Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con una coordinación llamativa, saltaron a la luz denuncias contra el accionar de actividades de espionaje llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que involucran directamente a Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta información surgió del testimonio de un narcotraficante "arrepentido” que habría sido contratado por la AFI para poner una bomba y realizar tareas de espionaje y a partir de que la nueva gerencia de la AFI habría encontrado carpetas y computadoras con pruebas y listados. 

En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba a opositores peronistas, sino también a más de cuatrocientos periodistas y organizaciones de izquierda. Los informes que se conocieron son en torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una reunión convocada por los compañeros del PTS para recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS como en “observación progresiva”, o sea, no empezó ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron operaciones en comedores barriales, donde también hicieron tareas de espionaje sobre el MST. 

Todo esto formó parte del intento de fortalecimiento del aparato represivo que impulsó el gobierno macrista, que incluyó el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.

Una continuidad del espionaje kirchnerista

El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras frente a estas revelaciones, pero la realidad es que desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la Gendarmería, que fue en particular usado contra los luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernández fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo Aníbal Fernández que metió preso a nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas por un incendio de trenes. También se dio el caso de Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal en los medios de comunicación independientes. Y no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas de “espionaje estratégico”. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó un infiltrado en una asamblea de trabajadores del INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpatrullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se combinan con los hechos represivos gravísimos que estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía fue detenido.

Desmantelar el aparato represivo

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. En lo inmediato, también exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Basta de abusos policiales en los barrios populares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a los policías que agredieron salvajemente a la familia Qom en Chaco.   

Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, está creciendo un movimiento muy progresivo que denuncia la violencia racial, pero también los atropellos policiales a escala planetaria.  

Tenemos que tomar ese impulso para frenar el espionaje y la represión a los trabajadores y los sectores populares.

Editorial

En nuestro país y el mundo entero vemos impactados por televisión el gigantesco levantamiento popular que sacude a los Estados Unidos. El asesinato del trabajador afroamericano George Floyd el 25 de mayo pasado en Minneapolis desencadenó una ola de repudios y movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país del Norte. El grito de desesperación de Floyd “no puedo respirar” fue retomado por centenares de miles de manifestantes en más de ciento veinte ciudades durante varios días y noches. Se trata de las movilizaciones más grandes desde la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en la década del ’60. El presidente Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una represión brutal sino que también envió señales de “mano libre” para actuar a grupos paramilitares neonazis y supremacistas blancos. Con el acuerdo de los gobernadores y alcaldes, muchos de ellos de la oposición demócrata, declaró el estado de sitio y desplegó la guardia nacional en las principales ciudades del país. Pero las movilizaciones no cesan. Los trabajadores, las mujeres y la juventud del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra su gobierno y su régimen político racista.

Sin embargo, en nuestro país hay un silencio atronador. ¿Por qué mientras en el mundo crece el repudio contra Trump, el gobierno peronista, que se autodenomina “de los derechos humanos” o “defensor de los más vulnerables” no ha planteado siquiera una declaración de repudio? El presidente Alberto Fernández, a más de una semana de producido el hecho, no ha dicho nada hasta ahora sobre el tema. No condenó el asesinato, ni la represión generalizada, ni los dichos racistas de Trump. Crece una sospecha, que todo esto tiene como explicación principal que se está en la fase final de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores. Que son los mismos buitres del establishment del propio Trump y el FMI. Demostrando que la deuda externa, además de condenar al ajuste permanente a nuestro pueblo, también es un instrumento de la pérdida de independencia de nuestro país, hasta el extremo de que se llegue a la vergüenza del silencio del gobierno argentino ante las barbaridades llevadas adelante por el racista presidente yanqui.

Trump tiene poder de veto con sus votos en el directorio del FMI. El mismo FMI fue el que dijo esta semana que la Argentina podría “mejorar” la oferta a los acreedores y se prepara para exigir en los próximos meses el cobro de su propia parte de la deuda externa. El mismo FMI que esta semana se reunió con la cúpula de la CGT. Entre sonrisas y felicitaciones mutuas, el Fondo volvió con sus planteos de ajuste estructural de siempre: exigió la reforma laboral y la reforma previsional, poniendo como ejemplo de “lo que hay que hacer” el convenio ultraflexibilizado de los petroleros de Vaca Muerta. Los burócratas de la CGT ni siquiera se opusieron de palabra a estos planteos fondomonetaristas.

