Hace más de setenta días que se declaró la cuarentena en nuestro país producto de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria por falta de presupuesto para salarios, insumos y reactivos para testeos masivos dejó correr al virus provocando gran cantidad de contagios en barrios populares y geriátricos.

Preocupa también la terrible situación económica que viven millones de trabajadores y los sectores populares. 

Ya son miles los que perdieron su trabajo, así como también quienes vieron reducidos sus salarios a la mitad gracias al vergonzoso pacto de la CGT, los empresarios y el gobierno nacional.

Mientras, la inflación y el aumento de precios no paran. Por otro lado, son los grandes empresarios y multinacionales (como Techint y Clarín, entre otros) los que rápidamente han sido beneficiados con subsidios para el pago de salarios y créditos blandos. 

Mientras tanto, solo queda en el discurso de Alberto Fernández y del Frente de Todos el tratamiento en el Congreso del impuesto a la riqueza, con el cual se podrían recaudar fondos suficientes para combatir con eficiencia los graves problemas de los trabajadores y los sectores populares. Demuestran que no quieren enfrentar a los poderosos. 

En este marco, también son muchos los pequeños comerciantes y cuentapropistas los que han sido ocultados y negados por las medidas del gobierno. No solamente por la imposibilidad de acceder a los inalcanzables créditos a tasa cero, sino también por las trabas burocráticas que exigen los bancos. Ya son miles los pequeños comercios que cerraron definitivamente sus puertas en nuestros barrios y pueblos.  

Los comercios de cercanía son negocios pequeños que generan en promedio hasta 2,5 fuentes laborales por unidad y muchos no tienen empleados. Estos pequeños comerciantes no han podido continuar con los pagos de alquileres, impuestos y servicios. Debieron tomar deuda para pagar indemnizaciones y continuar subsistiendo. Se ha profundizado la crisis anterior.

Incluso en nuestra provincia, que está en la fase 4 de la cuarentena, había sectores de pequeños comercios que no podían atender mientras que a las grandes empresas se las autorizaba a abrir sus puertas, con la consecuente aglomeración de personas. Una vez más, y como siempre, el gobierno de Schiaretti favorece al gran capital.

Tenemos que diferenciar tajantemente a los pequeños comerciantes de los planteos de ciertas “pymes”, que en realidad no son más que una descentralización disfrazada de algunas grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Desde Izquierda Socialista exigimos que los pequeños comerciantes tengan acceso a créditos bancarios a tasa cero, sin trámites burocráticos, exenciones impositivas y suspensión del cobro de agua, gas, luz y los fuertes impuestos municipales y provinciales que pagan en la mayoría de las barriadas populares.

Para resolver estos reclamos, los del pueblo trabajador y de los demás sectores populares, es necesaria la creación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y las ganancias de las multinacionales, los bancos y grandes empresarios, junto al no pago de la deuda externa usuraria. Con este dinero se garantizará una cuarentena sin hambre y sin contagios masivos. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Corresponsal 

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

La pandemia ha profundizado la crisis económica y social. Es el resultado de las políticas de ajuste que los sucesivos gobiernos han descargado sobre los trabajadores y los sectores populares. La centralidad del endeudamiento y el pago de la deuda externa son un reflejo de que plata hay, pero se la llevan los acreedores, en vez de destinarse a salud, infraestructura para hospitales y los barrios populares, donde viven los sectores más castigados. En los últimos días empezó a tomar nuevamente dimensión la crisis del sistema sanitario, que hace años venimos denunciando.

Los contagios en la población van en aumento, el gobierno viene flexibilizando la cuarentena y el riesgo se potencia. Esto refleja la exposición que tenemos a medida que la pandemia se extiende y que desnuda la realidad que atraviesa el sector de los trabajadores de la salud. Coincidimos en que la cuarentena fue una medida correcta en un primer momento. Pero luego de dos meses de aislamiento y de sucesivas flexibilizaciones y aperturas de actividades con más trabajadores exponiéndose, el sistema de salud continúa mostrando la crisis y el abandono de décadas. No se preparó ni reforzó el sistema público después de más de setenta días de cuarentena y de sucesivos anuncios por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Los hospitales siguen teniendo las mismas falencias que antes de la cuarentena.

