en su momento les dieron Kirchner y Lavagna en 2005, con los llamados cupones PBI, que generaban pagos adicionales de deuda si el país crecía más allá de un determinado porcentaje (en ese momento 3,2 por ciento).

La respuesta del gobierno es que está abierto y “flexible” para negociar todo. Traducido, acepta que se analice empezar a pagar antes de 2023, menos (o ninguna) quita de capital, más pago de intereses y discutir algún “premio” para los acreedores (incluyendo algún pago “al contado” en un momento próximo).

¿A dónde nos lleva todo esto?

La deuda es una auténtica bola de nieve de la que así no saldremos más. Vamos a dar un par de ejemplos didácticos: el próximo viernes vencen 503 millones de dólares de los bonos “globales” 21, 26 y 46. ¿De dónde salieron estos bonos? Fueron una emisión de Mauricio Macri en 2016 que generaron nueva deuda por un total de 14.500 millones de dólares. De hecho, entraron al país apenas 13.000 millones. Lo interesante es ver en qué se usó esa plata. La mayoría, 9.300 millones, fueron para pagarle a los holdouts, o sea a los fondos buitres que ya venían litigando contra la Argentina. Recordemos que ese famoso pago fue autorizado en los comienzos del gobierno de Macri con el voto positivo de la inmensa mayoría de la bancada peronista de entonces. Como vemos: deuda para pagar deuda anterior.

Sigamos el hilo del razonamiento, que nos llevará al segundo ejemplo ilustrativo. Los fondos buitres eran los que no habían aceptado los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. ¿Era acaso que el resto de la deuda ya se había arreglado y, como sostenía la propaganda oficial de aquellos años, “nos habíamos desendeudado”? De ninguna manera, y como mejor muestra tenemos que ahora mismo, en la reestructuración, aparecen fondos como titulares de esos bonos 2005 y 2010, unidos en dos de los grandes grupos de acreedores que presionan por una “mejor propuesta”. Traducido, que se les pague más, con más intereses y en plazos más cortos.

Esto es apenas un pantallazo de la deuda que venimos pagando infinitamente. Deuda cuyo origen último está en la dictadura militar genocida, luego reconocida y renegociada por todos los gobiernos posteriores, sin excepción. “Canjeada” por Menem, primero, y por los Kirchner después. Siempre generando nuevos vencimientos, sumas de intereses sobre intereses, y provocando que, para “pagarla”, se tome nueva deuda de los pulpos del establishment, como en los casos citados. Pero además de organismos internacionales, centralmente el FMI, y otros, como el Banco Mundial y el BID. Incluso reconociendo deudas pendientes directamente con otros Estados, como el caso del llamado Club de París, que se originó en préstamos que los gobiernos europeos de entonces le hicieron a la dictadura de Videla.

En síntesis, de cualquier manera que termine este capítulo de renegociación de la deuda, nada se solucionará. Quedará una inmensa hipoteca a seguir pagando a estos mismos buitres. Y apenas será la antesala de otras dos “negociaciones”: la que se hará con los “tenedores de bonos bajo legislación local”, que en la mayoría de los casos son los mismos pulpos, en este caso encabezados por Fidelity. Y luego, la que vendrá con el Fondo Monetario Internacional, por nada más ni nada menos que 49.000 millones de dólares y donde el propio organismo ya anticipó que con ellos no corre ningún tipo de “quita”. Para que quede claro, todo esto implica miles de millones de dólares en pagos que ya quedan pautados de acá a los próximos cien años. Hambre, miseria, saqueo y marginación para cuatro generaciones del pueblo trabajador argentino.

Todos unidos a favor de pagar. Solo nos oponemos desde la izquierda

A pesar de que decenas de economistas, estudiosos del tema del endeudamiento y líderes sociales de todo el mundo salen permanentemente a alertar sobre las consecuencias de endeudamientos astronómicos como el argentino y la imposibilidad de pagarlos, existe actualmente una macabra coincidencia política: el gobierno peronista, la oposición de Juntos por el Cambio, las centrales patronales, la burocracia de la CGT y las CTA, todos, sin excepción, están por pagar, diciendo que lo peor que nos puede pasar es “caer en default”. A este coro se sumó en estos días la Iglesia Católica, en la voz de Stefano Zamagni, presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien sostuvo en una reciente teleconferencia organizada por la Universidad de Tres de Febrero que hay que “convencer a algunos bancos de aceptar el plan de reestructuración, en especial al fondo BlackRock, que tiene una fuerza de trillones de dólares”.

Del otro lado quedamos solamente la izquierda y el sindicalismo combativo. Insistiendo una y otra vez que así nos hundiremos una vez más, que no podemos pagar ni ahora, ni en 2024, ni nunca. Que la única salida es dejar de pagar inmediatamente esta ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos financieros internacionales. Si los pulpos del establishment forman clubes de acreedores, nosotros tenemos que llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de lo hecho por varios países africanos, que se juntaron para plantear la condonación total de sus deudas externas. En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, más que nunca se impone utilizar todos esos recursos que hoy están yendo a manos de los buitres especuladores para destinarlos a un gran fondo de emergencia y así atender las más urgentes necesidades sanitarias y de la crisis social.