Todo esto muestra la íntima relación entre el convenio con los bonistas, la continuidad del acuerdo con el FMI, el ajuste en curso y el pacto entre el gobierno, la CGT y la UIA que lo sostiene. El que garantiza la continuidad de los despidos y suspensiones, el aumento astronómico de la pobreza, los trabajadores masivamente endeudados y las reducciones salariales. El que garantiza, por ejemplo, que el gobierno haya planteado que no habrá ningún tipo de negociación paritaria con los estatales mientras la inflación se sigue comiendo los bolsillos de los trabajadores.

Mientras tanto, sigue creciendo la pandemia del coronavirus y, por lo menos en el área de Capital y Gran Buenos Aires, estamos lejos de haber llegado al pico. Vemos cómo siguen creciendo los contagios, en particular en los barrios populares. Y se continúan conociendo nuevas cadenas de contagios entre los trabajadores de la salud por los mismos motivos que ellos denunciaron movilizándose el fin de semana pasado: falta de implementos y también por la flexibilización laboral y el pluriempleo ante los salarios de miseria, que aumentan la posibilidad de contagiarse. Al mismo tiempo, las grandes patronales, con el guiño del gobierno, siguen “autorizando” reaperturas de industrias y comercios, obligando a sus trabajadores a exponerse al riesgo del virus.

Todo esto donde, en el marco de la miseria que asola a los sectores más postergados, nuestro país tampoco es  ajeno a los abusos policiales. Así se ha conocido un violento ataque policial en Chaco contra una familia de la comunidad qom, que se suma al asesinato la semana pasada del trabajador Luis Espinoza, también por parte de la policía de Tucumán. Ambas provincias gobernadas por mandatarios peronistas, firmes aliados del gobierno nacional.

El contraste de todo esto son las peleas y denuncias que seguimos llevando adelante desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo. Apoyando todas las luchas, movilizándonos, aun con el debido resguardo, como lo hicimos el martes 2 para repudiar el asesinato racista de Floyd y la represión de Trump, al igual que lo que está aconteciendo en otras ciudades del mundo. Y peleando por un auténtico programa de emergencia frente a la crisis que nos permita garantizar una cuarentena sin hambre ni miseria. Por eso seguimos reclamando un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las empresas y exigiendo la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, para así poner todo ese dinero en el financiamiento de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades sanitarias y sociales del pueblo trabajador.

El gobierno está negociando reformas al largamente postergado proyecto de impuesto a la riqueza para no chocar con los grandes empresarios. Ahora más que nunca es necesario implementar un verdadero impuesto que grave a las grandes fortunas y empresas que beneficie realmente a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández estuvo de gira por Formosa y Misiones. En Formosa se abrazó con  Gildo Insfrán, de quien dijo que es un “gran gobernador y persona”. Insfrán gobierna hace veinticinco años una de las provincias más pobres del país como un feudo, estuvo vinculado a distintos hechos de corrupción, entre ellos el caso Ciccone, junto con Boudou, y reprimió a la comunidad Qom en 2010, donde perdió la vida Roberto López. Como se ve, Insfrán dista mucho de ser una persona de la que se pueda destacar su “humanidad”.

Haciendo gala de su doble discurso, en Misiones Fernández declaró que “es una buena oportunidad, después de que esta pandemia pase, para replantearnos seriamente el país. Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con tanta desigualdad”. Al mismo tiempo afirmó que “un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos” (Télam, 28/5/2020).

 Es un hecho de la realidad que la Argentina es un país con mucha desigualdad. Según datos del Indec, el 10% más rico de la población tiene ingresos equivalentes al 32,8% de toda la riqueza del país, mientras que los ingresos del 10% más pobre representan el 1,5% del total. Ahora. ¿es posible revertir esa desigualdad social sin atacar la ganancia de las grandes empresas?

Una vez más, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza?

El gobierno anunció hace casi dos meses un proyecto para gravar las grandes fortunas. En todo este tiempo las excusas y los rumores se van renovando pero la presentación del proyecto se dilata cada vez más. 