Esa falta de preparación nos expone todavía más como trabajadores, ya que nos toca vivir en primera línea la pandemia. A pesar del profesionalismo y el compromiso son innumerables los contagios entre compañeros, como en el caso del jefe de Enfermería del hospital Fernández, que fue internado con un cuadro agudo de Covid-19. En el Sanatorio Güemes en los últimos días se detectaron una treintena de casos entre el personal, donde denuncian que cada trabajador debe llevar su barbijo, desinfectantes, antiparras y ropa porque la clínica no los provee. A nivel infraestructura, muchos hospitales bonaerenses están con la capacidad de internación completa por patologías estacionales y habituales, lo mismo que los servicios de terapia intensiva, con ocupación total de camas. El 10% del total de los contagiados somos trabajadores de la salud. Nos exponemos en nuestros trabajos, en el transporte público y en los barrios.

En el hospital Borda un interno murió al ser atacado por una jauría de perros porque se disminuyó, por cuestiones de presupuesto, la cantidad de trabajadores que prestan el servicio de seguridad de quince a cinco para todo el hospital.

Esta es la situación que atraviesa el sector. La ausencia de un presupuesto acorde se traduce en la necesidad de más personal, es por ello que seguimos reclamando e insistimos que a la salud pública le faltan 2.500 profesionales para cubrir cargos. Y también en la relación directa que tiene con los salarios, ya que un ingresante cobra un salario muy magro que no es atractivo para ningún profesional.

Todo esto ha generado una movilización muy importante, así lo vivimos el pasado 28 de mayo cuando el país estuvo atravesado por caravanas de médicos en provincias como Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, entre otras. En el interior de las provincias estas muestras se replicaron. En Santiago del Estero el gobernador peronista Zamora mandó a la policía a impedir cualquier manifestación de los médicos, y en Posadas la policía se dedicó a multar a quienes se manifestaban. En Córdoba la movilización tuvo muchísima fuerza por el repudio al procesamiento de dos médicos, a quienes quieren responsabilizar por el contagio de ancianos en un geriátrico de Saldán. Los reclamos tuvieron eje en la precarización, los salarios, la falta de insumos y el repudio a la persecución judicial de los colegas.

En la Cicop decidimos impulsar y participar de la jornada nacional de lucha que se realizará el 10 de junio junto con otros sectores gremiales y profesionales, acción que se replicará en el interior del país buscando unificar la pelea de los trabajadores de la salud para darle más fuerza a nuestros reclamos.

Nos pronunciamos por más personal con salarios acordes a la responsabilidad de la hora. Exigimos ninguna rebaja salarial, aumento actualizado equivalente a la canasta familiar y condiciones de trabajo dignas.

Y  reclamamos por un impuesto a las grandes fortunas y a las rentas que sirva para financiar el sistema público de salud. Por una salud pública universal, gratuita e igualitaria.

Ya tenemos el reconocimiento de millones que con sus aplausos reivindican todos los días nuestro compromiso con la salud. Vamos a seguir dando la pelea defendiendo la salud pública.

Escribe José Castillo

La renegociación de la deuda externa argentina parece encaminarse a su recta final. Lejos quedaron ya los tiempos en que Alberto Fernández anunciaba que “no se pagaría con el hambre del pueblo”, o incluso que “se hacía una oferta de lo que se puede pagar, y ni un peso más”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio presidente, se cansaron en estos días de anunciar que “están mejorando la oferta” y “negociando de buena fe”. Traducido, no solo se comprometen a pagar, sino que cada día que pasa ofrecen más y mejores condiciones a los pulpos acreedores.

Repasemos. Nunca fue cierto que la llamada “oferta inicial” de la Argentina fuera mala para los acreedores. El propio gobierno lo reconoció una y otra vez, la quita de capital era ínfima (apenas 5,4%), por los intereses se seguía reconociendo una tasa mucho más alta que el promedio internacional, e incluso se reducía el “período de gracia” (el tiempo que el país estaría sin pagar nada hasta efectivizar la primera cuota) de los cuatro años que venía anunciando el gobierno de Fernández a apenas tres. Tan cierto era que lo que se estaba ofreciendo era mejor para los acreedores que lo que ellos esperaban, que al día siguiente del anuncio los bonos comenzaron a subir en los mercados internacionales y el riesgo país a bajar. Es que en el establishment de Wall Street se leía lo correcto: el gobierno argentino, más allá del doble discurso, estaba dispuesto a pagar y en forma más que conveniente para los acreedores. En síntesis, los actuales tenedores de los bonos iban a ganar infinitamente más con lo que les ofrecía el gobierno argentino de lo que esos mismos bonos hoy valen en el mercado.