Esta semana Carlos Heller, en nombre del Frente de Todos, declaró: “Estamos esperando que se estabilice el sistema de reuniones virtuales y firmas digitales”. A Juntos por el Cambio y a las grandes patronales que se oponen al proyecto la excusa de Heller les vino como anillo al dedo: “Para los debates más importantes pendientes esperamos que los colegas puedan volver a sentarse en el recinto, porque el debate parlamentario rico es cara a cara”, sentenció Mario Negri (Clarín, 31/5/2020).

Cuando se le preguntó a Heller concretamente cuándo se presentaría el proyecto, respondió “durante el mes de junio”, sin especificar la fecha. Como desde el gobierno no quieren dar “malas señales” a los buitres financieros, a Fernández le habrían aconsejado no avanzar con la discusión del impuesto hasta que se termine la negociación con los bonistas. Tomando esto en cuenta, podría ser que el proyecto entre en comisiones recién a fin de mes, para pasar luego a la Cámara de Diputados y después al Senado, con lo cual, trámites burocráticos mediante, la ley se votaría, con suerte, recién en agosto. Mientras tanto, ya va a haber pasado casi todo el invierno, junto con el pico de la pandemia, sin contar con fondos para aumentar el presupuesto de salud y para resolver los problemas de los trabajadores y los sectores populares. Los trabajadores de la salud atravesarán todo ese período sin los insumos adecuados, en los barrios populares la comida seguirá sin alcanzar y los pequeños comerciantes no tendrán ninguna ayuda real de parte del Estado para subsistir.

Pero lo peor de todo es la discusión acerca de quiénes serían los destinatarios de lo que se recaude con el impuesto. Mientras para nosotros lo que se perciba con un verdadero impuesto a la riqueza, como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad, con capacidad para recaudar 20.000 millones de dólares –cuyo tratamiento fue denegado con el voto del conjunto de los partidos patronales–, debería estar destinado al sistema de salud y sus trabajadores, paliar la crisis social en los barrios y dar subsidios para los pequeños comerciantes, para el gobierno, que está negociando con Lavagna y otros sectores de la oposición, se asignaría a “inversiones productivas”, léase a las grandes empresas. Lejos de “castigar a los ricos”, Fernández busca seguir otorgándoles beneficios. De prosperar esta iniciativa, la famosa “redistribución” se haría solo para los de arriba. Se le sacaría un poco a algunas empresas para subsidiar a otras.  

Para colmo de males, mientras los trabajadores pagamos el IVA de 21% todos los días e incluso una parte importante del impuesto a las ganancias proviene de retenciones sobre salarios, el presidente se encargó de aclarar esta semana, para tranquilidad de los más ricos, que el “aporte solidario” de las grandes fortunas se cobraría por única vez.

El impuesto a la riqueza no puede esperar

La cantidad de infectados por el coronavirus está creciendo día a día. De igual forma se extiende la otra pandemia, la del hambre y la pobreza. Para que los trabajadores y los sectores populares podamos cuidar nuestra salud haciendo la cuarentena sin pasar hambre, para fortalecer el sistema de salud y pagarles salarios dignos a sus trabajadores y para evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina es necesario más que nunca que se imponga un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el país y, junto con el no pago de la deuda externa, se constituya un fondo de emergencia para que la crisis la paguen las grandes patronales y no los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

La crisis económica y social se ha profundizado a niveles impresionantes producto de la pandemia del coronavirus. Las familias trabajadoras y de los sectores populares conviven con el miedo al contagio, la rebaja salarial, el hambre, la desnutrición y la angustia que provoca la incertidumbre del futuro.

La actual situación se puede describir con números, pero lejos están de mostrar el tremendo impacto que provoca en el ánimo de millones que, a pesar de todo, no se resignan. 

En abril, el endeudamiento total familiar llegó a 1,7 billones de pesos, el 30% es deuda no bancaria y afecta a 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de 150.000 pesos cada familia. Dejar de pagar compromisos y acumular deuda es una de las estrategias familiares para sobrevivir sin ingresos, o con recortes salariales durante marzo y abril. Esta situación se agravó en mayo.