Una partida de póker con cartas marcadas

A partir de ahí comenzó una negociación con idas y venidas. Cada uno jugó su rol. Los acreedores, tras comenzar diciendo que era “inaceptable”, tuvieron que mostrar quiénes eran. Ahí quedó claro, en la mesa no había ningún “jubilado con bonos” o pequeño ahorrista. Eran los “grandes elefantes” de las finanzas mundiales, con BlackRock, Fidelity, Greylock y Pimco a la cabeza. También quedó claro, cuando se fueron agrupando para negociar mejor en “clubes de acreedores”, que no se trataba solamente de “la deuda de Macri”. Ahí estaban los que venían a cobrar los bonos de los canjes kirchneristas 2005 y 2010, tirando abajo el discurso de que esa deuda no existía, ya que “nos habíamos desendeudado”.

Finalmente, y tal como se esperaba, el gobierno dio a conocer una contraoferta, infinitamente más favorable que la primera, a los pulpos acreedores. Pero estos siguen presionando, saben que pueden obtener más. En concreto, y más allá de en qué punto se termine firmando el acuerdo, la realidad es que la quita de capital será menor aún (o incluso puede no existir), se van a reconocer más intereses, se va a empezar a pagar antes de lo planteado en la oferta original y se le va a regalar a los acreedores algún “premio final” para cerrar la negociación, con forma parecida al “cupón PBI” de 2005 (por el que la Argentina se compromete a pagarle a los acreedores un extra cada año que la economía argentina tenga un crecimiento positivo). Todo terminará a pedir de boca de los pulpos, independientemente del doble discurso con que, sin duda, se lo querrá presentar. Así lo confesó una fuente de los bonistas: “Si quiere, le damos todo el crédito político a Alberto Fernández y declaramos que fuimos derrotados y que él se llevó la mejor parte” (Ámbito Financiero, 29/5).

Se asoma Templeton

Uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, Franklin Templeton Investment, había permanecido hasta ahora sorprendentemente silencioso en la renegociación de la deuda externa argentina. Finalmente, emitió un comunicado para informar que “no tiene bonos de deuda argentina bajo legislación extranjera” (lo que se está discutiendo ahora), pero al mismo tiempo agrega que sí son fuertes tenedores de deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Claramente, se trata de una advertencia: una vez que se termine esta ronda de negociación con los buitres actuales, el gobierno de los Fernández tendrá que sentarse con Templeton y los otros pulpos tenedores de deuda “con legislación local” y ofrecerles, como mínimo, exactamente lo mismo que se está comprometiendo a pagar a BlackRock, Fidelity, Greylock, Pimco y los otros buitres actuales. Estarán en juego otros 30.000 millones de dólares.

Y todavía falta el FMI

El gobierno de los Fernández se jacta de que “ahora” el FMI es amigo de la Argentina. Con Kristalina Georgieva habría llegado, según el relato oficial, una conducción que supuestamente jugaría a favor de nuestro país en la renegociación de la deuda. Le recordamos al gobierno que no es la primera vez que el Fondo da la idea de ser “amigo” de nuestro país, lo mismo sucedía durante la era Macri, cuando la entonces directora Christine Lagarde fue invitada a cenar a la casa de quien era en aquel momento ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Esa “amistad” sirvió para que se nos endeude en 45.000 millones de dólares más. Hoy la única realidad es que el FMI ha emitido un comunicado en el que insiste en que la Argentina “se puede estirar un poco más” en su oferta a los bonistas. En pocas palabras, invita a nuestro país a cerrar el acuerdo con los acreedores privados haciendo un planteo final con mejores condiciones aún para estos pulpos.

Y, lo más importante de todo, todos estos comentarios del organismo internacional no son más que el “precalentamiento” mientras espera su turno. Después de que termine todo este capítulo con los bonistas privados vendrá la renegociación con el propio Fondo, por 49.000 millones de dólares (incluyendo intereses), donde la “amiga” Georgieva ya ha aclarado que con ellos no corre “quita” alguna.

Y, como si todo esto fuera poco, los viejos fondos buitres. ¡Así no salimos más!

Mientras tanto, y como una muestra más de que la deuda no es más que una estafa que no se termina nunca, viejos fondos buitres que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010 aparecieron para exigir una “cuota pendiente” de 230 millones de dólares. El estudio jurídico que se ocupa del caso argentino en Nueva York informó al juez que lleva el caso que el gobierno argentino acepta pagar a los fondos Attestor y Trinity, que reclaman esa suma con intereses punitorios de 9% anual, y que se deberá abonar en las próximas semanas.