La Universidad Católica Argentina (UCA) estima que la pobreza ya llegó a 45% (dato de abril) y abarca cada vez a mayores sectores de trabajadores que han profundizado su situación de empobrecimiento. Esto se debe a que las patronales despiden, reducen horas, quitan adicionales y rebajan salarios.

Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo de la Universidad de Salta indica que la pobreza infantil post pandemia llegaría a 58%, y agrega  que en el NOA la cifra alcanzaría al 64 por ciento. Esto quiere decir que las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales llevarían la pobreza infantil a 7,7 millones de niñas y niños y arrojaría a 400.000 a la indigencia. 

Entre los sectores más castigados se encuentran 2,8 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, 16.864 pesos. No mucho mejor están los que cobran más de una mínima o dos. ¿Quién puede vivir con estas sumas miserables? 

A estas calamidades debemos agregar la inflación. Los alimentos de mejor calidad nutricional aumentaron 57% promedio durante el último año. El consumo de harinas, azúcares y dulces se hace habitual. La mala nutrición se verifica en el retraso crónico de crecimiento que se expresa en la talla más menuda de los niños.

Ante la pandemia, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, dinero necesario pero absolutamente insuficiente. En abril lo cobraron 7,8 millones de personas y a otros cuatro millones la Anses, extremadamente meticulosa, les rechazó la solicitud por “no cumplir con los requisitos”.

Un viejo principio griego dice: “La aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democráticas, pues enseña las relaciones de igualdad, pero la geometría solo debe ser enseñada a las oligarquías, ya que demuestra las proporciones en la desigualdad”. Esto podría aplicarse también al doble discurso del actual gobierno peronista. 

Hablando de las proporciones de la desigualdad, veremos que no todos se sacrifican. 

El gobierno financia con plata de los jubilados el 50% de los salarios –incluyendo abultados sueldos de gerentes– de grandes empresas como Fate, Aluar; el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y hasta McDonald’s y Burger King, que en mayo emitió recibos por cero peso, porque el subsidio cubrió el ciento por ciento del salario de sus trabajadores. El Grupo Clarín, que fugó 650 millones de dólares, recibe este subsidio del Estado. También lo percibe la cerealera Vicentín, que estafó al Banco Nación. Todos “cumplen con los requisitos” para recibir el ATP.

El multimillonario Nicolás Caputo, beneficiario de los tarifazos energéticos con el anterior gobierno y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, también cobró el ATP para luego volar a Miami en un avión privado.

También lo percibieron todos los directivos y dueños del diario La Nación.  

Pero nada les alcanza. La UIA ya está reclamando a través de su presidente, Miguel Acevedo, y el vice de la entidad y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que la asistencia estatal para abonar la mitad de los salarios  se extienda al medio aguinaldo. 

Dejamos para el final el caso especial de Techint, que también solicitó el subsidio del Estado. Su CEO Carlos Eduardo Bacher, que despidió a 1.450 trabajadores, también se benefició de él. La “gran novedad” que dio a conocer es que renuncia a las ATP del mes de mayo y que hasta devolverá la totalidad de la suma recibida en abril. Ciertas restricciones que dispuso el gobierno para los beneficiarios del programa no le resultan convenientes para sus negocios. Otro tanto harían el Grupo Clarín y otras trescientas empresas.

La resolución del “miserable” Paolo Rocca y demás empresas demuestran lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista: que los grandes capitalistas y las multinacionales estaban en condiciones de abonar a todos sus trabajadores los salarios en término y al ciento por ciento. 

Afirmamos que el subsidio y la rebaja salarial eran solo un negocio que el gobierno de Alberto Fernández le obsequiaba al gran capital con perjuicio directo para al pueblo trabajador y los sectores populares, sobre cuyas espaldas se está descargando un tremendo ajuste. ¡Basta de ajustar al pueblo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Escribe Adolfo Santos

Intentando responder a algunas protestas contra la cuarentena, el gobierno quiere generar una falsa polémica. El presidente Alberto Fernández salió al cruce disparando: “No es la cuarentena lo que complicó la actividad, sino la pandemia”. Esa no es la verdadera discusión. La mayoría entiende que debemos cuidarnos de una pandemia que ha costado vidas y, en general, acepta la cuarentena. Lo que el gobierno no hace, y eso es lo que le exigimos, es ofrecer las condiciones necesarias para que importantes sectores de la población puedan quedarse en sus casas. Por esa situación, aunque arriesgando su salud, muchos trabajadores se han visto obligados a salir a ganarse la vida a cualquier costo.