Tal como está ilustrado todo lo que relatamos, así no salimos más. Siempre aparecerá alguien nuevo a exigir el cobro de algo. Seguiremos acumulando intereses sobre intereses. Y, lo peor, se continuará pagando hasta el infinito (y no es una exageración, tenemos deuda por los próximos cien años) esta deuda ilegal, inmoral, ilegítima e impagable, nacida en la dictadura y reconocida y aumentada por todos los gobiernos, sin excepción. Frente a la santa alianza de peronistas, radicales, PRO, “progresistas”, burócratas sindicales, cámaras patronales y gobiernos extranjeros, “todos unidos” en la afirmación de que “se pague”, nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos insistiendo en que la única salida pasa por dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. Es eso, o hambre, miseria y ajuste permanente para nuestra generación y las futuras. 

Escribe Alejandro Solís

El 30 de mayo fue detenido en Uruguay Sebastián Romero, militante del PSTU y uno de los perseguidos por participar de la masiva movilización al Congreso de diciembre de 2017, cuando el gobierno de Macri votó (con el aval del peronismo) la reforma jubilatoria. Una ley que ajustó a millones de jubilados por orden del FMI. Más de 100 mil personas repudiaron la ley y sufrieron una feroz represión.

Romero fue señalado por la difusión de imágenes donde tira una bomba de estruendo, sin cometer delito alguno. Con ese argumento se extendió un pedido de captura internacional y una recompensa millonaria para atraparlo. Medida que este gobierno sostuvo a través de la ministra Frederic.

De esta forma lo convirtieron en un chivo expiatorio del entonces gobierno de Macri y Patricia Bullrich, en un intento de encubrir el ataque a los ingresos de millones de jubilados. Mismo método que aplicó contra el pueblo mapuche, calificandolo de “terrorista”. Macri-Bullrich tildaban de “violentos” a quienes se manifestaban contra su plan de ajuste, al servicio de los grandes capitalistas. A Romero se le imputan una ristra de delitos como “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado”. 

En paralelo y varios meses después, en septiembre de 2018, se detuvo a Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y militante también del PSTU. Quien estuvo varios meses preso por ser parte de las mismas jornadas, del 14 y 18 de diciembre. Una forma de extorsión para lograr el encarcelamiento de Romero. Sin embargo, una amplia campaña exigiendo la libertad de Ruiz, encabezada por organismos de derechos humanos, personalidades y la izquierda, entre ellos nuestro partido, tuvo éxito.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos la campaña contra los que luchan y llamamos a la más amplia unidad para exigir, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, el traslado de Sebastián Romero a Argentina, su inmediata libertad y el cierre de la causa que permitió la persecución. Los delincuentes fueron los Ceos de Macri que gobernaron para los bancos y las multinacionales, no los trabajadores y luchadores. Hoy, como ayer, defendemos el derecho a la protesta contra los planes de ajuste y repudiamos su represión.

Escribe Pilar Barbas, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

A días de la desaparición forzada y asesinato de Luis Espinoza a manos de la policía tucumana, nos encontramos con las imágenes de detención ilegal y tortura de una familia qom en su propia casa, ubicada en Fontana, Chaco. La noche del 30 de mayo la policía entró a patadas y golpes deteniendo ilegalmente a menores de edad y violentando a una mujer que estaba en la vivienda.

Una vez en la comisaría, fueron torturados por la policía. En sus testimonios dos jóvenes contaron cómo fueron desnudadas y rociadas con alcohol. “Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?”, contaron que dijeron los policías. Luego los cinco oficiales las patearon y golpearon en el piso.

Este no es el primer caso de violencia policial hacia la comunidad qom en Chaco. Son constantemente atacados por la policía de Capitanich, quien ya fue gobernador de 2007 a 2015, luego intendente de la capital, Resistencia, y ahora nuevamente gobernador del Frente de Todos.

Que este escándalo suceda justo en medio de la indignación mundial por el asesinato de George Floyd a manos de la policía racista estadounidense hizo que la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco tuviera que anunciar el "inmediato apartamiento de sus funciones de los agentes responsables de ejercer violencia policial" ante la viralización de las imágenes. No debemos engañarnos, no es un “error” de algunos policías. La violencia es institucional y sistemática contra los pobres y los pueblos originarios. Nada distinto de la violencia racista y de la policía estadounidense que se ensaña con negros y pobres.

En un tuit, Alberto Fernández felicitó a “Coqui” por separar a los policías y concluyó que estos hechos atroces eran una “deuda de la democracia”. El PJ viene gobernando la provincia desde 2007, y lo hizo también durante la década del '80, estando a cargo de las fuerzas represivas de Chaco más que ningún otro partido, con lo cual está claro quién es el mayor responsable de esa “deuda” y de las condiciones de extrema precariedad y pobreza a la que es empujada la comunidad qom.

¡Basta de reprimir a la comunidad qom!