Probablemente una parte del aumento de los contagios tenga que ver con esa lógica. En las últimas semanas se ha visto cómo los sectores más pobres son los que más están sufriendo las consecuencias del virus. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31) en la Capital, o las villas Azul e Itatí en el conurbano bonaerense, son una muestra de esta tragedia. Esto no es casual. Es el resultado del abandono sistemático de estas comunidades por parte de los gobernantes. La falta de agua corriente, de cloacas, de centros de atención a la salud, de viviendas dignas y de recursos económicos de la mayoría de las familias que allí viven son responsabilidad de los sucesivos gobiernos, que nunca atendieron estas necesidades básicas.

La “pelea” entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre quién es más responsable de los contagios que acontecen en el área metropolitana de Buenos Aires no pasa de un teatro. Todos ellos son responsables de la precariedad en la que viven millones de argentinos que son los  más vulnerables frente a la pandemia. De los últimos 33 años el peronismo, que hoy encarna Kicillof, gobernó 29 de ellos en la provincia de Buenos Aires, y desde 2007 PRO, de Macri y Larreta, gobierna la Ciudad de forma ininterrumpida. Son estos partidos políticos patronales, junto con la UCR, los responsables de todas las falencias que precariza la vida de la población trabajadora.

Lamentablemente, en medio de la pandemia, insisten en aplicar las mismas políticas erradas de siempre, donde prima el deslinde de responsabilidades para salvar el prestigio político, o directamente la falta de inversión en infraestructura y programas sociales que sumerge a amplios sectores directamente en la marginalidad. Es lo que vimos en la Villa 31 en relación con la falta de agua corriente, o en Azul e Itatí, que han ido creciendo como verdaderas ciudades sin que eso fuera acompañado por la construcción de obras que aseguren una infraestructura mínima. Esas son las condiciones que facilitan la penetración de epidemias y virus como el Covid-19.

Algún compañero nos podrá plantear que no se le puede pedir a Kicillof que haga lo que otros gobiernos no hicieron en cuarenta años. Pero no se puede hacer el distraído: en esas décadas mayoritariamente gobernó el peronismo, el mismo partido del actual gobernador. Y, lo peor, que no tome las medidas indispensables para empezar a resolver los problemas. Así debió haber mandado médicos y enfermeros, con todos los elementos de seguridad personal, ampliar los centros de salud utilizando para ello edificios públicos y clínicas privadas, efectuar testeos masivos, ofrecer abundante material de higiene y alimentación y efectuar un rápido censo de las familias que necesitan ayuda económica. En cambio, el gobierno encaró el problema como una gran operación policial encabezada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para controlar la movilidad de las personas. No es casual que surgieran críticas de dirigentes sociales ligados al propio gobierno.

Todo esto es parte del permanente doble discurso empleado por el gobierno. Mientras por un lado se presenta como el abanderado de la protección de la población defendiendo la cuarentena, por otro la flexibiliza cediendo a la presión de los grandes empresarios. Multinacionales como Volkswagen o Toyota y muchas otras grandes empresas que están trabajando con pleno apoyo del gobierno. Fue justamente en el retorno de los trabajos de la transnacional japonesa que el presidente se defendió contra los ataques a la cuarentena y elogió la responsabilidad de los empresarios que vuelven a producir “cuidando a sus trabajadores”. Como si esto fuese cierto.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad venimos defendiendo la cuarentena porque entendemos que ayuda a evitar la propagación del virus. Decimos ¡cuarentena sí!, pero que el gobierno al mismo tiempo ofrezca las condiciones para que el pueblo trabajador pueda cumplir con esa medida. La cuarentena solo es posible si las familias cuentan con recursos para no pasar necesidades, si el gobierno garantiza la ayuda a los trabajadores desempleados, cuentapropistas y pequeños comerciantes, si le exige a las patronales que cumplan la ley que prohíbe despidos y suspensiones, si no se reducen los salarios. No es esta la política que hoy está llevando adelante un gobierno que prometía en sus discursos defender a los más vulnerables.